La reelección fraudulenta del presidente nicaragüense Daniel Ortega en noviembre de 2021 tuvo un efecto contrario al previsto: en vez de consolidar el régimen, dejó al descubierto sus debilidades más profundas. Su falta de legitimidad democrática ha sido compensada desde entonces con redoblada represión, con el objeto de eliminar toda forma de organización autónoma y monopolizar el poder. La sociedad civil resiste, pero está al límite de sus fuerzas. La comunidad internacional debe aprovechar toda oportunidad para expresar activamente su solidaridad con el activismo nicaragüense y ayudarle a reconducir a Nicaragua hacia la democracia.

Tras su victoria en la farsa electoral de noviembre de 2021, el presidente Daniel Ortega no ha dejado de trabajar para convertir a Nicaragua en un páramo totalitario.

Ya no le basta con tener poderes sin límites que le permiten gobernar con arbitrariedad: Ortega busca ahora el control total para eliminar cualquier grieta por la que se pudiera colar el pensamiento disidente, socavando a un régimen que no tiene ya ni rastros de legitimidad, nacional o internacional.

De ahí que ahora el régimen apunte no solamente contra opositores políticos reales o imaginados, muchos de los cuales fueron neutralizados tiempo atrás, sino también contra toda forma de organización independiente -social, empresarial, religiosa o educativa- y contra toda voz mínimamente discordante de la ortodoxia ideológica y el culto al líder.

Más allá de las elecciones de 2021

El 7 de noviembre de 2021, Ortega fue reelecto para un cuarto mandato, con su esposa, Rosario Murillo, a su lado como vicepresidenta. Esta elección fue la última de una serie caracterizada por un fraude cada vez más flagrante traducido en porcentajes de votos cada vez más inverosímiles: 62% en 2011, 72% en 2016 y 76% en 2021. El resultado de 2021 fue calculado sobre la base de la participación ficticia del 65% del electorado; según estimaciones fiables, sin embargo, entre el 75% y el 80% del padrón no concurrió a votar.

Junto con la presidencia, el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se hizo con 75 de los 91 escaños de la Asamblea Nacional, lo que le permitió completar la sustitución del imperio de la ley -el principio de que nadie, incluidas las autoridades estatales, está por encima de la ley- por el del imperio por la ley, es decir, la instrumentalización de las leyes con fines represivos.

La represión que precedió a las elecciones continuó después, presumiblemente para impedir que se alzaran voces en denuncia del flagrante fraude. Abarcó el más amplio abanico posible de violaciones de las libertades de asociación y de expresión: acoso, amenazas y agresiones físicas, secuestro y detención de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición, tortura bajo custodia, criminalización bajo acusaciones falsas, procesamiento y condena sin las debidas garantías procesales, y confinamiento en condiciones infrahumanas.

Ante la falta de legitimidad, el régimen Ortega-Murillo ha profundizado su estrategia de aniquilación de toda forma de organización de la ciudadanía que no se subordine a sus intereses.

MARÍA TERESA BLANDÓN

Cuando sobrevino la condena internacional, el régimen reaccionó profundizando su aislamiento. En cuanto la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una resolución afirmando que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, el gobierno de Ortega anunció su retirada del organismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió con una nueva condena de las violaciones de derechos humanos denunciadas durante el período electoral y advirtió que seguiría monitoreando la situación de derechos humanos.

El 22 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Nicaragua en desacato por incumplir las medidas provisionales dictadas en beneficio de 21 presos políticos. Ese mismo día Edgard Parrales, un antiguo embajador de Nicaragua ante la OEA, que había ocupado el cargo durante el gobierno del propio Ortega en la década del ‘80, fue detenido por sus comentarios críticos sobre la decisión del gobierno de retirarse del organismo.

La arquitectura legal de la represión

Un giro autocrático decisivo se produjo tras la ola de protestas desencadenada por la reforma del sistema de seguridad social en abril de 2018, que catalizó múltiples descontentos socioeconómicos y políticos. Las protestas fueron reprimidas con una violencia sin precedentes, arrojando más de 300 muertos y miles de heridos. Cientos de manifestantes, muchos de ellos estudiantes, fueron encarcelados bajo acusaciones de “terrorismo”, “perjuicios al Estado”, “asesinato”, “crimen organizado”, “robo” y “uso de armas restringidas”, entre otros delitos graves.

Desde entonces, Ortega se ha empeñado en evitar la repetición de las protestas e impedir que el descontento generalizado le obligue a abandonar su cargo.

En octubre de 2020, la Asamblea Nacional, dominada por el FSLN, aprobó dos leyes restrictivas que han sido asiduamente utilizadas para aplastar el disenso: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que bloquea el financiamiento internacional de la sociedad civil, el periodismo y la oposición política, y la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con hasta 10 años de cárcel la publicación en línea de contenidos que el gobierno considere “falsos”.

Inmediatamente después de la reelección de Ortega, en diciembre de 2021, se aprobó otra ley, llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que prohibió a los designados como “traidores a la patria” presentarse a elecciones. Una ley adicional aprobada en enero de 2022 habilitó la imposición de penas de cadena perpetua para “delitos de odio” vagamente definidos.

Una campaña de clausuras

Este marco permitió al gobierno disfrazar de legalidad sus ataques sistemáticos contra toda organización independiente. Entre abril de 2018 y abril de 2022, unas 200 organizaciones de la sociedad civil (OSC) fueron clausuradas en medio de una persistente campaña de desprestigio.

Esta tendencia se intensificó entre fines de 2021 y principios de 2022. Nueve OSC fueron clausuradas el 14 de diciembre de 2021 bajo acusaciones de irregularidades financieras y lavado de dinero. Catorce fueron cerradas el 2 de febrero de 2022, acusadas de tener fines de lucro y de no cumplimentar requisitos de registro y presentación de informes, entre otras presuntas irregularidades. Entre ellas se encontraban varias universidades -incluida la considerada el semillero del movimiento de protesta de 2018- y organizaciones vinculadas a la Iglesia católica.

El 18 de febrero se canceló el registro de otras seis organizaciones por presunto incumplimiento de exigencias fiscales, entre ellas algunas que trabajan por los derechos de mujeres y niños, junto con la organización de defensa de la libertad de expresión PEN Nicaragua y el grupo de derechos humanos Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Las cancelaciones continuaron por docenas en los meses siguientes.

El proceso se aceleró en mayo, cuando entró en vigor una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Ésta prohíbe a las OSC participar en forma directa o indirecta en actividades políticas, “violentar el orden público” y promover “campañas de desestabilización”. Les dificulta el registro, les obliga a solicitar la aprobación del gobierno para realizar sus actividades y les impone requisitos excesivos en materia de presentación de informes, incluida la obligación de proporcionar información detallada sobre cada actividad, sus participantes y sus beneficiarios.

La nueva ley se aplicó en oleadas, cada una de las cuales acabó con centenares de organizaciones: el 30 de junio, por ejemplo, la Asamblea Nacional canceló el registro de 100 OSC, entre las que se encontraban organizaciones dedicadas al desarrollo urbano y municipal, asociaciones empresariales y profesionales, grupos de promoción de los derechos de la infancia y de jóvenes, y organizaciones ecologistas y feministas.

La campaña de destrucción ha avanzado mucho más allá de los grupos que abogan directamente por la democracia y los derechos humanos. Entre los clausurados se contó Misioneras de la Caridad, una organización benéfica de la orden de la Madre Teresa de Calcuta que prestaba ayuda social en Nicaragua desde hacía cuatro décadas. Una semana más tarde, 18 misioneras fueron expulsadas del país y buscaron refugio en Costa Rica.

Este ataque formó parte de una ofensiva contra la mayor estructura independiente del Estado que permanece en pie: la Iglesia Católica. Al igual que el activismo de la sociedad civil, los representantes de la iglesia han sido vilipendiados, acosados, vigilados, calificados de terroristas, detenidos y obligados a abandonar Nicaragua. Entre las organizaciones que vieron revocada su personalidad jurídica se han contado instituciones educativas y organizaciones de ayuda social vinculadas a la iglesia.

Medios de comunicación afiliados a la iglesia han sido allanados, clausurados y retirados del aire. Los feligreses que han intentado detener estos ataques han sido repelidos con gases lacrimógenos y bombas de humo y llevados detenidos.

A principios de septiembre, el número de OSC cerradas desde 2018 ya ha superado largamente el millar. Muchas OSC suspendidas han sido allanadas por la policía, sus instalaciones incautadas y reutilizadas y sus activos confiscados. La represión ha sido utilizada, por lo tanto, para contrarrestar dos de los efectos de la erosión de la legitimidad del régimen: su vulnerabilidad a la crítica y su creciente necesidad de recursos financieros ante las sanciones internacionales.

Voces desde las primeras líneas

María Teresa Blandón es una defensora de derechos humanos nicaragüense y directora del Programa Feminista La Corriente, una de las OSC cuya personería jurídica fue cancelada en mayo de 2022.

 

A partir de enero de 2022 el régimen Ortega-Murillo escaló nuevamente su ofensiva, posiblemente a causa de un fallo en sus cálculos políticos: había pensado que una vez consumado el fraude electoral y con la oposición en la cárcel, ésta abdicaría de su rol y el régimen obtendría el aval de la comunidad internacional.

Pero ninguna de las dos cosas ocurrió: ni la oposición se resignó ni hubo apoyo internacional, sino todo lo contrario: el aislamiento del régimen se profundizó. La oposición nicaragüense mantuvo y mantiene una constante denuncia ante la instalación de un estado policial de facto y reclama la salida del régimen por vías cívicas. Las OSC que lograron mantenerse en el país continuaron denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la represión; de ahí la aprobación de nuevas leyes para despojarlas de su personería jurídica y de sus bienes.

En general, los argumentos esgrimidos por los diputados sandinistas que controlan el parlamento incluyen una acusación sin fundamento alguno que coloca a las OSC como posibles lavadoras de dinero por el hecho de recibir dinero de fuentes externas, obviando de manera deliberada que estas fuentes están vinculadas a gobiernos y agencias de cooperación debidamente establecidas.

También esgrimen supuestas infracciones burocráticas tales como el vencimiento de juntas directivas, la falta de actualización de estatutos, o simplemente que se habían negado a dar información solicitada por el Ministerio de Gobernación. Sobre esto último, hay que destacar la intervención abusiva de este ministerio, que de acuerdo con la nueva ley obliga a las OSC a presentar información detallada sobre cada una de las actividades a realizar y datos personales de las personas con las que trabajan.

Tales exigencias desnaturalizan el sentido de las organizaciones no gubernamentales, convirtiéndolas en una extensión del Estado, una clara evidencia del afán totalitario de este régimen. A todas luces se trata de imponer un modelo de control absoluto para lo cual es necesario desarticular toda forma de participación autónoma de la sociedad civil.

Asimismo, con la cancelación de las OSC que trabajan con sectores de escasos recursos, el régimen pretende retomar el control de lo que supone su base social, a la que intenta recuperar o retener a través de políticas clientelares. En este sentido, han sido eliminadas organizaciones que promueven el acceso a la educación de niños y jóvenes de bajos recursos, atención a necesidades de personas con discapacidad acceso de las mujeres rurales e indígenas a la tierra y otros recursos, servicios de salud sexual y reproductiva, y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, entre otras.

También se han cerrado OSC que trabajan en el ámbito de la participación ciudadana desde una perspectiva de derechos y con un claro enfoque de defensa de valores democráticos. Han sido declaradas adversarias del régimen y sus representantes han sido objeto de vigilancia, amenazas, exilio y encarcelamiento. También se trata de una suerte de venganza por generar evidencias que desmienten el discurso oficial y denunciar la violación sistemática de derechos por parte del régimen sandinista.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con María Teresa. Lea la entrevista completa aquí.

Operativo Silencio

Además de atacar el tejido organizativo de la sociedad civil, Ortega ha buscado silenciar el disenso criminalizando la expresión, censurando e intimidando a periodistas, encarcelando activistas y empujando a cientos de miles al exilio.

Se calcula que unos 300.000 nicaragüenses han abandonado su país desde 2018, y alrededor de la mitad se ha instalado en la vecina Costa Rica. Entre ellos hay miles de líderes sociales y políticos, estudiantes y académicos, y al menos 120 periodistas expulsados por la censura, el acoso, la vigilancia, las redadas en sus viviendas y oficinas y el cierre de sus medios de comunicación, muchos de los cuales han trasladado sus redacciones al extranjero.

Quienes permanecen en Nicaragua se dedican a lo que una periodista ha denominado “periodismo de catacumbas”, trabajando bajo el radar en un intento de eludir el destino de Miguel Mendoza, recientemente condenado a nueve años por “conspirar contra la integridad nacional” y “difundir noticias falsas”, y de Juan Lorenzo Holmann, que también recibió nueve años por cargos falsos de lavado de dinero.

Según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta junio de 2022 había 190 presos políticos -líderes políticos, activistas de la sociedad civil, periodistas, empresarios, estudiantes y diplomáticos-, todos los cuales, a excepción de solamente diez, habían sido encarcelados desde 2018. Tras la reanudación de los llamados “juicios exprés” a principios de 2022, casi todos ellos han sido condenados.

Los juicios de los presos políticos se han celebrado fuera de los tribunales y en la tristemente célebre prisión de El Chipote, de la Dirección de Auxilio Judicial, y han estado plagados de irregularidades. Los procedimientos suelen durar apenas unas horas, incluyen audiencias secretas, no son accesibles a los familiares de los acusados y no ofrecen la oportunidad de una defensa legal adecuada. Invariablemente terminan en condena. Los acusados son declarados culpables de delitos tales como atentar contra la paz, la seguridad y la integridad nacional, promover actos terroristas, intentar dar un golpe de Estado, cometer ciberdelitos y difundir información falsa. Se les han impuesto penas de prisión de entre ocho y 13 años. Hasta ahora ningún recurso de apelación ha sido aceptado.

La sociedad civil ha denunciado numerosos casos de tortura y otras formas de malos tratos a las personas detenidas políticas, tales como restricción de visitas de familiares y del acceso a un abogado, aislamiento, interrogatorios constantes, falta de agua potable, alimentación escasa y denegación de acceso a medicamentos y atención médica.

En mayo, la red regional IM-Defensoras advirtió que Evelyn Pinto y María Esperanza Sánchez presentan graves problemas de salud que podrían poner en peligro sus vidas si las autoridades siguen negándoles atención médica adecuada. Los familiares de Medardo Mairena y Félix Maradiaga han denunciado recientemente que se les ha mantenido aislados, a oscuras y sometidos a bajas temperaturas y se les han negado alimentos y medicamentos, por lo que su salud se está deteriorando.

Las mujeres presas políticas también han denunciado haber sido objeto de acoso y agresiones sexuales, y familiares de presos políticos que los han visitado han denunciado tratos similares.

#SéMiTestigo: una campaña global

#SéMiTestigo es un llamamiento global a la liberación de las personas defensoras de derechos humanos encarceladas arbitrariamente. Actualmente alerta sobre tres casos de Nicaragua: los de María Esperanza Sánchez, Medardo Mairena y Pedro Mena.

María Esperanza fue detenida bajo acusaciones falsas de tráfico de drogas por hacer campaña por la liberación de las personas encarceladas tras las protestas de 2018. En julio de 2020 fue condenada a 10 años de prisión.

Los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena fueron detenidos por segunda vez en julio de 2021. Ya habían estado en prisión, bajo cargos de “terrorismo”, por participar en las protestas. Permanecen detenidos desde antes de las elecciones de 2021, porque formaban parte de una coalición de oposición que desafiaba la candidatura de Ortega. Medardo fue condenado a 13 años de cárcel y Pedro a diez, por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad de Nicaragua.

Un llamado a la solidaridad democrática

La tenaz resistencia de la sociedad civil nicaragüense cogió por sorpresa al presidente Ortega. A pesar de las medidas represivas impuestas antes, durante y después de las elecciones, la sociedad civil ha seguido haciendo su trabajo, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Ha dejado en evidencia los defectos fatales del régimen y nunca se ha rendido. Pero se encuentra cerca del agotamiento y necesita todo el apoyo externo que pueda conseguir.

Si hubiera habido alguna duda, ya no queda ninguna: el régimen de Ortega-Murillo es considerado una dictadura incluso por muchos que siguen dudando en alzar la voz contra Cuba o Venezuela. Un reconocimiento reciente provino de una fuente inesperada: del mismísimo embajador de Nicaragua ante la OEA, que denunció al régimen en un discurso ante el Consejo Permanente de la organización en marzo, tras lo cual solicitó asilo político en los Estados Unidos.

Debilitado por la falta de legitimidad, el régimen de Ortega-Murillo ha reaccionado defensivamente, activando los resortes clave del poder que aún controla: las fuerzas de seguridad, un cuerpo de funcionarios leales a los que recompensa generosamente y una organización partidista que utiliza para mantener el control de la calle.

Aunque es un actor internacional menor, el Estado nicaragüense sigue siendo un enemigo formidable para la sociedad civil nicaragüense. Asediados, los activistas de la sociedad civil necesitan la solidaridad activa de la comunidad internacional, donde a la dictadura nicaragüense le quedan muy pocos aliados. Las palabras de apoyo deben ir acompañadas de acciones.

Es posible que se haya abierto una ventana de oportunidad. En los últimos días, los malos tratos que experimentan los presos políticos han quedado colocados en primer plano. Sus familiares han denunciado que las raciones de comida en El Chipote han sido reducidas hasta “extremos incompatibles con la vida”, a lo que el régimen ha reaccionado mostrando públicamente a unos presos que efectivamente presentan signos visibles de desnutrición.

Su liberación por motivos humanitarios está ahora sobre la mesa, y las fuerzas democráticas de la comunidad internacional deben presionar para que se produzca, así como para asegurarse de que le sigan otras medidas que empujen a Nicaragua de regreso a la senda de la democracia.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • El gobierno nicaragüense debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos.
  • El gobierno nicaragüense debe restablecer el pleno respeto de las libertades cívicas fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión.
  • La sociedad civil y las instituciones regionales y mundiales de derechos humanos deben ejercer más presión sobre el gobierno nicaragüense para que libere a los presos políticos y restaure el espacio cívico.

Foto de portada de Reuters/Edgard Garrido vía Gallo Images