La posibilidad de una transición democrática en Venezuela parecería estar cada vez más cerca. Tras reprimir fuertemente el espacio cívico, el gobierno de Nicolás Maduro atraviesa su peor momento y es ampliamente rechazado por la ciudadanía. Entretanto la oposición, habiendo superado múltiples obstáculos y restricciones, llega a las urnas con una plataforma de consenso y alineada tras un candidato único. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que podrían salir mal. Se necesitará una fuerte presión internacional, en particular de los países de la región con gobiernos de izquierda, ideológicamente próximos al régimen venezolano, para urgir al gobierno a respetar el calendario electoral, permitir una votación libre y respetar sus resultados.

Las elecciones presidenciales que celebrará Venezuela el 28 de julio podrían ofrecer una auténtica oportunidad para una transición democrática. A pesar de haber enfrentado numerosos desafíos, la oposición encara la campaña unida tras una única candidatura. Muchos venezolanos continúan dispuestos a apostar al voto como herramienta de cambio.

Pero el gobierno autoritario se está atrincherando, lo que significa que las cosas pueden seguir empeorando antes de empezar a mejorar. La oposición tiene motivos para temer que el gobierno suspenda las elecciones o suprima el voto opositor. Aunque el gobierno ha dado indicios de buscar al menos cierta semblanza de competencia, la posibilidad de un fraude masivo no debe descartarse.

Todos los sondeos de opinión confiables evidencian la enorme impopularidad del presidente autoritario, Nicolás Maduro, que permanece en el poder desde la muerte de Hugo Chávez en 2013 y ahora aspira un tercer mandato. Pero su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mantiene un control férreo del aparato del Estado. Las autoridades electorales carecen de neutralidad y el sistema electoral está plagado de irregularidades. Una reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, excluyó del derecho al voto a más de cinco millones de venezolanos que han emigrado.

Si la oposición consigue movilizar al electorado y derrota al PSUV en las urnas, el gobierno sólo aceptará los resultados si el costo de la represión supera al costo de la retirada. Para que así sea, será necesario acordar algún tipo de garantías de salida. Y si el 10 de enero de 2025 tomara posesión un nuevo presidente de la oposición, también sería necesario un acuerdo de coexistencia para un período de transición que podría durar varios años, durante los cuales seguiría habiendo partidarios del chavismo en importantes posiciones institucionales y habría que conceder al PSUV la oportunidad de reinventarse como actor de la democracia.

El deslizamiento hacia la autocracia

Cuando Chávez fue elegido por primera vez, en 1998, Venezuela era una democracia. Era, de hecho, una de las democracias más antiguas de América Latina, ya que había eludido los golpes militares y dictaduras que la mayor parte de la región atravesó en los años ‘60 y ‘70. Sin embargo, en la década de 1990, la democracia venezolana se encontraba asediada, plagada de inestabilidad y demandas populares insatisfechas, y su clase política estaba cada vez más desacreditada.

Debería haber sido una señal de alarma que Chávez, un militar profesional, comenzara probando suerte con un golpe de Estado. A principios de la década de los ‘90 fundó un movimiento clandestino y en 1992 lideró un intento de golpe de Estado por el que fue a parar a la cárcel. Pero pronto fue liberado gracias a un indulto presidencial y pasó a fundar el Movimiento Quinta República, su trampolín hacia la presidencia. Ganó las elecciones de 1998 limpiamente, con el 56,5% de los votos y sobre la base de la promesa de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Lo hizo nada más tomar posesión.

Antes de que Chávez cumpliera su primer año en el poder, Venezuela ya tenía nueva constitución, aprobada con el 71% de los votos en un referéndum en el que más de la mitad de los votantes se abstuvo. En el año 2000 se celebraron elecciones generales con arreglo a la nueva Constitución, y observadores externos hicieron notar la falta de imparcialidad del CNE, la manipulación del calendario electoral y las dificultades enfrentadas para supervisar el recuento de votos. Chávez fue elegido nuevamente, con casi el 60% de los votos. Es indudable que recibió el apoyo de la mayoría.

Aunque seguiría siendo una democracia, en los años siguientes Venezuela se convertiría en una democracia cada vez más defectuosa, a medida que el ejecutivo asumía poderes excesivos, socavaba la independencia judicial, se hacía con el control de los medios de comunicación e inclinaba el campo de juego a favor del PSUV. El hecho de que en sus primeros años debiera hacer frente a serios desafíos, tales como un intento de golpe de Estado y una huelga por tiempo indefinido en la industria petrolera, la principal fuente de ingresos del Estado, animó al gobierno a endurecer su postura.

Los programas sociales gubernamentales marcaron una gran diferencia en la vida de millones de venezolanos pobres. Cuando la oposición promovió un referéndum revocatorio en 2004, casi el 60% del electorado apoyó a Chávez. Hubo acusaciones de fraude y no fue posible verificar la imparcialidad de la votación. Pero hasta el día de su muerte, en marzo de 2013, Chávez continuó siendo popular. El espacio cívico se fue restringiendo cada vez más y la competencia electoral fue cada vez menos libre y justa, pero no hubo necesidad de fraude sistemático. Por su combinación de rasgos democráticos y autoritarios, Venezuela pasó a ser lo que se conoce como régimen híbrido.

Todo esto cambió bajo el sucesor designado por Chávez, el mucho menos carismático Nicolás Maduro. Su llegada al poder se produjo cuando ya era imposible ocultar las consecuencias de la mala gestión económica. Fue confirmado en su puesto en las elecciones de 2013, en las que el PSUV obtuvo alrededor del 51% de los votos. Es difícil decir si Maduro alguna vez ganó realmente una elección. En cualquier caso, pronto se convertiría en un dictador.

En 2014, la grave escasez y la caída del nivel de vida provocaron una oleada de protestas en toda Venezuela. Estas fueron reprimidas violentamente, dejando al menos 43 muertos y miles de heridos y detenidos.

En diciembre de 2015, la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática ganó las elecciones legislativas por aplastante mayoría. En enero de 2016, sin embargo, el Tribunal Supremo declaró al órgano legislativo en desacato por haber juramentado en sus cargos a tres legisladores de la oposición que habían sido inhabilitados por la justicia. En enero de 2017, el Tribunal Supremo declaró nulos todos los actos de la Asamblea Nacional desde su conformación tras las elecciones, y dos meses después despojó al cuerpo legislativo de sus poderes y a los diputados de su inmunidad, exponiéndolos a ser procesados, inclusive en tribunales militares.

Esta medida, que la oposición denunció como un golpe de Estado, provocó una nueva oleada de protestas, en respuesta a las cuales Maduro convocó a reescribir la constitución. Mediante una votación que muchos consideraron fraudulenta se eligió una Asamblea Constituyente y, en agosto de 2017, este órgano controlado por el PSUV asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional.

Las elecciones de 2018 que otorgaron a Maduro un nuevo mandato fueron sin duda fraudulentas. Tras su toma de posesión en enero de 2019, la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, hizo una movida audaz, pero en última instancia fallida: declaró a su presidente, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Lo que siguió fue un enfrentamiento prolongado y desgastante.

La sociedad civil en modo resistencia

La sociedad civil venezolana lleva mucho tiempo desempeñando roles clave para la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la denuncia de sus violaciones. Pero enfrenta numerosos desafíos, ya que muchas de las violaciones de derechos humanos que denuncia han sido diseñadas para restringir su espacio.

El espacio cívico se ha ido cerrando cada vez más, y activistas y periodistas son objeto habitual de amenazas, acoso, intimidación, allanamientos de sus domicilios y oficinas, detenciones, encarcelamientos y procesamientos por tribunales carentes de toda independencia. Vilipendiados sistemáticamente como enemigos del Estado, disidentes y manifestantes han sido víctimas de represión a manos tanto de las fuerzas de seguridad del Estado como de grupos informales vinculados al partido gobernante.

Muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC) y medios de comunicación han cerrado sus puertas y otros han optado por autocensurarse o cambiar el foco de su trabajo para evitar represalias. Numerosos periodistas, académicos y activistas se han unido a los millones de venezolanos que han salido del país.

El gobierno dio cobertura legal a muchos de estos abusos promulgando un aluvión de leyes y medidas que justificó por razones de defensa de la soberanía y lucha contra el terrorismo. Muchas de ellas, empezando por la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, aprobada en 2010, buscaron restringir el acceso a financiamiento para asfixiar económicamente a la sociedad civil.

El gobierno también ha utilizado la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de 2012 para someter a las OSC a controles y restricciones injustificados. En 2016, cuando perdió el control de la Asamblea Nacional, comenzó a emitir decretos de emergencia que otorgaban al Ministerio de Asuntos Exteriores el poder de revisar los acuerdos firmados por OSC o personas individuales con organismos internacionales para desarrollar proyectos en Venezuela. En 2020, ordenó a los bancos monitorear las operaciones financieras de las OSC, supuestamente para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Otras decisiones administrativas obligaron a las OSC a someterse a complejos procesos de registro y concesión de licencias bajo la amenaza de ser declaradas ilegales.

En 2017, la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La llamada Ley contra el Odio impuso duras penas, incluidas largas condenas de prisión, por incitar al odio o la violencia a través de cualquier medio electrónico, incluidas las redes sociales. La ley dejó la definición de lo que constituye incitación al odio en manos de tribunales afines al gobierno, lo cual significa que toda crítica u opinión disidente puede ser calificada como tal.

En 2021, la Asamblea Nacional, ahora controlada por el PSUV, aprobó una Ley sobre Cooperación Internacional que incluyó un registro obligatorio para OSC y la obligación de proporcionar información sensible.

Como resultado de este ataque sostenido a las libertades cívicas, en diciembre de 2023 el CIVICUS Monitor rebajó la calificación del espacio cívico de Venezuela de “represivo” a “cerrado”, la peor calificación.

De cara a las elecciones, el gobierno ha doblado sus apuestas. En enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Con el objeto de restringir la participación cívica y la incidencia en materia de derechos humanos, la llamada Ley Anti-ONG prohibiría a las OSC participar en “actividades políticas” vagamente definidas. De aprobarse, las OSC que no se registren o no revelen sus fuentes de financiamiento podrían ser multadas, dadas de baja y criminalizadas. Podrían ser acusadas de terrorismo, lavado de dinero, desestabilización, conspiración e injerencia extranjera.

La Asamblea Nacional también debate actualmente una ley antifascista, destinada a prohibir y criminalizar ideas, expresiones y actividades consideradas fascistas o similares al fascismo. La definición del concepto es vaga, pero podría incluir la defensa del neoliberalismo y el conservadurismo moral. Otorgaría al Estado el poder de disolver a las organizaciones que se considere que se basan en ideas fascistas o “expresiones similares”, y de inhabilitar la participación política de quienes sean considerados “fascistas”, castigo que podría aplicarse con carácter retroactivo. También penalizaría la organización de manifestaciones que supuestamente promuevan el fascismo. Y fomentaría la autocensura, dado que impondría a los medios de comunicación la enorme responsabilidad de evitar la difusión de mensajes fascistas.

La oposición unida

A lo largo de los años, a la oposición venezolana se le ha hecho difícil presentar un frente unificado y una alternativa creíble. Pero esto ha cambiado de cara a las elecciones de 2024. Los grupos más intransigentes de la oposición, que durante años se negaron a negociar y a participar en unas elecciones que no ofrecieran suficientes garantías, acordaron participar en una elección primaria para seleccionar un candidato presidencial único de la oposición, bajo la bandera de la Plataforma Unitaria.

En junio de 2023, el gobierno venezolano inhabilitó a la principal aspirante, María Corina Machado. Pese a ello, Machado se impuso como candidata de consenso con más del 90% de los votos en las primarias de octubre de 2023. Se informó que participaron más de dos millones de personas, desafiando las amenazas de las autoridades, la censura y las agresiones físicas a candidatos en actos de campaña.

En un intento por recuperar la iniciativa, el gobierno buscó avivar el sentimiento nacionalista activando su disputa sobre el territorio del Esequibo, que abarca una gran parte de Guyana y es reclamado por Venezuela. En diciembre de 2023 celebró un referéndum consultivo sobre la cuestión, en el que previsiblemente se impuso.

Una semana después de las primarias opositoras, el Tribunal Supremo suspendió el proceso y sus resultados. La decisión se produjo en respuesta a una petición de un legislador oficialista que alegó sin fundamento que las primarias habían sido “una gran estafa”. En diciembre, Machado presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo, pero éste ratificó su inhabilitación. De modo que el 22 de marzo, tres días antes del cierre del plazo de inscripción de candidaturas, anunció que la reemplazaría Corina Yoris-Villasana, una académica de 80 años.

El gobierno no encontró ninguna excusa para inhabilitar a Yoris, que nunca había ocupado una posición política o un cargo público, de modo que optó por bloquear el sitio web. Hasta que cerró el plazo, el sistema automatizado experimentó problemas técnicos selectivos que afectaron a los candidatos de la oposición. Los militares también bloquearon el acceso físico al edificio de la oficina electoral.

Tras una rueda de prensa internacional en la que Machado denunció la maniobra, llegaron dos apoyos inesperados: los gobiernos de izquierda de Brasil y Colombia declararon que lo ocurrido era incompatible con un acuerdo que se acababa de negociar. Muchos más expresaron su preocupación, y el CNE acabó autorizando una prórroga de 12 horas para que la Plataforma Unitaria pudiera inscribir a sus candidatos.

En pocas horas, la oposición presentó numerosos candidatos, algunos de los cuales fueron rechazados, mientras que otros pasaron el filtro. Como resultado de ulteriores negociaciones a mediados de abril, todos los candidatos opositores inscritos retiraron sus candidaturas, excepto uno. El candidato de compromiso fue el exdiplomático Edmundo González Urrutia, un moderado desconocido para la mayoría, al que pocos podían objetar.

El papel de la comunidad internacional

La Organización de las Naciones Unidas ha mantenido el foco sobre Venezuela al menos desde 2019, cuando la entonces Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una visita oficial y el Consejo de Derechos Humanos estableció una Misión internacional independiente de determinación de los hechos. Encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014, su mandato se ha extendido y aún sigue funcionando.

A lo largo de los años, algunos países, especialmente algunos miembros de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, han apoyado a la oposición venezolana e instado al gobierno a respetar los derechos humanos y celebrar elecciones libres y competitivas.

Mientras que cualquier cosa que haga Estados Unidos lo expone a la acusación de injerencia imperialista, la UE en cambio ha logrado proporcionar un conjunto creíble de propuestas para la celebración de elecciones justas. El informe de su misión de observación tras las elecciones regionales y municipales de 2021 recomendó reforzar la separación de poderes, abolir las inhabilitaciones, llevar a cabo una campaña pública de educación de votantes, imponer sanciones por malas prácticas electorales, permitir una cobertura mediática equilibrada, derogar la Ley contra el Odio e introducir incentivos y sanciones para garantizar que el día de las elecciones haya suficientes fiscales debidamente formados y acreditados.

Sin embargo, el papel de la UE en las próximas elecciones sigue en entredicho. Después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución condenando la inhabilitación de Machado, el líder de la Asamblea Nacional afirmó que no se permitiría a la UE realizar labores de observación electoral.

Un paso clave en la dirección correcta se dio en octubre de 2023, justo antes de las primarias opositoras, cuando representantes del gobierno y la oposición se reunieron en Barbados y firmaron un acuerdo sobre el derecho de las organizaciones políticas a elegir a sus candidatos presidenciales, el calendario electoral y un conjunto de garantías de procedimiento.

Al día siguiente de la firma del Acuerdo de Barbados, el gobierno de Estados Unidos suavizó sus sanciones contra la industria venezolana del petróleo y el gas, pero advirtió que las restablecería si el gobierno no cumplía sus compromisos; volvió a imponerlas en abril de 2024. El gobierno venezolano incumplió el primer punto del acuerdo incluso antes de que se secara la tinta, al iniciar un proceso judicial contra las primarias de la oposición.

Tras la firma del acuerdo, el secretario de Estado estadounidense afirmó también que se esperaba la liberación de los presos políticos antes del mes de noviembre. Cinco de ellos fueron liberados inmediatamente, pero muchos más permanecieron tras las rejas. Su liberación es una exigencia clave de la oposición en vísperas de las elecciones.

A dos meses del gran día, todo pende de un hilo. Aunque la campaña oficial tendrá lugar en julio, la oficiosa hace tiempo que ha comenzado tanto en las calles como en las redes sociales. Machado y González recorren el país prometiendo cambio ordenado y alternancia pacífica. El gobierno ha lanzado una agresiva campaña de difamación y desinformación contra González. Machado enfrenta un acoso implacable dondequiera que vaya. Tras cada acto opositor, hay activistas locales detenidos.

Para facilitar el avance hacia unas elecciones libres y limpias, a mediados de mayo la UE suspendió temporariamente las restricciones de viaje impuestas a un grupo de funcionarios electorales. Pero también amplió las sanciones contra más de 50 funcionarios gubernamentales, a lo que el gobierno reaccionó revocando la invitación a la UE para observar las elecciones, bajo acusaciones de incurrir en prácticas neocolonialistas de injerencia.

Sin duda, quedan varias curvas en el camino. El gobierno venezolano está acostumbrado a restar importancia a la crítica internacional, pero eso se dificulta cuando los llamamientos a respetar el proceso democrático proceden de líderes latinoamericanos de izquierda. Éstos tendrán un papel clave que desempeñar a la hora de instar al gobierno de Venezuela a avanzar en la celebración de elecciones genuinas y respetar sus resultados. La lógica de la democracia indica que tarde o temprano Maduro tendrá que irse. Sería prudente que empezara a negociar el cómo.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • El gobierno venezolano debe eliminar las restricciones que pesan sobre las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, y liberar a los presos políticos.
  • El gobierno venezolano debe permitir la observación electoral independiente y garantizar la seguridad de los observadores opositores e independientes durante las elecciones.
  • Los gobiernos progresistas de América Latina deben instar a las autoridades venezolanas a respetar el calendario electoral y ofrecer garantías procesales.

Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org

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