En Marruecos, el activista de los derechos de los uigures Yidiresi Aishan debería haber estado fuera del alcance del brazo represivo de China. Hacia allí se dirigía desde su exilio en Turquía, donde ya había sido detenido varias veces. Pero en julio de 2021, nada más aterrizar su avión, fue detenido por la policía marroquí.

Aishan era objeto de una notificación roja de Interpol, publicada a pedido del gobierno de China. Las notificaciones rojas son alertas emitidas a las autoridades policiales de todo el mundo, compartidas a través del sistema de Interpol, para detener sospechosos con fines de extradición.

Aunque la notificación roja fue luego retirada en respuesta a las numerosas críticas internacionales que suscitó, el daño ya estaba hecho. En diciembre, un tribunal marroquí confirmó la decisión de extraditar a Aishan a China. Su destino allí es fácil de predecir, dados los abusos sistemáticos y a gran escala perpetrados por el gobierno chino contra los uigures y otros habitantes de la región de Xinjiang.

Con toda seguridad, Aishan enfrentará una larga condena de cárcel; asimismo, es altamente probable que experimente malos tratos durante su detención, como le ocurrió a Huseyincan Celil, otro activista uigur extraditado de Uzbekistán a China en virtud de una notificación roja en 2006, que al día de hoy sigue encarcelado y ha denunciado repetidamente torturas.

Autócratas abusan del sistema

Aishan no está solo. El gobierno chino ha emitido notificaciones rojas para muchos otros activistas uigures. El uso de esta táctica ha aumentado en los últimos años.

Y China no es ni mucho menos el único infractor. En todo el mundo hay Estados represivos que abusan del sistema de notificaciones rojas de Interpol para perseguir disidentes en el extranjero. Los activistas que se ven obligados a huir de sus países debido a la persecución corren el riesgo de ser devueltos en virtud de normas internacionales que fueron creadas para facilitar la captura de autores de delitos graves. Alcanza con que un Estado represivo tache a sus disidentes de terroristas o los acuse de lavado de dinero, cosa que estos Estados acostumbran hacer.

Varios Estados autoritarios están utilizando las notificaciones rojas junto con otras tácticas de represión transfronteriza, tales como el secuestro y el asesinato: están cometiendo actos criminales al tiempo que tachan de criminales a sus activistas exiliados.

El sistema de notificaciones rojas ha sido supuestamente reformado para evitar estos abusos, y se supone que cuenta con un sistema de filtrado y monitoreo que impide los abusos políticos, pero es evidente que algo no está funcionando. Las motivaciones que subyacen a las peticiones de los Estados suelen no ser examinadas. La tarea de eliminar las solicitudes de naturaleza claramente política no ha hecho más que complicarse en la medida en que el número de notificaciones rojas ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasando de 1.200 en 2000 a 13.516 en 2019; aunque el número se redujo a 11.094 en 2020, posiblemente se tratara de una disminución temporaria resultante del impacto de la pandemia sobre los movimientos internacionales más que de un signo de moderación de los abusos del sistema.

En 2015, Interpol anunció que dejaría de difundir notificaciones rojas emitidas contra personas solicitantes de asilo y refugiadas. Pero aquellas personas que se ven obligadas a huir de sus países por expresar disenso permanecen atrapadas en el sistema. Incluso si no son extraditadas, la mera existencia de una notificación roja puede hacer que un Estado rechace sus solicitudes de asilo.

Bajo el control autocrático de Vladimir Putin, Rusia se ha vuelto tristemente célebre por la persecución de sus disidentes en el extranjero. En diciembre, un tribunal alemán declaró a un asesino a sueldo ruso culpable de asesinar a un activista checheno afincado en Berlín. Además de utilizar estos nefastos instrumentos, Rusia lidera el abuso del sistema de Interpol: es responsable del 43% de todas las notificaciones rojas disponibles públicamente.

Bielorrusia también ha entrado en escena desde que, tras la elección fraudulenta del presidente Alexander Lukashenko, numerosos activistas pro-democracia se han visto obligados a huir del país para eludir largas condenas de cárcel. El Estado está acusado de asesinar y secuestrar a activistas en el extranjero. Pero también está emitiendo notificaciones rojas contra prominentes críticos. En septiembre, el activista Makary Malachowski fue detenido en Polonia tras la emisión de una notificación roja en su contra.

Bajo el puño autoritario del presidente Recep Tayyip Erdoğan, Turquía también abusa ampliamente del sistema de notificaciones rojas. En los últimos años, ha encarcelado a miles de críticos internos del régimen y ha emitido numerosas notificaciones contra activistas exiliados.

Turquía fue la sede de la asamblea general anual de Interpol celebrada el pasado mes de noviembre, ocasión que aprovechó para ejercer mayor presión sobre la organización. El ministro del Interior turco dijo que el gobierno utilizaría el evento para persuadir a delegados y funcionarios de intensificar sus esfuerzos para detener y extraditar disidentes turcos residentes en sus países.

Está más que claro que este componente fundamental del andamiaje de la gobernanza global -destinado a promover la cooperación internacional para resolver problemas que los Estados no pueden abordar en forma individual- está siendo utilizando para apuntalar la represión emprendida por diversos líderes autoritarios.

Ominosamente, el Estado vecino de Turquía, Siria, fue readmitido en la red de comunicaciones policiales de Interpol en octubre, recuperando el acceso a estos mismos medios para perseguir a los numerosos críticos del régimen sangriento del presidente Bashar al-Assad, que forman parte de la mayor población de refugiados del mundo.

Un presunto torturador a la cabeza

Los intentos de Turquía de presionar a Interpol no fueron el único rasgo sombrío de su asamblea de noviembre. En esta reunión se eligió a un funcionario chino para un puesto clave. Hu Binchen, un alto funcionario del Ministerio de Seguridad Pública de China, fue elegido para integrar el comité ejecutivo de Interpol. La votación, que tuvo lugar en medio de una campaña internacional en contra, situó a uno de los principales responsables del abuso del sistema de notificaciones rojas en el centro de la toma de decisiones de la organización. El mensaje para los disidentes chinos en el exilio es claro: no pueden confiar en que Interpol les proteja.

Peor aún fue la elección del nuevo presidente de Interpol: el general Ahmed Naser Al-Raisi, inspector general del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Se trata de un país con espacio cívico completamente cerrado, donde el disenso es sistemáticamente reprimido, y Al-Raisi es un agente clave y activo de dicha represión.

Al-Raisi obtuvo el puesto pese a enfrentar varias demandas judiciales por torturas. Una de ellas fue presentada por el académico británico Matthew Hedges, que estuvo detenido durante casi seis meses en 2018 por acusaciones espurias de espionaje. Hedges ha denunciado que fue torturado mientras estuvo detenido. Otra demanda fue presentada por un segundo ciudadano británico, Ali Issa Ahmad, cuyo delito consistió en llevar la camiseta de fútbol del enemigo acérrimo de los EAU, Qatar, mientras estaba de vacaciones. Ha denunciado haber sido electrocutado, golpeado y privado de sueño durante su detención.

El Centro del Golfo para los Derechos Humanos ha colaborado con un equipo de abogados para presentar denuncias judiciales contra Al-Raisi en Francia, donde Interpol tiene su sede, y en Turquía, el país anfitrión de la reunión de este año. En total, hay denuncias penales contra Al-Raisi en cinco países. Ninguna de ellas alcanzó para impedir su elección.

Las votaciones en las que resultaron electos Hu y Al-Raisi se celebraron en secreto, por lo que no es posible examinar el voto de los 195 Estados miembros de Interpol, representados por jefes de policía y altos funcionarios. Lo que sí se puede afirmar es que Al-Raisi desplegó grandes esfuerzos de lobby antes de la votación, haciendo una gira por varios países miembros y prometiéndoles apoyo financiero. Contó con el firme respaldo de su gobierno, que hace unos años hizo una donación sin precedentes de 50 millones de euros (unos 56,4 millones de dólares) a la rama benéfica de Interpol, la Fundación Interpol para un Mundo más Seguro, que apoya los programas de Interpol en los países miembros. La estrategia apestó a riqueza de élite utilizada para comprar influencia dentro de una organización con problemas de financiamiento.

El presidente de Interpol no es su líder ejecutivo; los asuntos cotidianos de la organización están en manos de su secretario general. Pero el presidente preside la asamblea general y el comité ejecutivo, y no cabe duda de que existe la posibilidad de que utilice su función para influir en estos procesos y órganos. ¿Para qué, si no, habría el gobierno de los EAU invertido tanto tiempo y recursos para asegurar que Al-Raisi obtuviera el cargo?

Urgente necesidad de transparencia

En tanto que sociedad civil, nos involucramos con el sistema internacional porque sabemos que hay problemas que trascienden las fronteras y que los Estados por sí solos no pueden resolver. Pero las instituciones internacionales son vulnerables a la captura por parte de Estados autoritarios que cada vez más extienden su represión allende sus fronteras.

Parte del problema pasa por la opacidad de los procesos de Interpol. ¿Por qué sus principales autoridades son elegidas en votaciones secretas? Las decisiones de voto deberían ser de dominio público, lo que daría a la sociedad civil la oportunidad de exigir a sus gobiernos y jefes de policía que rindan cuentas de las posiciones que adoptan.

La sociedad civil experimenta una extraordinaria variación en sus niveles de acceso a las diversas organizaciones internacionales. Interpol no es la clase de organización que siente necesidad de escuchar a la sociedad civil: si acaso eso no estaba ya claro, la elección de Al-Raisi para dirigirla lo ha dejado en evidencia.

La labor policial es un área de creciente preocupación para la sociedad civil, no solamente en lo que respecta a la seguridad de los activistas exiliados, sino también en materia de vigilancia de las protestas y discriminación en la implementación de la ley. Pero en lugar de escuchar a la sociedad civil, Interpol se está dejando utilizar para atacarla.

Interpol tiene un creciente problema de credibilidad. La solución es clara: echar más luz sobre procesos opacos, emprender el diálogo con la sociedad civil, exhibir más voluntad de apertura al escrutinio público. Interpol debe demostrar que no es un agente al servicio de los Estados autoritarios que con mayor entusiasmo utilizan sus recursos. En un mundo donde los derechos están siendo atacados, tiene que dejar claro de qué lado está.