Han pasado cinco años desde que se produjeran en Nicaragua enormes protestas contra el gobierno crecientemente autoritario del presidente Daniel Ortega. En los años transcurridos desde entonces, el régimen ha desmantelado el espacio cívico, ha reforzado la arquitectura legal de la represión, ha criminalizado toda expresión de disenso, ha encarcelado a sus críticos o los ha empujado al exilio y ha eliminado todo vestigio de competencia política. Pero lo que el gobierno pretende exhibir como una muestra de poder puede ser también un síntoma de la debilidad de una dictadura cada vez más desesperada. Las fuerzas democráticas deben unirse para forzar la apertura del espacio cívico y restaurar la democracia. La comunidad internacional debe apoyar la resistencia democrática y aislar al régimen autoritario.

El activismo nicaragüense percibió el deslizamiento de su país hacia la autocracia mucho antes de que el mundo se diera cuenta. Las denuncias de fraude rodearon a la primera reelección del presidente Daniel Ortega en 2011 y se dispararon cuando éste volvió a ganar en 2016. Mucho antes de que acaparara los titulares internacionales, la represión estaba muy presente a nivel territorial, en las comunidades indígenas y afrodescendientes y en la respuesta a la movilización del movimiento campesino contra el descabellado proyecto de construcción de un Canal atravesando el país.

Pero en abril de 2018 el ritmo de la represión se aceleró. Un anuncio de cambios en el sistema de seguridad social desencadenó una oleada de protestas sin precedentes. Levantó la tapa de una olla a presión que contenía múltiples descontentos, y todos ellos salieron juntos a la calle. De nada sirvió la habitual demostración de poder de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados de partidarios del gobierno. La represión sólo consiguió que más gente saliera indignada a las calles. Al final, hicieron falta cientos de muertos para desactivar la rebelión.

Durante los cinco años siguientes, todo lo que hizo el gobierno nicaragüense estuvo dirigido a desmantelar las condiciones que habían hecho posible la movilización: acabó con lo que quedaba de competencia electoral democrática, mantuvo a los líderes de la oposición en la cárcel, criminalizó a los manifestantes y, finalmente, intentó disolver todo el tejido asociativo de la sociedad, prohibiendo la existencia de toda lealtad que no fuera hacia el régimen y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Como si no fuese bastante, en vísperas del quinto aniversario, la Asamblea Nacional, controlada por el FLSN, aprobó una ley que declaró al 19 de abril -fecha en la que miles de nicaragüenses lloran a sus muertos a manos del régimen- “Día Nacional de la Paz”.

Voces desde las primeras líneas

Silvio Prado es un académico y activista nicaragüense que vive exiliado en España.

 

Hace mucho tiempo llevamos como sociedad civil denunciando la instauración de un régimen autoritario en nuestro país. La prueba está en la cantidad de protestas que se organizaron antes de 2017. La respuesta siempre fue la violencia, la represión con la policía y con lo que después fueron las fuerzas parapoliciales. Los únicos que no se dieron cuenta eran lo que estaban aliados con el gobierno. Y de alguna forma en el exterior no se quería prestar atención; de hecho, hay estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que dicen que el que el régimen de Ortega antes de 2018 era un régimen fuerte y con un alto consenso en la población.

Todos nos lanzamos a la calle con la esperanza de generar un cambio político. No era viable seguir como estábamos en 2018. Las protestas solo aceleraron lo que iba a pasar de todos modos; desnudaron las intenciones de este régimen de implantar su dominación bajo un falso consenso. El cierre de espacios venía ocurriendo en silencio a pesar de las protestas contra el canal. Había una especie de letargo, una apatía que daba la impresión de consenso a favor del régimen.

Las protestas de 2018 obligaron al régimen a quitarse la careta. Y por eso hoy estamos más cerca del cambio político que en 2018.

En el ámbito local la situación está muy complicada por el control absoluto que ejerce la dictadura sobre los gobiernos locales. El reto aquí es fiscalizar y dar visibilidad a lo que ocurre en el ámbito local, saber lo que está pasando y darle seguimiento a las corruptelas que se están denunciando. Los nuevos alcaldes se han convertido en un eslabón más del Estado policial. Son un peón en una estrategia de control. No gobiernan, colaboran para el control sobre la población. Tal vez con los concejales de los partidos que son “de oposición” se podría hacer algo, quién sabe. Pero la esperanza está en la población, porque sin población no hay municipio.

 

Este es un extracto editado de la participación de Silvio en un Twitter Space organizado por CIVICUS, disponible aquí.

El parteaguas de abril de 2018

Cinco años atrás, el gobierno de Ortega recurrió a la policía, a las fuerzas armadas y a grupos paramilitares para poner fin a las protestas. Tres meses después, el desafío había sido sofocado al precio de 355 muertos, miles de heridos y una larga lista de violaciones de derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras la represión, el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit rebajó a Nicaragua, cuya defectuosa democracia llevaba una década retrocediendo lentamente, a la categoría de “régimen autoritario”.

El Estado nicaragüense no hizo ningún avance en la investigación de los abusos de derechos humanos cometidos en el marco de las protestas, y en cambio siguió perpetrándolos sistemáticamente para impedir una nueva oleada de movilización.

Cientos de manifestantes fueron encarcelados y acusados de terrorismo, perjuicios al Estado, asesinato, crimen organizado, robo y uso de armas restringidas, entre otros delitos graves. Durante años, unos 200 presos políticos -dirigentes políticos, activistas de la sociedad civil, periodistas, empresarios, estudiantes y diplomáticos- permanecieron entre rejas. La mayoría de ellos fueron condenados a largas penas de prisión cuando, a principios de 2022, se reanudaron unos “juicios exprés” plagados de irregularidades. Sin garantías procesales, los acusados fueron a menudo sometidos a tortura y a otras formas de malos tratos durante su encarcelamiento.

La arquitectura legal de la represión se reforzó con dos leyes aprobadas en octubre de 2020: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que bloqueó la financiación internacional de organizaciones de la sociedad civil (OSC), periodistas y opositores políticos, y la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con hasta 10 años de cárcel la publicación online de contenidos considerados “falsos” por el gobierno.

En noviembre de 2021, Ortega fue reelecto para un cuarto mandato, con su esposa, Rosario Murillo, a su lado como vicepresidenta. Los resultados oficiales le dieron el 76% de los votos con una participación del 65%, aunque según estimaciones fiables hasta el 80% del padrón no acudió a las urnas. El FSLN se hizo también con 75 de los 91 escaños de la Asamblea Nacional, lo que le dio vía libre para aprobar nuevas leyes represivas. Cuando la Organización de Estados Americanos adoptó una resolución que afirmaba que las elecciones no habían sido libres, justas ni transparentes y carecían de legitimidad democrática, el gobierno de Ortega anunció la retirada de Nicaragua del organismo.

Tras las elecciones de 2021 se aprobó otra ley, la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que prohibía a los llamados “traidores a la Patria” presentarse a elecciones. Otra ley aprobada en enero de 2022 habilitó la imposición de penas de cadena perpetua para “delitos de odio” vagamente definidos.

Como parte de la represión, las OSC han sido sistemáticamente vilipendiadas, acosadas e intimidadas, y centenares fueron cerradas en los cuatro años posteriores a las protestas. En mayo de 2022 entró en vigor la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que prohíbe a las OSC participar en actividades políticas directas o indirectas, “violentar el orden público” y llevar a cabo “campañas de desestabilización”, e introduce engorrosos requisitos de registro, autorización y reporte.

Entre las clausuradas se contaron organizaciones que trabajaban por los derechos de las mujeres y los niños, el medio ambiente, la libertad de expresión y los derechos humanos, e incluso universidades y organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica, incluidas congregaciones, escuelas y medios de comunicación.

La Iglesia Católica ha sido atacada porque es la última estructura importante independiente del Estado que queda en pie en Nicaragua. Al igual que el activismo de la sociedad civil, los representantes de la Iglesia han sido vilipendiados, acosados, sometidos a vigilancia, calificados de terroristas, detenidos y obligados a abandonar el país.

Muchas OSC suspendidas han sido allanadas por la policía, sus instalaciones requisadas y apropiadas y sus bienes confiscados. Miles de dirigentes políticos, activistas de la sociedad civil, estudiantes, académicos y periodistas se han visto obligados a exiliarse. Unos 300.000 nicaragüenses abandonaron su país entre abril de 2018 y principios de 2022, y alrededor de la mitad se instaló en la vecina Costa Rica. Se calcula que otros 300.000 podrían haber salido tan solo en 2022.

Voces desde las primeras líneas

Amaru Ruiz es defensor de derechos humanos ambientales y ex coordinador de la plataforma de la sociedad civil nicaragüense Red Local; actualmente vive en el exilio en Costa Rica.

 

El modelo de participación ciudadana impuesto por el régimen Ortega-Murillo fue cercenando los espacios de participación desde el nivel municipal hasta el nivel nacional. Las organizaciones sociales vimos en estos cambios un retroceso del proceso de democratización que se había iniciado en los años 90.

A partir de 2013 empezamos a sentir asedio, se empezó a obstaculizar nuestro trabajo a nivel territorial y municipal. Red Local desarrollaba procesos de auditoría a nivel municipal, y ya no nos dejaron entrar a los consejos municipales para participar de las sesiones. Eso se completa con los fraudes a nivel municipal, que permitieron el control político desde el nivel local hasta el nivel nacional por parte del régimen.

Otro parteaguas fue la concesión canalera, cuando como organización prácticamente se nos vetó para colaborar con instituciones del Estado por nuestra posición frente al canal interoceánico.

Con las protestas se desenmascara la verdadera identidad del régimen de Ortega-Murillo. Pero la decisión de esta generación fue luchar por la vía civil, lo cual marca un parteaguas con respecto a otras generaciones cuya decisión fue la lucha armada. Sin embargo, la mayoría de los que salimos a protestar creíamos que los cambios iban a ocurrir más rápido.

Frente a estos regímenes es importante pensar que esto es una carrera de relevos a largo plazo: en algún momento ya no vamos a estar, pero el deseo de un cambio político y una transformación social y ambiental en el país trasciende las generaciones.

El exilio es una forma de resistencia, pero hay una base importante de población que sigue resistiendo en el país. La población nicaragüense ha demostrado, a través del abstencionismo, que espera y aguarda un cambio.

 

Este es un extracto editado de la participación de Amaru en un Twitter Space organizado por CIVICUS, disponible aquí.

Una movida desconcertante

El 9 de febrero de 2023, Ortega inesperadamente ordenó la liberación de 222 presos políticos, embarcándolos en un vuelo chárter con destino a los Estados Unidos. Los 222 fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos civiles y políticos bajo acusaciones de mercenarismo antinacional y traición a la patria. En una muestra de apoyo interno manufacturado, cientos de miembros del FSLN marcharon en varias ciudades nicaragüenses para “celebrar” la decisión.

Pocos días después, el régimen despojó de su nacionalidad a 94 personas más, entre ellas destacados disidentes políticos, activistas de la sociedad civil, periodistas y escritores, la mayoría de los cuales ya vivían en el exilio: fueron declarados prófugos de la justicia y sus bienes sujetos a confiscación.

Abundaron las especulaciones sobre si esta medida era una señal de fortaleza -como quería hacerlo ver el gobierno- o de debilidad, como pensaban los activistas por la democracia. A decir verdad, al régimen nicaragüense no le quedaban muchos amigos en el mundo, mientras que los presos liberados devenidos apátridas recibieron una avalancha de solidaridad internacional, ofertas de asilo y ciudadanía incluidas.

Dos meses después, el aniversario de las protestas y de su sangrienta represión volvió a convertirse en el foco del activismo por la verdad, la justicia y la recuperación de la democracia.

Voces desde las primeras líneas

Medardo Mairena es un dirigente del movimiento campesino nicaragüense y ex preso político; actualmente vive en los Estados Unidos tras haber sido liberado, privado de su nacionalidad y desterrado en febrero de 2023.

 

En estos momentos la dictadura se mantiene nada más que en las fuerzas militares: el ejército, la policía y los paramilitares, la propia juventud sandinista irresponsablemente armada y encargada de mantener un estado de terror dentro de Nicaragua. Ni siquiera se puede decir “Viva Nicaragua libre”, porque te pueden secuestrar o asesinar. Hubo un caso en 2020 de una persona que dijo “Viva Nicaragua libre” a la orilla de la calle donde iba pasando una caminata de los sandinistas, y uno se levantó y le puso un arma en la frente y lo asesinó de un balazo. Obviamente era alguien protegido del régimen, que hizo un simulacro para supuestamente apresarlo, pero sabemos que hay una gran cantidad de trabajadores del Estado que han cometido delitos de lesa humanidad con impunidad.

Después de salir de una celda diminuta y sin ventilación, nos encontrarnos acá en un país que no es el nuestro, pero nos da libertad. Es un milagro que estemos con vida después de tantas cosas que hemos pasado. Acá en Estados Unidos nos encontramos no solamente los 222: aquí hay miles de hermanos compatriotas. Pero es difícil por no manejar las leyes de este país, por nuestro estatus migratorio, y por el idioma. Es bien difícil para nosotros salir adelante.

Lo más importante en este momento es que la comunidad internacional nos ayude a salir de la dictadura, porque nuestras familias están en riesgo dentro de Nicaragua. Nuestra iglesia es perseguida. Han desterrado a una cantidad de religiosas y religiosos, sin importar las consecuencias. Por ejemplo, recientemente desterraron a unas religiosas del departamento de Rivas, que tenían un colegio y un asilo con más de 60 ancianos que quedaron tirados ahí sin ningún tipo de atención, solamente porque a la pareja Ortega-Murillo lo único que le interesa es el poder a cualquier costo. Lo único que le han traído a este país ha sido destrucción y un nivel de corrupción que le ha vuelto difícil sobrevivir a los nicaragüenses.

No sabemos qué va a pasar el siguiente día. No sabes si te van a secuestrar, no sabes si se van a llevar a alguno de tus familiares. Muchos han tenido que resguardarse dentro de Nicaragua. En los 19 días que llevamos de abril han secuestrado ya a 20 personas. La lista de presos políticos continúa creciendo.

Debemos ayudar a todos esos hermanos de lucha que han venido resistiendo dentro del país y a nuestros guías espirituales que continúan secuestrados, decirles que no están solos.

 

Este es un extracto editado de la participación de Medardo en un Twitter Space organizado por CIVICUS, disponible aquí.

Cinco años más tarde

Si bien gran parte de la sociedad civil nicaragüense se ha visto obligada a abandonar el país, no por ello se ha rendido. En el quinto aniversario de las protestas, grupos como Madres de Abril -una red de mujeres cuyos hijos fueron asesinados en la represión- y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+,-formado por activistas nicaragüenses exiliados en su mayoría en Costa Rica-, junto con muchos más nicaragüenses exiliados en Canadá, Costa Rica, España y Estados Unidos, entre otros países, hicieron llamamientos a la verdad, la justicia, la libertad y la democracia.

La diáspora celebró misas, marchas, sentadas y actos culturales para conmemorar la fecha. En Miami, la comunidad nicaragüense se unió en la “marcha de las cruces”, portando crucifijos con los nombres de los asesinados en la represión, como lo han venido haciendo en los aniversarios previos, primero en Nicaragua y después en el exterior.

Nicaragua Nunca+ denunció que la represión continuaba y se intensificaba y que contaba con informes de nuevas detenciones. Exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos que habían permanecido encerrados, a los que se habían sumado otros encarcelados desde febrero, y el fin del hostigamiento y la intimidación de sus familias, la derogación de las leyes represivas y el regreso de las misiones de la CIDH y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU.

La CIDH condenó la continuidad “la respuesta estatal represiva y violenta frente a las protestas y la disidencia” y reclamó el “retorno a la democracia”.

Debemos ayudar a todos esos hermanos de lucha que han venido resistiendo dentro del país, decirles que no están solos.

MEDARDO MAIRENA

Cada vez son más quienes creen que el régimen de Ortega está agotado, deslegitimado y aislado, resistiendo apenas por la fuerza de las armas. La ex comandante sandinista Dora Téllez, una de las presas políticas liberadas y desterradas en febrero, observó que el régimen ha de estar realmente desesperado si necesita expulsar a opositores, censurar opiniones, cerrar partidos políticos, OSC y medios de comunicación, clausurar universidades y perseguir a la Iglesia Católica tan solo para tener una oportunidad de sobrevivir.

La situación es insostenible a largo plazo: hay pocos que continúan siguiéndole por convicción, y Ortega se quedará solo cuando se agoten los recursos que le permiten comprar lealtad. Mientras tanto, la oposición democrática y la sociedad civil deben trabajar juntas para provocar la situación más temida por Ortega: una competencia electoral libre que él jamás podría ganar.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • El gobierno nicaragüense debe restablecer el respeto de las libertades cívicas y las condiciones para una competencia política libre y equitativa.
  • Los Estados democráticos, especialmente los de América Latina, deben reconocer sin ambigüedades el carácter autoritario del régimen nicaragüense y negarle toda pretensión de legitimidad.
  • Las instituciones regionales y mundiales de derechos humanos y la sociedad civil internacional deben poner más presión sobre el gobierno nicaragüense para que restaure el espacio cívico y las instituciones democráticas.

Foto de portada de Ezequiel Becerra/AFP vía Getty Images