La oposición, liderada por María Corina Machado y el presidente electo, González Urrutia, albergaba esperanzas de cambio. Sin embargo, la maquinaria de control del gobierno se puso en marcha, llegando incluso a cerrar tramos de la autopista que conecta el aeropuerto con Caracas, la capital, para impedir cualquier potencial intento de González de regresar al país.

Las redes sociales también promovieron expectativas poco realistas, alimentadas por aliados internacionales como el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya insinuación de que estaba en Caracas generó confusión. Al final, estas expectativas chocaron con la dura realidad: González no logró regresar para asumir la presidencia.

El desafío principal para la oposición ahora es mantener la esperanza, la cohesión y la atención de la comunidad internacional. Desde el 28 de julio Maduro ha demostrado tener un sólido control de la situación. Aunque la oposición ha logrado movilizar a los votantes, lo que en sí mismo ya constituye un gran éxito dada la falta de condiciones electorales adecuadas, los pasos a seguir no están claros. Por ejemplo, preocupaba que se llevara a cabo una proclamación simbólica similar a la que hizo con Juan Guaidó, reconocido como “presidente interino” entre 2019 y 2022, y que fracasó rotundamente.

La oposición ha incurrido en frecuentes episodios de “aventurerismo” sin un plan sólido, y podría mejorar su estrategia de comunicación, como se evidenció durante el episodio del secuestro de Machado, que duró varias horas, en la jornada de protesta de la víspera de la toma de posesión. Cada intento fallido de transición democrática refuerza el poder del gobierno de Maduro.

Ante el fracaso de esfuerzos internos para forzar una transición democrática, la oposición ha buscado internacionalizar la crisis. Desde el 10 de enero, Estados Unidos ha aumentado las recompensas que ofrece por la detención de Maduro, su número dos, Diosdado Cabello, y otros altos funcionarios del régimen, mientras que la Unión Europea ha intensificado su presión con nuevas sanciones focalizadas. Sin embargo, la presión internacional tiene sus límites y ha terminado agudizando la crisis.

La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos plantea la posibilidad de sanciones más severas contra la industria petrolera venezolana. Pero esta táctica ya se intentó y fracasó en 2019, cuando no logró desalojar a Maduro del poder y en cambio agravó la crisis económica.

Pero también hay países de la región con gobiernos de izquierda, como Colombia y México, que esta vez no han adoptado una postura de solidaridad automática con Maduro. Aunque no se han puesto de acuerdo sobre el camino a seguir, es significativo que sus presidentes no hayan reconocido la victoria de Maduro ni asistido a su toma de posesión.

La clave para una transición efectiva radica en la construcción desde abajo. Por eso es alentador lo que está ocurriendo a nivel de la sociedad civil.

En un entorno adverso, muchas organizaciones continúan trabajando para reconstruir el tejido social, atendiendo temas de salud y alimentación, y fomentando relaciones democráticas a nivel comunitario. También han emergido nuevos grupos que expresan descontento pero que no se alinean con la oposición política tradicional, como Surgentes, un colectivo de investigación, educación e incidencia en derechos humanos, y Madres en Defensa de la Verdad, integrado por madres cuyos hijos adolescentes fueron arrestados en el contexto poselectoral y son infundadamente acusados de terrorismo en violación flagrante de toda garantía del debido proceso.

Aunque las acciones de estas organizaciones son modestas, son importantes como formas de resistencia contra el régimen de Maduro. Todavía logran aprovechar que sus protestas son toleradas por el régimen autocrático: este 21 de enero, por ejemplo, realizaron un plantón en el Ministerio Público. Pero esto puede cambiar en cualquier momento, y pueden ser víctimas de represión. En este sector radica la oportunidad de avanzar en la formación de nuevas coaliciones, como el Frente Democrático Popular, que agrupa a organizaciones políticas y sociales de izquierda e incluye a chavistas disidentes.

Maduro ya ha demostrado que puede gobernar pese a no ser reconocido como legítimo. Todo intento de transición política en Venezuela debe tener en cuenta esta realidad. Aunque el ambiente es pesimista, la esperanza radica en el nuevo movimiento de derechos humanos, el acercamiento entre sectores de la oposición tradicional y estos colectivos, y la apertura a intentos de negociación.