La última cumbre internacional sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, la COP16, celebrada en Cali, podría haber sido un momento clave para revertir la crisis mundial de degradación medioambiental. Pero terminó sin un acuerdo sobre la cuestión crucial del financiamiento.

Las cumbres sobre biodiversidad se celebran cada dos años, y esta fue la primera cumbre desde que en diciembre de 2022 se acordó el Marco Mundial sobre Biodiversidad, tras minuciosas negociaciones. El marco establece el compromiso histórico de conservar el 30% de las tierras y los océanos para 2030, lo que refleja la intensa lucha de la sociedad civil. Además, se compromete a restaurar el 30% de los ecosistemas degradados para esa misma fecha. Para financiar estas ambiciosas metas, promete movilizar 20.000 millones de dólares anuales para 2025, y al menos 30.000 millones anuales para 2030, provenientes de los países ricos hacia los más pobres, como parte de un objetivo global de 200.000 millones de dólares anuales.

Se necesita un nuevo acuerdo con urgencia. Las investigaciones muestran con creciente evidencia que estamos ante una extinción masiva: desde 1970, las poblaciones de fauna silvestre han disminuido en un 69% y un 38% de las especies arbóreas están en peligro de extinción. Los ecosistemas más amenazados se concentran en los países del sur. Además, se ha hecho muy poco para revertir esta pérdida: desde 2020, la superficie terrestre y marina bajo protección apenas ha aumentado un 0,5%.

Las cadenas ecológicas terrestres y marinas, vitales pero frágiles, que sustentan la vida humana están en grave peligro. Sin embargo, la historia demuestra que la degradación ambiental no es inevitable: varias especies han sido rescatadas del borde de la extinción gracias a esfuerzos concertados. Los seres humanos somos los causantes de la destrucción, por lo que tenemos la responsabilidad de detenerla, aunque ello exigirá esfuerzos y recursos.

Financiamiento bloqueado

Alcanzar un acuerdo mundial fue difícil, pero conseguir el dinero para implementarlo resulta aún más complicado. Con el reloj corriendo inexorablemente hacia la fecha límite de 2030, la tarea de la COP16 era cumplir la promesa financiera. Sin embargo, fracasó debido a que los países ricos antepusieron sus propios intereses.

Las negociaciones se prolongaron más de lo previsto, y el 2 de noviembre, fueron suspendidas sin que se llegara a un acuerdo sobre la propuesta de crear un fondo destinado a cumplir el compromiso de 30.000 millones de dólares. Los países del norte global -incluidos Australia, Canadá, Japón y la Unión Europea- se negaron a ceder. En el otro bando, muchos gobiernos de África, América Latina y Oceanía, insistieron en que era fundamental establecer un nuevo fondo para cumplir con los compromisos del marco. Sostienen que el actual Fondo para el Medio Ambiente Mundial está demasiado influido por los Estados del norte y que es difícil acceder a él.

A medida que se desvanecían las perspectivas de llegar a un acuerdo, muchos representantes de Estados del sur global se vieron obligados a regresar a casa, al carecer de presupuesto para cambiar sus planes de viaje y continuar en las prolongadas conversaciones. Esto dejó la reunión sin el número mínimo necesario de participantes para seguir. Al final, la única delegada restante de las islas Fiyi señaló que ella era la única representante de las islas del Pacífico que quedaba en la sala. Así, la cuestión vital del financiamiento se pospuso hasta el próximo año en Bangkok, Tailandia.

En la actualidad, siete países del norte se han comprometido a aportar un total de 163 millones de dólares a un fondo ya existente: aunque es un buen comienzo, queda muy lejos del objetivo establecido. Un grupo de países del sur ha señalado que no ha habido ningún aumento significativo en los fondos disponibles desde que se acordó el marco. No se trata solo de que el dinero no llegue, sino que es difícil encontrar razones para creer que futuras negociaciones resolverán el problema.

Puntos positivos

La reunión tampoco concluyó con un acuerdo sobre cómo supervisar los cuatro objetivos y las veintitrés metas de progreso para 2030 establecidos en la COP15. Esta falta de acuerdo refleja una falta general de priorización: apenas 44 de 195 Estados -menos de una cuarta parte- acudieron a la COP16 con planes actualizados para cumplir los nuevos objetivos.

Pero no todo fueron malas noticias. Tras largas negociaciones, los Estados acordaron un plan para mejorar los vínculos entre las negociaciones sobre biodiversidad y las relativas al cambio climático. Por mucho tiempo, los procesos mundiales sobre biodiversidad han jugado un papel secundario frente a las conversaciones sobre cambio climático -que también se están quedando muy cortas-, a pesar de que ambas crisis están íntimamente relacionadas. El cambio climático es una de las principales causas y aceleradores de la pérdida de biodiversidad, mientras que el medio natural, si se cuida, ofrece una fuente vital de resistencia y respuesta al cambio climático, entre otras cosas absorbiendo dióxido de carbono.

Otro acuerdo importante se centró en la información de secuenciación digital – los datos genéticos biológicos que incluyen información sobre ADN y ARN – que muchas empresas, entre ellas cosméticas, farmacéuticas y alimentarias, explotan con fines comerciales. Esta explotación ha creado una enorme desigualdad, ya que los países del sur global suelen aportar grandes cantidades de datos genéticos de sus animales y plantas únicos, pero no se benefician de su uso.

Un acuerdo anterior, el Protocolo de Nagoya de 2010, había sido diseñado para garantizar una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, pero no ha cumplido con su propósito, y la tecnología y su explotación comercial han proliferado desde entonces. Esta fue una cuestión crucial cuando se negoció el nuevo marco, y el acuerdo alcanzado consistió en establecer un fondo al que los usuarios de datos genéticos deberán contribuir.

Los detalles se dejaron para la COP16, que acordó un nuevo fondo, el Fondo de Cali, en el que las empresas que utilicen estos datos genéticos deberán pagar una contribución, destinada a los países de donde procede la información. Deberán aportar el 1% de sus beneficios o el 0,1% de sus ingresos, aunque el pago será voluntario.

Esto significa que corresponderá a todos los implicados -sociedad civil, Estados, organismos internacionales y las empresas más socialmente responsables- promover el fondo, instar a los pagos, reconocer las buenas prácticas, denunciar las malas y crear una norma mundial según la cual los usuarios deben pagar por el acceso a los datos genéticos. Los Estados tendrán que aprobar leyes para incorporar el acuerdo a su legislación nacional. Este será ahora un punto clave para la incidencia de la sociedad civil, aunque es probable que muchas empresas, especialmente las transnacionales, intenten eludir sus responsabilidades.

Si el fondo funciona, las comunidades indígenas serán las principales beneficiarias. La reunión también abrió nuevos caminos en el reconocimiento y el fortalecimiento del liderazgo indígena. En todo el mundo, las comunidades indígenas están en primera línea de los esfuerzos para proteger la naturaleza, siendo la fuente de muchos conocimientos sobre cómo vivir en armonía con la tierra y el mar. Pero también sufren represión, ya que los Estados y las empresas suelen ver en los pueblos indígenas un obstáculo para la extracción y explotación de los recursos naturales. Como resultado, enfrentan una violencia letal: de las más de 2.000 personas defensoras del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra asesinadas desde 2012, alrededor de un tercio eran personas indígenas.

Para que la protección de los recursos naturales sea efectiva, es esencial que los pueblos indígenas participen activamente en los procesos de decisión. En este sentido, la COP16 marcó un avance significativo al acordar la creación de un órgano permanente que represente a los pueblos indígenas y a las comunidades locales -definidas como aquellas que tienen una asociación duradera con sus territorios- en las negociaciones. Además, se reconoció el papel de las comunidades afrodescendientes de América Latina, que también han sufrido históricamente discriminación y exclusión.

Hasta ahora, los pueblos indígenas han colaborado en grupos informales, dependiendo de la buena voluntad de sus gobiernos para ser incluidos en las delegaciones oficiales. Pero cuando los gobiernos los perciben como enemigos, los dejan fuera. Con este nuevo órgano, ya no tendrán que depender de relaciones tan frágiles. Más allá de su relevancia específica, este órgano ofrece un modelo de inclusión y participación que podría adoptarse para otros procesos de la ONU.

Estos mecanismos de participación podrían ayudar a contrarrestar la influencia de los grupos de presión de la industria, cuya presencia en la COP16 alcanzó cifras récord. Se inscribieron 1 261 representantes empresariales, más del doble que en la COP15. Al igual que ocurre en las cumbres anuales sobre el cambio climático, a las que cada vez asisten más grupos de presión de los combustibles fósiles para frenar las medidas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, muchos de estos representantes estuvieron en Cali para defender los intereses de las empresas que se benefician de la explotación ambiental. Entre los asistentes se encontraban no solo representantes la industria de los combustibles fósiles, sino también de los sectores biotecnológico, alimentario y farmacéutico. Algunos equipos empresariales superaban en número a las delegaciones oficiales de muchos países del sur global, y varios incluso formaban parte de las propias delegaciones gubernamentales oficiales.

Necesidad de desbloquear avances

Resolver el problema del financiamiento sigue siendo un desafío. La COP29 sobre el clima que se acaba de celebrar en Azerbaiyán, que también se suponía que iba a desbloquear los avances en materia de financiamiento, tampoco logró avances significativos en este ámbito. Los Estados del norte global, bajo la creciente influencia de populismos y nacionalismos de derecha, muestran cada vez menos disposición a priorizar el bien común frente a los intereses nacionales a corto plazo, para abordar los problemas globales. A menudo señalan las limitaciones económicas, como el aumento de los precios de la energía y los alimentos, que reducen los presupuestos y alimentan el descontento público.

Mientras tanto, nunca ha habido tantas personas multimillonarias como hoy. En la última década, el 1% más rico del mundo ha incrementado su patrimonio en 42.000 millones de dólares. Las empresas de combustibles fósiles, por su parte, han obtenido beneficios récord como consecuencia de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. El dinero existe, pero está concentrado en los lugares equivocados. A menos que se tomen en serio soluciones como los impuestos sobre la riqueza y los beneficios extraordinarios (rendimientos desproporcionadamente altos generados por condiciones excepcionales del mercado), estos recursos seguirán permitiendo los modelos destructivos de extracción y consumo que agravan la crisis de la biodiversidad, en lugar de contribuir a resolverla.

El impulso hacia un cambio está ganando fuerza: los líderes nacionales del G20, el club de las mayores economías del mundo, acaban de acordar la necesidad de “garantizar que las personas con patrimonios muy elevados tributen efectivamente”. Este debería convertirse en uno de los principales objetivos de la sociedad civil. El reconocimiento por parte del G20 de la necesidad de un cambio debe traducirse ahora en una redistribución real de la riqueza, para que el financiamiento esté a la altura de la magnitud de las crisis interrelacionadas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

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