Millones de sirios que encontraron refugio en Turquía y el Líbano corren ahora el riesgo de verse obligados a regresar a su país, donde es posible que enfrente indecibles violaciones de sus derechos humanos. Ambos países, los dos mayores receptores de refugiados y solicitantes de asilo sirios, recientemente han hecho públicos planes de deportación en gran escala, a pesar de que la Comisión de Investigación sobre Siria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dejado claro que el país no es un lugar seguro adonde puedan regresar.

Habiendo huido de un conflicto devastador y de la persecución del régimen asesino del presidente Bashar al-Assad, los sirios constituyen la mayor población de refugiados del mundo. A mediados de 2022, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) contabilizaba casi siete millones.

Al otro lado del mundo, otro gran flujo de refugiados también pone a prueba a varios países de acogida. En los últimos años, entre seis y siete millones de venezolanos han huido de la crisis política, el colapso económico y el autoritarismo en su país. Se calcula que representan el 20% de la población venezolana y constituyen el segundo grupo de desplazados internacionales del mundo, después de los sirios.

Sirios y venezolanos han permanecido en su mayoría en países vecinos y, aunque sus situaciones presentan algunas diferencias clave, también han enfrentado desafíos comunes. Para superarlos, muchos han buscado nuevos destinos, haciendo frente a nuevos peligros.

Sirios en Turquía y el Líbano

En virtud de su acuerdo sobre refugiados firmado con la Unión Europea (UE) en 2016, Turquía acoge a más de cuatro millones de personas refugiadas, más de 3,7 millones de las cuales proceden de la vecina Siria. Pero la decisión del gobierno turco de acogerlos no fue simplemente un acto humanitario: se vio aceitada por el generoso financiamiento de la UE y la voluntad internacional de hacer la vista gorda frente a la represión del disenso interno por parte del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Aunque las leyes turcas contemplan el asilo y el acceso de las personas refugiadas a sus derechos fundamentales, el gobierno siempre ha hecho hincapié en la condición temporaria de los refugiados. Las organizaciones internacionales de derechos humanos llevan años advirtiendo acerca de las posibilidades de deportación que ello conlleva.

Cuando en 2021 estalló una crisis económica, el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo enfrentó una inhabitual amenaza a su poder. Ante la cercanía de unas elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para junio de 2023, Erdoğan recurrió a una narrativa anti-migrantes, culpando a los refugiados de casi todo, desde el aumento del desempleo hasta la creciente inseguridad. Esta retórica tuvo eco en la opinión pública y alimentó una ola de xenofobia que no hizo más que agravarse cuando la toma de Afganistán por el Talibán preanunció una nueva oleada de recién llegados.

La retórica pronto se tradujo en medidas de política pública. A principios de este año, el gobierno puso en marcha un sistema de cuotas que prohibió el asentamiento de más residentes extranjeros y refugiados en 16 de sus 81 provincias. En mayo, Erdoğan puso en marcha su plan para obligar a un millón de refugiados a regresar a una pretendida “zona segura” del norte de Siria. Agentes de seguridad empezaron a detener a personas refugiadas en sus casas y lugares de trabajo e incluso en la calle, empujándolas hacia el otro lado de la frontera entre Turquía y Siria a punta de pistola.

Las palabras de odio pronto se convirtieron en delitos de odio, y las agresiones físicas contra personas refugiadas aumentaron. En septiembre, Fares Elali, un adolescente sirio, murió apuñalado en su lugar de trabajo. Personas refugiadas y comercios de propietarios sirios han sido atacados en Ankara, la capital de Turquía, y en Estambul, su ciudad más grande. Pero en un contexto donde la expresión del disenso está severamente restringida y la sociedad civil enfrenta fuertes obstáculos, las organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, y en particular las integradas por personas de origen sirio, corren un alto riesgo de sufrir represalias de expresar su preocupación ante estos hechos.

En el Líbano, vecino suroccidental de Siria y hogar de más de un millón de personas refugiadas de ese origen, así como escenario de una prolongada crisis política y económica, se han movilizado argumentos anti-migrantes muy similares. El Líbano ya experimentaba fuertes conflictos políticos y sus habitantes, tanto nacionales como extranjeros, enfrentaban dificultades económicas desde bastante antes de que la invasión rusa de Ucrania provocara una crisis alimentaria y energética que impidió a mucha gente satisfacer siquiera sus necesidades básicas.

Los refugiados sirios lo han tenido particularmente difícil. La mayoría carece de estatus de residente legal desde que en 2015 el gobierno libanés dejara de permitir que la ACNUR los registrara. En consecuencia, el 90% vive en la pobreza extrema y es vulnerable a la detención y la deportación.

Incapaces de hacer frente a un creciente fracaso de gobernanza y abordar el verdadero problema de la corrupción sistémica, los funcionarios libaneses también han optado por la salida fácil, culpando a los refugiados sirios. En agosto, el ministro provisional para los desplazados, Issam Charafeddine, afirmó que acoger refugiados había costado al país casi 33.000 millones de dólares, lo que los convertía en “una enorme carga para la economía libanesa”. La versión oficial se reprodujo y amplificó en las redes sociales, con hashtags como “nuestra tierra no es para los desplazados sirios” y “no más sirios en el Líbano”. A continuación, el gobierno puso en marcha un programa de “repatriación” para 15.000 sirios, alegando que la guerra había terminado y que Siria era ahora un país seguro al que podían regresar.

Al igual que en Turquía, los discursos de odio propiciaron la violencia. En julio, un grupo atacó en Beirut a un niño sirio que llevaba pan. No fue ni mucho menos el primer incidente. En plena pandemia, 75 familias que vivían en un campamento se quedaron sin hogar cuando sus tiendas y pertenencias fueron incendiadas. Y durante las elecciones sirias de 2021, grupos violentos golpearon a personas sirias que se dirigían a la embajada de su país para votar.

Colombianos en Venezuela

Los desafíos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas venezolanas son similares en algunos aspectos, pero muy diferentes en otros. Desde 2014, unos siete millones de personas han huido de la represión política y el colapso económico en Venezuela. Al igual que los sirios, la mayoría de los venezolanos se han trasladado a países vecinos. Alrededor de seis millones han permanecido en América Latina, y Colombia ha sido por mucho el país que ha acogido al mayor número: más reciente Informe sobre las Migraciones en el Mundo, basado en datos de 2020, contabilizaba más de 1,7 millones, mientras que la agencia colombiana de migración actualmente sitúa al total más cerca de los 2,5 millones.

Mientras que el Líbano históricamente mantiene una relación tensa con Siria -entre otras cosas, por la participación del ejército sirio en la guerra civil libanesa que tuvo lugar entre 1975 y 1990-, los lazos entre Colombia y Venezuela son bastante diferentes. Venezuela ha sido tradicionalmente un país de acogida de migrantes y exiliados políticos. Fue hace relativamente poco que la dirección del flujo cambió y Venezuela se convirtió en país productor de migrantes y refugiados.

Se estima que en las décadas de 1980 y 1990 vivían en Venezuela unos cinco millones de personas de origen colombiano. La emigración fue especialmente intensa durante el boom petrolero de los años setenta, que aumentó significativamente la renta per cápita y el nivel de vida en Venezuela. Durante décadas, el conflicto armado de Colombia fue un factor de expulsión de población, mientras que las oportunidades de empleo, la salud y la educación públicas y la seguridad social de Venezuela fueron factores de atracción.

Y no se trató apenas de colombianos. Venezuela fue uno de los pocos países de la región que no tuvo dictaduras militares en las décadas de 1960 y 1970, por lo que acogió a miles de exiliados que huían de las dictaduras asesinas que gobernaban países como Argentina, Chile y Uruguay.

Esto ayuda a explicar por qué el recibimiento que han encontrado los venezolanos ha contrastado con la hostilidad dispensada a los sirios, incluso en contextos constreñidos por recursos muy limitados. Según un informe de 2021 de la Organización de Estados Americanos, el financiamiento para la migración venezolana ascendió a aproximadamente una décima parte de la disponible para la migración siria: la ayuda per cápita para migrantes venezolanos fue en promedio de 480 dólares, frente a 5.000 para los sirios.

Dado que la mayoría de los venezolanos han permanecido en países latinoamericanos, cada uno de ellos con sus propios problemas de pobreza y desigualdad y carentes de apoyo internacional en cantidad adecuada, previsiblemente hicieron frente a importantes barreras, todas las cuales son observables en Colombia. Les resulta difícil encontrar empleo y, debido a su situación irregular, a menudo deben aceptar los trabajos peor pagados y en las peores condiciones. Enfrentan obstáculos para acceder a vivienda, servicios de salud y educación y prestaciones sociales. Suelen asentarse en las zonas más pobres, donde los recursos ya son demasiado escasos.

Pero aún así no han padecido los niveles de xenofobia experimentados por sus homólogos sirios. Sin duda han sufrido discriminación, pero la gran diferencia en el caso de Colombia ha sido la ausencia de una xenofobia movilizada desde la cúspide del poder con el objeto de obtener réditos políticos.

La migración venezolana no fue uno de los temas más salientes de la campaña para las elecciones presidenciales de mayo de 2022. Todos los candidatos hicieron propuestas al respecto, que fueron desde la ayuda humanitaria y la codificación de los derechos de las personas migrantes hasta el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela para estabilizar la situación con la esperanza de que algún día los venezolanos pudieran regresar a su país. Pero nadie propuso nada remotamente parecido a un programa de expulsión masiva, y no existía una predisposición de la opinión pública que pudiera convertirlo en una opción políticamente atractiva. La lógica subyacente de la solidaridad parecía seguir en pie.

Avances y desafíos en Colombia

En 2021, el gobierno colombiano introdujo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV). Estableció un proceso de registro para conceder a las personas migrantes venezolanas un permiso para que pudieran permanecer en el país durante 10 años y tuvieran acceso al empleo formal y a la seguridad social, la educación, la salud y el sistema financiero, pudieran revalidar sus títulos profesionales y estuvieran habilitadas para salir y reingresar a Colombia cuando lo desearan.

El ETPMV se promulgó por decreto en marzo de 2021, en un contexto altamente conflictivo. A fines de abril estallaron protestas masivas, desencadenadas por una propuesta de nuevos impuestos, que actuaron como catalizador del creciente malestar social. Fueron reprimidas con fuerza letal, lo cual provocó aún más protestas. A principios de año, mientras arreciaban las infecciones por COVID-19, el entonces presidente Iván Duque anunció que no se vacunaría a los inmigrantes en situación irregular y que se tomarían medidas para evitar que una avalancha de venezolanos cruzara la frontera para vacunarse. El anuncio fue criticado tanto a nivel nacional como internacional, incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La introducción del ETPMV puede haber sido una reacción a estas críticas, así como un intento de aislar al gobierno izquierdista de Venezuela y llamar la atención sobre sus violaciones de derechos humanos. Pero independientemente de sus motivaciones, ofreció un respiro a los venezolanos residentes en Colombia. Hasta ahora, la política ha sido mantenida por el nuevo presidente izquierdista Gustavo Petro, investido en agosto de 2022. Al mismo tiempo, Petro ha encarado la reconstrucción de las relaciones bilaterales con Venezuela: en septiembre reabrió las fronteras y las rutas aéreas de Colombia para permitir el intercambio comercial. No ha habido nuevas iniciativas para integrar a la población migrante venezolana en Colombia más allá del ETPMV.

La implementación del ETPMV ha enfrentado dificultades. El proceso de registro ha avanzado más lentamente de lo esperado: muchas personas no han logrado cumplir los requisitos, y más de un millón que han demostrado su elegibilidad aún no han recibido sus permisos. Esto significa que millones de venezolanos siguen enfrentando dificultades extremas asociadas a su situación migratoria irregular.

La mitad de los empleos en Colombia son informales, y aquí es donde acaban muchos venezolanos, sobre todo si no han logrado regularizar su situación migratoria. Esto los hace más vulnerables a los abusos laborales, la explotación sexual y el reclutamiento por parte de bandas criminales y negocios ilegales. Esto, a su vez, fortalece la narrativa de la criminalidad extranjera que alimenta la xenofobia que, como en todas partes, ha tendido a aumentar en tiempos de crisis.

Tensiones en América Latina

También en otros países latinoamericanos se han observado tensiones sociales. En los últimos años se han producido protestas y ataques contra personas migrantes en Chile y Perú, dos países con una considerable población venezolana.

En Chile, un grupo de camioneros bloqueó el acceso a la capital de la región de Tarapacá y miles de personas salieron a la calle en enero de 2022 para protestar por la inseguridad tras la agresión de cuatro venezolanos a un agente de policía, incidente que se amplificó en las redes sociales. Durante las protestas, la gente coreó consignas xenófobas y destruyó campamentos de migrantes. En octubre, cuando un grupo violento que incluía a extranjeros agredió a policías en la ciudad de Puerto Montt, el presidente de izquierda, Gabriel Boric, reaccionó anunciando que los responsables serían expulsados del país.

La migración ya se había convertido en un problema económico y de seguridad bajo el mandato del ex presidente de centroderecha Sebastián Piñera. Mediante la Ley de Migración de 2021 y dos decretos anteriores, incrementó drásticamente los requisitos para la obtención de visados y facilitó la expulsión de inmigrantes ilegales. En 2021 se denunciaron varios casos de expulsión, la mayoría contra personas de origen venezolano que no pudieron recurrir la decisión ni acceder a asistencia letrada.

Boric intentó promover una respuesta regional coordinada con un mecanismo de cuotas para distribuir la población migrante de forma más equitativa entre los países latinoamericanos, pero la propuesta no fue bien recibida. Tras este fracaso diplomático y ante la creciente presión de actuar frente a la migración, el gobierno de Chile anunció recientemente cambios en la Ley de Migración para facilitar la expulsión de inmigrantes indocumentados.

Manos amigas

A partir de 2017, cuando la composición de la migración venezolana se modificó para pasar a incluir proporciones cada vez mayores de personas en situación de vulnerabilidad, surgieron numerosas OSC para prestar ayuda humanitaria, atender las necesidades urgentes de los recién llegados, como alimento, abrigo y atención médica, y ayudarles a acceder a servicios básicos, empleos y otras oportunidades. Muchas organizaciones estaban formadas por venezolanos que habían llegado con anterioridad.

Durante la pandemia, las personas migrantes en situación irregular tuvieron dificultades para acceder a vacunas y otros servicios sanitarios en Colombia. Una OSC colombiana, Dejusticia, llevó el asunto ante la Corte Constitucional, que en 2021 dictaminó que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, debían ser incluidas en el plan nacional de vacunación contra la COVID-19.

En México, cuando se impusieron medidas de confinamiento frente a la pandemia, muchos venezolanos que se encontraban en la frontera con Estados Unidos se quedaron atrapados sin ninguna ayuda del gobierno. Las organizaciones locales proporcionaron asistencia médica y refugio durante este momento crítico.

Las OSC chilenas han denunciado constantemente los planes del gobierno de deportar migrantes y, junto con aliados internacionales de la sociedad civil, han intentado impedir la aprobación de la Ley de Migración de 2021.

Rutas peligrosas

Aunque la mayoría de las personas migrantes sirias y venezolanas permanecen en países vecinos o en otros países de sus respectivas regiones, también hay muchos que intentan llegar más lejos. Pero el endurecimiento de las restricciones les obliga a tomar rutas cada vez más peligrosas para llegar a sus destinos anhelados, que para los sirios suelen encontrarse en la UE y para los venezolanos en los Estados Unidos.

Chile no es ni mucho menos el único país que ha aumentado las restricciones para los venezolanos. En 2022, Belice, Costa Rica y México impusieron requisitos de visado más estrictos, en gran medida en respuesta a la presión de Estados Unidos para evitar que los migrantes se concentraran en su frontera sur. En consecuencia, la circulación por México y Centroamérica se ha vuelto más difícil.

En octubre, el gobierno estadounidense anunció un permiso humanitario limitado para los venezolanos que ingresen al país por avión y cuenten con avales financieros. Pero a todos los demás se les seguirá aplicando el Título 42, una sección de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 destinada a prevenir la propagación de enfermedades transmisibles, que prácticamente había caído en desuso hasta que el gobierno de Trump la revivió para utilizarla para evitar la entrada de migrantes al país durante la pandemia. Hasta que comenzaron a llegar masivamente a la frontera sur de los Estados Unidos en 2021, los venezolanos habían sido elegibles para recibir estatus de residentes temporarios en el marco de una política federal que habilitaba a las víctimas de desastres para trabajar en los Estados Unidos.

Además de mantener el Título 42, el Presidente Biden continuó con el programa “Permanecer en México” establecido por su predecesor, en virtud del cual los solicitantes de asilo son devueltos a México hasta que sus casos son resueltos por el sistema judicial de inmigración estadounidense.

Como era de esperase, cada vez son más los venezolanos que toman las peligrosas rutas que desde hace largo tiempo utilizan los migrantes centroamericanos para llegar a los Estados Unidos. Miles de ellos arriesgan sus vidas intentando cruzar el peligroso paso del Darién en Panamá, una zona selvática donde operan fuerzas paramilitares y bandas del crimen organizado. En los ocho primeros meses de 2022, el número de venezolanos llegados a Panamá aumentó más de 2.400%, superando al de cubanos y haitianos.

Los sirios también incurren en grandes riesgos para llegar a Europa, motivados por la creciente hostilidad que enfrentan en el Líbano y en Turquía y por el riesgo cada vez mayor de ser deportados a Siria. Al otro lado de la frontera terrestre de Turquía, agentes de seguridad griegos llevan a cabo violentas e ilegales expulsiones de refugiados. Erdoğan continúa utilizando amenazas de permitir un cruce masivo de la frontera para extraer recursos de la UE.

Sin otra salida, muchos se lanzan al mar. El resultado suele ser trágico: más de 29.000 personas han muerto en el Mediterráneo desde 2014.

En septiembre, 94 personas murieron cuando una embarcación que había partido del Líbano con destino a Europa naufragó frente a la costa siria. Ese mismo mes, un pesquero que transportaba a 60 personas en dirección de Italia permaneció en el mar durante una semana sin comida ni agua. Uno de los pasajeros, una niña de cuatro años, murió de sed antes de que llegara la ayuda.

Los gobiernos de Chipre, Italia y Malta tienen la política de no prestar ayuda a los barcos que transportan migrantes y criminalizan a quienes lo hacen. En 2019, Matteo Salvini, líder de la Liga, un partido político de extrema derecha y por entonces ministro del Interior, impidió que un barco de rescate que llevaba 147 migrantes que había recogido en el mar atracara en un puerto italiano. El buque se vio obligado a anclar frente a la isla de Lampedusa durante 20 días, mientras las condiciones a bordo se deterioraban.

Después de que Salvini y su partido fueran apartados de la coalición gobernante en 2020, los rescates marítimos se hicieron más fáciles. Pero las cosas han vuelto a cambiar desde que Giorgia Meloni, del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, llegó al poder tras las elecciones de septiembre de 2022.

En noviembre de 2022, las autoridades italianas impidieron desembarcar en el puerto de Catania a 35 solicitantes de asilo rescatados por una organización alemana, alegando que no reunían los requisitos para recibir asilo, a pesar de que la mayoría escapaba de torturas y violaciones de derechos humanos en Libia. También se negaron a permitir que un barco de una organización benéfica francesa que transportaba a 234 solicitantes de asilo atracara en uno de sus puertos, lo que provocó una disputa diplomática con Francia.

Opciones políticas

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ratificada por todos los Estados que acogen a sirios y venezolanos, con excepción del Líbano, define las obligaciones de los Estados de proteger a las personas refugiadas en su territorio y reconocer a todas ellas exactamente los mismos derechos.

Pero en la práctica, no todos los refugiados reciben la consideración que les es debida en virtud del derecho internacional. En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, los ucranianos que huían de la guerra recibieron el trato que todo refugiado debería recibir siempre. Absorber a casi ocho millones de ucranianos que huyeron de su país en cuestión de meses no fue tarea fácil: el hecho de que los Estados de la UE lo hicieran con prontitud y eficacia demostró que el duro trato dispensado a sirios y otros migrantes que no son de piel blanca ni de fe cristiana no es una fatalidad sino una opción política. Demuestra que existen otras opciones.

Las diferencias en el tratamiento de los dos principales flujos de refugiados de la última década, el de sirios y el de venezolanos, ilustran la importancia de las decisiones políticas. Aunque un gran número de migrantes venezolanos se asentó en países con contextos económicos y sociales tanto o más difíciles que los de los países que acogieron migrantes sirios -y que además recibieron cantidades de ayuda mucho menores-, algunos gobiernos optaron conscientemente por explotar la cuestión de los migrantes para obtener réditos políticos, mientras que otros decidieron no hacerlo.

Por desgracia, demasiados gobiernos de todo el mundo siguen tomando el camino más fácil, incluidos los que disponen de los recursos necesarios para cambiar las cosas. Algunos utilizan a migrantes y refugiados como moneda de cambio para obtener financiación y otras concesiones de parte de países ricos que quieren mantenerlos lejos de sus fronteras. Muchos países del norte global han demostrado que están dispuestos a mirar hacia otro lado mientras los tiranos a los que financian violan los derechos de nacionales y extranjeros por igual. Deciden ignorar los flujos de refugiados que ocurren en regiones más lejanas, a menos que exista algún riesgo de que esas masas se aproximen a sus fronteras. Externalizan el control fronterizo, dejando en otras manos el trabajo sucio. Instrumentalizan a migrantes y refugiados en sus rencillas políticas domésticas y apenas muestran sensibilidad hacia los que se les parecen, y solamente si piensan que calza bien con el ánimo de la opinión pública. Se niegan a colaborar para abordar una cuestión que, por definición, trasciende las fronteras.

Las políticas globales sobre migración se basan en la negación. El año pasado, más de 83 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia, los conflictos, la pobreza y la persecución. Habrá más, incluidas muchas que se verán desplazadas por el cambio climático. Pero la principal respuesta ha consistido en hacer más restrictivas las políticas migratorias, negando a las personas vías legales y obligándolas a tomar rutas cada vez más peligrosas.

Todo cambio deberá comenzar por la comprensión de que, en un mundo de migraciones, las personas migrantes y refugiadas ponen a los Estados y las sociedades ante la prueba definitiva de nuestra humanidad compartida. Una prueba que deberemos afrontar independientemente de la procedencia de los migrantes, sean sirios, ucranianos o venezolanos.