En julio entró en vigor en China la Ley de Unidad Étnica, que les da a las autoridades nuevas facultades para reprimir cualquier disenso que el Estado considere una amenaza para la unidad nacional. La ley deja en claro que China actuará contra los disidentes en el extranjero, al establecer que las personas y organizaciones que estén fuera del país pueden ser responsabilizadas si “socavan la unidad étnica” o “crean división étnica”. Se trata del ejemplo más reciente del fenómeno de la represión transnacional, que China lidera a nivel global.

Una práctica cada vez más extendida

La represión transnacional ocurre cuando un gobierno atraviesa sus fronteras para intimidar, castigar y silenciar a sus ciudadanos que viven en otros países. Los objetivos son activistas de la sociedad civil, disidentes, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política: gente que muchas veces se exilió para poder seguir haciendo el trabajo que las restricciones del espacio cívico ya no le permitían hacer en su país. Pero la represión los sigue hasta el exilio para que dejen de alzar la voz, de denunciar las violaciones de derechos humanos y de apoyar a quienes se quedaron en su país de origen.

Y la tendencia no deja de crecer. A medida que el espacio cívico se restringe cada vez más y más países se deslizan hacia el autoritarismo, más personas se ven forzadas al exilio y más gobiernos buscan silenciarlas. Freedom House, que registra incidentes físicos de represión transnacional desde 2014, documentó 126 casos nuevos en 2025, con lo que su total acumulado llegó a 1.375. Al menos 54 Estados incurrieron en represión transnacional y seis de ellos (Afganistán, Benín, Georgia, Kenia, Tanzania y Zimbabue) recurrieron a estas tácticas por primera vez en 2025.

Diez países concentran más del 70% de los incidentes; los tres peores infractores son China, Rusia y Vietnam. A China se le atribuyen 319 casos registrados de represión transnacional física. Los datos muestran que persigue a activistas prodemocracia de Hong Kong y a tibetanos, uigures y otras minorías a las que considera enemigas del Estado. Su campaña alcanza también a activistas de la sociedad civil y funcionarios electos taiwaneses, a quienes trata como nacionales chinos invocando su principio de “una sola China”, que no considera a Taiwán como un país independiente sino como una provincia china rebelde.

Los tentáculos de China llegan lejos. Un estudiante universitario fue condenado a seis años de cárcel al regresar de Australia, donde había participado en una protesta. Otro disidente desapareció en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde probablemente fue secuestrado y devuelto a China.

China también usa su poder económico para silenciar el disenso más allá de sus fronteras. En abril, Zambia, un país que le debe miles de millones de dólares, canceló repentinamente la conferencia mundial sobre derechos digitales, RightsCon, aparentemente ante la presión china por la participación de activistas taiwaneses. En agosto le tocó a Buenos Aires. La participación prevista de Dolkun Isa, destacado activista uigur exiliado, en un encuentro sobre derechos humanos bastó para que el embajador chino se comunicara directamente con el gobierno argentino y pidiera su cancelación. El gobierno de la ciudad canceló la sede y el encuentro tuvo que hacerse en otro lugar.

Violencia transnacional

La expresión más extrema de la represión transnacional es el asesinato de exiliados. En junio de 2025, el exmayor del ejército nicaragüense Roberto Samcam fue asesinado a tiros en su casa, cerca de San José, Costa Rica. Samcam criticaba abiertamente al dictador nicaragüense Daniel Ortega y vivía exiliado desde que huyó de la represión en 2018. Samcam fue al menos el tercer exiliado nicaragüense asesinado en Costa Rica en los últimos años. Otros fueron baleados y golpeados en Costa Rica, y los servicios de inteligencia advirtieron a periodistas que sus vidas corren peligro. El mensaje para los cientos de miles de nicaragüenses que están en Costa Rica es claro: no hay seguridad en el exilio, porque el gobierno del que huyeron todavía puede alcanzarlos allí.

Durante el mandato del expresidente Nicolás Maduro, Venezuela persiguió a sus opositores en el extranjero con una determinación similar. En octubre de 2025, hombres armados abrieron fuego contra dos activistas venezolanos exiliados, Luis Peche y Yendri Velásquez, en Bogotá, la capital de Colombia. Velásquez recibió ocho disparos y Peche seis, pero los dos sobrevivieron.

Los Estados represivos delegan cada vez más la violencia transnacional en organizaciones criminales que asesinan por encargo en el extranjero, lo que les permite negar de manera creíble que estén involucrados. En febrero de 2024, hombres con uniformes policiales falsos secuestraron al exteniente del ejército venezolano Ronald Ojeda de su departamento en Santiago de Chile. Nueve días después encontraron su cuerpo desmembrado en una maleta enterrada bajo hormigón. La fiscalía chilena concluyó que el crimen fue político, que lo ordenó el gobierno venezolano y que lo ejecutó una banda venezolana. Chile informó del caso a la Corte Penal Internacional, dentro de su investigación sobre el gobierno de Maduro.

Irán recurrió repetidamente a métodos similares. En marzo de 2025, un jurado de Nueva York condenó a dos miembros de una red criminal de Europa del Este que la Guardia Revolucionaria iraní había contratado en 2022 para matar a la periodista exiliada Masih Alinejad en su casa de Brooklyn. Otro complot para asesinarla durante una charla en la Universidad de Fairfield, en Connecticut, estuvo a cargo de un agente iraní que reclutó a dos estadounidenses a través de contactos criminales. En el Reino Unido, dos ciudadanos rumanos fueron condenados por atacar con un arma blanca al presentador de televisión iraní exiliado Pouria Zeraati. La fiscalía demostró que eran sicarios contratados por el régimen iraní.

La India enfrentó acusaciones similares. La fiscalía estadounidense procesó a un ciudadano indio que colaboró con un exagente de inteligencia de su país para contratar a un asesino a sueldo y matar a Gurpatwant Singh Pannun, líder separatista sij en Nueva York. El plan fracasó porque el sicario resultó ser un agente encubierto. La acusación vinculó ese complot con el asesinato del activista sij Hardeep Singh Nijjar, baleado en junio de 2023 a la salida de un templo en Columbia Británica, Canadá.

Vigilancia e intimidación

Antes de que la represión se vuelva física, los Estados vigilan, intimidan y amenazan a los exiliados, incluso a través de sus familiares en el país de origen. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, basada en entrevistas con 105 exiliados chinos perseguidos en 23 países, reveló que la mitad denunció que las autoridades habían interrogado o intimidado a sus familiares en China, a menudo pocas horas después de que ellos participaran en una protesta en el extranjero. En febrero, el padre de la activista hongkonesa exiliada Anna Kwok fue condenado a ocho meses de prisión por violar las leyes de seguridad nacional al intentar cobrar el fondo de ahorro educativo de su hija.

Muchos otros regímenes autoritarios usan tácticas parecidas. En Bielorrusia, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas masivas, incautaron bienes y forzaron confesiones televisadas contra las familias de opositores exiliados. Las autoridades egipcias llevan años allanando casas y deteniendo arbitrariamente a familiares de activistas que residen fuera del país, como Mohamed Soltan, que vive en Estados Unidos. En 2017, Baréin encarceló a varios parientes cercanos de Sayed Ahmed Alwadaei, activista de derechos humanos radicado en Londres, como represalia directa por sus protestas contra la visita del rey bareiní al Reino Unido. Tayikistán y Uzbekistán congelan de manera sistemática las cuentas bancarias de disidentes exiliados, interrogan violentamente a sus familiares y persiguen a sus hijos y nietos, expulsándolos de las universidades, acosándolos en las aulas e impidiéndoles viajar a estudiar en el extranjero.

La persecución de familiares suele combinarse con otras tácticas. Arabia Saudita encarcela a parientes de activistas, impone prohibiciones de viaje indefinidas y utiliza software espía de uso militar contra sus críticos en el extranjero. El gobierno chino aprieta por el lado financiero para doblegar a quienes huyeron: les congela las pensiones y les bloquea las cuentas bancarias dentro del país. También empezó a enviar reclamos impositivos infundados a activistas hongkoneses exiliados. A la presión económica le suma vigilancia y amenazas. Cuando el presidente chino Xi Jinping visitó Francia en mayo de 2024, activistas uigures que organizaron una protesta denunciaron agresiones, amenazas y vigilancia, y acusaron a la embajada china de orquestarlas.

El régimen teocrático de Irán usa un repertorio parecido: confisca los bienes de los exiliados y amenaza a sus familiares en el país. Periodistas de la BBC persa en el Reino Unido denunciaron que Irán detuvo a familiares suyos para castigarlos a ellos. Esta práctica se intensificó durante la guerra con Israel y Estados Unidos.

Lo que viven los iraníes exiliados en el Reino Unido, que alguna vez fue un refugio relativamente seguro para los disidentes políticos, forma parte de un patrón más amplio. Junto con China e Irán, estados como Baréin, Egipto, Eritrea, Pakistán, Rusia y Ruanda recurrieron una y otra vez a tácticas coercitivas en territorio británico. Entre ellas se incluyen agresiones físicas directas, software espía, acoso judicial y la detención e intimidación de familiares en el país de origen.

Recompensas, notificaciones rojas y pasaportes anulados

Además de usar la violencia directa, los regímenes autoritarios recurren a mecanismos administrativos y jurídicos internacionales contra sus críticos en el exilio. En 2023, la policía de Hong Kong ofreció recompensas de unos 130.000 dólares por ocho activistas prodemocráticos exiliados, entre ellos el exlíder estudiantil Nathan Law, y el jefe del ejecutivo hongkonés, John Lee, advirtió que los perseguirían de por vida. Las autoridades sumaron seis nombres más a la lista en diciembre de 2024 y otros 19 en julio de 2025.

Las autocracias se aprovechan sistemáticamente del sistema de alertas mundiales de la Interpol para perseguir a disidentes. Una notificación roja pide la detención de una persona en cualquier país, aunque no obliga a nadie a ejecutarla, y hay decenas de casos documentados de Estados que las usan contra sus opositores políticos. Aysoltan Niyazova, activista turcomana e integrante de la banda punk feminista rusa Pussy Riot, tuvo notificaciones rojas vigentes durante 24 años y fue detenida muchas veces por eso, hasta que en febrero la Interpol intervino y la sacó de la lista. En marzo de 2025, la notificación roja que Sudán emitió contra Yassir Arman, destacado dirigente opositor, hizo que lo retuvieran en el aeropuerto de Nairobi, en Kenia, hasta que las autoridades reconocieron el carácter político de la alerta y lo dejaron ir.

El gobierno de El Salvador emitió notificaciones rojas contra abogados de derechos humanos exiliados en España, aunque expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) las condenaron, lo que obligó a la Interpol a retirarlas. Los mecanismos para prevenir estos abusos siguen siendo débiles. Aunque la Interpol anunció protocolos de verificación mejorados tras la invasión rusa a Ucrania, alrededor del 90% de las notificaciones que Rusia presentó en los dos años siguientes fueron inicialmente aprobadas.

Más allá de las alertas policiales, los regímenes autoritarios recurren cada vez más a mecanismos burocráticos para despojar de derechos a los exiliados, incluida la desnacionalización. En 2024, las autoridades de Hong Kong invocaron sus poderes en materia de seguridad nacional para anular los pasaportes de activistas exiliados, entre ellos personas residentes en Australia, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Irán también revocó la ciudadanía de exiliados. Egipto ha convertido los trámites consulares en un arma: no les renueva el pasaporte a los exiliados ni les entrega sus partidas de nacimiento, y así los deja apátridas en los hechos. En 2023, Nicaragua promulgó cambios constitucionales y legales que le permitieron quitarles formalmente la ciudadanía a más de 300 periodistas, opositores y presos políticos expulsados. Junto con esta medida, el gobierno ordenó confiscarles de inmediato todos sus activos y propiedades en el país.

Colaboración transfronteriza

Los Estados autoritarios colaboran cada vez más para capturar a los exiliados y devolverlos a países donde sin duda los esperan la cárcel y la violencia. Estas devoluciones forzadas violan el principio de no devolución, que según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención contra la Tortura prohíbe enviar a una persona a un país donde corra riesgo de persecución o tortura.

En el sudeste asiático esta colaboración es evidente y Tailandia es uno de los lugares donde se produce con mayor intensidad. En 2025, las autoridades tailandesas deportaron a 40 hombres uigures a China, donde se enfrentarán a una grave persecución, después de mantenerlos durante más de una década en centros de detención de migrantes. También devolvieron por la fuerza al activista vietnamita Y Quynh Bdap pese a que la ONU lo reconocía oficialmente como refugiado. Y con frecuencia detienen a disidentes chinos y obligan a dirigentes de la oposición de ese país a regresar a Camboya.

Los regímenes represivos africanos siguen un patrón similar de colaboración para silenciar el disenso, a menudo intercambiando favores con Estados vecinos y aprovechándose de la debilidad de las protecciones en materia de asilo. En 2026, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, pidió estrechar la cooperación con Kenia para frenar el activismo transfronterizo que ella calificó de perturbador.

Kenia se volvió un foco. En 2024, funcionarios kenianos ayudaron a agentes ugandeses a secuestrar al líder opositor Kizza Besigye en Nairobi y llevarlo de vuelta a Uganda, donde lo juzgó un tribunal militar. En junio secuestraron en territorio keniano a Athorbey Al-Gaddhaffy-Dit, un denunciante con doble ciudadanía keniana y sursudanesa. En enero de 2025, fuerzas de seguridad tanzanas secuestraron en Nairobi a la activista exiliada Maria Sarungi Tsehai, la agredieron e intentaron desbloquear su teléfono. Meses más tarde, agentes tanzanos detuvieron y torturaron al activista keniano Boniface Mwangi y a la abogada ugandesa Agather Atuhaire, que habían llegado a Tanzania para observar el juicio de un líder opositor. Kenia también expulsó a extranjeros dedicados a la defensa de los derechos humanos, entre ellos el asesor jurídico ugandés Martin Mavenjina.

En mayo de 2025, las autoridades tanzanas detuvieron y deportaron a Abdousalam Ibrahim Mpingou, un activista comorense residente en Tanzania, por publicaciones en redes sociales que criticaban al gobierno de las Comoras. En África Occidental, agentes de Benín secuestraron al activista digital Steve Amoussou que estaba exiliado en Togo, y las autoridades de Costa de Marfil detuvieron al periodista Comlan Hugues Sossoukpè y lo enviaron de vuelta a Benín pese a su condición de refugiado.

Los Estados de Oriente Medio y el norte de África recurren cada vez más a los canales de seguridad bilaterales y multilaterales para reprimir a los disidentes exiliados. En diciembre de 2024, a pedido de Egipto, las autoridades libanesas detuvieron al poeta y disidente egipcio-turco Abdulrahman Yusuf al-Qaradawi cuando regresaba de Siria. Mientras estaba bajo custodia, los EAU pidieron su extradición a través del Consejo de ministros del Interior árabes. Invocaron como causa una publicación en redes en la que al-Qaradawi criticaba a las autoridades emiratíes y celebraba la caída del régimen de Assad en Siria. Al-Qaradawi no es ciudadano emiratí y no estaba en territorio emiratí cuando ocurrió el presunto delito. Aun así, en enero de 2025 el gobierno libanés lo extradió a los EAU, con un recurso todavía pendiente ante el máximo tribunal administrativo del país. Desde entonces, las autoridades de los EAU lo tienen prácticamente incomunicado.

El caso del disidente emiratí Jasem Al-Shamsi sigue el mismo patrón. Lo detuvieron en Siria en noviembre de 2025 y lo trasladaron a un lugar desconocido poco después de que los EAU lo incluyeran en una lista de terrorismo interno y lo condenaran en ausencia. Hoy sigue desaparecido.

En mayo, Arabia Saudita detuvo al opositor kuwaití Waleed Al-Tabtabaie y lo entregó a Kuwait, donde lo habían condenado en ausencia por criticar a los gobernantes. Ese mismo mes, las autoridades de Omán detuvieron a la disidente egipcia Mariam Abdelbasette en un hospital, días después de que diera a luz, sobre la base de lo que sus abogados describen como una falsa notificación roja de la Interpol. Tras la reacción internacional, la liberaron junto con su bebé, pero a su marido, Ahmed Mousa, ya lo habían deportado a Egipto y encarcelado. El Centro del Golfo para los Derechos Humanos documentó más de 20 casos de este tipo entre 2022 y 2026, vinculados a siete Estados: Arabia Saudita, Argelia, Baréin, Egipto, los EAU, Jordania y Kuwait.

Turquía ignoró órdenes de sus propios tribunales y deportó a Rusia a activistas rusos opositores a la guerra, y a Turkmenistán a blogueros disidentes turcomanos. Kazajistán sigue deteniendo activistas y extraditándolos a Uzbekistán.

Bielorrusia y Rusia, por su parte, parecen estar intercambiando favores, atacando cada uno a los objetivos del otro. En agosto de 2025 desapareció el disidente bielorruso Anatol Kotau, buscado en Rusia. La guardia costera rusa interceptó el barco en el que se había embarcado en Turquía y lo desvió a Abjasia, la región separatista que Rusia respalda. Nadie volvió a saber de él. Dos ciudadanos bielorrusos estuvieron detenidos brevemente por el asesinato a tiros del artista y disidente ruso exiliado Robert Kuzovkov, en junio de 2026, cerca de la frontera de Polonia con Bielorrusia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que el hecho tenía todas las características de un asesinato político.

Un refugio cada vez más chico

Los Estados democráticos ya no son lugares seguros para quienes huyen de regímenes autoritarios. No solo hacen poco para impedir la represión transnacional en su territorio, sino que muchos la están facilitando a través de sus sistemas fronterizos y migratorios, porque los cálculos geopolíticos y la presión política para reducir la inmigración pesan más que la protección de los derechos humanos.

En junio, Alemania devolvió al activista opositor tayiko Asadullo Boboev y a su hijo de 19 años, pese a que todo indicaba que había un riesgo de detención. Y así fue: las autoridades tayikas lo detuvieron apenas aterrizó. Era el cuarto activista que Alemania deportaba a Tayikistán desde 2023, y a todos los detuvieron al llegar.

El gobierno de Estados Unidos devolvió en repetidas ocasiones a ciudadanos rusos al gobierno autoritario del que habían huido. En julio de 2025, un tribunal de la ciudad rusa de Perm acusó al activista opositor Leonid Melekhin de “justificar el terrorismo”, apenas Estados Unidos lo deportó. Semanas más tarde, las autoridades rusas encarcelaron a un desertor del ejército, Artyom Vovchenko, en cuanto llegó a Moscú, también tras ser deportado desde Estados Unidos.

Las autoridades migratorias estadounidenses también deportaron a decenas de solicitantes de asilo iraníes, después de permitir que funcionarios consulares de Irán entraran a los centros donde estaban detenidos y ayudaran a tramitar sus expedientes. Los mandaron en vuelos chárter a un país donde pueden enfrentar la pena de muerte. Entre ellos hay conversos al cristianismo y mujeres que protestaron por sus derechos.

A esto se suma que en 2025 el gobierno de Trump desmanteló USAID y congeló los fondos para la democracia del Departamento de Estado. Así desfinanció a quienes habían ayudado a activistas amenazados a reubicarse y rehacer su vida en el extranjero, y empujó al borde del colapso financiero a muchas organizaciones que apoyan a exiliados.

El panorama no es del todo desolador. Algunos tribunales y gobiernos les exigieron cuentas a los responsables. La justicia británica y la estadounidense condenaron a quienes estaban detrás de los complots contra Masih Alinejad y Pouria Zeraati. En junio, un tribunal británico condenó a un exagente del servicio de fronteras y a un policía hongkonés retirado por espiar a activistas prodemocracia de Hong Kong radicados en el Reino Unido. En marzo de 2025, Estados Unidos prohibió la entrada a funcionarios tailandeses en actividad y retirados, responsables o cómplices de la devolución forzada de uigures a China. Son medidas que rompen con la costumbre de las democracias del Norte global, que condenan la represión transnacional sin sancionar a los responsables.

Cuando Nicaragua despojó de la ciudadanía a cientos de disidentes exiliados, varios Estados, entre ellos Chile y España, se ofrecieron de inmediato a darles la nacionalidad. Pero estas respuestas siguen siendo la excepción. Cuando ofrecen cierta protección, los gobiernos de los países de acogida tienden a concentrar la ayuda en un puñado de figuras destacadas, obligando al resto de los exiliados a arreglárselas por su cuenta.

Las protecciones conseguidas con tanto esfuerzo también pueden perderse. Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido suspendieron la cooperación en materia de extradición con Hong Kong en 2020, cuando entró en vigor allí una draconiana ley de seguridad nacional. En 2025, sin embargo, el Reino Unido dio marcha atrás y volvió a abrir la puerta a extradiciones “caso por caso”. Los activistas exiliados, algunos con recompensas ofrecidas por su captura, denunciaron la medida como una traición a los cerca de 200.000 hongkoneses que se instalaron en el Reino Unido creyendo que iban a estar protegidos.

Reconocimiento creciente

El problema creció y su reconocimiento también. El Parlamento Europeo, el G7 y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconocieron formalmente que la represión transnacional ataca tanto los derechos humanos como la soberanía nacional. Pero ese reconocimiento no se tradujo en respuestas más firmes. Según International Partnership for Human Rights, el Régimen Global de Sanciones de la Unión Europea en materia de Derechos Humanos sirve de poco contra la represión transnacional, porque solo se aplica a violaciones graves como el asesinato y la tortura, mientras que la mayoría de estas prácticas funciona por vías más sutiles.

En gran medida, ese vacío lo llenaron las propias comunidades en el exilio. Algunas, como el Centro de Solidaridad Bielorruso en Polonia, ofrecen apoyo práctico a los activistas recién llegados, ayudándolos a encontrar alojamiento, orientándolos en lo jurídico y armando con ellos un plan de seguridad. Otras se dedican a documentar los abusos en el país de origen y recopilan testimonios y pruebas que quienes se quedaron ya no pueden recoger sin riesgo, como hace Justicia 11J, con sede en México, en el caso de Cuba. Otras, como el Consejo para la Democracia de Hong Kong en Washington, hacen incidencia ante los gobiernos de acogida y presionan para que se impongan sanciones, se concedan protecciones en materia de visados y se reconozca oficialmente la amenaza.

Pero este trabajo depende de un financiamiento que puede evaporarse de la noche a la mañana. Lifeline, un fondo de varios donantes que sostuvo a organizaciones de la sociedad civil bajo asedio, cerró en 2025. Y la sociedad civil, por bien organizada que esté, no puede impedir que los servicios de inteligencia de un gobierno hostil operen en territorio extranjero, ni obligar a los gobiernos a actuar contra ellos. En un contexto en que las tácticas de represión transnacional se vuelven cada vez más sofisticadas y frecuentes, los Estados democráticos deben ponerse a la altura de sus compromisos en materia de derechos humanos y hacer todo lo posible para garantizar que el exilio vuelva a ser sinónimo de seguridad.

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