Venezuela atraviesa una coyuntura crítica, con Nicolás Maduro iniciando su tercer mandato como presidente pese a haber perdido las elecciones presidenciales de julio de 2024 frente al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia. Su toma de posesión, a la que sólo asistieron los presidentes de los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua, tuvo lugar en el marco de medidas de seguridad reforzadas, protestas generalizadas y una ola de represión de la sociedad civil y la oposición política. Se trató de un retroceso significativo para las aspiraciones democráticas en Venezuela y tiene implicaciones que van más allá de sus fronteras, ya que no puede sin agravar la crisis en curso, que ya ha provocado la salida del país de alrededor de ocho millones de venezolanos.

Venezuela se encuentra en una coyuntura crítica. El inicio del controvertido tercer mandato presidencial de Nicolás profundiza una crisis política que no termina de tocar fondo. Su toma de posesión, que tuvo lugar el 10 de enero tras un periodo postelectoral marcado por protestas generalizadas contra el fraude y un fuerte aumento de la represión, representó un golpe significativo a las aspiraciones democráticas de un país devastado por años de colapso económico y represión política. La confirmación de Maduro al mando es el último capítulo de un proceso que ha durado décadas y que ha transformado a Venezuela de un modelo a seguir para las aspiraciones democráticas de izquierda en un régimen autoritario en toda regla, donde los controles y equilibrios institucionales han sido sistemáticamente desmantelados y del que ha desaparecido todo vestigio de la legitimidad que resulta de la elección popular.

Las implicaciones de la crisis venezolana van mucho más allá de sus fronteras, ya que ha generado el mayor éxodo de refugiados de las Américas, creando importantes desafíos para los países vecinos. Casi ocho millones de venezolanos viven actualmente en el extranjero, y se prevé que otros dos o tres millones podrían emigrar en los próximos años.

Esta crisis llega en un momento en el que, a diferencia del pasado, dos factores clave que podrían conducir a una transición democrática están presentes en Venezuela: la unidad sin precedentes de una oposición capaz de sostener un movimiento de protesta y un creciente apoyo internacional, gracias a la creciente distancia que varios gobiernos latinoamericanos progresistas han tomado respecto del régimen de Maduro. Sin embargo, la disposición de Maduro a recurrir a la represión violenta y su capacidad para mantener la lealtad militar sugieren un camino difícil hacia la restauración democrática.

Las elecciones del 28 de julio

Las elecciones presidenciales de 2024´ inicialmente suscitaron esperanzas de un cambio democrático. Estas esperanzas fueron aplastadas cuando Maduro se autoproclamó vencedor a pesar de las evidencias claras de que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, se había asegurado una victoria significativa.

La campaña electoral se desarrolló en un contexto de intensificación de las restricciones del espacio cívico, mientras el gobierno impulsaba dos leyes represivas: una “ley anti ONG” para restringir la participación ciudadana y la labor de defensa de los derechos humanos, y una “ley antifascista” que criminaliza una amplia gama de actividades consideradas fascistas sobre la base de definiciones deliberadamente vagas destinadas a suprimir el disenso.

Las elecciones no fueron ni por asomo libres ni justas. El gobierno inhabilitó a la popular líder opositora María Corina Machado y bloqueó su propuesta de sustitución, obligando a la oposición a presentar a González Urrutia como candidato. Otras irregularidades incluyeron la persecución sistemática de los líderes de la oposición, el abuso de los recursos públicos, la manipulación de los medios de comunicación y las tácticas de supresión del voto, dirigidas especialmente a los aproximadamente cuatro millones de votantes venezolanos en el extranjero.

A pesar de estas dificultades, la oposición demostró una unidad y una organización sin precedentes. A través de su iniciativa Plan 600K movilizó a unos 600.000 voluntarios para supervisar las mesas electorales, recoger las actas producidas por las máquinas de votación y calcular los resultados de forma independiente. Su recuento de votos paralelo reveló que González obtuvo alrededor del 67% de los votos frente al 29% de Maduro, cifras respaldadas por sondeos independientes a pie de urna. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó de publicar los resultados tras el recuento del 40% de los votos, declarando finalmente una victoria inverosímil de Maduro sin proporcionar ningún dato de apoyo. El Centro Carter, el único observador independiente autorizado, declaró que los resultados eran inverificables y las elecciones no podían ser consideradas democráticas. El grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó igualmente que el CNE no había cumplido con las medidas básicas de transparencia e integridad esenciales para unas elecciones creíbles.

La represión postelectoral

El fraude electoral desencadenó una agitación civil generalizada, con 915 protestas espontáneas en ciudades de toda Venezuela en los dos días siguientes a las elecciones. La respuesta del régimen fue rápida y brutal. El gobierno calificó las protestas de “brote fascista” y acusó a muchos manifestantes de terrorismo e incitación al odio. Las fuerzas de seguridad emplearon una fuerza letal que causó al menos 25 muertos, mientras que grupos paramilitares progubernamentales recurrieron a la intimidación y la violencia.

Según cifras oficiales del Ministerio Público, 2.400 personas fueron detenidas en las protestas postelectorales. Foro Penal, uno de los principales grupos de monitoreo de la situación de derechos humanos en Venezuela, documentó más de 1.800 casos de presos políticos hasta septiembre, con numerosos informes de torturas y otras violaciones de derechos fundamentales. La represión se intensificó en el periodo previo a la toma de posesión de Maduro, con 75 nuevas detenciones políticas sólo en los 11 primeros días de enero de 2025.

La represión no se limitó a los manifestantes, sino que se extendió a líderes de la oposición y de la sociedad civil. Varias personalidades se vieron obligadas a esconderse o exiliarse, mientras que otras sufrieron detenciones arbitrarias. Entre ellas se contó Carlos Correa, director de Espacio Público, una destacada organización de defensa de la libertad de expresión, quien fue secuestrado por agentes encapuchados el 7 de enero en Caracas. Sus familiares lo buscaron en varios centros de detención, pero las autoridades se negaron a darles información sobre su paradero. Fue liberado ocho días después, tras una intensa campaña de presión internacional impulsada por la sociedad civil.

El 29 de noviembre, el gobierno publicó la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, más conocida como la Ley Simón Bolívar, que amplía significativamente los poderes del Estado para castigar todo aquello que perciba como disenso. Los delitos sancionables incluyen tanto el apoyo directo como indirecto a las sanciones internacionales, lo que abarca desde cuestionar los resultados electorales hasta simplemente intercambiar información sobre sanciones. La ley impone penas severas, con penas de prisión de hasta 30 años, inhabilitación política de hasta 60 años, responsabilidad civil, confiscación de bienes y privación total de derechos civiles. Además, establece un registro nacional de sospechosos que pueden ser sancionados de inmediato sin el debido proceso, impone fuertes multas a los medios de comunicación que informen sobre sanciones y permite los juicios en ausencia.

El día de la investidura

La toma de posesión de Maduro reflejó tanto el aislamiento del régimen como su carácter cada vez más autoritario. Sólo dos presidentes, los de Cuba y Nicaragua, asistieron a la ceremonia, mientras que otros gobiernos enviaron representantes de menor rango. El acto de juramentación se adelantó 90 minutos por temor a que el presidente electo de la oposición, exiliado en España, lograra materializar su intención declarada de regresar a Venezuela y celebrar una investidura paralela.

El gobierno puso en marcha medidas de seguridad extraordinarias para asegurarse de que esto no ocurriera, cerrando las fronteras terrestres con Brasil y Colombia, restringiendo el espacio aéreo venezolano y desplegando un número sin precedentes de efectivos de las fuerzas de seguridad en Caracas. La militarización incluyó el cierre de barrios controlados por la oposición y la detención preventiva de decenas de figuras de la oposición.

El discurso de investidura de Maduro y sus apariciones posteriores fueron especialmente confrontativos. Anunció planes de reformas constitucionales para consolidar aún más su poder y declaró el inicio de una nueva fase de su gobierno basada en una estrecha alianza entre las autoridades civiles, las fuerzas militares, la policía y el aparato de inteligencia. En el discurso que pronunció en el “Gran Festival Mundial Antifascista” tras la ceremonia de asunción, habló abiertamente sobre la disposición de Venezuela a tomar las armas contra la injerencia extranjera, junto a Cuba y Nicaragua, presentando a la oposición política como una amenaza a la soberanía nacional.

Respuestas internacionales e impactos regionales

En América, sólo Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua reconocen a Maduro como presidente legítimamente electo, y sólo un puñado adicional en todo el mundo, entre ellos China, Irán y Rusia, mantienen su apoyo.

Estados Unidos respondió a la toma de posesión de Maduro subiendo a 25 millones de dólares la recompensa que ofrece por información que conduzca a su arresto, e imponiendo nuevas sanciones contra integrantes de su círculo cercano. La Unión Europea también impuso sanciones adicionales contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y otros 14 altos funcionarios. Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), junto con el alto representante de la Unión Europea, emitieron una declaración conjunta condenando la “falta de legitimidad democrática” de Maduro y la represión continua contra la sociedad civil y la oposición política.

Lo más significativo es que la postura de los países latinoamericanos parece estar cambiando gradualmente. Algunos presidentes de izquierda, en particular los de Brasil y Colombia, por primera vez han evitado respaldar automáticamente al régimen de Maduro. Sin embargo, la estrategia pragmática de Colombia bajo el liderazgo de Gustavo Petro evidencia las complejidades que enfrentan los vecinos de Venezuela: aunque no aceptó los resultados electorales oficiales como válidos, tampoco ha llegado a condenarlos, y ha optado por mantener sus relaciones diplomáticas alegando la necesidad de gestionar los asuntos fronterizos y atender la situación de las personas refugiadas.

El presidente brasileño, Lula da Silva, ha adoptado una postura ambigua, mientras que otro país clave gobernado por la izquierda, México, tampoco ha mostrado un compromiso incondicional con la democracia. El presidente chileno Gabriel Boric, representante de una nueva generación con una relación muy diferente con la izquierda tradicional, sigue siendo el único que mantiene una postura antiautoritaria incondicional. Cabe esperar que otros acaben uniéndosele pronto.

Mientras tanto, la crisis política de Venezuela sigue alimentando una emergencia humanitaria. El colapso económico ha provocado el mayor flujo de refugiados de la historia del hemisferio occidental. Los expertos advierten que, si las condiciones actuales persisten, millones más podrían abandonar el país en los próximos años, ejerciendo una presión aún mayor sobre los recursos y los servicios sociales de los países de acogida, especialmente Brasil y Colombia.

Voces desde las primeras líneas

Carlos Torrealba es un académico venezolano e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

La oposición albergaba esperanzas de cambio. Sin embargo, la maquinaria de control del gobierno se puso en marcha, llegando incluso a cerrar tramos de la autopista que conecta el aeropuerto con Caracas, la capital, para impedir cualquier potencial intento de González de regresar al país.

Las redes sociales también promovieron expectativas poco realistas, alimentadas por aliados internacionales como el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya insinuación de que estaba en Caracas generó confusión. Al final, estas expectativas chocaron con la dura realidad: González no logró regresar para asumir la presidencia.

El desafío principal para la oposición ahora es mantener la esperanza, la cohesión y la atención de la comunidad internacional. Desde el 28 de julio Maduro ha demostrado tener un sólido control de la situación. Aunque la oposición ha logrado movilizar a los votantes, lo que en sí mismo ya constituye un gran éxito dada la falta de condiciones electorales adecuadas, los pasos a seguir no están claros. Por ejemplo, preocupaba que se llevara a cabo una proclamación simbólica similar a la que hizo con Juan Guaidó, reconocido como “presidente interino” entre 2019 y 2022, y que fracasó rotundamente.

La oposición ha incurrido en frecuentes episodios de “aventurerismo” sin un plan sólido, y podría mejorar su estrategia de comunicación, como se evidenció durante el episodio del secuestro de Machado, que duró varias horas, en la jornada de protesta de la víspera de la toma de posesión. Cada intento fallido de transición democrática refuerza el poder del gobierno de Maduro.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Carlos. Lea la entrevista completa aquí.

Perspectivas de cambio democrático

Con el respaldo militar como pilar fundamental del poder de Maduro, el camino hacia la transición democrática enfrenta obstáculos considerables. El régimen se ha asegurado la lealtad de las Fuerzas Armadas mediante una combinación de integración institucional, coerción y privilegios económicos, otorgando a los altos mandos beneficios generosos a través del aparato económico del Estado. Además, el régimen se ha blindado mediante estructuras de seguridad adicionales que incluyen la Guardia Nacional Bolivariana, unidades especiales de policía, milicias progubernamentales y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fuertemente respaldado por el G2, el servicio secreto de Cuba.

Sin embargo, el régimen autoritario también tiene vulnerabilidades. Su creciente aislamiento internacional, combinado con el continuo deterioro económico, podría debilitar el sistema clientelar que sostiene la lealtad de las élites, inclusive entre los militares. Aunque las tácticas de resistencia pacífica adoptadas por la oposición puedan parecer poco efectivas a corto plazo, le siguen ganando autoridad moral y apoyo internacional.

Si bien la combinación de resistencia pacífica, presión internacional y potenciales fracturas internas al régimen podría acabar creando las condiciones para el cambio, el futuro inmediato apunta más bien a la continuidad del enfrentamiento entre un sistema autoritario atrincherado y un movimiento democrático resiliente. Su desenlace tendrá profundas implicancias no solamente para Venezuela sino también para el resto de América Latina.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • El gobierno debe liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente por expresar disenso y restaurar las libertades fundamentales.
  • La comunidad internacional debe seguir aislando al régimen autoritario para aumentar los costos de su permanencia en el poder.
  • Los gobiernos progresistas de América Latina deben aprovechar su influencia sobre el presidente Maduro para impulsar una transición.

Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org