La magnitud de la empresa nunca ha estado más clara. Tampoco la necesidad de actuar con urgencia. Un informe tras otro ha dejado claro que el mundo va en camino de experimentar un aumento de temperatura de consecuencias devastadoras. Si se cumplen todos los compromisos climáticos actuales, lo cual parece improbable, la temperatura global habrá aumentado unos 2,5 grados hacia 2100, con efectos catastróficos.

El compromiso de limitar el aumento a un máximo, aun perjudicial, de 1,5 grados, asumido por casi todos los Estados en el Acuerdo de París de 2015, no tiene ninguna posibilidad de cumplirse si Estados y empresas mantienen sus comportamientos actuales. Las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse a la mitad antes de 2030 para que el objetivo pueda cumplirse; sin embargo, en lugar de disminuir siguen aumentando.

Las principales cumbres sobre el clima, conocidas como conferencias de las partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ofrecen cada año la oportunidad de revisar los avances y, potencialmente, corregir el rumbo. Pero el ambiente en vísperas de la COP27 en Egipto es sombrío.

El año transcurrido desde la COP26 en Glasgow, Reino Unido, ha sido testigo de la invasión rusa de Ucrania, que ha forzado una crisis energética, dejando claro lo dependiente que sigue siendo el mundo de los combustibles fósiles. El aumento de los precios del petróleo y el gas ha contribuido a la toma de conciencia del valor de la inversión en alternativas renovables. Pero también está fomentando la búsqueda de nuevas fuentes de extracción.

Los precios altos han sido una gran noticia para las empresas de combustibles fósiles. El inicio de la COP27 vino precedido de anuncios de beneficios récord para las grandes corporaciones de combustibles fósiles, estimados en 173.000 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2022. Se trata de sumas con potencial transformador si fueran utilizadas para garantizar un futuro más seguro, pero en cambio serán mayormente destinadas a la recompra de acciones y al pago de dividendos.

En la COP26 se reconoció que los planes que todos los Estados deben presentar para limitar y responder al cambio climático, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), eran inadecuados para reducir las emisiones de modo tal que el aumento de la temperatura se mantenga dentro de los 1,5 grados. La COP26 finalizó con un acuerdo para que los Estados desarrollaran NDC más ambiciosas antes de la COP27; sin embargo, solamente 23 presentaron planes revisados antes de la fecha límite del 23 de septiembre. La implementación de los compromisos derivados de las actuales NDC aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 10% para 2030.

Este escenario desesperado exige una fuerte acción de la sociedad civil. La sociedad civil es la fuerza que mantiene al cambio climático en la agenda global. Mediante la combinación de tácticas tales como protestas masivas, acciones de desobediencia civil no violenta, incidencia con tomadores de decisiones y acciones legales contra Estados y empresas, la sociedad civil ha dejado claro el imperativo urgente de asumir compromisos climáticos más ambiciosos y actuar en consecuencia.

La sociedad civil suele trabajar para llevar sus llamamientos a la acción a las cumbres de la COP. Pero ahora hay un problema: esta COP27 se celebra en Egipto, un país con un gobierno extremadamente hostil hacia la sociedad civil. A causa de las numerosas restricciones impuestas por Egipto, probablemente la sociedad civil tendrá muchas menos oportunidades para hacerse ver y escuchar en la COP27. Y sin la presión de la sociedad civil, es probable que el desastroso actual estado de cosas permanezca intacto.

La represión en Egipto

Desde 2013, cuando Abdel Fattah El-Sisi encabezó un golpe militar que destituyó a un gobierno electo, Egipto ha sido escenario de ataques sostenidos contra las libertades civiles y políticas. Un año más tarde, El-Sisi se convirtió en presidente tras unas elecciones que fueron boicoteadas, y desde entonces se ha mantenido en el cargo. En 2018 renovó su supuesto mandato mediante un ritual electoral en el que enfrentó a un único candidato simbólico en un contexto de muy baja participación, prometiendo que este sería su último mandato. Pero en 2019 impulsó un referéndum constitucional, plagado de denuncias de numerosas irregularidades en la votación, como resultado del cual podría gobernar hasta 2030.

Durante su mandato, el Estado ha acumulado amplios poderes para controlar y cerrar organizaciones de la sociedad civil (OSC), incluidos los grupos ecologistas. Las protestas están severamente restringidas, se utiliza contra ellas una fuerza brutal, a veces letal, y sus organizadores pueden ser procesados. Los activistas son objeto de criminalización, detención, encarcelamiento, tortura y otras formas de maltrato.

Entre los numerosos activistas encarcelados en Egipto se cuenta el preso político británico-egipcio Alaa Abdel Fattah. Alaa fue encarcelado en diciembre de 2021 tras recibir una condena de cinco años por compartir en Facebook un post el que denunciaba abusos contra activistas encarcelados. Actualmente permanece en huelga de hambre.

La sociedad civil está tratando de aprovechar la celebración de la COP27 en Egipto como oportunidad para dar a conocer la situación de Alaa y de otros muchos presos de conciencia egipcios. En los meses anteriores a la COP27, el gobierno trató de mejorar su imagen liberando a unos 500 presos políticos. Sin embargo, miles continúan languideciendo en la cárcel, a menudo en condiciones lamentables.

Una oportunidad de relaciones públicas para Egipto

Los dictadores suelen ansiar prestigio internacional. La COP27 ofrece a El-Sisi una inmejorable plataforma para presentarse como un líder legítimo y respetable y hacerse pasar por portavoz del sur global. Le ofrece inestimables oportunidades para hacerse fotos con presidentes, líderes empresariales y otras personalidades, reclamando escasas concesiones a cambio.

Los militares siguen siendo la fuerza dominante de Egipto y El-Sisi está seguro en el poder. Las próximas elecciones, programadas para 2024, no ofrecerán al pueblo ninguna oportunidad para desafiarlo.

También cuenta con poderosos apoyos internacionales: Estados Unidos y otros países occidentales llevan largo tiempo dispuestos a pasar por alto las violaciones de derechos humanos en Egipto porque consideran que el país desempeña un papel estratégico en la región. Consideran que el régimen autoritario es un precio que vale la pena pagar por la prevención del terrorismo y encuentran en El-Sisi un socio comercial bien dispuesto, incluso para el negocio de la venta de armas.

Los gobiernos occidentales se esfuerzan por exhibir sus supuestas inversiones “verdes” en Egipto. La liberación de una proporción relativamente pequeña de presos políticos les alcanza para afirmar que sus presiones están teniendo un impacto positivo en materia de derechos humanos.

Una COP cerrada

En vísperas de la COP27, el gobierno de Egipto está dejando claro que quiere el espectáculo pero no la sustancia. Ha enfrentado llamamientos internacionales para que garantice la apertura de un espacio para la sociedad civil en torno a la cumbre, que incluya la posibilidad de protestar, expresar desacuerdo y exigir compromisos más ambiciosos. Pero parece que esta va a ser la COP menos accesible en mucho tiempo.

El sitio donde tendrá lugar, un centro de convenciones sito en la localidad de Sharm el-Sheikh, sobre el Mar Rojo, no podría ser menos accesible. Está cercado y sólo se puede acceder a él por aire o, si se hace por carretera, atravesando numerosos puestos de control. Quien no esté acreditado no tendrá la menor posibilidad de llegar para unirse a una protesta frente al sitio de la conferencia.

Habrá un espacio específico para protestar, descripto como “adyacente” al lugar de la conferencia, lo cual mantendrá a los manifestantes alejados de las delegaciones a las que quieren llegar. Al ser un espacio gestionado por el gobierno, es posible que la gente pueda tener miedo de protestar, mientras que los intentos de protestar en cualquier otro lugar podrán ser reprimidos. En vistas de los antecedentes, muchos dudan de que el gobierno vaya a respetar las protestas y prevén un trato represivo.

Hay un precedente preocupante. Cuando Sharm el-Sheikh acogió la reunión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2019, los asistentes de sociedad civil, todos ellos personas acostumbradas a participar en este tipo de reuniones, denunciaron restricciones para la celebración de actos y un nivel de intimidación y vigilancia sin precedentes por parte de los funcionarios egipcios.

La cumbre aún no ha comenzado y ya han sido detenidas casi 70 personas por convocar protestas para el 11 de noviembre, fecha que cae durante la cumbre. El activista indio Ajit Rajagopal fue detenido poco después de iniciar una marcha de protesta individual desde El Cairo hasta Sharm el-Sheikh.

Estos no son los únicos problemas. Las OSC acreditadas pueden ingresar en la “zona azul” del centro de convenciones, un área con acceso a las delegaciones donde las OSC y otras entidades pueden organizar exposiciones y eventos. Pero recientemente se les comunicó que la zona estaría cerrada el 7 de noviembre, uno de los dos días de reuniones de alto nivel que contarán con la presencia de muchos líderes mundiales, lo cual limitará las oportunidades de incidencia. Muchos líderes gubernamentales y empresariales participaron en eventos en la zona azul en la COP26.

La sociedad civil egipcia enfrenta desafíos específicos. Varias OSC egipcias se han quejado de que se las mantiene alejadas. Afirman que el gobierno examinó secretamente a las OSC egipcias para determinar cuáles podrían solicitar una acreditación especial con estatus de observador único y excluyó a las OSC críticas con el gobierno. Todas aquellas a las que se les ha negado la oportunidad de inscribirse llevan años enfrentando ataques del gobierno. Entre las que no podrán asistir se cuenta la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, que esperaba utilizar su presencia para defender los derechos de las personas detenidas por protestar.

Hay apenas una OSC egipcia con acreditación permanente para asistir a las cumbres de la COP. Evidentemente, la ONU permite que el gobierno elija a dedo a la mayor parte de la sociedad civil nacional que asiste a estos eventos.

El dilema del activismo

Cabe imaginar que las únicas OSC egipcias que podrán acceder a la COP27 serán las que no critican al gobierno. El gobierno egipcio podrá entonces utilizarlas para promover una imagen falsa, haciendo gala de su inexistente voluntad de tolerar y asociarse con la sociedad civil.

Entre la OSC egipcias autorizadas a participar se cuentan, sin duda, genuinas OSC ambientalistas que trabajan en proyectos locales, que son un componente importante de la respuesta multifacética que se necesita para combatir el cambio climático. Algunas OSC ambientalistas dicen haber notado recientemente una mayor disposición del gobierno a permitirles trabajar y a dialogar, lo que le ha permitido posicionarse como defensor de las demandas climáticas del sur global. Estas OSC se exponen a la acusación de que están siendo cooptadas por una dictadura, lo mismo que los jóvenes líderes climáticos a quienes el gobierno está colocando en el centro de la escena.

Quienes son invitados por el gobierno egipcio son, en general, aquellos que hacen un trabajo que no los enfrenta con el poder político o económico. Incluso cuando tienen una posición tomada sobre cuestiones más controvertidas, tales como el impacto del desarrollo de infraestructura y la industria del turismo, es posible que estén dispuestos a dejarla de lado por miedo a las represalias que pueda tomar el gobierno una vez que el foco de atención ya no esté colocado sobre la COP27.

Es peligroso presentar la crisis climática como algo puramente susceptible de soluciones tecnocráticas, es decir, un problema que puede abordarse mediante proyectos puntuales, sin tener en cuenta las enormes disparidades de poder económico y político y los déficits de derechos humanos que se encuentran en el centro de la crisis. El gobierno egipcio ha afirmado que aquellos que fueron acreditados han sido invitados porque tienen “experiencia en materia de cambio climático”. Pero el cambio climático, en tanto que crisis de justicia social y de derechos humanos, no puede ser competencia exclusiva de un grupo selecto de organizaciones “expertas”.

Algunas grandes OSC también han recibido críticas por restar importancia a la situación de derechos humanos en Egipto. Greenpeace, por ejemplo, ha sido acusada de mostrarse reacia a denunciar el terrible historial de derechos humanos de Egipto por temor a que ello pudiera poner en peligro su acceso a la COP27. También se ha afirmado que los grupos ecologistas egipcios han sido reacios a apoyar las peticiones de liberación de los presos políticos.

La preocupación por la seguridad del personal de las OSC ambientales egipcias, así como de los grupos ambientales internacionales con personal en Egipto, es más que comprensible. Es muy posible que las OSC estén concentradas en trabajar para asegurar que de la COP27 surjan los compromisos más firmes posibles, y que consideren a cualquier otra cuestión como una distracción de la crisis que enfrentamos. Pero con ello corren el riesgo de abonar la peligrosa idea de que la acción climática es separable de los derechos humanos. Las grandes OSC internacionales, en particular, tienen la capacidad de impulsar avances en materia climática en la COP27 al mismo tiempo que dejan en claro que la represión del espacio cívico por parte del gobierno egipcio es un obstáculo para la acción por el clima.

Todos estos dilemas y cálculos son evitables: se remontan, en última instancia, a la decisión de celebrar la COP27 en un país con espacio cívico cerrado. Semejante decisión siembra dudas de si la secretaría de cambio climático de la ONU entiende cómo debe ser la dinámica de estas reuniones y cuál debe ser el papel de la sociedad civil.

La acción climática no resultará solamente de los compromisos de los gobiernos. Es necesario ejercer una presión constante, inclusive durante las cumbres, para impulsar compromisos ambiciosos, y después, para que los gobiernos rindan cuentas de los compromisos asumidos.

El problema de que Egipto acoja la COP27 va más allá de la propia reunión. Se espera que el anfitrión de la cumbre desempeñe un rol clave de liderazgo climático, a nivel nacional e internacional, ya que conserva la presidencia hasta la COP siguiente. Pero, como resultado de su aislamiento de la presión de la sociedad civil, las NDC de Egipto son poco ambiciosas y lo dejan muy lejos de cualquier pretensión de liderazgo. Al mismo tiempo, el gobierno egipcio sigue adelante con enormes proyectos de infraestructuras, incluida la construcción de una nueva y grandiosa capital administrativa. Durante la COP27 podrá anunciar todas las promesas grandilocuentes que desee, sabiendo que enfrentará un escrutinio prácticamente nulo a la hora de darles seguimiento.

Para fomentar una acción climática ambiciosa, la ONU debe celebrar sus reuniones importantes en países donde la sociedad civil tenga libertad para actuar. Pero no hay señales de que haya aprendido la lección. La COP28 tendrá lugar en otro país con espacio cívico cerrado: los Emiratos Árabes Unidos. Ello continuará aplazando la presión en un momento en que la necesidad de actuar nunca ha sido más urgente.

Se necesita: acción urgente

La parte de la sociedad civil que pueda estar presente y hacerse oír intentará centrarse en algunas áreas clave en las que más se necesita avanzar, entre ellas la financiación climática.

Los Estados del norte global siguen sin cumplir el compromiso que asumieron en 2009 de aportar 100.000 millones de dólares al año en concepto de financiación climática para ayudar a los Estados del sur global a reducir sus emisiones (lo que se conoce como mitigación) y a hacer frente a los impactos actuales y futuros del cambio climático (lo que se conoce como adaptación). Los fondos comprometidos han tendido a centrarse en la mitigación más que en la adaptación.

La clara demanda de la sociedad civil es que los Estados cumplan el objetivo de financiación para el clima y el compromiso asumido en la COP26 de duplicar la financiación para la adaptación antes de 2025, y que lleven rápidamente el dinero allí donde pueda marcar la diferencia,

Esto tiene que venir acompañado de un mayor compromiso político para apoyar los planes de adaptación, del reconocimiento de que la adaptación tiene que ser dirigida por la comunidad en vez de ser impuesta desde arriba, y del establecimiento de objetivos claros de adaptación. Otro año caracterizado por fenómenos meteorológicos extremos y mortíferos en un país tras otro debería haber alcanzado para poner en evidencia esta necesidad.

Mientras no se produzcan avances, la sociedad civil y los Estados del sur global seguirán señalando la injusticia inherente al cambio climático: los países del norte son los que más han contribuido a causarlo mediante la industrialización, que combinada con el colonialismo es la base de las actuales desigualdades de riqueza y poder a nivel mundial. Ahora se pide a los países del sur que sigan un camino diferente. Lo menos que pueden hacer las naciones ricas es ayudar a pagar la cuenta.

En la actualidad, la crisis de los combustibles hace que los Estados del norte se declaren pobres. Se han establecido algunos impuestos sobre los beneficios récord de los combustibles fósiles, pero las grandes empresas de combustibles fósiles son expertas en evitarlos. Esta continúa siendo una fuente subdesarrollada de posible financiación para el clima.

La sociedad civil y los Estados del sur global también buscarán un progreso real, largamente demorado, en la controvertida cuestión de la financiación de pérdidas y daños, es decir, la compensación por los impactos del cambio climático, que los Estados con mayor responsabilidad en el cambio climático deben pagar a los que sufren los mayores daños.

Durante mucho tiempo los Estados del norte global se han negado a actuar, en parte porque temen abrir un debate más amplio sobre el tema de las reparaciones por los crímenes coloniales. Pero una y otra vez ha quedado claro que los Estados más poderosos no pueden simplemente esperar que los Estados del sur global reduzcan sus emisiones y se adapten al cambio climático si no les proporcionan un apoyo financiero que incluya compensación por pérdidas y daños.

En la COP26 se dio un pequeño paso adelante y se estableció un diálogo de tres años sobre el tema. Desde entonces, el gobierno de Dinamarca ha roto el hielo al comprometer una suma de 13 millones de dólares para la financiación de pérdidas y daños: una contribución pequeña, dada la magnitud de la tarea que nos espera, pero un paso que podría ser clave a la hora de normalizar la idea. En la COP27 deberán producirse nuevos avances significativos, consistentes cuanto menos en el acuerdo de desarrollar un plan.

Frente a los elevados precios actuales, muchos Estados están reaccionando mediante la profundización de sus planes para explotar más reservas de combustibles fósiles hasta ahora inexplotados. Para los Estados del sur global que cuentan con reservas sin explotar, los altos precios actuales ofrecen un poderoso incentivo para el extractivismo. Algunos Estados africanos han instado a permitir que los Estados del sur global tengan libertad para extraer más petróleo y gas mientras el norte global se centra en reducir drásticamente las emisiones. Entretanto, el gobierno de Estados Unidos sigue proporcionando altísimos niveles de financiación para proyectos de combustibles fósiles, especialmente en África.

Esto no sería posible si se adoptara un enfoque de derechos humanos. Si la trayectoria actual continúa y los combustibles fósiles siguen siendo extraídos de la tierra, las comunidades con menos poder -entre las que se encuentran muchas personas del sur global- serán las más perjudicadas.

Se necesita mucha más ambición en materia de reducción de emisiones. Egipto no es el único país que ha presentado una NDC decepcionante. El actual presidente de la COP, el Reino Unido, ha presentado una nueva NDC que no es más ambiciosa que su versión anterior. Lo mismo ocurre con otros Estados importantes como China e India: las NDC han adquirido mayor detalle, pero no mayor ambición.

Si realmente quieren demostrar que se toman en serio la necesidad de actuar frente a la crisis, en la COP27 los Estados deberían comprometerse a no encarar nuevos proyectos de combustibles fósiles y a poner fin a la financiación que los incentiva.

Lo que la COP27 sin duda no necesita es el tipo de presentaciones perfectas y anuncios coreografiados que caracterizaron a la COP26. La COP27 tiene que ser realista y cambiar el enfoque, pasando de las relaciones públicas y las promesas a una implementación que resulte en acción aquí y ahora. Aunque la sociedad civil tenga menos posibilidades de manifestarse que de costumbre, hay miles de millones de razones -las vidas de cada una de las personas actuales y futuras- para que su llamamiento sea atendido.

Todas las citas son extractos editados de entrevistas. Para ver las versiones completas visite nuestra serie de entrevistas sobre la COP27.