El 30 de julio, unas 78.000 personas intentaron cruzar desde Marruecos al enclave español de Ceuta. Más de 100 murieron, la mayoría mientras intentaban cruzar a nado. Sus muertes son el costo humano más visible de la creciente hostilidad europea hacia migrantes y refugiados, pero pasaron casi inadvertidas. La furia antimigrante que estalló después, alimentada en las redes sociales y capitalizada por los políticos, se llevó toda la atención.

Discurso de odio y desinformación

Una ola de desinformación en las redes sociales parece haber detonado el cruce masivo. Circularon decenas de videos en Instagram que aseguraban que “España estaba abierta”, mostraban a migrantes paseando libremente por Ceuta y promocionaban la ruta marítima como segura. Algunos canales de redes sociales vendían consejos sobre cómo recorrer la ruta de forma segura. Muchas de las cuentas que difundían estas afirmaciones parecían tener su sede en Marruecos.

La desinformación se difundió a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo español que prohibió a las autoridades expulsar de forma sumaria a los migrantes que llegaran a nado a Ceuta o Melilla, el otro enclave español en el norte de África. La situación no se ha calmado: el 15 de agosto hubo un segundo intento de cruce masivo, que el refuerzo de la seguridad logró impedir.

Ceuta y Melilla son la única frontera terrestre de la Unión Europea (UE) con África y son, desde hace mucho, una fuente de tensión entre Marruecos y España. España, antigua potencia colonial sobre parte del territorio marroquí, sostiene que ambas ciudades le pertenecen, aunque un régimen migratorio especial les dificulta a los migrantes usarlas como puerta de entrada a la UE. Marruecos las considera territorio ocupado y reclama su soberanía. Como España depende de la cooperación marroquí para gestionar una frontera militarizada, Marruecos tiene con qué presionar, y eso convierte a los migrantes en peones de un juego geopolítico.

Dos frentes agravan la tensión: las relaciones de España con Argelia, rival de Marruecos, que el primer ministro español Pedro Sánchez visitó recientemente, y el Sáhara Occidental, territorio en disputa que Marruecos invadió en 1975 y controla en su mayor parte. En 2021, España permitió que el líder del Frente Polisario, el movimiento independentista del Sáhara Occidental, viajara al país para recibir tratamiento contra la COVID-19. Marruecos tomó represalias relajando los controles fronterizos y permitió el paso de más migrantes. En junio de 2022 se produjo un cruce masivo hacia Melilla que dejó al menos 23 muertos. Desde entonces, España ha respaldado el plan de Marruecos de incorporar el Sáhara Occidental como región autónoma, pero hay quienes creen que el gobierno marroquí, que ha cultivado vínculos estrechos con el gobierno de Trump, permitió que estos últimos acontecimientos ocurrieran para aumentar la presión sobre España. Cabe destacar que España evitó criticar a los guardias fronterizos marroquíes por no haber logrado detener el paso de personas.

La mayoría de quienes cruzaron regresaron rápidamente al comprobar que no había posibilidad de llegar a Europa continental y que escaseaban los alimentos y el alojamiento. Los pocos miles que se quedaron, entre ellos menores de edad, se vieron obligados a dormir en la playa en condiciones espantosas, mientras las organizaciones de la sociedad civil se apresuraban a proporcionarles ayuda humanitaria. El 16 de agosto, los propios migrantes se manifestaron para llamar la atención sobre su difícil situación. El gobierno español cedió recientemente y anunció que permitirá que 500 niños varados en Ceuta sean trasladados a la península.

Mientras la sociedad civil se movilizaba por compasión, el partido español de extrema derecha Vox y la derecha de toda Europa aprovecharon los hechos para atacar al gobierno español de centroizquierda y a otros gobiernos que consideran demasiado blandos con la migración. El 31 de julio, cientos de personas participaron en una manifestación antimigrantes frente a la embajada de Marruecos en Madrid; algunas hicieron saludos nazis y portaron banderas de extrema derecha. Influencers de derecha viajaron a la zona para difundir crónicas alarmistas sobre una “invasión”, que figuras como Elon Musk amplificaron. Una campaña veloz y aparentemente coordinada de cuentas vinculadas al ejército ruso avivó el odio en línea. Esto sucedió porque Rusia se beneficia del caos político en Europa y los políticos de extrema derecha suelen apoyarla.

El gobierno de derecha italiano encabezó la ofensiva. Con la primera ministra Giorgia Meloni enfrentándose a la amenaza de un partido aún más antiinmigrante, Futuro Nacional, en las elecciones del año que viene, su partido, Hermanos de Italia, aprovechó la oportunidad para atacar al gobierno español en las redes sociales. Italia suspendió para los ciudadanos españoles el Acuerdo de Schengen, el tratado de libre circulación que rige en buena parte de Europa. Varios Estados de la UE respaldaron el pedido italiano de suspender a España del acuerdo y la mayoría firmó la carta en la que exigía una reunión urgente de los ministros del Interior para abordar los “factores de atracción” que, según Italia, llevan a la gente hacia la UE. Donald Trump y el gobierno israelí, viendo la oportunidad de vengarse de España por haber condenado el genocidio israelí en Gaza y haberse opuesto a la guerra en Irán, se sumaron a los ataques. España respondió sometiendo a nuevos controles fronterizos a los visitantes procedentes de Italia.

La UE, de mal en peor

Los acontecimientos de Ceuta se produjeron en un momento de retroceso de los derechos de los migrantes a nivel de la UE, con un racismo y una hostilidad hacia los migrantes cada vez más normalizados. En junio, las formas habituales, corteses y procedimentales del Parlamento Europeo dieron paso a algo desagradable cuando aprobó un nuevo reglamento de retorno que amplía las competencias de los Estados para deportar migrantes. Los diputados de derecha celebraron la votación al grito de “devuélvanlos”. Un lenguaje antes reservado a grupos racistas marginales se escuchaba ahora en el corazón de una democracia de unos 452 millones de personas.

El reglamento, que se espera que se convierta en ley en septiembre, pone en práctica algunos aspectos del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, en vigor desde junio. Permitirá a los Estados de la UE detener a los migrantes hasta por dos años y enviarlos a centros de deportación fuera de la UE, profundizando la tendencia de los Estados ricos a subcontratar a los más pobres para gestionar la migración. Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que esto podría dar lugar a redadas migratorias rutinarias al estilo estadounidense, más vigilancia y discriminación por motivos raciales. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas señalaron que el reglamento podría incumplir varios compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por los Estados de la UE.

Estos cambios reflejan el giro a la derecha del Parlamento Europeo. En las últimas elecciones, celebradas en junio de 2024, los partidos de extrema derecha de Austria, Francia y Alemania avanzaron de forma significativa, y los partidos de centroderecha consolidados obtuvieron mejores resultados que los de centro y los verdes. En toda Europa, los grandes partidos de centroderecha y centroizquierda endurecieron su postura sobre la migración ante los éxitos de una derecha que se concentró implacablemente en el tema. Las barreras que antes impedían a los partidos tradicionales cooperar con los extremistas no resistieron los cálculos de conveniencia política. El grupo del Partido Popular Europeo, de centroderecha y el más grande del Parlamento, votó junto a la extrema derecha para sacar adelante el reglamento de retorno.

Y el retroceso no termina ahí. Cuando los ministros de la UE se reunieron tras los acontecimientos de Ceuta, acordaron mejorar los sistemas de alerta temprana, entre otras cosas, mediante un mayor control de las redes sociales. Control migratorio y vigilancia van de la mano.

La obsesión de la UE por mostrarse dura con la migración erosiona sus principios de derechos humanos. Lo hace, por ejemplo, cuando les paga a Estados represivos para que ayuden a controlarla y con eso les da capacidad de presión política. Otro hecho preocupante ocurrió en junio, cuando funcionarios de la UE mantuvieron una reunión sin precedentes con representantes de los talibanes para debatir la deportación de migrantes afganos con solicitudes de asilo denegadas. Los talibanes nunca fueron reconocidos como el gobierno de Afganistán, pero la reunión corre el riesgo de normalizar su régimen justo cuando aprueban nuevas leyes que suprimen los derechos de las mujeres. Con tal de deportar a solicitantes de asilo que muy probablemente corran peligro, la UE resta importancia a violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de las mujeres.

Retroceso a nivel nacional

Algunos Estados de la UE lideran esta carrera hacia el abismo. Si parece cruel, es justamente la intención. Aunque las cifras de migración irregular están disminuyendo, se trata de mostrar dureza, aunque sea de fachada. Los gobiernos buscan convencer a los votantes de que actúan frente a un tema que políticos extremistas y cuentas de redes sociales empujan sin descanso. Para los migrantes y refugiados, el resultado es la negación de sus derechos. A medida que se cierran las vías legales, recurren a otras más peligrosas y se exponen a la criminalización, la violencia y, como se vio en Ceuta, la muerte.

En junio, el Parlamento sueco aprobó leyes que eliminan toda vía hacia la residencia permanente para quienes han obtenido el asilo, habilitan a las autoridades a revocar permisos de residencia por motivos vagamente definidos como “mal comportamiento” y obligan a buena parte de los empleados públicos a denunciar a presuntos migrantes indocumentados. Las disposiciones sobre mal comportamiento se aplican de forma retroactiva, de modo que muchos migrantes podrían quedar expuestos a la deportación por infracciones menores cometidas en el pasado. La obligación de denunciar puede derivar en una elaboración de perfiles raciales de facto, sometiendo a las personas negras y de piel morena a sospechas que las personas blancas no enfrentan y convirtiendo en policías fronterizos informales a funcionarios públicos que eligieron su profesión justamente para ayudar a la gente. Como resultado, los migrantes pueden dejar de usar servicios esenciales, como la atención de salud, para evitar levantar sospechas, o no ir a las manifestaciones por miedo a que los detengan. Se terminará por consolidar un sistema dual, con ciudadanos de primera y de segunda, también en materia de libertades cívicas.

Suecia afirma que quiere tener las leyes de asilo más restrictivas de la UE, y no es casualidad que los cambios más recientes hayan llegado antes de las elecciones de septiembre, en las que la migración será un tema clave. El gobierno de centroderecha depende del partido de extrema derecha Demócratas Suecos, que espera obtener más escaños. Existe un riesgo de contagio, ya que otros gobiernos de la UE están observando cómo se implementan las nuevas leyes suecas con la intención de copiarlas.

La vecina Dinamarca, que se alineó de lleno con Italia en la condena a España, ofrece otro ejemplo sombrío. La coalición liderada por los socialdemócratas de centroizquierda se mantuvo en el poder tras las elecciones de marzo, después de haber adoptado restricciones de asilo cada vez más estrictas y desmantelado las protecciones para migrantes y refugiados, bajo el argumento de que así defendía el estado de bienestar. Sus políticas hoy se parecen mucho a las del Partido Popular Danés, de extrema derecha.

La estrategia fracasa una y otra vez. Cuando los partidos tradicionales adoptan posiciones de extrema derecha, en vez de recuperar votantes, legitiman los discursos de la extrema derecha, y muchos votantes acaban prefiriendo al partido que siempre defendió políticas antimigrantes antes que al que las adoptó de forma oportunista. Los socialdemócratas daneses se aferraron al poder, pero con su peor resultado en más de 120 años, mientras el Partido Popular Danés triplicó sus escaños.

Momentos más esperanzadores

La tendencia no va en una sola dirección. La sociedad civil sigue resistiendo de forma coordinada: obstruye físicamente las deportaciones, presta servicios esenciales y lleva a los tribunales las políticas regresivas. Muchos de sus éxitos son defensivos y consisten en sostener derechos que están bajo ataque, caso por caso, como cuando se revierte una orden de deportación.

Algunas victorias tienen un alcance mayor. Tras una campaña respaldada por más de 700.000 firmas, el año pasado el gobierno español puso en marcha un programa para otorgar permisos de residencia y trabajo a muchos migrantes indocumentados. Más de un millón de personas se presentaron. Pero la medida también alimentó la reacción contra España. Aunque el plazo de solicitud ya cerró, varios Estados de la UE y el comisario europeo de Migración criticaron el programa a raíz de los acontecimientos de Ceuta y lo señalaron como uno de los “factores de atracción” que Europa debería eliminar.

En junio, el electorado suizo rechazó la propuesta de un partido de extrema derecha para limitar la población del país a 10 millones de habitantes. El Partido Popular Suizo, contrario a la inmigración, tomó prestado el lenguaje de la sostenibilidad y sostuvo que la medida era necesaria para proteger la vivienda, la infraestructura, el medio ambiente y los programas de apoyo social. Este tipo de argumentos se usan cada vez más para justificar políticas contrarias a la inmigración. De aprobarse, la medida habría impuesto límites estrictos a las plazas de asilo, los permisos de residencia y la reagrupación familiar.

En Suiza, este tipo de propuestas debe someterse a referéndum. Aunque el 45,2% de los votantes respaldó la medida, el 54,8% la rechazó. Esto no equivale a un respaldo rotundo a la migración. Es posible que los votantes temieran que, al terminar el acuerdo de libre circulación con la UE, Suiza perdiera el acceso al mercado único, crucial para su economía. Aun así, el resultado muestra que la normalización del discurso antimigrante de la extrema derecha se puede frenar.

Ese discurso avanza todavía más y normaliza la perspectiva de la expulsión forzosa bajo la bandera de la “remigración”. Frente a eso, las fuerzas progresistas necesitan encontrar nuevas maneras de separar las preocupaciones legítimas de la ciudadanía por el aumento de los costos, la delincuencia y el deterioro de los servicios públicos del marco migratorio en el que hoy se las encuadra. Los políticos ofrecen políticas migratorias crueles como soluciones engañosamente simples a problemas complejos, pero las respuestas reales pasan por reequilibrar las economías: intervenir cuando las empresas se aprovechan, los mercados inmobiliarios fallan y los superricos eluden sus contribuciones a las finanzas públicas. Ese camino es más difícil, pero la alternativa es una carrera hacia un abismo sin fondo.

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