El domingo 20 de noviembre, dos días después de la fecha prevista de finalización de la cumbre del clima COP27, los delegados, agotados, firmaron por fin la declaración final de la reunión y se fueron a hacer las maletas para volver a casa. Tal vez los 636 lobistas de la industria de combustibles fósiles presentes en la COP27 fueran los que partieron más contentos: el texto final no incluyó nada que pudiera perturbar el poder de la mortífera industria que sigue impidiendo los drásticos recortes de emisiones de gases de efecto invernadero necesarios para limitar el calentamiento global.

Pese a esta chocante omisión, hubo un aspecto positivo: por fin se avanzó en una demanda clave de la sociedad civil: la creación de un fondo para compensar las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Si se pone en práctica, proporcionará un muy necesario apoyo a los países que están experimentando los peores impactos del cambio climático pero que han hecho poco para causarlo. Ahora habrá que trabajar mucho más para que el fondo se convierta en realidad.

Pérdidas y daños: meta alcanzada

Durante décadas, la sociedad civil y los Estados del sur global han presionado por el financiamiento de pérdidas y daños mientras se negociaban acuerdos de financiación para la reducción de emisiones -conocida como mitigación- y la adaptación al cambio climático. Pero durante décadas los estados del norte global se resistieron.

La injusticia siempre ha sido evidente: los Estados que menos han hecho para provocar el cambio climático son, por lo general, los que experimentan sus peores efectos y tienen menos recursos para hacerle frente. La política subyacente a la demanda del financiamiento de pérdidas y los daños es cada vez más difícil de ignorar, ya que los Estados del norte básicamente están pidiendo a los del sur que no emulen su vía de desarrollo basada en el carbono, pero les ofrecen poca ayuda a cambio.

Las resistencias finalmente fueron superadas en la COP27, cuando los Estados del sur global -que trabajan juntos en el G77, cuya membresía original se ha ampliado a 134 países- dejaron en claro que este era un punto irrenunciable. Han sido testigos de un año más de devastadores eventos climáticos extremos, los cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y dañinos a causa del cambio climático. El gobierno de Pakistán, en calidad de actual presidente del G77, se puso a la cabeza de la presión: este año se vio afectado por unas devastadoras inundaciones que sumergieron un tercio de su territorio y causaron la muerte de más de 1.700 personas.

La primera dificultad fue conseguir que el tema fuera incluido en el orden del día de la reunión. El inicio de la cumbre se retrasó hasta que se acordó debatir sobre pérdidas y daños. Cerca del final previsto de la COP27 se lograron avances inéditos cuando la delegación de la Unión Europea (UE) aceptó el principio de un fondo para solventar pérdidas y daños, explicando que lo hacía en respuesta a la insistencia del G77. Lo cierto es que todos los intentos de dividir a los países del G77 habían fracasado. Respaldado por la sociedad civil, el grupo se mantuvo unido en esta cuestión. Aunque fue ampliamente criticada como insuficientemente ambiciosa, la concesión de la UE sirvió para debilitar las resistencias de otras grandes potencias.

Pero este fue apenas el primer paso. En adelante la responsabilidad recaerá sobre un “comité de transición” encargado de hacer recomendaciones al respecto en la COP28, dentro de un año.

Una cuestión clave es de dónde saldrá el dinero. Los países del norte nunca han cumplido el compromiso que adquirieron en 2009 de aportar 100.000 millones de dólares al año para financiar la mitigación y la adaptación. Se necesita un cambio profundo para que empiecen a pagar más. El riesgo a evitar es que, en vez de aportar fondos adicionales, redirijan hacia el nuevo fondo la financiación existente, incluida la asistencia a gobiernos, o que contribuyan al fondo desviando dinero de otras causas importantes.

Quién contribuye también importa. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 clasifica a los países en desarrollados y en vías de desarrollo; esa rígida clasificación se aplica en las negociaciones de la ONU sobre el clima hasta el día de hoy. China, actualmente el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, sigue siendo clasificado como país en desarrollo. Es por eso que, a pesar del gran poder económico que ha acumulado en las últimas décadas, no se espera que contribuya al fondo. Tampoco lo hacen varios Estados que han acumulado una gran riqueza petrolera, como Arabia Saudita. Esto debe cambiar. La sociedad civil y muchos Estados del sur global están demandando a estos Estados que contribuyan al nuevo fondo sobre la base del principio de “quien contamina, paga”.

También debe quedar claro que estos Estados ricos y poderosos no deben esperar beneficiarse directamente del fondo. La financiación debe canalizarse hacia las comunidades más afectadas por el cambio climático.

El principal avance logrado es la aceptación del principio de pérdidas y daños. Esto significa que la cuestión estará en la agenda de todas las futuras COP. Y para los Estados del sur global y la sociedad civil, la agenda de incidencia está clara: se trata de garantizar que la COP28 se comprometa a desbloquear nuevos recursos procedentes de una amplia gama de fuentes y de que el dinero se destine hacia donde pueda hacer la mayor diferencia para los grupos más vulnerables.

Foco en la financiación

Hay otras fuentes de financiación para el clima que siguen siendo poco exploradas. Los llamamientos para que las empresas de combustibles fósiles, que actualmente disfrutan de beneficios récord, paguen impuestos extraordinarios para ayudar a pagar los daños que causan hasta ahora no han sido atendidos. El secretario general de la ONU, António Guterres, es uno de los que piden este tipo de medidas. Algunos países del norte han establecido sus propios impuestos, pero para sus propios fines – en general, para subvencionar las elevadas facturas de servicios energéticos.

La atención se centra cada vez más en la necesidad de condonar la deuda de las naciones del sur global y en el rol de las instituciones financieras internacionales creadas tras la Segunda Guerra Mundial: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El Banco Mundial fue especialmente criticado durante la COP27. Su director, David Malpass -nombrado por Donald Trump- ha sido acusado de ser un negacionista del clima. El Banco sigue financiando nuevos proyectos de combustibles fósiles y es criticado por no ofrecer financiamiento adecuado para energías renovables y adaptación al cambio climático.

Mia Mottley, la Primera Ministra de Barbados, aprovechó la COP27 para poner en evidencia la injusticia del cambio climático y lanzar un duro ataque al sistema existente. La primera ministra forma parte de un grupo de líderes que reclaman una revisión del sistema financiero mundial para ampliar la capacidad de las instituciones, incluido el Banco Mundial, para financiar la resiliencia frente al cambio climático.

Evidentemente la COP27 no iba a proponer un plan de reforma, entre otras cosas porque el Banco Mundial y el FMI se rigen por mecanismos separados de los de la ONU. Pero al menos ofreció una plataforma de debate que puso el foco sobre la gran cuestión de cómo conseguir el financiamiento para el clima que el mundo necesita. Estos debates pueden estar contribuyendo a impulsar el cambio. Si los Estados del norte quieren demostrar que se toman en serio la financiación para el clima, deberán empezar por dejar claro que escuchan las demandas de reforma del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales.

Sin avances en la reducción de emisiones

Al margen de los avances en materia de pérdidas y daños, la cumbre fue un fracaso. Los representantes de la industria de los combustibles fósiles, incluidos los grupos de presión petroleros rusos, hicieron valer su presencia: superaron en número a la delegación de cualquier Estado, a excepción de la del anfitrión de la COP28, los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Mantener el calentamiento global dentro de los 1,5°C por encima de los niveles preindustriales requiere una reducción del 45% de las emisiones globales para 2030. La COP26 reconoció la necesidad de mayor acción. Los planes climáticos que cada Estado debe presentar, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por su sigla en inglés), han sido evaluados como insuficientes para cumplir ese objetivo. De ahí que se solicitara a los Estados que acudieran a la COP27 con NDC más ambiciosas; sin embargo, casi ninguno lo hizo. En octubre la ONU evaluó que, en caso de implementarse las promesas contenidas en las más recientes NDC, se lograrían recortes adicionales de las emisiones de menos del 1%.

La COP26 aseguró que el objetivo de 1,5°C, el más ambicioso del Acuerdo de París de 2015, se mantenía en pie. Pero en las negociaciones de la COP27 algunos Estados, entre ellos China, presionaron para recentrar la atención en el objetivo de 2°C, también mencionado en el texto de 2015. De este modo se pasó por alto el hecho de que el Acuerdo de París instaba a mantener el calentamiento “bien por debajo” de los 2°C y que, desde que el acuerdo se firmó, la ciencia ha dejado aún más claro que cada fracción de grado adicional tendrá efectos más y más catastróficos.

El objetivo de 1,5°C logró sobrevivir en el texto, pero la falta de atención al problema de los combustibles fósiles hace que sea imposible de alcanzar. Este extraordinario acto de negación consciente que ya lleva 30 años se prolongó en la COP27: una vez más, el texto final careció de todo compromiso de reducir el uso de combustibles fósiles.

Los combustibles fósiles ni siquiera habían sido mencionados hasta el acuerdo final de la COP26, y un año más tarde no se logró ningún avance adicional. A pesar de los esfuerzos de un grupo de Estados liderados por India para introducir el compromiso de reducir los combustibles fósiles, el texto se limitó a copiar y pegar la referencia de la COP26 a la reducción del carbón y a la eliminación de las subvenciones “ineficientes” a los combustibles fósiles. Los poderosos países petroleros, entre ellos Arabia Saudita, bloquearon toda ambición. Mientras tanto, el objetivo de la COP26 de que las emisiones alcanzaran su punto máximo en 2025 simplemente se desvaneció.

La referencia del texto a dar prioridad a la “energía de bajas emisiones” ofrece otra zona de peligro potencial. Esta frase indefinida podría ser interpretada como incluyendo al gas, un combustible fósil que genera emisiones de efecto invernadero en cantidades menores que el carbón o la madera, pero que no ofrece ninguna vía para reducir las emisiones al nivel requerido. Varios Estados africanos acudieron a la COP27 con la intención de llegar a acuerdos para explotar sus enormes reservas de gas fósil, una alternativa económicamente atractiva en un momento en que los precios de la energía son altos y los Estados occidentales buscan alternativas al gas ruso.

El gas fósil es promocionado como un “combustible de transición” de bajas emisiones que puede proporcionar a la población de los países africanos energía fiable, pero los motivos de esta opción difícilmente sean otra cosa que financieros. La lógica de la industria mundial de los combustibles fósiles es que todo el gas extraído se venda en el mercado mayorista al mejor postor. Los países africanos ya están entre los que sufren los peores efectos del cambio climático, y una mayor extracción sólo traerá aparejados mayores impactos. En vez de esto, el activismo reclama una inversión adecuada para aprovechar el abundante potencial de los países africanos para beneficiarse de energías renovables como la solar.

La industria de los combustibles fósiles se marchó de la COP27 confiando en que su poder para impedir la acción sobre el cambio climático se mantiene intacto. Ni los Estados ni la industria de los combustibles fósiles tomarán medidas adecuadas para reducir las emisiones; en el mejor de los casos, los Estados ricos podrían llegar a pagar una parte de los daños que resulten de ello.

De cara al futuro

En un momento en que cada segundo cuento, se ha vuelto a perder un año entero. Y sería ingenuo esperar que la influencia maligna de la industria de los combustibles fósiles se vea atemperada en la COP28, organizada por un Estado petrolero, los Emiratos Árabes Unidos. La delegación de los EAU en la COP27 incluyó a numerosos lobistas de la industria de los combustibles fósiles, y su líder recientemente declaró que el país seguirá suministrando petróleo y gas “mientras el mundo lo requiera”.

La COP del año que viene volverá a celebrarse en condiciones de espacio cívico cerrado. Nuevamente, el anfitrión será un gobierno autocrático con un pésimo historial de derechos humanos, lo cual dificultará una vez más la movilización de la sociedad civil en favor de la acción por el clima.

Aún si la sociedad civil tuviera total libertad para organizarse en torno a ellas, las cumbres anuales de la COP seguirían siendo insuficientes. Éstas ofrecen un importante foco periódico de incidencia, en tanto que lugar de encuentro de todas las naciones, desde las economías más poderosas hasta las islas más pequeñas en peligro de desaparecer del mapa. El gobierno de Pakistán demostró el valor del espacio cuando lo utilizó para poner al descubierto la realidad de las inundaciones que devastaron a su país, ayudando a destrabar avances en materia de pérdidas y daños.

Pero la respuesta a la crisis climática es demasiado importante para ser dejada exclusivamente en manos de las COP. Es necesario actuar simultáneamente en muchos otros frentes. Los Estados individuales pueden mostrar su liderazgo presentando NDC mucho más ambiciosas y poniéndolas en práctica. Otras reuniones anuales clave, como las del G7 y el G20 y las cumbres de los organismos intergubernamentales regionales, deben comprometerse a adoptar una línea mucho más firme en materia de acción por el clima, aumentando la presión sobre las COP. Los poderosos Estados que manejan el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales deben responder a las presiones por su reforma y reorientar sus considerables recursos hacia la financiación de la transición climática.

La sociedad civil continuará su labor de incidencia en todos estos ámbitos, al tiempo que continuará recurriendo a la protesta callejera y a la acción directa no violenta para mantener el cambio climático en la agenda política y, cada vez más, desplegará acciones legales para obligar a gobiernos y empresas de combustibles fósiles a respetar el derecho internacional de derechos humanos y a cumplir sus compromisos.

La sociedad civil seguirá trabajando de todas las formas posibles para lograr que la financiación de pérdidas y daños se materialice y sirva a la causa de la justicia climática, al tiempo que continuará presionando para que se reduzcan drásticamente las emisiones de modo tal que las pérdidas y los daños dejen de producirse.