La COP26 se desarrolló en noviembre con poco espacio para la sociedad civil. Los Estados y el sector privado presentaron una serie de acuerdos no vinculantes y voluntarios que sonaban grandilocuentes en los titulares pero ofrecían poco cuando se miraba la letra chica. La dilución del acuerdo final dejó en evidencia la persistente influencia de la industria de los combustibles fósiles y la insuficiencia de la financiación climática para los países del sur global. Los planes de reducción de emisiones no estuvieron siquiera cerca de mantener el calentamiento global por debajo del aumento de 1,5 grados comprometido en el Acuerdo de París. Sin embargo, el compromiso de desarrollar planes más sólidos para la COP27 abre la puerta a un año de presión de la sociedad civil para conseguir compromisos a la altura de la magnitud de la crisis.

La expresión “reducción progresiva” suena extraña y rara vez se utiliza, en comparación con la usual “eliminación progresiva”. Pero eso es precisamente lo que acabó diciendo el documento final de la cumbre del cambio climático COP26. Una intervención de última hora de la delegación de la India, respaldada por China, diluyó lo que casi llegó a ser un compromiso de eliminar el uso del carbón, el más sucio de los combustibles fósiles.

Para muchos actores de la sociedad civil, esta dilución tardía de lo que debería haber sido un compromiso histórico fue el epítome de una cumbre que se quedó muy corta en relación con la ambición necesaria para responder a la crisis climática. La COP26, celebrada en Glasgow, Reino Unido, se caracterizó por un aluvión de anuncios que sonaban bien, pero cuyos detalles resultaron decepcionantes, y por la amplia exclusión de las voces que más deberían haber sido escuchadas: las de las comunidades ubicadas en las primeras líneas de los impactos climáticos y de los grupos que lideran la lucha por la justicia climática.

HACIA LA COP26: VOCES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE TODO EL MUNDO

Una reunión exclusiva y de élite

El gobierno del Reino Unido había prometido que esta sería “la COP más inclusiva de la historia”. Pero este anuncio hecho con bombos y platillos ocultaba una realidad de exclusión. Incluso antes de que comenzara la cumbre, estaba claro que muchas personas se verían disuadidas de asistir por las siempre cambiantes normas relativas al COVID-19 en el Reino Unido, la falta de acceso a vacunas, un régimen de visados increíblemente estricto impulsado por la política de “entorno hostil” del Reino Unido hacia los inmigrantes y el alto costo del viaje y el alojamiento.

VOCES DESDE LAS PRIMERAS LÍNEAS

Durante la COP26, los espacios para la participación efectiva de la sociedad civil fueron limitados debido a varios factores, principalmente aquellos relacionados con la pandemia de COVID-19. Como consecuencia de las medidas de seguridad para contener el contagio del virus, representantes de la sociedad civil fueron impedidos de viajar a Reino Unido debido a los largos tiempos de espera para la obtención de visas, tiempos de cuarentena obligatoria, y altos costos de alojamiento. Además, aquellos miembros de la sociedad civil que sí pudieron asistir a la COP 26, enfrentaron impedimentos para ingresar a ciertos espacios estratégicos para la incidencia, como las salas de plenarias. Dichas restricciones no tienen precedentes y crearon el descontento de varios representantes de sociedad civil, quienes vieron su derecho a la participación efectiva conculcado.

Juan Auz, cofundador, Terra Mater, Ecuador

En el punto más alejado del planeta de Glasgow, las islas del Pacífico, estos obstáculos fueron casi imposibles de superar, no solamente para la sociedad civil sino también para múltiples delegaciones gubernamentales. Estas son las delegaciones que normalmente impulsan los compromisos más ambiciosos. Su ausencia significó que las voces de los habitantes de las zonas del mundo más afectadas por el cambio climático, en países cuya existencia misma está en juego, no serían escuchadas.

El gobierno del Reino Unido se comprometió a proporcionar vacunas y a cubrir los costos de quienes se vieran obligados a permanecer en cuarentena a su llegada, pero esa política sólo se aplicó a las delegaciones gubernamentales. Para la sociedad civil, los costos adicionales que trajo aparejados el COVID-19 supusieron una importante barrera adicional. La gran desigualdad global en materia de vacunas se asemeja a la desigualdad climática: los países donde el acceso a las vacunas es más limitado son también los menos capaces de hacer frente al cambio climático; los países ricos que han acaparado vacunas, por su parte, son los que más recursos tienen para proteger a sus ciudadanos de los peores impactos de la crisis climática.

Cuando empezaron las reuniones, muchas personas permanecían atascadas fuera del recinto, ya que se habían formado largas colas frente a la única entrada. El ministro de Energía de Israel, que iba en silla de ruedas, no pudo entrar. A mucha gente que había hecho enormes esfuerzos para llegar a Glasgow a pesar de los altos costos y los múltiples obstáculos, se le dijo que podía ver los eventos por internet, pero muchos incluso tuvieron dificultades para lograr que la plataforma online funcionara.

Aun en los casos en que los representantes de sociedad civil pudieron entrar al edificio, no se les permitió ingresar a las salas clave. Por razones vinculadas a la pandemia, se limitó el número de asistentes. La sociedad civil se quedó fuera de las salas de negociación y no pudo acceder a las sesiones plenarias, aun cuando éstas contaban con escasa asistencia de representantes gubernamentales. Tal como sucede en las reuniones de las Naciones Unidas en Nueva York, dio la impresión de que cuando los asientos son limitados, siempre es la sociedad civil la que se queda fuera. Incluso grupos formalmente reconocidos como parte del proceso de la COP se quejaron de haber sido excluidos.

Según se informó, hubo jóvenes activistas por el clima que fueron expulsados de los eventos, y se apuntó específicamente contra activistas negros y de otras minorías étnicas, lo cual sugirió el uso de tácticas de perfilado racial. La sociedad civil entiende que la crisis climática es una cuestión de justicia social, relacionada con múltiples formas de desigualdad y exclusión. Al parecer los organizadores de la reunión no compartían este punto de vista, y no querían saber nada al respecto.

En violento contraste con la exclusión de la sociedad civil, la COP26 estuvo repleta de delegados de las industrias de combustibles fósiles, decididos a promover falsas soluciones verdes y a presionar para que se impusieran a su letal negocio tan pocos límites como fuera posible. Una investigación de Global Witness reveló la presencia de 503 delegados de industrias de combustibles fósiles en la COP26, un grupo más numeroso que cualquier delegación gubernamental. Había representantes de los combustibles fósiles en las delegaciones de 27 países, incluidas las de China y Rusia. La fuente del problema estaba profundamente involucrada en una cumbre que supuestamente debía abordar el daño que ellos estaban causando.

Esta íntima relación contrasta con la experiencia de la sociedad civil de muchos países, que lejos de ser invitada a integrar las delegaciones gubernamentales es blanco de ataques de los Estados. En todas las regiones del mundo las protestas por el clima son criminalizadas y las personas defensoras de los derechos ambientales son objeto de violencia.

Se trata de algo más que de meras cuestiones logísticas. Quién está en la sala importa. Una cumbre elitista, con una sobrerrepresentación de hombres blancos de mediana edad procedentes de países ricos, difícilmente puede tomar decisiones que pongan en cuestión la injusticia medioambiental, racial, de género y social y den prioridad al bienestar de las generaciones futuras.

VOCES DESDE LAS PRIMERAS LÍNEAS

Creo que fue un ejemplo directo de lo excluyentes y elitistas que son estos foros. Vimos muy poca inclusión significativa de los grupos de interés directamente afectados. Con esto quiero decir que no formaron parte de las negociaciones de la mesa chica. Por vigésimo sexta vez hemos constatado que nuestro sistema necesita un cambio sistémico transformador, y no sólo soluciones técnicas rápidas como las propuestas. En tiempos como estos es tan importante que nos organicemos y nos conectemos más que nunca a nivel individual, interpersonal y organizativo, así como con nuestros sistemas ecológicos. Significa que tenemos que repensar y abrirnos a nuevos tipos de conocimiento.

Jessica Dercontée, coorganizadora, Colectivo contra el Racismo Ambiental, Dinamarca

Involucramiento ante la indiferencia oficial

Gran parte de la sociedad civil que intentó influir en la COP26 compartía un sentimiento común: no creía que la reunión pudiera dar lugar al cambio necesario, pero sentía que debía tratar de influir en ella a pesar de todo, porque el alcance de la crisis es tal que nos obliga a intentarlo todo. A pesar de las barreras, la sociedad civil intentó involucrarse y ofrecer alternativas.

La Coalición COP26 de grupos de la sociedad civil se reunió para convocar la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Climática, representando a personas e ideas que fueron en gran medida excluidas de la COP26. Entre sus participantes se contaron pueblos indígenas, grupos de jóvenes, grupos de defensa de los derechos de las personas migrantes y sindicatos. Buscaron ofrecer soluciones radicales que atravesaran los sofismas intencionados que suelen rodear a conceptos como el de neutralidad de carbono y ofrecieron una crítica de los sistemas económicos que alimentan la desigualdad y valoran la extracción por encima de la conservación.

Representantes de más de 500 grupos de padres y madres trabajaron juntos para presentar una demanda para acabar con la financiación de los combustibles fósiles y la contaminación del aire que perjudica a los niños; luego se unieron a 10.000 personas que protestaron en el día bautizado como Día de la Juventud y el Empoderamiento Público. Cuando la jornada de la COP26 dedicada al transporte se centró casi exclusivamente en los coches eléctricos, fingió que la aviación no era un problema e ignoró el transporte público y la bicicleta, los manifestantes hicieron sonar sus cornetas. El último día de la COP26, cientos de integrantes de la sociedad civil salieron a la calle luciendo lazos rojos para simbolizar las líneas rojas que habían cruzado las negociaciones.

El 6 de noviembre, Día Mundial por la Justicia Climática, se realizaron protestas por la justicia climática en todos los continentes. En Glasgow se manifestaron hasta 100.000 personas, encabezadas por un grupo indígena de Canadá.

Las protestas no siempre fueron espacios seguros. Veintiún personas fueron detenidas en una protesta que bloqueó un puente, organizada por el grupo Scientist Rebellion (“Revolución de los CIentíficos”). Simpatizantes de Extinction Rebellion (XR) denunciaron haber sido perseguidos repetidamente por la policía. Los manifestantes fueron acorralados y se les negó el acceso a derechos básicos, como agua, comida y medicamentos. Un informe de Netpol, la Red de Vigilancia Policial, concluyó que durante la COP26 se produjeron abusos sistemáticos del poder policial, tales como actuaciones policiales discriminatorias, vigilancia y acoso, así como intentos de encubrir estos abusos.

El Reino Unido está actualmente en proceso de aprobar una ley para restringir aún más las protestas, en parte como respuesta a las protestas en gran escala de XR. Poco después de que terminara la COP26, nueve activistas del grupo Insulate Britain fueron encarcelados a causa de sus protestas de bloqueo de carreteras. Estas acciones no podrían estar más lejos de las esperables de un líder en la lucha contra el cambio climático.

El diablo en los detalles en medio de un aluvión de anuncios

Esta elitista COP debe haber batido un récord en materia de producción de declaraciones. Los anuncios se sucedieron desde los primeros días de la COP26, con la aparente intención de marcar un tono implacablemente optimista, comunicando desde el principio que la COP26 era un éxito. Era palpable la desesperación del gobierno del Reino Unido por presentarse como un líder global tras el Brexit, a pesar de que el primer ministro británico, Boris Johnson, tiene un historial de negación del cambio climático y él y otros altos ministros fueron acusados de no involucrarse lo suficiente en los procesos clave que precedieron a la cumbre.

En conjunto, los anuncios supusieron ciertos avances, pero todos contenían importantes omisiones y lagunas, lo que los hacía menos ambiciosos de lo que podría haber parecido en un principio.

Entre la avalancha de anuncios se contó un nuevo acuerdo para evitar la deforestación, apoyado por Estados que dan cuenta del 85% de los bosques del mundo. Entre ellos, quizá de forma significativa, se encontraban Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaro ha defendido la destrucción de la Amazonia, y China, acusada por lo demás de mostrar poca ambición: sus promesas en la COP26 no contenían nada nuevo y su todopoderoso presidente, Xi Jinping, al igual que el presidente ruso Vladimir Putin, no se hizo presente en Glasgow.

Pero nada más anunciarse, el acuerdo empezó a deshacerse. Indonesia, que alberga la tercera selva tropical más grande del mundo, firmó el acuerdo, pero su ministro de Medio Ambiente no tardó en calificarlo de “injusto” y dijo que el crecimiento económico debía tener prioridad.

Otro anuncio que saltó a los titulares fue el compromiso de más de 450 instituciones financieras del sector privado de 45 países de orientar sus inversiones hacia la transición a la neutralidad de carbono. Sin embargo, el activismo se apresuró a señalar que muchas de estas entidades financieras siguen financiando proyectos de combustibles fósiles, y entre los bancos involucrados se cuentan los que se opusieron con éxito a las presiones de la Agencia Internacional de la Energía para que dejaran de financiar inmediatamente la exploración de carbón, gas y petróleo.

VOCES DESDE LAS PRIMERAS LÍNEAS

Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.

Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.

Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

Ruth Alipaz Cuqui, coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas, Bolivia

Quizás lo más alentador fuera el acuerdo al que llegaron 105 países para reducir las emisiones de metano en un 30% hacia 2030. El metano es un gas de efecto invernadero especialmente potente, pero también el más rápido en dispersarse, lo que significa que las medidas que se tomen en este sentido pueden tener un impacto rápido. El acuerdo fue armado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trayendo afortunadamente de regreso al redil al segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo; Biden también dio la señal de un cambio respecto de la negación del cambio climático por parte de Trump al volver a unirse a la Coalición de Alta Ambición, el grupo de países que trabajan para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados. Pero en el acuerdo sobre el metano faltan algunos de los principales emisores de este gas, como Australia, China, India y Rusia.

Más de 20 países y bancos de inversión se comprometieron a poner fin a la financiación de proyectos internacionales de combustibles fósiles, pero China y Japón, dos de los principales financiadores, no se sumaron. Asimismo, más de 40 países firmaron un pacto para eliminar el carbón, entre ellos algunos grandes consumidores de este combustible, como Corea del Sur, Ucrania y Vietnam. Pero, como era de esperarse, faltaron algunos nombres clave, muchos de ellos reincidentes, como Australia, China, Estados Unidos, India y Sudáfrica.

La vaguedad del compromiso sobre el carbón permitió que Polonia, que genera el 70% de su electricidad a partir de este combustible, firmara el acuerdo para luego autoclasificarse como país en desarrollo y declarar su intención de utilizar carbón hasta 2049, es decir, mucho más allá de 2030, fecha en que, según los expertos, debe terminar el uso del carbón si se quiere limitar el calentamiento a los 1,5 grados establecidos en el Acuerdo de París.

La razón de estos acuerdos paralelos es comprensible. Comunican ambición, lo cual quizá no sea algo negativo al comienzo de una cumbre cuando de lo que se trata es de generar impulso hacia el acuerdo final; sin embargo, es cuestionable que eso haya funcionado aquí. También indican la existencia de gran frustración con los procesos multilaterales en que los acuerdos deben alcanzarse por consenso. Estos se ven obstaculizados por Estados poderosos que se resisten al cambio. Si un país como Rusia, por ejemplo, quiere bloquear un acuerdo ambicioso, entonces tiene sentido llegar a un acuerdo sin él, y conseguir que el mayor número posible de estados lo firme.

Pero el desafío es que estos acuerdos son de naturaleza voluntaria y carecen de mecanismos de aplicación. Una de las razones por las que la sociedad civil invierte energía en los procesos multilaterales es que queremos un sistema internacional basado en normas, en el cual los Estados respeten los compromisos que han asumido, tengan que informar periódicamente sobre los progresos realizados y deban rendir cuentas cuando no correspondan a las palabras con los hechos.

El espacio para la participación de la sociedad civil en los procesos multilaterales suele ser de escasa calidad, como lo demuestra la experiencia de la COP26, pero hay aún menos espacio -a menudo ninguno- para que la sociedad civil desempeñe un rol de control y rendición de cuentas en los acuerdos alcanzados fuera del sistema multilateral formal. Tampoco hay espacio para que la sociedad civil presione para que los acuerdos sean más ambiciosos.

En estos acuerdos paralelos se deposita demasiada confianza el papel de las empresas, pero el sector privado es famoso por su resistencia al escrutinio de la sociedad civil. En muchos países, el sector privado es una fuente directa de ataques a los activistas por el clima y el medio ambiente.

Cualquier cosa que ofrezca posibilidades de limitar el calentamiento resulta esperanzadora. Pero ¿qué avances se producirán si la sociedad civil no está ahí para ejercer presión?

Mucho más por hacer

El gobierno de la India atrajo el oprobio por su tardía insistencia en la “reducción progresiva” en reemplazo de la “eliminación progresiva”. Antes de eso, había sido reconocido como uno de los países que más cambió de rumbo en la COP26.

Como parte del Acuerdo de París, los Estados debían presentar nuevos planes más ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN)- antes de la COP26. Algunos países importantes -como Brasil, Indonesia, México y Rusia- incumplieron el Acuerdo de París al presentar CDN que no establecían nuevos objetivos. Sin embargo, al inicio de la cumbre, India se comprometió a alcanzar el objetivo de cero emisiones para 2070, lo que la convierte en la última gran economía en comprometerse a hacerlo. 2070 es un plazo tardío, pero refleja el bajo punto de partida de este enorme país. Resulta alentador que India se haya comprometido a alcanzar un 50% de energía renovable en 2030, mediante una amplia expansión de la energía solar. Ahora, el gobierno de la India enfrentará una presión sostenida de la sociedad civil para que publique los detalles de su plan y lo ponga en práctica.

En comparación, la oferta de Australia fue tan débil que el país dejó la COP26 prácticamente convertido en un hazmerreír. Australia es uno de los mayores emisores per cápita del mundo y tiene las mayores emisiones de carbón, pero su último plan no contiene ningún compromiso nuevo para realizar mejoras antes de la fecha clave de 2030. En lugar de eliminar el carbón o penalizar a los emisores, el plan de Australia está lleno de supuestos cuestionables sobre tecnologías no probadas y difíciles de escalar, como la captura de carbono y el desarrollo del hidrógeno. La exposición de Australia en el pabellón de la COP26 estaba incluso patrocinada de forma destacada por la empresa de combustibles fósiles Santos. La COP26 fue el momento en que la escandalosa pretensión del gobierno australiano de contar con un plan climático serio quedó en evidencia internacionalmente.

Estos ejemplos exhibieron uno de los beneficios de reuniones como la COP26: los gobiernos pueden mejorar sus compromisos porque no quieren pasar vergüenza, y cuando no lo hacen, la vergüenza sobreviene sin hacerse esperar, habilitando la presión política interna, al menos en los países donde el espacio cívico es lo suficientemente abierto como para permitir que la gente se movilice.

VOCES DESDE LAS PRIMERAS LÍNEAS

La COP26 ha dado un paso más para cerrar la brecha para alcanzar el objetivo de 1,5 grados, aunque esa brecha aún no se ha cerrado mediante compromisos creíbles asumidos por las partes de la Convención. En los próximos años, tanto los países industriales como las partes con economías emergentes deberán asumir compromisos más ambiciosos. La inclusión en la Declaración de Glasgow de la reducción progresiva del carbón, aunque no de su eliminación, ha sido un paso histórico, pese a ser demasiado prudente, en términos del pasaje de los objetivos y los calendarios a las políticas y las medidas. Pronto habrá que adoptar políticas concretas sobre otros combustibles fósiles, tales como el petróleo y el gas.

Glasgow ha demostrado que el Acuerdo de París funciona, pero que la prueba de fuego es la implementación, que tiene que ocurrir a nivel nacional, y que requerirá compromisos financieros adicionales, inclusive a través de los mecanismos de financiación de la Convención.

Sascha Müller-Kraenner, director ejecutivo de Acción Ambiental Alemania (Deutsche Umwelthilfe)

Sin embargo, hay muchas cosas que han quedado fuera de la agenda o que no se han resuelto en la COP26. La creciente cuestión de la migración climática -movimientos de personas en respuesta a la crisis climática- sigue sin ser reconocida, lo cual apunta a una desconexión entre las diferentes agendas internacionales. Las ambiciosas propuestas de la sociedad civil, como la de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles -un llamamiento a un nuevo acuerdo para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, respaldado por muchos integrantes del movimiento por el clima- no estuvieron sobre la mesa.

Aunque en la COP26 se acordaron por fin normas sobre los mercados de carbono, para muchos activistas esto no es ningún progreso: los mercados de carbono podrían ser una forma de eludir la responsabilidad, sustituyendo la eliminación de los combustibles fósiles por la compensación y perpetuando la mercantilización de la tierra, de forma tal que los pueblos indígenas y las personas defensoras del medio ambiente seguirán siendo perjudicados.

Sigue habiendo un vacío en lo que respecta a la financiación del clima, es decir, la provisión del dinero necesario para ayudar a los países del Sur a reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático. El objetivo global fijado en la COP15 de aportar 100.000 millones de dólares al año para 2020 no se cumplió, a pesar de que esa cantidad simbólica probablemente esté muy por debajo de lo que realmente se necesita. La última estimación disponible es que se están facilitando 80.000 millones de dólares, y el objetivo de 100.000 millones se movió a 2023.

Tras haber recortado la financiación de la ayuda, el gobierno británico, en tanto que líder de la cumbre, no estuvo en condiciones de exigir más ambición. Y el incumplimiento de este objetivo fue una justificación que India pudo esgrimir para justificar la dilución el acuerdo: ¿cómo pedir a los países del sur global que sean ambiciosos cuando la financiación no lo es?

El destino del dinero también es importante. La mayor parte de la financiación para el clima se ha destinado hasta ahora a la mitigación (reducción de emisiones) y gran parte de ella ha financiado la transición a energías renovables, donde hay un potencial de retorno de las inversiones. Ha habido mucha menos financiación para la adaptación, es decir, dinero para permitir a los países del sur global desarrollar infraestructuras para adaptarse a impactos del cambio climático como las sequías, las inundaciones y los incendios forestales. Esto cambió un poco con la COP26, pero no en la proporción de 50/50 que muchos países del sur global han estado pidiendo.

La cuestión de la financiación de “pérdidas y daños”, es decir, de la compensación por los impactos del cambio climático que sufren los países del Sur, sigue sin discutirse. Los países del Sur Global llevan cierto tiempo exigiendo que la compensación forme parte de la financiación para el clima. Para los países del norte global, esto suena peligrosamente parecido a las reparaciones, un tema que durante mucho tiempo se han negado a aceptar, por miedo a abrir una conversación sobre la provisión de reparaciones por la devastación del colonialismo. La cancelación de deuda para liberar fondos parece ser un tema igualmente tabú. No hubo avances en cuanto a las pérdidas y los daños, apenas una promesa de seguir dialogando.

El cambio de último momento de la expresión “eliminación progresiva” a la de “reducción progresiva” no fue la única dilución del acuerdo final, conocido como Pacto Climático de Glasgow. El compromiso de acelerar la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles se matizó con la adición de la palabra “ineficiente”, un adjetivo que da a los Estados la opción de no hacer nada, si consideran que lo que están haciendo es eficiente. Un calificativo similar sobre la reducción progresiva de la energía de carbón “no descarbonizado” ofrece a los Estados otra vía de escape, permitiéndoles emplear tecnologías cuestionables y afirmar que, de alguna manera, están utilizando carbón “limpio”.

Notablemente, en la COP 26 incluso estas débiles cláusulas representaron cierto progreso, porque fue la primera vez que un acuerdo final de la COP mencionó los combustibles fósiles. El hecho de que haya tardado tanto es testimonio del extraordinario poder de presión de la industria de los combustibles fósiles.

Se viene un año de acción

En última instancia, la COP26 no podía proveer el progreso de última hora que se había anunciado. La decepción de muchos activistas por el clima fue genuina y comprensible. De su frustración por la inmensa brecha existente entre esta crisis existencial y el lento proceso de la diplomacia internacional, en el que se negocia cada palabra, cabe concluir no que los activistas del clima deben moderar sus expectativas, como se observó con condescendencia, sino que el mundo necesita encontrar formas más rápidas de responder a la crisis.

El multilateralismo de élite que excluye a las personas más afectadas por la crisis no podía legar lo suficientemente lejos. Pero la esperanza provino de los millones de personas de todo el mundo que se toman en serio el cambio climático y se movilizan para exigir medidas. Las encuestas muestran sistemáticamente que la gente cree que el cambio climático es el principal problema de nuestro tiempo. Tanto jóvenes como mayores, incluso en países en que han ascendido políticos que niegan el cambio climático, apoyan las energías renovables y la conservación de los bosques. La gente está muy por delante de sus gobiernos y del sector privado.

Los portadores de esperanzas son los movimientos interseccionales que están conectando las demandas de acción climática con las de derechos de las mujeres, justicia racial, derechos de los pueblos indígenas, derechos laborales y derechos de las personas migrantes: el tipo de solidaridad radical que quedó fuera de la COP26 pero se exhibió en las calles de Glasgow.

La oportunidad dependerá de lo que ocurra después. La tenue pretensión del gobierno del Reino Unido de mantenernos por debajo de los 1,5 grados se sostiene en otro elemento del Pacto Climático de Glasgow: como las CDN presentadas para la COP26 no van lo suficientemente lejos -los planes actuales de reducción de emisiones para 2030 probablemente conduzcan a un calentamiento de 2,4 grados para fines de siglo- a finales de 2022 las CDN deberán reforzarse para establecer planes para 2030 consistentes con un aumento de 1,5 grados.

En cierto modo, pareciera que la ambición se ha pospuesto un año más, hasta la COP27 que se realizará en Egipto, permitiendo más pérdida de tiempo. Para que el calentamiento se limite a 1,5 grados, todo tiene que salir bien. La experiencia pasada no respalda un escenario tan halagüeño. Cabe esperar que, abandonados a su suerte, los Estados sigan adoptando, en el mejor de los casos, medidas poco entusiastas, que la financiación siga siendo insuficiente y que el poderío de la industria de los combustibles fósiles siga diluyendo incluso las ideas inadecuadas que se presenten.

El trabajo de la sociedad civil es desafiar esto, y el período previo a la COP27 abre una ventana de oportunidad. La sociedad civil tiene ahora un año para ejercer toda la presión posible para exigir que las CDN estén a la altura. No será fácil. Las numerosas restricciones que los Estados están imponiendo al espacio de movilización están dificultando la tarea. Es poco probable que se permita a la sociedad civil organizarse adecuadamente en Egipto, un país con espacio cívico cerrado, durante la COP27. Los procesos de la COP deben tener en cuenta la situación del espacio cívico y reconocer que un espacio cívico abierto que permita la movilización por el clima es un factor esencial para acelerar el progreso.

Pero cuando el contexto lo permite, hay que denunciar a los gobiernos, avergonzarlos y ridiculizarlos por su falta de ambición. Hay que presentarles soluciones viables para enfrentar la crisis climática que estén respaldadas por amplias coaliciones sociales. Hay que desenmascarar el control letal que ejerce la industria de los combustibles fósiles en el debate sobre el clima y debilitarlo, inclusive mediante acciones directas no violentas, y hay que repudiar las falsas soluciones verdes.

De aquí a la COP27, es hora de luchar. Es hora de movilizarnos como si nuestras vidas dependieran de ello. Porque así es.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • Los Estados deben trabajar con la sociedad civil para desarrollar nuevos y ambiciosos planes para lograr una reducción de las emisiones para 2030 a tiempo para la COP27.
  • Los Estados deben habilitar el espacio para la acción por el clima, incluidas las protestas por el clima, y el gobierno del Reino Unido, en tanto que presidente del proceso de la COP hasta la COP27, debería predicar con el ejemplo.
  • La sociedad civil debe seguir construyendo coaliciones sociales amplias e interseccionales para exigir compromisos por el clima mucho más ambiciosos en la COP27.

Foto de portada de Peter Summers/Getty Images