A fines de enero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizó una visita oficial a Venezuela. Se reunió con el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de gobierno, así como con integrantes de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones de víctimas. A su salida del país, afirmó que se había encontrado con una sociedad fragmentada que necesitaba superar sus divisiones y alentó al gobierno a tomar la iniciativa para escuchar las preocupaciones de la sociedad civil y responder a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Pero la sociedad civil venezolana esperaba más. Dos días antes de su llegada, la Asamblea Nacional, el poder legislativo venezolano, había aprobado en primera lectura una iniciativa –la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones no Gubernamentales y Afines– que pretende restringir y criminalizar aún más el trabajo de la sociedad civil.

Rápidamente conocida como “ley anti-ONG”, la iniciativa forma parte de un patrón más amplio y prolongado de represión del espacio para la sociedad civil. Las restricciones han apuntado no solamente contra activistas y organizaciones independientes sino también contra medios de comunicación, periodistas y opositores políticos.

La sociedad civil internacional instó al Alto Comisionado a demandar que el proyecto de ley fuera archivado y a insistir en la necesidad de que el Estado respete el espacio cívico. Pero muchos se decepcionaron con su actuación.

Otra vuelta de tuerca

El proyecto de ley que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 24 de enero busca imponer restricciones adicionales para la formación, acreditación y autorización del funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil (OSC). Si se convierte en ley, las OSC tendrán que entregar listas de miembros, personal, activos y donantes. También estarán obligadas a proporcionar datos detallados sobre sus actividades, fuentes de financiamiento y administración y destino de sus recursos financieros. Se trata del tipo de información que ya ha sido utilizada para perseguir y criminalizar a OSC, activistas y otras personas percibidas como críticas del gobierno.

La ley prohibirá a las OSC desarrollar “actividades políticas”, una expresión que carece de definición clara y que fácilmente podría interpretarse como una prohibición de la labor de derechos humanos y de escrutinio del gobierno. Esto pondría en peligro los esfuerzos de la sociedad civil para documentar la situación de derechos humanos, mediante los cuales produce insumos vitales para el sistema de derechos humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional, que tiene un caso abierto contra el Estado de Venezuela: en 2020, la Fiscalía concluyó que había razones para pensar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, en particular en el contexto de detenciones, desde por lo menos abril de 2017.

La nueva ley también restringirá el trabajo de las OSC a las áreas explícitamente indicadas en sus estatutos, y en concreto a actividades humanitarias, sociales, de asistencia, culturales y educativas. Toda ampliación o modificación de su alcance requerirá de aprobación gubernamental.

El gobierno tendrá amplios poderes para supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las OSC. En virtud de la nueva ley, tendrá autoridad para utilizar mecanismos de vigilancia para identificar a aquellas OSC cuyas “desviaciones” comprometan la “soberanía nacional”.

Es muy probable que estas medidas sean utilizadas contra organizaciones de derechos humanos que cooperan con mecanismos internacionales de derechos humanos o reciben financiación extranjera. Estas han sido consideradas “agentes extranjeros” al menos desde 2010, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que impide a las OSC dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” recibir financiación internacional e impone fuertes multas a aquellas que inviten a personas extranjeras a expresar opiniones que “atenten” contra las instituciones gubernamentales.

El nuevo proyecto de ley fue presentado por Diosdado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, quien parece estar obsesionado con las OSC y sus maquinaciones imaginarias, y recientemente acusó a algunas de ellas de conspirar contra Venezuela. La justificación esgrimida -que se necesitan más controles para evitar la comisión de delitos – legitima esta narrativa estigmatizadora, la cual a su vez habilita ulteriores agresiones contra la sociedad civil.

El proceso de elaboración de la ley estuvo rodeado de secretismo: el proyecto de ley no se hizo público ni se debatió en la Asamblea Nacional antes de su aprobación. La iniciativa fue denunciada de inmediato como una herramienta para controlar, restringir y potencialmente clausurar OSC y procesar penalmente a sus líderes y personal. Leyes similares han sido utilizadas en otros países, especialmente en Nicaragua, para cerrar centenares, si no miles, de OSC y detener a líderes de la oposición, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Las OSC de Venezuela, de la región y del mundo rechazan enfáticamente el proyecto de ley de ONG, señalando que su objetivo consiste en subordinar a las OSC a los intereses del gobierno de turno, violando su autonomía e independencia. Tienen claro que, de implementarse, significará el fin de la sociedad civil tal como la conocemos.

La ONU y Venezuela

En septiembre de 2019, tras una visita oficial de la entonces Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MII). Inicialmente establecida por un año, la MII recibió el mandato de investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. Ese fue el año en que se reprimió violentamente una oleada de protestas antigubernamentales masivas que dejaron por lo menos 43 muertos y miles de personas heridas y detenidas. El mandato de la MII fue posteriormente prorrogado hasta septiembre de 2024.

En septiembre de 2022, la MII publicó un informe que detallaba la participación de los organismos de inteligencia de Venezuela en la represión del disenso, inclusive mediante la comisión de delitos graves y violaciones de derechos humanos como torturas y violencia sexual.

Ese mismo mes, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU publicó un informe sobre intimidación y represalias contra personas que cooperan con mecanismos internacionales de derechos humanos. En Venezuela se documentaron varios casos, entre ellos los de las abogadas de derechos humanos Karen Caruci y Theresly Malavé Wadskier, esta última también directora de la OSC Justicia y Proceso Venezuela.

Malavé Wadskier fue amenazada, acosada y sometida a vigilancia por cooperar con la ONU. Al parecer, las amenazas procedieron de funcionarios de un tribunal antiterrorista en el que Malavé Wadskier ejercía la defensa letrada en varios casos de alto perfil de personas criminalizadas con acusaciones infundadas de terrorismo. Como consecuencia de ello, su familia tuvo que salir de Venezuela.

Caruci, que ya antes había sido detenida arbitrariamente, fue detenida nuevamente e interrogada sobre su cooperación con la ONU y sobre si ésta le pagaba por compartir información sobre violaciones de derechos humanos. Fue acusada de incitación al odio.

Nuevas medidas para acallar el disenso

La visita del Alto Comisionado fue precedida de renovados intentos de silenciar el disenso. En Venezuela, 2023 comenzó con una oleada de protestas laborales encabezadas por trabajadores del sector público, y especialmente por docentes, en demanda de salarios dignos. Solamente el 23 de enero el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una OSC, documentó 41 eventos de protesta en 21 de los 23 estados de Venezuela. Se registraron casos en que las fuerzas de seguridad impidieron marchar a los manifestantes, y la intimidación aumentó a medida que se acercaba la visita de la ONU; algunos líderes de las protestas fueron vigilados, seguidos y detenidos.

Otra OSC, Espacio Público, documentó 227 violaciones de la libertad de expresión y las libertades de los medios de comunicación a lo largo de 2022; las más comunes fueron la censura, las restricciones burocráticas y la intimidación. El año pasado, el gobierno cerró al menos 80 emisoras de radio, alegando que no cumplían los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

En vísperas de la llegada de Türk, varios miembros del personal de El Nacional, un medio de comunicación, fueron citados en relación con una denuncia penal, aparentemente relacionada con un artículo de prensa que vinculaba al hijo del presidente Maduro con dos venezolanos sancionados por el gobierno de Estados Unidos por su presunta implicación en la minería ilegal de oro. El director del periódico describió este hecho como un intento del gobierno de intimidarles con amenazas de una investigación penal.

Una oportunidad perdida

Tras la visita de la Alta Comisionada Bachelet en junio de 2019, el espacio cívico de Venezuela continuó deteriorándose. Numerosas OSC venezolanas señalaron que la situación actual merecía un enfoque más enérgico, entre otras cosas porque la mayoría de los compromisos contenidos en el acuerdo que el gobierno había firmado con Bachelet nunca se cumplieron.

Pero Türk siguió los pasos de su predecesora. Su visita se caracterizó por el secretismo y la brevedad, sobre todo en lo que se refiere al tiempo dedicado a la interacción con la sociedad civil.

El acuerdo de Bachelet con el gobierno venezolano había incluido la presencia de un equipo de la ONU integrado por dos personas a cargo de monitorear la situación de derechos humanos y proporcionar asistencia técnica y asesoramiento. Al dejar Venezuela, Türk anunció que el mandato de la oficina se había prorrogado por dos años más, pero no hizo públicos los detalles de la carta de entendimiento firmada, por lo cual sus términos no quedaron sujetos a monitoreo y rendición de cuentas por parte de la sociedad civil.

Los y las activistas de la sociedad civil han continuado colaborando estrechamente con la oficina de la ONU sobre el terreno y no quisieran arriesgar su presencia en el país, por lo que hasta cierto punto comprenden la cautela de Türk en su trato con el gobierno venezolano. Pero también evalúan su visita como una oportunidad perdida.

Al final de su visita, Bachelet había exigido la libertad de los presos políticos. Tres años y medio más tarde, éstos siguen en la cárcel. En un intento de ecuanimidad, Bachelet también denunció los efectos negativos de las sanciones estadounidenses sobre la industria petrolera venezolana. Fue criticada por utilizar a los derechos humanos como una pieza más en una negociación política más amplia, y ahora su sucesor enfrenta acusaciones similares.

La declaración de Türk a los medios de comunicación al término de su visita, el 28 de enero, se centró en gran medida en la necesidad de abordar las crisis política y económica y sanar las divisiones de la sociedad; los “desafíos” en materia de derechos humanos ocuparon el tercer lugar en la lista de sus principales preocupaciones.

Alerta Venezuela, un grupo de derechos humanos de reciente creación basado en Colombia, reconoció positivamente las referencias que hizo Türk a “temas novedosos” -como la necesidad de que Venezuela firme el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales y despenalice el aborto- junto con sus referencias a diversas violaciones de derechos humanos en curso, tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y condiciones carcelarias calamitosas. Pero criticó omisiones cruciales, así como la aparente disposición de la ONU a tomar los datos del gobierno al pie de la letra, incluida su grosera subestimación de la cantidad de personas que requieren ayuda humanitaria.

En cuanto al proyecto de ley anti-ONG, el Alto Comisionado dijo que había pedido al gobierno que tuviera en cuenta sus comentarios, pero no facilitó ninguna información sobre el contenido de éstos. No está claro si abogó por la introducción de modificaciones a una ley que tiene defectos insubsanables, o si solicitó que fuera archivada, que es lo que la sociedad civil quería que hiciera.

La realidad es que el gobierno venezolano nunca ha dejado de llenarse la boca con referencias a su cooperación con la ONU, pero no ha cumplido sus promesas. La represión no hará más que intensificarse ante la cercanía de las elecciones presidenciales previstas para 2024 y de las legislativas y regionales de 2025. Toda estrategia que se base en confiar en el gobierno y esperar que cambie de actitud parece estar condenada al fracaso.

Se busca: defensa de alto nivel de los derechos humanos

Las críticas más enérgicas procedieron de la MII, que goza de mayor independencia y menos ataduras políticas. En un comunicado de prensa del 30 de enero, la MII expresó su “profunda preocupación” por las posibles implicaciones del proyecto de ley sobre ONG para el espacio cívico y democrático. En palabras de uno de sus expertos, los requisitos extremadamente onerosos que impondría esta ley otorgarían al Estado una “potestad cuasi permanente” para suprimir OSC a voluntad.

Esta es la postura que la sociedad civil desea que adopte el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La sociedad civil espera que el titular de este cargo sea un defensor de los derechos humanos que mantenga su independencia respecto de los Estados y no tenga miedo a causar revuelo. No quiere un tecnócrata, sino alguien que defienda a la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos.

Türk apenas ha cumplido cinco meses de su mandato de cuatro años. La sociedad civil seguirá haciendo todo lo posible por cultivar este vínculo, con la esperanza de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se convierta en el defensor de los derechos humanos que el mundo y Venezuela necesitan.