El desafío de la COP27: cómo demandar acción por el clima en un contexto represivo
La cumbre sobre el cambio climático COP27 se celebra en el cerrado espacio cívico de Egipto, donde el gobierno reprime sin piedad a la sociedad civil. Ello amenaza con privar a la reunión de gran parte de la presión vital que suele ejercer la sociedad civil justo cuando es más necesaria que nunca. Recientes informes dejan claro que las emisiones de gases de efecto invernadero, reales y previstas, superan con creces los topes fijados por el Acuerdo de París. Los gobiernos deben ponerse a la altura de las circunstancias y comprometerse a clausurar nuevos proyectos de combustibles fósiles, proporcionar mucho más apoyo financiero para la transición y abrir más espacio a la sociedad civil en las conversaciones sobre el clima, empezando por asegurarse de que las cumbres se realicen en países donde se respeten los derechos humanos.
La magnitud de la empresa nunca ha estado más clara. Tampoco la necesidad de actuar con urgencia. Un informe tras otro ha dejado claro que el mundo va en camino de experimentar un aumento de temperatura de consecuencias devastadoras. Si se cumplen todos los compromisos climáticos actuales, lo cual parece improbable, la temperatura global habrá aumentado unos 2,5 grados hacia 2100, con efectos catastróficos.
El compromiso de limitar el aumento a un máximo, aun perjudicial, de 1,5 grados, asumido por casi todos los Estados en el Acuerdo de París de 2015, no tiene ninguna posibilidad de cumplirse si Estados y empresas mantienen sus comportamientos actuales. Las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse a la mitad antes de 2030 para que el objetivo pueda cumplirse; sin embargo, en lugar de disminuir siguen aumentando.
Las principales cumbres sobre el clima, conocidas como conferencias de las partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ofrecen cada año la oportunidad de revisar los avances y, potencialmente, corregir el rumbo. Pero el ambiente en vísperas de la COP27 en Egipto es sombrío.
El año transcurrido desde la COP26 en Glasgow, Reino Unido, ha sido testigo de la invasión rusa de Ucrania, que ha forzado una crisis energética, dejando claro lo dependiente que sigue siendo el mundo de los combustibles fósiles. El aumento de los precios del petróleo y el gas ha contribuido a la toma de conciencia del valor de la inversión en alternativas renovables. Pero también está fomentando la búsqueda de nuevas fuentes de extracción.
Los precios altos han sido una gran noticia para las empresas de combustibles fósiles. El inicio de la COP27 vino precedido de anuncios de beneficios récord para las grandes corporaciones de combustibles fósiles, estimados en 173.000 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2022. Se trata de sumas con potencial transformador si fueran utilizadas para garantizar un futuro más seguro, pero en cambio serán mayormente destinadas a la recompra de acciones y al pago de dividendos.
En la COP26 se reconoció que los planes que todos los Estados deben presentar para limitar y responder al cambio climático, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), eran inadecuados para reducir las emisiones de modo tal que el aumento de la temperatura se mantenga dentro de los 1,5 grados. La COP26 finalizó con un acuerdo para que los Estados desarrollaran NDC más ambiciosas antes de la COP27; sin embargo, solamente 23 presentaron planes revisados antes de la fecha límite del 23 de septiembre. La implementación de los compromisos derivados de las actuales NDC aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 10% para 2030.
Este escenario desesperado exige una fuerte acción de la sociedad civil. La sociedad civil es la fuerza que mantiene al cambio climático en la agenda global. Mediante la combinación de tácticas tales como protestas masivas, acciones de desobediencia civil no violenta, incidencia con tomadores de decisiones y acciones legales contra Estados y empresas, la sociedad civil ha dejado claro el imperativo urgente de asumir compromisos climáticos más ambiciosos y actuar en consecuencia.
La sociedad civil suele trabajar para llevar sus llamamientos a la acción a las cumbres de la COP. Pero ahora hay un problema: esta COP27 se celebra en Egipto, un país con un gobierno extremadamente hostil hacia la sociedad civil. A causa de las numerosas restricciones impuestas por Egipto, probablemente la sociedad civil tendrá muchas menos oportunidades para hacerse ver y escuchar en la COP27. Y sin la presión de la sociedad civil, es probable que el desastroso actual estado de cosas permanezca intacto.
La represión en Egipto
Desde 2013, cuando Abdel Fattah El-Sisi encabezó un golpe militar que destituyó a un gobierno electo, Egipto ha sido escenario de ataques sostenidos contra las libertades civiles y políticas. Un año más tarde, El-Sisi se convirtió en presidente tras unas elecciones que fueron boicoteadas, y desde entonces se ha mantenido en el cargo. En 2018 renovó su supuesto mandato mediante un ritual electoral en el que enfrentó a un único candidato simbólico en un contexto de muy baja participación, prometiendo que este sería su último mandato. Pero en 2019 impulsó un referéndum constitucional, plagado de denuncias de numerosas irregularidades en la votación, como resultado del cual podría gobernar hasta 2030.
Durante su mandato, el Estado ha acumulado amplios poderes para controlar y cerrar organizaciones de la sociedad civil (OSC), incluidos los grupos ecologistas. Las protestas están severamente restringidas, se utiliza contra ellas una fuerza brutal, a veces letal, y sus organizadores pueden ser procesados. Los activistas son objeto de criminalización, detención, encarcelamiento, tortura y otras formas de maltrato.
Entre los numerosos activistas encarcelados en Egipto se cuenta el preso político británico-egipcio Alaa Abdel Fattah. Alaa fue encarcelado en diciembre de 2021 tras recibir una condena de cinco años por compartir en Facebook un post el que denunciaba abusos contra activistas encarcelados. Actualmente permanece en huelga de hambre.
Voces desde las primeras líneas: Mona Seif
En una reciente visita familiar, Alaa entregó a mi madre y a mi hermana una nueva lista de reivindicaciones relativas a la situación de todos los presos y presas políticas, argumentando que no hay espacio para la “salvación individual”. Ahora exige la puesta en libertad de todas las personas detenidas o encarceladas en centros y sedes de detención de la seguridad del Estado nacional tras superar el periodo máximo de dos años de prisión preventiva, así como de todas las personas encarceladas por expresar sus ideas, condenadas por motivos políticos o juzgadas por tribunales de excepción.
El régimen egipcio ha liberado a solamente 500 detenidos en los últimos meses. Pero en Egipto hay decenas de miles de presos políticos.
Las recientes liberaciones forman parte de la estrategia de relaciones públicas internacionales del régimen en respuesta a la preocupación expresada por la comunidad internacional sobre el deterioro de la situación de derechos humanos. Las autoridades afirman que están abriendo un nuevo capítulo en su relación con la sociedad civil nacional, la oposición y la comunidad internacional.
Pero esto está muy lejos de la realidad. No están dispuestos a hacer lo mínimo indispensable. El caso de Alaa deja claro que el régimen no se toma en serio la necesidad de resolver la situación de los presos políticos.
La realidad es que a la mayoría de los gobiernos no les importa lo que hace el régimen gobernante en Egipto. Están dispuestos a hacer la vista gorda ante las atrocidades de El-Sisi porque cumple con los acuerdos regionales y acepta participar en megacontratos de negocios y de armas que involucran mucho dinero. A quién le importa la gran deuda que está acumulando sobre las espaldas del pueblo egipcio.
Todo esto le está saliendo muy bien en el período previo a la COP27, que el régimen egipcio claramente está utilizando como parte de una estrategia de relaciones públicas de “lavado verde”. Para ello cuenta con la ayuda no solamente de los países del Golfo, lo que era de esperar, sino también de muchos gobiernos occidentales.
Mona Seif es una activista egipcia que hace campaña por la liberación de su hermano Alaa Abdel Fattah.
La sociedad civil está tratando de aprovechar la celebración de la COP27 en Egipto como oportunidad para dar a conocer la situación de Alaa y de otros muchos presos de conciencia egipcios. En los meses anteriores a la COP27, el gobierno trató de mejorar su imagen liberando a unos 500 presos políticos. Sin embargo, miles continúan languideciendo en la cárcel, a menudo en condiciones lamentables.
Una oportunidad de relaciones públicas para Egipto
Los dictadores suelen ansiar prestigio internacional. La COP27 ofrece a El-Sisi una inmejorable plataforma para presentarse como un líder legítimo y respetable y hacerse pasar por portavoz del sur global. Le ofrece inestimables oportunidades para hacerse fotos con presidentes, líderes empresariales y otras personalidades, reclamando escasas concesiones a cambio.
Los militares siguen siendo la fuerza dominante de Egipto y El-Sisi está seguro en el poder. Las próximas elecciones, programadas para 2024, no ofrecerán al pueblo ninguna oportunidad para desafiarlo.
También cuenta con poderosos apoyos internacionales: Estados Unidos y otros países occidentales llevan largo tiempo dispuestos a pasar por alto las violaciones de derechos humanos en Egipto porque consideran que el país desempeña un papel estratégico en la región. Consideran que el régimen autoritario es un precio que vale la pena pagar por la prevención del terrorismo y encuentran en El-Sisi un socio comercial bien dispuesto, incluso para el negocio de la venta de armas.
La realidad es que a la mayoría de los gobiernos no les importa lo que hace el régimen gobernante en Egipto. Están dispuestos a hacer la vista gorda ante las atrocidades de El-Sisi porque cumple con los acuerdos regionales y acepta participar en megacontratos de negocios y de armas que involucran mucho dinero.
Los gobiernos occidentales se esfuerzan por exhibir sus supuestas inversiones “verdes” en Egipto. La liberación de una proporción relativamente pequeña de presos políticos les alcanza para afirmar que sus presiones están teniendo un impacto positivo en materia de derechos humanos.
Voces desde las primeras líneas: Ahmed Samih
El-Sisi está desesperado por conseguir atención y respeto internacionales antes de las elecciones presidenciales, pero hasta ahora no lo ha logrado. Bajo su presidencia, Egipto no ha acogido ningún evento internacional desde la Conferencia de Desarrollo Económico de Egipto en 2015.
Acoger la COP27 es una excelente oportunidad para que su régimen blanquee su reputación internacional sin abrir su cerrado espacio cívico. El-Sisi estaba ansioso por acoger la COP27 porque los resultados de la cumbre climática no son vinculantes, por lo que ser el anfitrión no pondrá a su gobierno bajo presión para adoptar las recomendaciones resultantes, y Egipto podría incluso beneficiarse de inversiones internacionales en su sector de energías renovables.
El único problema potencial lo plantean los activistas ambientales internacionales que probablemente protestarán, razón por la cual el gobierno egipcio eligió Sharm el-Sheik, un lugar donde las fuerzas de seguridad pueden contener fácilmente las protestas.
Para sacar el máximo provecho de la COP27, el gobierno egipcio necesita atraer al mayor número posible de líderes mundiales a Sharm el-Sheikh. Para evitar que esto ocurra, se necesita una campaña amplia, en red y dirigida por defensores árabes e internacionales para generar conciencia sobre la situación de los derechos humanos en Egipto. Lamentablemente, no me consta que haya habido ningún esfuerzo significativo de coordinación entre el activismo de derechos humanos y el ambientalista, egipcio o no, dentro o fuera de Egipto, en el período previo a la COP27.
Ahmed Samih es cofundador del Instituto Andalusí de Estudios sobre Tolerancia y Antiviolencia.
Una COP cerrada
En vísperas de la COP27, el gobierno de Egipto está dejando claro que quiere el espectáculo pero no la sustancia. Ha enfrentado llamamientos internacionales para que garantice la apertura de un espacio para la sociedad civil en torno a la cumbre, que incluya la posibilidad de protestar, expresar desacuerdo y exigir compromisos más ambiciosos. Pero parece que esta va a ser la COP menos accesible en mucho tiempo.
El sitio donde tendrá lugar, un centro de convenciones sito en la localidad de Sharm el-Sheikh, sobre el Mar Rojo, no podría ser menos accesible. Está cercado y sólo se puede acceder a él por aire o, si se hace por carretera, atravesando numerosos puestos de control. Quien no esté acreditado no tendrá la menor posibilidad de llegar para unirse a una protesta frente al sitio de la conferencia.
Habrá un espacio específico para protestar, descripto como “adyacente” al lugar de la conferencia, lo cual mantendrá a los manifestantes alejados de las delegaciones a las que quieren llegar. Al ser un espacio gestionado por el gobierno, es posible que la gente pueda tener miedo de protestar, mientras que los intentos de protestar en cualquier otro lugar podrán ser reprimidos. En vistas de los antecedentes, muchos dudan de que el gobierno vaya a respetar las protestas y prevén un trato represivo.
Hay un precedente preocupante. Cuando Sharm el-Sheikh acogió la reunión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2019, los asistentes de sociedad civil, todos ellos personas acostumbradas a participar en este tipo de reuniones, denunciaron restricciones para la celebración de actos y un nivel de intimidación y vigilancia sin precedentes por parte de los funcionarios egipcios.
La cumbre aún no ha comenzado y ya han sido detenidas casi 70 personas por convocar protestas para el 11 de noviembre, fecha que cae durante la cumbre. El activista indio Ajit Rajagopal fue detenido poco después de iniciar una marcha de protesta individual desde El Cairo hasta Sharm el-Sheikh.
Estos no son los únicos problemas. Las OSC acreditadas pueden ingresar en la “zona azul” del centro de convenciones, un área con acceso a las delegaciones donde las OSC y otras entidades pueden organizar exposiciones y eventos. Pero recientemente se les comunicó que la zona estaría cerrada el 7 de noviembre, uno de los dos días de reuniones de alto nivel que contarán con la presencia de muchos líderes mundiales, lo cual limitará las oportunidades de incidencia. Muchos líderes gubernamentales y empresariales participaron en eventos en la zona azul en la COP26.
La sociedad civil egipcia enfrenta desafíos específicos. Varias OSC egipcias se han quejado de que se las mantiene alejadas. Afirman que el gobierno examinó secretamente a las OSC egipcias para determinar cuáles podrían solicitar una acreditación especial con estatus de observador único y excluyó a las OSC críticas con el gobierno. Todas aquellas a las que se les ha negado la oportunidad de inscribirse llevan años enfrentando ataques del gobierno. Entre las que no podrán asistir se cuenta la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, que esperaba utilizar su presencia para defender los derechos de las personas detenidas por protestar.
Hay apenas una OSC egipcia con acreditación permanente para asistir a las cumbres de la COP. Evidentemente, la ONU permite que el gobierno elija a dedo a la mayor parte de la sociedad civil nacional que asiste a estos eventos.
Voces desde las primeras líneas: Ayisha Siddiqa
Es muy importante que gente del sur global y miembros de comunidades indígenas participen en las conversaciones sobre el clima, no solamente porque son los más afectados por el cambio climático, sino también porque son los principales impulsores de compromisos climáticos ambiciosos.
La sociedad civil no solamente ofrece diversidad, sino que también ofrece las herramientas, el lenguaje y la lente práctica para impulsar todo esto. Al fin y al cabo, cada decisión tomada en las COP nos afecta a todos. Nuestras vidas están en juego, así que debemos tener voz y voto. Proteger la tierra no es solamente nuestro derecho, sino también nuestro deber. Francamente, ni siquiera deberíamos estar discutiendo por qué la sociedad civil necesita tener un asiento en las conversaciones sobre el clima.
La COP27 ha sido etiquetada como la “COP africana” y cabría esperar que ofreciera a las organizaciones y activistas ambientales africanos una plataforma para participar libremente y hacer oír sus voces. Desgraciadamente, no ha sido así: ya hemos visto cómo se ha impedido la asistencia de muchos jóvenes africanos. A la mayoría de ellos se les ha denegado la acreditación, mientras que muchos otros no tienen financiamiento para asistir.
Celebrar una COP en un país con espacio cívico cerrado como Egipto es inaceptable y no debería haber ocurrido. No tengo idea de cómo alguien puede pensar que una conferencia como esta puede tener lugar en un entorno tan restringido.
La situación en que nos encontramos es responsabilidad tanto de la ONU como de los gobiernos africanos que designaron a Egipto como sede para la COP27. Han dejado que se convierta en un gran circo con Estados que pujan por acoger la conferencia para poder obtener dinero del turismo sin preocuparse lo más mínimo por la crisis que se vive y las políticas necesarias para enfrentarla.
Ayisha Siddiqa es fundadora de Polluters Out.
El dilema del activismo
Cabe imaginar que las únicas OSC egipcias que podrán acceder a la COP27 serán las que no critican al gobierno. El gobierno egipcio podrá entonces utilizarlas para promover una imagen falsa, haciendo gala de su inexistente voluntad de tolerar y asociarse con la sociedad civil.
Entre la OSC egipcias autorizadas a participar se cuentan, sin duda, genuinas OSC ambientalistas que trabajan en proyectos locales, que son un componente importante de la respuesta multifacética que se necesita para combatir el cambio climático. Algunas OSC ambientalistas dicen haber notado recientemente una mayor disposición del gobierno a permitirles trabajar y a dialogar, lo que le ha permitido posicionarse como defensor de las demandas climáticas del sur global. Estas OSC se exponen a la acusación de que están siendo cooptadas por una dictadura, lo mismo que los jóvenes líderes climáticos a quienes el gobierno está colocando en el centro de la escena.
Quienes son invitados por el gobierno egipcio son, en general, aquellos que hacen un trabajo que no los enfrenta con el poder político o económico. Incluso cuando tienen una posición tomada sobre cuestiones más controvertidas, tales como el impacto del desarrollo de infraestructura y la industria del turismo, es posible que estén dispuestos a dejarla de lado por miedo a las represalias que pueda tomar el gobierno una vez que el foco de atención ya no esté colocado sobre la COP27.
Es peligroso presentar la crisis climática como algo puramente susceptible de soluciones tecnocráticas, es decir, un problema que puede abordarse mediante proyectos puntuales, sin tener en cuenta las enormes disparidades de poder económico y político y los déficits de derechos humanos que se encuentran en el centro de la crisis. El gobierno egipcio ha afirmado que aquellos que fueron acreditados han sido invitados porque tienen “experiencia en materia de cambio climático”. Pero el cambio climático, en tanto que crisis de justicia social y de derechos humanos, no puede ser competencia exclusiva de un grupo selecto de organizaciones “expertas”.
Algunas grandes OSC también han recibido críticas por restar importancia a la situación de derechos humanos en Egipto. Greenpeace, por ejemplo, ha sido acusada de mostrarse reacia a denunciar el terrible historial de derechos humanos de Egipto por temor a que ello pudiera poner en peligro su acceso a la COP27. También se ha afirmado que los grupos ecologistas egipcios han sido reacios a apoyar las peticiones de liberación de los presos políticos.
La preocupación por la seguridad del personal de las OSC ambientales egipcias, así como de los grupos ambientales internacionales con personal en Egipto, es más que comprensible. Es muy posible que las OSC estén concentradas en trabajar para asegurar que de la COP27 surjan los compromisos más firmes posibles, y que consideren a cualquier otra cuestión como una distracción de la crisis que enfrentamos. Pero con ello corren el riesgo de abonar la peligrosa idea de que la acción climática es separable de los derechos humanos. Las grandes OSC internacionales, en particular, tienen la capacidad de impulsar avances en materia climática en la COP27 al mismo tiempo que dejan en claro que la represión del espacio cívico por parte del gobierno egipcio es un obstáculo para la acción por el clima.
Todos estos dilemas y cálculos son evitables: se remontan, en última instancia, a la decisión de celebrar la COP27 en un país con espacio cívico cerrado. Semejante decisión siembra dudas de si la secretaría de cambio climático de la ONU entiende cómo debe ser la dinámica de estas reuniones y cuál debe ser el papel de la sociedad civil.
La acción climática no resultará solamente de los compromisos de los gobiernos. Es necesario ejercer una presión constante, inclusive durante las cumbres, para impulsar compromisos ambiciosos, y después, para que los gobiernos rindan cuentas de los compromisos asumidos.
El problema de que Egipto acoja la COP27 va más allá de la propia reunión. Se espera que el anfitrión de la cumbre desempeñe un rol clave de liderazgo climático, a nivel nacional e internacional, ya que conserva la presidencia hasta la COP siguiente. Pero, como resultado de su aislamiento de la presión de la sociedad civil, las NDC de Egipto son poco ambiciosas y lo dejan muy lejos de cualquier pretensión de liderazgo. Al mismo tiempo, el gobierno egipcio sigue adelante con enormes proyectos de infraestructuras, incluida la construcción de una nueva y grandiosa capital administrativa. Durante la COP27 podrá anunciar todas las promesas grandilocuentes que desee, sabiendo que enfrentará un escrutinio prácticamente nulo a la hora de darles seguimiento.
Para fomentar una acción climática ambiciosa, la ONU debe celebrar sus reuniones importantes en países donde la sociedad civil tenga libertad para actuar. Pero no hay señales de que haya aprendido la lección. La COP28 tendrá lugar en otro país con espacio cívico cerrado: los Emiratos Árabes Unidos. Ello continuará aplazando la presión en un momento en que la necesidad de actuar nunca ha sido más urgente.
Se necesita: acción urgente
La parte de la sociedad civil que pueda estar presente y hacerse oír intentará centrarse en algunas áreas clave en las que más se necesita avanzar, entre ellas la financiación climática.
Los Estados del norte global siguen sin cumplir el compromiso que asumieron en 2009 de aportar 100.000 millones de dólares al año en concepto de financiación climática para ayudar a los Estados del sur global a reducir sus emisiones (lo que se conoce como mitigación) y a hacer frente a los impactos actuales y futuros del cambio climático (lo que se conoce como adaptación). Los fondos comprometidos han tendido a centrarse en la mitigación más que en la adaptación.
Voces desde las primeras líneas: Tariq Al-Olaimy
La COP27 debe hacer un llamamiento a la justicia climática para los más vulnerables, que son también los menos responsables del cambio climático: los habitantes de África, de las regiones del sudoeste asiático y del norte de África, y de las pequeñas islas, entre otros.
En conjunto, entre 2016 y 2020 los pequeños Estados insulares recibieron apenas 1.500 millones de dólares en financiación climática. En el mismo periodo, 22 pequeños Estados insulares en desarrollo pagaron más de 26.000 millones de dólares a sus acreedores externos, casi 18 veces más. La justicia climática requiere de la cancelación de la deuda, de reparaciones y de financiación climática sin deuda para los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Para realmente aumentar la ambición de la mitigación, es importante que los gobiernos no se limiten a negociar el texto y las cifras de los compromisos, sino que negocien el propio sistema en cuyo marco se implementa la acción climática. Necesitamos el decrecimiento de los sectores ecológicamente más dañinos de nuestra economía, una transición global y justa y una transformación en dirección de una economía de post-crecimiento.
En un contexto caracterizado por los cálculos políticos a corto plazo, estamos pasando por alto la necesidad de un cambio urgente y radical. No espero que la COP27 aborde todo esto. Pero sigue habiendo lgunas cuestiones en las que se podría avanzar de forma significativa: en particular, el establecimiento de las bases para la puesta en marcha de un Mecanismo de Financiación de Pérdidas y Daños, cuyos detalles podrían ultimarse en la COP28 del próximo año.
Tariq Al-Olaimy es un empresario social de Bahrein y director general de 3BL Associates.
La clara demanda de la sociedad civil es que los Estados cumplan el objetivo de financiación para el clima y el compromiso asumido en la COP26 de duplicar la financiación para la adaptación antes de 2025, y que lleven rápidamente el dinero allí donde pueda marcar la diferencia,
Esto tiene que venir acompañado de un mayor compromiso político para apoyar los planes de adaptación, del reconocimiento de que la adaptación tiene que ser dirigida por la comunidad en vez de ser impuesta desde arriba, y del establecimiento de objetivos claros de adaptación. Otro año caracterizado por fenómenos meteorológicos extremos y mortíferos en un país tras otro debería haber alcanzado para poner en evidencia esta necesidad.
Mientras no se produzcan avances, la sociedad civil y los Estados del sur global seguirán señalando la injusticia inherente al cambio climático: los países del norte son los que más han contribuido a causarlo mediante la industrialización, que combinada con el colonialismo es la base de las actuales desigualdades de riqueza y poder a nivel mundial. Ahora se pide a los países del sur que sigan un camino diferente. Lo menos que pueden hacer las naciones ricas es ayudar a pagar la cuenta.
En la actualidad, la crisis de los combustibles hace que los Estados del norte se declaren pobres. Se han establecido algunos impuestos sobre los beneficios récord de los combustibles fósiles, pero las grandes empresas de combustibles fósiles son expertas en evitarlos. Esta continúa siendo una fuente subdesarrollada de posible financiación para el clima.
Voces desde las primeras líneas: Sohanur Rahman
En el período previo a la COP27, nuestra principal prioridad es la financiación de pérdidas y daños. Antes de poder perseguir la adaptación, debemos apoyar a las comunidades en el tema de las pérdidas y daños. No pedimos a los países desarrollados caridad o deuda, sino reparación por su responsabilidad histórica en esta crisis climática.
En 2019, los países desarrollados se comprometieron a destinar 100.000 millones de dólares a la adaptación y la mitigación, pero no los están desembolsando. En este momento todo es teórico: no se ha puesto en marcha ningún mecanismo práctico para garantizar que el dinero se desembolse. Y cuando por fin lleguen los fondos, nos gustaría que se repartieran al 50% entre adaptación y mitigación, porque ambas requieren el mismo esfuerzo. Por último, nos gustaría que en la COP27 se abordara la financiación de la adaptación dirigida a nivel local. Hay que dar a las comunidades una plataforma para desarrollar e implementar soluciones que funcionen para ellas, en lugar de implementar estrategias universales que no a todas les sirven.
Esta COP debería pasar a centrarse en la implementación. Ya no queremos seguir escuchando promesas que no se cumplirán. Queremos acción para resolver nuestros problemas.
Dado que los sistemas actuales están fallando, la sociedad civil debe abogar por un cambio sistémico. Para lograr ese cambio transformador, debemos estar unidos. Quienes asistan a la COP27 deben utilizar la plataforma para abogar por el cambio; quienes la sigan desde sus países deben movilizarse en su lugar para poner de manifiesto la crisis en que nos encontramos. Todos debemos presionar a los responsables de la toma de decisiones para que cumplan sus promesas. La COP27 sólo supondrá un avance si se permite a la sociedad civil participar sin restricciones y se toma la decisión de empezar a pagar reparaciones climáticas.
Sohanur Rahman es coordinador ejecutivo de YouthNet for Climate Justice.
La sociedad civil y los Estados del sur global también buscarán un progreso real, largamente demorado, en la controvertida cuestión de la financiación de pérdidas y daños, es decir, la compensación por los impactos del cambio climático, que los Estados con mayor responsabilidad en el cambio climático deben pagar a los que sufren los mayores daños.
Durante mucho tiempo los Estados del norte global se han negado a actuar, en parte porque temen abrir un debate más amplio sobre el tema de las reparaciones por los crímenes coloniales. Pero una y otra vez ha quedado claro que los Estados más poderosos no pueden simplemente esperar que los Estados del sur global reduzcan sus emisiones y se adapten al cambio climático si no les proporcionan un apoyo financiero que incluya compensación por pérdidas y daños.
En la COP26 se dio un pequeño paso adelante y se estableció un diálogo de tres años sobre el tema. Desde entonces, el gobierno de Dinamarca ha roto el hielo al comprometer una suma de 13 millones de dólares para la financiación de pérdidas y daños: una contribución pequeña, dada la magnitud de la tarea que nos espera, pero un paso que podría ser clave a la hora de normalizar la idea. En la COP27 deberán producirse nuevos avances significativos, consistentes cuanto menos en el acuerdo de desarrollar un plan.
Voces desde las primeras líneas: Chibeze Ezekiel
La financiación del clima sigue siendo una cuestión pendiente. Debe haber una clara comprensión de cómo se desplegarán las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Los líderes mundiales deben proporcionar a las comunidades recursos para adaptarse al cambio climático y ayudarles con sus planes de mitigación. Todo esto sólo será posible si se proporciona una financiación climática adecuada.
Otra prioridad son las pérdidas y los daños. Somos conscientes de que las personas vulnerables y las que viven en comunidades subdesarrolladas son las que más sufren las consecuencias del cambio climático. Muchas personas han perdido sus casas, sus tierras y su fuente de sustento, y es justo que sean compensadas por los daños irreparables que se les han causado.
La transición energética, de combustibles fósiles a energías renovables, es también un tema que esperamos ver debatido. Sobre todo teniendo en cuenta las ambiciones de industrialización de África, será interesante ver cómo los líderes planean hacer que la energía esté disponible y sea asequible durante esta transición. África cuenta con abundantes recursos para generar energía eólica, solar e hidráulica, pero su progreso hacia las energías renovables ha sido muy lento. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, apenas el 2% de la inversión mundial en energías renovables se invierte en África, y solamente el 3% de los puestos de trabajo en el continente están en el sector. Queremos saber cómo piensan los líderes mundiales utilizar sus recursos para ayudar a África en su transición energética.
Chibeze Ezekiel es coordinador de la Red Estratégica de Jóvenes para el Desarrollo de Ghana.
Frente a los elevados precios actuales, muchos Estados están reaccionando mediante la profundización de sus planes para explotar más reservas de combustibles fósiles hasta ahora inexplotados. Para los Estados del sur global que cuentan con reservas sin explotar, los altos precios actuales ofrecen un poderoso incentivo para el extractivismo. Algunos Estados africanos han instado a permitir que los Estados del sur global tengan libertad para extraer más petróleo y gas mientras el norte global se centra en reducir drásticamente las emisiones. Entretanto, el gobierno de Estados Unidos sigue proporcionando altísimos niveles de financiación para proyectos de combustibles fósiles, especialmente en África.
Esto no sería posible si se adoptara un enfoque de derechos humanos. Si la trayectoria actual continúa y los combustibles fósiles siguen siendo extraídos de la tierra, las comunidades con menos poder -entre las que se encuentran muchas personas del sur global- serán las más perjudicadas.
Se necesita mucha más ambición en materia de reducción de emisiones. Egipto no es el único país que ha presentado una NDC decepcionante. El actual presidente de la COP, el Reino Unido, ha presentado una nueva NDC que no es más ambiciosa que su versión anterior. Lo mismo ocurre con otros Estados importantes como China e India: las NDC han adquirido mayor detalle, pero no mayor ambición.
Si realmente quieren demostrar que se toman en serio la necesidad de actuar frente a la crisis, en la COP27 los Estados deberían comprometerse a no encarar nuevos proyectos de combustibles fósiles y a poner fin a la financiación que los incentiva.
Esta COP debería pasar a centrarse en la implementación. Ya no queremos seguir escuchando promesas que no se cumplirán. Queremos acción para resolver nuestros problemas.
Lo que la COP27 sin duda no necesita es el tipo de presentaciones perfectas y anuncios coreografiados que caracterizaron a la COP26. La COP27 tiene que ser realista y cambiar el enfoque, pasando de las relaciones públicas y las promesas a una implementación que resulte en acción aquí y ahora. Aunque la sociedad civil tenga menos posibilidades de manifestarse que de costumbre, hay miles de millones de razones -las vidas de cada una de las personas actuales y futuras- para que su llamamiento sea atendido.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
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El gobierno egipcio debe liberar a todos los presos políticos y garantizar el respeto del derecho de la sociedad civil a expresarse, protestar y participar, durante y después de la COP27.
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Los Estados del norte global deben comprometerse con un plan para desarrollar un mecanismo de financiación de pérdidas y daños y cumplir las promesas de financiación para la mitigación y la adaptación.
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La ONU debe garantizar que las futuras cumbres sobre el clima se celebren en países donde la sociedad civil tenga más libertad para organizarse, e inclusive para protestar durante las reuniones.
Todas las citas son extractos editados de entrevistas. Para ver las versiones completas visite nuestra serie de entrevistas sobre la COP27.
Foto de portada de Reuters/Sayed Sheasha vía Gallo Images