La COP29, la última cumbre anual sobre el clima, tenía una misión: llegar a un acuerdo para proporcionar el dinero necesario para luchar contra el cambio climático. Y fracasó.

Se trataba de la primera cumbre sobre el clima dedicada a la financiación. Los países del Sur global estiman que necesitan 1,3 billones de dólares al año para realizar la transición hacia economías de bajas emisiones de carbono y adaptarse a los efectos del cambio climático. Pero la oferta de última hora hecha por los países del Norte global fue de sólo 300.000 millones de dólares al año.

El acuerdo no especifica qué parte del objetivo prometido, que debe alcanzarse para 2035, se hará en forma de subvenciones directas, frente a otros medios como los préstamos, ni qué parte procederá directamente de los Estados. En cuanto al déficit de financiación anual de 1 billón de dólares, cubrirlo sigue siendo una aspiración, y se anima a todas las fuentes potenciales a redoblar sus esfuerzos. La esperanza parece ser que el sector privado invertirá donde aún no lo ha hecho, y que se explorarán innovaciones como nuevos impuestos y gravámenes, a los que seguramente se resistirán muchos Estados poderosos y lobbies de la industria. La cantidad prometida tampoco tiene en cuenta la inflación, que ha sido alta en los últimos años, especialmente con la subida de los precios de la energía como una de las causas, lo que significa que su valor real disminuirá año tras año.

Algunos países del Norte global celebran el acuerdo, destacando que triplica el objetivo anterior de 100.000 millones de dólares anuales, prometido en la COP15 de 2009 y alcanzado oficialmente en 2022, aunque la cantidad realmente proporcionada sigue siendo objeto de debate. Algunos también afirman que este acuerdo es todo lo que pueden permitirse, dadas las restricciones económicas y políticas.

Los Estados del Norte global llevan mucho tiempo presionando para que otros Estados relativamente ricos contribuyan. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, que estableció las cumbres anuales que condujeron al Acuerdo de París, clasificaba a los países en dos categorías: países desarrollados y países en desarrollo, una terminología que todavía se usa. Pero desde 1992, países como China e India han logrado enormes avances económicos, convirtiéndose tanto en grandes emisores de gases de efecto invernadero como en centros de energías renovables, mientras que los petroestados como Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han enriquecido y se han hecho mundialmente poderosos gracias a la explotación de sus reservas de petróleo y gas. Algunos, como Arabia Saudita, se oponen a cualquier intento de reclasificarlos como donantes.

Pero los Estados del Norte global apenas se comprometieron constructivamente y se les puede acusar de adoptar un enfoque que rozaba la arrogancia. Se demoraron tanto en hacer una oferta que, el día antes de que terminaran las negociaciones, el borrador del acuerdo no contenía ninguna cifra. Luego hicieron una oferta a la baja de 250.000 millones de dólares por año.

Muchos representantes de los países del Sur global se lo tomaron como un insulto. Las negociaciones amenazaban con fracasar sin un acuerdo. En un momento dado, dos grupos de Estados clave, la Alianza de los pequeños estados insulares y los países menos adelantados, abandonaron una reunión sobre financiación. En medio de escenas de caos y confusión, el presidente de la cumbre, el azerbaiyano Mukhtar Babayev, fue acusado de debilidad y falta de liderazgo. Cuando los Estados del Norte global ofrecieron 300.000 millones de dólares, las negociaciones ya habían superado el plazo límite y muchos consideraron que se trataba de una oferta de tómalo o déjalo.

El estilo de negociación de los Estados del Norte global refleja una desigualdad fundamental en el cambio climático. Los países del Norte global han contribuido históricamente a la mayor parte de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero debido a su industrialización. Pero son los países del Sur global los más afectados por los efectos del cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar, que apenas han contribuido a provocar. Además, se les pide que tomen una vía de desarrollo diferente a la industrialización impulsada por los combustibles fósiles, pero sin un apoyo financiero adecuado para lograrlo.

Estas injusticias evidentes llevaron a algunos Estados, enfadados porque Babayev puso fin a las conversaciones de forma abrupta, a pensar que un fracaso de las negociaciones hubiera sido preferible al acuerdo que se alcanzó. Para otros, esperar un año más para la COP30 habría sido un lujo que no podían permitirse, dados los efectos cada vez mayores del cambio climático.

Tendencias regresivas

Una enorme sombra se cernía sobre las negociaciones: la inminencia de un segundo mandato de Trump. Esta perspectiva impulsó a cerrar un acuerdo antes de que asumiera el cargo, pero también frenó las ambiciones, ya que no se espera ninguna financiación por parte del Gobierno estadounidense. Estados Unidos ya es el mayor emisor histórico y el mayor productor de combustibles fósiles del mundo. Ahora, con el regreso de Trump, es probable que el país se retire del Acuerdo de París, y que las inversiones en energías más limpias, desbloqueadas por la Ley de Reducción de la Inflación de Joe Biden, lleguen a su fin.

El impacto será global. Otros líderes mundiales podrían animarse a seguir el ejemplo de Trump. En muchos países, la política se está alejando de la acción climática justo cuando más se necesita. La gran ola electoral de este año ha elevado a populistas y nacionalistas de derecha poco comprometidos con la acción por el clima, incluso en países europeos claves. La victoria de Trump refuerza su posición.

Estas dinámicas negativas ya parecen hacerse realidad. El presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei, quien cerró el Ministerio de Medio Ambiente poco después de llegar al poder, retiró a sus negociadores de la COP29 a mitad del evento. A continuación, se convirtió en el primer dirigente nacional que se reunió con Trump desde su reelección, lo que hizo temer que Argentina abandonara el Acuerdo de París.

El interés propio en primer plano

El G20, el club de las mayores economías del mundo, que se reunió en Brasil al mismo tiempo que la COP29, no ofreció gran ayuda. La declaración de sus líderes no mencionó la necesidad de abandonar las energías fósiles en favor de una transición energética, lo que habría fortalecido los esfuerzos de quienes negocian compromisos ambiciosos en Azerbaiyán. En un borrador anterior se incluyó un texto en este sentido, pero Arabia Saudita lideró la iniciativa para solicitar su eliminación.

Arabia Saudita también intervino para defender la industria dañina de las energías fósiles en la COP29. Su delegación fue acusada de pasarse de la raya al directamente reescribir secciones del borrador del acuerdo. Con una representación estadounidense más discreta, la delegación saudita fue más audaz al intentar resistirse a cualquier referencia a los combustibles fósiles en el acuerdo.

Como muestra del gran poder de presión de la industria de los combustibles fósiles, recién en el acuerdo de la COP28 se mencionó por primera vez la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Este reconocimiento se logró tras un “balance mundial” de los avances en el marco del Acuerdo de París. Pero la COP29 no avanzó más allá: no se incluyó un texto nuevo sobre los combustibles fósiles, y el seguimiento del balance mundial se dejó para una reunión en Bonn, Alemania, el año que viene y luego para la COP30 en Brasil.

Maniobras similares, orientadas principalmente a intereses personales, se observaron durante todo el encuentro, incluso en temas como la ayuda a mujeres y niñas, quien se ven afectadas de forma desproporcionada por el cambio climático. Las conversaciones sobre la ampliación del plan de acción existente en materia de género se estancaron. El microestado teocrático del Vaticano, que se unió al Acuerdo de París en 2022, trabajó con un grupo de Estados ultra represivos (Arabia Saudita, Egipto, Irán y Rusia) para oponerse a referencias sobre el “género”. Temían que el plan incluyera a las mujeres trans y homosexuales. El texto final acordado eliminó debidamente las referencias a la diversidad y la interseccionalidad.

El planeta se recalienta

Los delegados abandonaron la capital de Azerbaiyán, Bakú, sin haber conseguido casi nada. Mientras tanto, las pruebas del precio de la inacción siguen acumulándose. Este año está a punto de convertirse en el más caluroso jamás registrado, superando a 2023, el anterior año más caluroso. El objetivo principal del Acuerdo de París era mantener las temperaturas globales por debajo de 1,5 grados en comparación con los niveles preindustriales. Sin embargo, los científicos afirman ahora que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, y este año probablemente superará ese límite.

El Climate Action Tracker, que evalúa el impacto probable de las acciones, políticas y compromisos actuales sobre el calentamiento global, afirma que las políticas actuales conducirán a un aumento probable de 2,7 grados. Incluso en su escenario optimista, el mundo estaría en camino hacia un aumento de 1,9 grados.

Cabe esperar consecuencias catastróficas. La diferencia entre un aumento de 1,5 y 2 grados es enorme: más del doble de personas estarían expuestas a olas de calor extremas, y los efectos sobre los cultivos y la desaparición de especies serían el doble de graves. Podrían activarse puntos de inflexión potenciales, acelerando los impactos. Las consecuencias ya se pueden observar. Este año se han producido una serie de fenómenos meteorológicos extremos, desde olas de calor y sequías intensas hasta inundaciones y tormentas, fenómenos cuya frecuencia e intensidad los científicos tienen cada vez más claro que están siendo amplificadas por el cambio climático.

Cambio urgente se necesita

Está claro que las cumbres de la COP no están cumpliendo sus promesas, pero descartarlas podría empeorar las cosas. Los Estados poderosos tienen acceso a múltiples foros que pueden utilizar para dar forma al mundo, como el G7 y el G20, y los Estados autoritarios han construido alternativas como el grupo BRICS. Pero para los Estados más pequeños, muchos de los cuales son islas en primera línea de una crisis climática que ellos son los que menos han contribuido a provocar, las COP son la única oportunidad regular y estructurada para recordar a los Estados responsables de la mayor parte de los daños climáticos que ellos importan y que tienen derecho a opinar.

Pero algunas cosas tienen que cambiar. No se trata sólo de que Azerbaiyán haya hecho un mal trabajo como anfitrión y director de la cumbre. Es una clara señal de que algo va mal que, por segundo año consecutivo, después de los EAU en 2023, la cumbre climática más importante del mundo haya sido organizada por un Estado petrolero.

Azerbaiyán es una de las economías del mundo más dependientes de los combustibles fósiles, con un sector representando dos tercios de su PIB y el 90% de sus ingresos por exportación. El país planea una gran expansión en la extracción de gas. El Presidente Ilham Aliyev califica sus combustibles fósiles de “regalo de Dios”, y uno de los principales responsables de la cumbre fue filmado promoviendo nuevos acuerdos sobre energías fósiles antes de la reunión.

Azerbaiyán también cuenta con un espacio cívico cerrado, lo que significa que suprime de forma rutinaria y sistemática los derechos de los ciudadanos a organizarse, expresarse y protestar, libertades fundamentales en las que se apoya la sociedad civil. Antes de la cumbre, la represión se intensificó aún más, llenando sus cárceles con más de 300 presos políticos, y provocando el cierre de una coalición de la sociedad civil que esperaba aprovechar el evento para realizar acciones de incidencia. Entretanto, se movilizaron con antelación cuentas falsas en redes sociales para promocionar el papel de Azerbaiyán como anfitrión de la COP29 y difundir sus mensajes.

Esto es importante porque las voces de la sociedad civil son las más fuertes para exigir acciones climáticas. Las COP deben ofrecer oportunidades para que la sociedad civil se comprometa con los gobiernos e impulse acuerdos ambiciosos. Esto podría ayudar a contrarrestar el enorme poder de presión de la industria de los combustibles fósiles, presente en gran número en Bakú, con al menos 1.773 lobistas registrados, según los informes. Sin embargo, el espacio cívico restringido limitó las manifestaciones y debilitó las protestas, mientras que los participantes de la sociedad civil se preocuparon por la posible vigilancia. Este ha sido el tercer año consecutivo en que una cumbre de la COP se ha celebrado en condiciones de espacio cívico cerrado, después de Egipto y los EAU.

Deben escucharse las demandas de reforma del proceso de la COP para que las cumbres estén más orientadas a la acción y centradas en la rendición de cuentas. Las COP deben dejar de ser acogidas por petroestados o países con un espacio cívico cerrado. Los gobiernos anfitriones no deben utilizarlas como una oportunidad para mejorar su reputación internacional, sino que deben centrarse en la ardua tarea de negociar soluciones climáticas, para lo que se necesita un gobierno anfitrión que desee una acción climática real. Tampoco deben inundarse de representantes de los combustibles fósiles, sino que deben abrir sus puertas para que la sociedad civil pueda amplificar las voces de quienes viven en primera línea de las catástrofes climáticas.

La financiación en el centro del debate

Lejos de estar zanjado, el debate sobre la financiación climática apenas comienza. Las cifras mencionadas, ya sean 300.000 millones o 1,3 billones de dólares al año, parecen enormes, pero a escala mundial son minúsculas. Los 1,3 billones de dólares necesarios representan menos del 1% del PIB mundial, estimando en alrededor de 110 billones de dólares. Es un poco más de lo invertido en combustibles fósiles este año, y mucho menos que los gastos militares mundiales anuales, que han aumentado durante nueve años consecutivos y ahora se sitúan en torno a los 2,3 billones de dólares al año.

Si no se movilizan los fondos, las cantidades necesarias se verán eclipsadas por los costes para paliar los desastres climáticos, para la gestión de la creciente inseguridad, los conflictos y las perturbaciones económicas. Por ejemplo, las devastadoras inundaciones de octubre en Valencia, España, causaron al menos 217 muertes y pérdidas económicas de unos 10.600 millones de dólares. Las investigaciones sugieren que cada grado de calentamiento reduciría el PIB mundial en un 12%. Invertir en una transición que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y permita a las comunidades adaptarse no es sólo lo correcto, sino también una decisión económicamente sensata.

Los mismos problemas surgieron en otra cumbre reciente sobre un tema relacionado: la COP16 del Convenio sobre Biodiversidad, celebrada en Colombia en octubre. Esta reunión terminó sin que se llegara a un acuerdo sobre cómo cumplir los compromisos financieros pactados en la reunión anterior. La comunidad internacional, tras haber forjado acuerdos para hacer frente al cambio climático y proteger el medio ambiente, se encuentra atascada a la hora de encontrar los fondos necesarios para su implementación.

Lo que se echa en falta es un debate sobre una mejor distribución de la riqueza en beneficio de la humanidad. Durante la última década, mientras el planeta se calentaba, las desigualdades se han disparado: el 1% más rico del mundo ha aumentado su fortuna en 42 billones de dólares, una cantidad mayor que la requerida para enfrentar de manera efectiva el cambio climático. La reciente reunión del G20 apenas tocó el tema del cambio climático, pero al menos los líderes acordaron que las personas ultra ricas debían ser correctamente gravadas. Ahora hay que luchar para garantizar que así sea y que estos ingresos se destinen a luchar contra el cambio climático.

Cuando se trata de empresas, pocas son más ricas que la industria de los combustibles fósiles. Pero el principio de “quien contamina paga”, que establece que quienes causan daños medioambientales deben financiar su reparación, parece ausente de las negociaciones sobre el clima. La industria fósil es el mayor contribuyente al cambio climático, responsable de más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha enriquecido increíblemente gracias a su comercio destructivo. En las últimas cinco décadas, el sector del petróleo y el gas ha obtenido unos beneficios medios de 2.800 millones de dólares al día. Sólo una pequeña parte de esos ingresos se ha invertido en soluciones alternativas, mientras que siguen adelante nuevos proyectos de extracción desde la COP28, se han comprometido unos 250.000 millones de dólares para desarrollar nuevos yacimientos de petróleo y gas. La riqueza del sector, que le confiere un enorme poder de presión, también debería convertirlo en un objetivo prioritario para financiar las reparaciones. Una propuesta de impuesto sobre las extracciones podría recaudar 900.000 millones de dólares de aquí a 2030.

Es necesario avanzar, y rápido. La COP30 tiene ahora la enorme tarea de compensar los fallos de la COP29. Hay que seguir presionando para conseguir una financiación adecuada combinada con una acción concertada para reducir las emisiones. El año que viene, los Estados deberán presentar sus planes actualizados de reducción de las emisiones y adaptación al cambio climático. La sociedad civil presionará para que estos planes demuestren la ambición necesaria y para que se movilicen los fondos necesarios.

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