Varios Estados europeos recientemente han anunciado su intención de retirarse del Tratado de la Carta de la Energía. Este acuerdo fue ideado a principios de los años ‘90 para proteger las inversiones en combustibles fósiles de los impactos de los cambios políticos y permitir a las empresas demandar a los Estados si aprueban leyes ambientales que ponen en peligro sus ganancias. El tratado está contribuyendo a evitar que los gobiernos cumplan sus compromisos en el marco del Acuerdo de París. Este año se han celebrado negociaciones para revisar el tratado, y pronto se tomará una decisión al respecto. La sociedad civil insta a los Estados de la Unión Europea a rechazar las reformas y a llevar a cabo, en cambio, una retirada coordinada.

Hace unas semanas pareció que el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) estaba a punto de desmoronarse. El 12 de octubre la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la retirada de su país, lo que pareció provocar un efecto dominó entre los Estados de la Unión Europea (UE). En cuestión de días, Francia, los Países Bajos y Polonia declararon que también se retirarían, sumiendo en la incertidumbre el futuro de este perjudicial acuerdo comercial internacional. Pero los intentos de revisión en curso podrían lograr prolongar su influencia negativa.

Reliquia del pasado y amenaza para el futuro

El TCE es una criatura de un mundo que ya no existe. Su génesis se remonta a la desintegración de la Unión Soviética, cuando las grandes empresas internacionales de combustibles fósiles querían explotar las hasta entonces inaccesible reservas de petróleo y gas de los países del bloque oriental pero veían a su inestable entorno político como una potencial amenaza para sus retornos esperados en el largo plazo.

El tratado fue diseñado para ofrecer protección a las empresas. Fue firmado en 1994 y entró en vigor cuatro años más tarde. Es el único tratado de cooperación intergubernamental centrado en la liberalización de las inversiones y el comercio de la energía. Sus partes contratantes originales eran 54 Estados, incluidos todos los Estados miembros de la UE y otros países con importantes reservas de combustibles fósiles, además de la propia UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, también conocida como Euratom.

Dos de sus 54 Estados signatarios -Bielorrusia y Noruega- nunca lo ratificaron, pero en el caso de Bielorrusia se siguió aplicando en forma provisional. Un solo país se ha retirado hasta ahora: Italia. Muchos otros Estados que firmaron la Carta Europea de la Energía de 1991 o la Carta Internacional de la Energía de 2015, entre ellos Australia, Canadá, China y Estados Unidos, participan como observadores de la Conferencia de la Carta de la Energía, el órgano rector del proceso del tratado.

Para contrarrestar la preocupación de los inversores por la posibilidad de nacionalización de las empresas energéticas, el TCE les concedió importantes salvaguardas jurídicas a partir de una definición ambigua de la expropiación. Tal y como fue redactado el texto, casi cualquier regulación o política que pudiera poner en peligro los beneficios de un proyecto de inversión podía interpretarse como expropiación.

El TCE permite a los inversores demandar a los gobiernos a través de un sistema de arbitraje para resolver las disputas entre inversionistas y Estado que establece tribunales internacionales especiales que son opacos, no están sujetos a la jurisdicción nacional y no están obligados a considerar cuestiones de derechos humanos o de interés público. A través de este mecanismo, sesgado a favor del sector privado, el TCE ha alentado el crecimiento de una multimillonaria industria del litigio que los inversionistas en combustibles fósiles utilizan para mantener en jaque a los gobiernos.

Hasta ahora, 12 países, la mayoría de ellos miembros de la UE, han sido objeto de reclamos. El más afectado ha sido España, con un total de 51 demandas en la última década. No resulta sorprendente que una de las causales más frecuentes haya sido la expropiación.

El Tratado de la Carta de la Energía está teniendo un efecto paralizante sobre la legislación sobre el clima: los gobiernos prevén que serán demandados, por lo que diluyen sus propuestas legislativas, las retrasan o directamente las descartan.

PAUL DE CLERCK

En los últimos años, el TCE ha permitido a las industrias extractivas bloquear la adopción o la implementación de políticas sobre el cambio climático. Ante el riesgo de ser demandados, muchos países se han abstenido de adoptar políticas ambiciosas. Este “efecto de parálisis” supone una gran amenaza para la acción contra el cambio climático.

También hay un costo de oportunidad: el sistema de arbitraje entre inversionistas y Estados desvía recursos públicos de áreas ambientales críticas. Según una investigación, la estimación de máxima de los montos insumidos por los acuerdos del TCE -340.000 millones de dólares- superaría la suma de lo que todos los Estados del mundo gastaron en 2020 para sostener acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Voces desde las primeras líneas

Paul de Clerck es Coordinador de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Europa, la mayor red ambientalista europea.

 

Los tribunales de inversión están completamente sesgados en favor de la industria, ya que no tienen en cuenta los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos ambientales ni otras cuestiones de interés público. Como los procesos judiciales suelen negociarse en secreto, hay muy poca información disponible sobre los montos de los acuerdos.

En Europa las demandas se han hecho cada vez más frecuentes en la medida en que los Estados han adoptado más políticas de transición climática. Este mecanismo no solamente obliga a los gobiernos a pagar indemnizaciones, sino que les impide introducir nuevas políticas de energía sostenible.

El TCE es un viejo tratado cuyo objetivo principal es proteger a las empresas de combustibles fósiles, y está en total contradicción con el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la agenda de la UE en materia de clima y sostenibilidad.

La llamada “cláusula de caducidad” del tratado otorga un derecho casi ilimitado a empresas e inversionistas y es una de las razones por las que instamos a los Estados de la UE a que abandonen el tratado de forma coordinada. Si lo hicieran, podrían acordar la aprobación de una legislación a nivel de la UE que impidiera nuevos casos de solución de diferencias entre inversores y Estados.

Estamos haciendo campaña para que la UE y sus Estados miembros rechacen la reforma. Junto con otras organizaciones de la sociedad civil europeas, hemos realizado una fuerte labor de incidencia conjunta con las instituciones europeas y hemos coordinado acciones, mensajes y estrategias en toda Europa. Debemos presionar a los gobiernos. Las próximas semanas probablemente serán decisivas.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Paul. Lea la entrevista completa (en inglés) aquí.

Retirada versus reforma

Abandonar el tratado no resuelve instantáneamente el problema, como lo demuestra el caso de Italia. Tras una oleada de movilizaciones públicas contra un proyecto de perforación petrolífera en el mar Adriático, en 2015 el gobierno italiano prohibió la actividad de la empresa Rockhopper Exploration. Un año después, Italia abandonó el TCE, pero eso no impidió a los inversionistas presentar una demanda: Italia fue condenada a pagar 190 millones de euros (unos 195 millones de dólares) más intereses a la empresa con sede en el Reino Unido. Esto se debió a que el TCE tiene una “cláusula de caducidad” que mantiene a los Estados parte sujetos a la posibilidad de acción judicial por parte de los inversionistas durante 20 años adicionales a contar desde su retirada.

La UE consagró sus compromisos climáticos en el Pacto Verde Europeo, cuya implementación está siendo sistemáticamente socavada por el TCE. Otros siete Estados miembros de la UE – Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Países Bajos y Polonia- han anunciado que abandonarán el tratado. Pero dado el problema de la cláusula de caducidad, la sociedad civil insta a una retirada conjunta de todos los Estados miembros de la UE para desmantelar el tratado y desbloquear el progreso hacia el cumplimiento del Acuerdo de París.

Sin embargo, el órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, pretende revisar el tratado en vez de retirarse de él. En mayo de 2019 aprobó una propuesta para iniciar un proceso de reforma, la cual suscitó una fuerte oposición por parte de un grupo de países liderados por Japón, temerosos de que cualquier cambio pudiera poner en peligro sus inversiones energéticas.

Tras meses de conversaciones, los grupos de activistas por el clima consideraron que el proceso de negociación había sido un fracaso. Entre las prioridades de la reforma, apenas un ítem abordaba el tema del desarrollo sostenible.

La nueva propuesta del TCE, presentada en junio de 2022, propone conceder protección a las inversiones en combustibles fósiles existentes por 10 años más, durante los cuales los gobiernos podrían seguir siendo demandados. Aunque esto limitaría el alcance de la actual cláusula de extinción, seguirá obstaculizando el proceso de eliminación de los combustibles fósiles necesario para mantener el calentamiento global bajo control. El problemático sistema de resolución de litigios entre inversores y Estados seguiría intacto.

El TCE revisado se ampliaría para abarcar otras fuentes de energía -amoníaco, biomasa, biogás, hidrógeno y combustibles sintéticos- poniendo a estas áreas en crecimiento bajo el mismo proceso de arbitraje. Y podrían sumarse nuevos miembros. En el contexto de la crisis energética europea provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania, Estados y empresas europeos encuentran cada vez más atractiva la idea de desarrollar proyectos de gas en África, algo que varios Estados africanos han promovido en la cumbre del clima COP27. Se ha afirmado que hay varios países de África y América Latina en proceso de adherir al tratado. Esto podría limitar aún más el alcance de la acción global por el clima.

Se ha solicitado a los Estados parte del TCE que ratifiquen la reforma en la Conferencia de la Carta de la Energía que se celebrará en Mongolia el 22 de noviembre.

Se necesita acción audaz

La sociedad civil ha reaccionado. En diciembre de 2020 una petición firmada por más de un millón de personas fue presentada ante la UE para instarla a retirarse del TCE. En el período previo a la COP26 del año pasado, más de 400 organizaciones de la sociedad civil y científicos de todo el mundo firmaron una carta abierta en la que rechazaban el acuerdo revisado por “obstaculizar la transición energética hacia un sistema basado en energías limpias”.

La UE está dividida: la Comisión Europea sigue promoviendo el tratado revisado, al que presenta como la opción más favorable a los intereses colectivos regionales, mientras que varios Estados miembros de la UE continúan hablando de retirarse y muchos representantes en el Parlamento Europeo exigen una retirada coordinada y la reforma del sistema de arbitraje entre inversionistas y Estados.

De ahí que, si los Estados reunidos en Ulán Bator ratifican los cambios, la incidencia de la sociedad civil se desplazará hacia el Parlamento Europeo, donde presionará por el desarrollo de una ley a nivel de la UE que bloquee cualquier nuevo uso del mecanismo de arbitraje entre inversionistas y Estados.

La Red Global de Acción Legal (Global Legal Action Network), una organización internacional independiente de la sociedad civil integrada por profesionales del derecho, periodistas de investigación y académicos, también ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de seis jóvenes activistas, alegando que el cambio climático interfiere en su derecho a la vida, su derecho al respeto de su vida privada y familiar y su derecho a no ser discriminados. Fueron demandados 33 Estados, incluidos todos los miembros de la UE. Los demandantes buscan una decisión jurídicamente vinculante que obligue a los gobiernos a poner en marcha medidas urgentes para frenar la crisis climática; de tener éxito, evidentemente resultaría incompatible con el TCE.

A medida que el proceso de negociación se aproxima a su momento decisivo, la sociedad civil seguirá presionando para conseguir acción, pidiendo a los gobiernos y a la UE que hagan lo correcto y trasladen sus esfuerzos de protección desde la poderosa industria de los combustibles fósiles hacia los territorios y las personas más afectadas por los impactos de sus negocios mortíferos.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • Los Estados miembros de la Unión Europea deben rechazar la propuesta de revisión del Tratado de la Carta de la Energía en favor de una retirada coordinada y un acuerdo para poner fin al sistema de arbitraje entre inversionistas y Estado.
  • Los Estados miembros de la Unión Europea deben tomar medidas urgentes y eficaces para eliminar los proyectos de combustibles fósiles y liderar la transición hacia energías sostenibles.
  • La sociedad civil debe seguir presionando a Estados e instituciones de la Unión Europea para que implementen efectivamente las medidas destinadas a cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.

Foto de portada de Andreas Rentz/Getty Images