Por tercer año consecutivo, la cumbre mundial más importante sobre el clima se celebra en un país donde la población prácticamente no tiene derecho a expresarse. La COP29 se celebrará del 11 al 22 de noviembre en Azerbaiyán, un país donde el espacio cívico está cerrado, lo que significa que el Estado niega sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas a organizarse, protestar y expresarse. Al igual que en las cumbres anteriores, organizadas en Egipto en 2022 y en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en 2023, esto dificulta mucho la movilización de la sociedad civil para influir en los resultados de la cumbre.

En cualquier cumbre mundial, la sociedad civil nacional suele desempeñar un papel importante a la hora de coordinar las acciones de defensa y entablar diálogos con el gobierno anfitrión durante los largos procesos preparatorios. Sin embargo, en Azerbaiyán no hay posibilidad de que eso ocurra: el gobierno ha hecho todo lo posible para evitarlo, intensificando su represión histórica contra la sociedad civil a medida que se acerca la COP29.

La represión estatal va de la mano con las principales industrias de Azerbaiyán, la extracción de petróleo y gas. Azerbaiyán es una de las economías más dependientes de los combustibles fósiles, con un sector que representa dos tercios del PIB y el 90% de los ingresos por exportaciones. Por segundo año consecutivo, la cumbre climática mundial sobre el clima es acogida por un petroestado, o Estado petrolero, es decir, un país dedicado a la extracción de combustibles fósiles sin intención de parar.

Un Estado autoritario

Desde hace más de tres décadas, Azerbaiyán está dirigido por dos generaciones de la misma familia. En 2003, el presidente Ilham Aliyev sucedió a su padre Heydar, el último dirigente del Azerbaiyán de la era soviética, que llegó al poder tras un golpe militar en 1993. Hasta ahora, Ilham Aliyev ha ejercido cinco mandatos, todos posibles gracias a elecciones fraudulentas.

El poder político y el poder económico de la familia Aliyev están íntimamente ligados. La familia posee participaciones en compañías petroleras y gasísticas, así como en bancos y empresas de sectores como la construcción y las telecomunicaciones. Se encuentra en el centro de una opaca red de corrupción en la que se mueven enormes cantidades de dinero sin apenas ningún control. Esta riqueza es tanto favorecida como financiada por el autoritarismo, con una población incapaz de cuestionar las decisiones del Estado o denunciar la corrupción.

La riqueza petrolera de Azerbaiyán también financia una intensa estrategia de lavado de imagen a nivel internacional. El gobierno practica lo que se conoce como “diplomacia de caviar”, haciendo lobby ante políticos occidentales y recompensándolos por minimizar las críticas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por Azerbaiyán. Existen pruebas claras de sobornos azerbaiyanos a políticos europeos para que ayuden a dar una imagen positiva del régimen. La capital, Bakú, ampliamente renovada, ha acogido numerosos eventos deportivos y culturales internacionales en un conjunto de nuevos estadios y arenas futuristas. Una cumbre mundial de alto nivel representa una oportunidad más para que Aliyev proyecte una imagen internacional positiva.

La COP29 se celebra en un momento de confianza para Azerbaiyán, reforzada por la victoria del año pasado en su largo conflicto con la vecina Armenia. Hasta hace poco, el territorio de Nagorno-Karabaj, situado dentro de las fronteras de Azerbaiyán, pero con una población predominante armenia, funcionaba como un Estado independiente de facto. Pero el año pasado, Azerbaiyán ganó decisivamente, tras un bloqueo de diez meses, con una ofensiva militar rápida, utilizando sus riquezas en combustibles fósiles para fortalecer su poder militar y después de recalibrar cuidadosamente su relación con Rusia, que históricamente se había puesto del lado de Armenia.

Temiendo un genocidio, casi toda la población, más de 100 000 personas, se refugió en Armenia. Se podría hablar razonablemente de migración forzada y limpieza étnica, lo que se confirma con la destrucción posterior por parte de Azerbaiyán de los sitios del patrimonio armenio y la declaración triunfante de Aliyev, quien afirmó que “no queda ninguna huella de separatistas”.

No se ha observado ningún atisbo de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto, y la población de Azerbaiyán no ha podido exigirlo. Un mes después de la ofensiva decisiva, al menos 20 personas fueron detenidas por criticar las acciones del gobierno. Quienes intentan expresarse corren el riesgo de ser difamados como “pro-armenios”.

Continuidad de la extracción

El ataque total de Rusia contra Ucrania ha beneficiado a Azerbaiyán. Ha hecho que sea poco probable que Rusia intervenga en Nagorno-Karabaj; en su lugar, ha adoptado una posición neutral y ha reconocido que el territorio debe integrarse a Azerbaiyán. El año pasado, Rusia respaldó la candidatura de Azerbaiyán para albergar la COP29, bloqueando así la candidatura de Bulgaria y presionando a Armenia para que retirara su propuesta rival.

En 2022, Azerbaiyán también acordó importar gas de Rusia, contribuyendo así a compensar la disminución de la demanda de gas ruso por parte de los países europeos. Al mismo tiempo, los países europeos recurrieron a Azerbaiyán para sustituir sus suministros de gas ruso. En 2022, la Unión Europea acordó duplicar sus importaciones de gas procedentes de Azerbaiyán.

Considerando las ventajas económicas y políticas que Aliyev y su élite obtienen de los combustibles fósiles, es simplemente inconcebible que Azerbaiyán cierre los grifos de petróleo y gas. De hecho, planea expandir esta extracción. A pesar de la intensa presión ejercida por los petroestados y las empresas de petróleo y gas, la COP28 reconoció la necesidad de alejarse de los combustibles fósiles, pero la Compañía Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán (SOCAR) planea aumentar su producción anual de gas en alrededor de un tercio. A pesar de que la Agencia Internacional de la Energía ha dejado claro que la inversión en combustibles fósiles debe cesar de inmediato si se espera alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, el gobierno azerbaiyano, afirma, de alguna manera, que seguir con la extracción es compatible con el Acuerdo de París.

SOCAR está directamente involucrada en la COP29: su presidente, Rovshan Najaf, forma parte del comité organizador de la cumbre, mientras que el responsable del evento, el ministro azerbaiyano de Ecología y Recursos Naturales, Mukhtar Babayev, trabajó para SOCAR durante más de veinte años.

SOCAR tiene planes mínimos de inversión en energías renovables. Sólo puso en marcha un programa de “energía verde” después de que Azerbaiyán fuera elegido como anfitrión de la COP29. En 2023, el 97% de sus gastos de inversión seguían destinados a proyectos de petróleo y gas. Y su operación de greenwashing viene acompañada de un elemento especialmente grotesco: Aliyev ha designado el Nagorno-Karabaj, despoblado, como “zona de energía verde”, ideal para el desarrollo de la energía hidroeléctrica, y pretende reconvertir el territorio con inversiones extranjeras de empresas de Japón, Arabia Saudí, Suiza y el Reino Unido.

Por si fuera poco, Azerbaiyán también intenta utilizar la cumbre para posicionarse como pacificador. Ha pedido un alto el fuego mundial durante la COP29, lo que sería una primicia en la historia de las cumbres anuales sobre el clima. No cabe duda de que se necesitan ceses de fuego, tanto en Gaza como en los muchos otros conflictos que asolan el mundo, para salvar vidas y frenar la contribución poco reconocida de las emisiones militares de gases de efecto invernadero al cambio climático. Sin embargo, un Estado tan recientemente implicado en un conflicto, y que no ha rendido cuentas por los crímenes cometidos, no tiene autoridad moral para hacer tal llamamiento.

Intensificación de la represión

La intensificación de la represión contra el disenso en Azerbaiyán muestra claramente que el gobierno considera la COP29 como una oportunidad de relaciones públicas que no quiere ver empañada por quienes denuncian su hipocresía climática y su deficiente historial en derechos humanos.

El país cuenta actualmente con más de 300 presos políticos, entre ellos más de 20 periodistas. Las organizaciones de la sociedad civil contestarias han sido desmanteladas mediante denegaciones arbitrarias de registro y restricciones de financiación. Los medios de comunicación independientes no pueden operar, y quienes protestan enfrentan acusaciones penales inventadas, prohibiciones de viajar y congelación de cuentas bancarias.

Esto ha llevado a que muchas personas se autocensuren, incluso cuando se trata de hablar de los impactos negativos de la industria del petróleo y el gas de Azerbaiyán en las comunidades.

El Estado recurre regularmente a la violencia para reprimir las protestas, incluidas las medioambientales. En junio de 2023, por ejemplo, los habitantes del pueblo de Soyudlu protestaron contra la construcción de un lago artificial destinado a contener los desechos de una mina de oro. La policía respondió golpeando y arrestando a manifestantes y periodistas que cubrían el acto, y rociando un irritante químico en la cara de varias mujeres manifestantes mayores.

Si había alguna esperanza de que los procesos de la COP29 abrieran espacio, se desvaneció rápidamente. Esto no ocurrió en Egipto ni en los Emiratos Árabes Unidos, y tampoco está ocurriendo aquí. La sociedad civil azerbaiyana intentó organizarse, formando la coalición “Climate for Justice”. Esperaba centrar la atención en las cuestiones climáticas y de derechos humanos, así como en las conexiones entre ambas. Pero tuvieron que cesar sus actividades cuando uno de sus líderes, Anar Mammadli, fue detenido y encarcelado. Ahora es la sociedad civil azerbaiyana en el exilio la que debe mantener la presión.

Incluso si hay voces independientes azerbaiyanas que se sienten alentadas a expresarse durante la cumbre, aprovechando el espacio que se supone que el anfitrión debe ofrecer a la sociedad civil, corren el riesgo de ser detenidas una vez que el foco de atención internacional se aleje de Bakú. El acuerdo de sede firmado entre el gobierno y las Naciones Unidas parece otorgar al gobierno el poder de actuar contra quienes critiquen su política interna durante la cumbre. El texto establece que todos los participantes deben respetar las leyes y regulaciones de Azerbaiyán y no interferir en sus asuntos internos, pero deja ambigua la definición de lo que constituye una interferencia.

Esto significa que no se escucharán las voces de Azerbaiyán que cuestionan el modelo económico extractivista de su gobierno y la corrupción asociada, mientras que los numerosos grupos de presión de las energías fósiles que suelen asistir a las COP tendrán total libertad para presionar para que continúe la extracción. Una vez más, las voces más fuertes serán las de aquellos decididos a hacer lo mínimo para atajar el cambio climático.

Hora de cambiar

El mes pasado, la ONU informó que el planeta se encamina hacia un aumento catastrófico de la temperatura global de entre 2,6 y 3,1 grados por encima de los niveles preindustriales, lo que provocará muerte y destrucción a una escala espantosa. Este año, numerosos fenómenos meteorológicos extremos han causado estragos. El cambio climático hace que estos fenómenos sean más probables y devastadores.

En este contexto, la participación de la sociedad civil es crucial porque de ella proceden las voces principales que reclaman urgencia y ambición. La sociedad civil trabaja para exigir responsabilidades a los Estados y a la industria de los combustibles fósiles, sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de actuar, defender a las comunidades, oponerse a la extracción y proponer innovaciones, alternativas y soluciones prácticas. Por eso, su presencia es fundamental, y excluirla equivale a asegurar peores resultados climáticos.

La ONU debe romper con este esquema. Es alentador ver que el próximo año Brasil acogerá la cumbre, un país con una sociedad civil dinámica, que tiene una enorme responsabilidad climática con respecto a la Amazonia y que, bajo su gobierno actual, ha tomado medidas decisivas para combatir la deforestación. No hay marcha atrás. Nunca más las COP deberían celebrarse en Estados petroleros. Por el contrario, deberían ser acogidas por Estados que muestren liderazgo climático. Tampoco deberían celebrarse en Estados donde el espacio cívico esté muy restringido, algo característico de muchas superpotencias de los combustibles fósiles,  para que la sociedad civil no se vea privada de la posibilidad de movilizarse plenamente.

Los países anfitriones de la COP deberían comprometerse a respetar los derechos humanos y permitir la participación plena y diversa de la sociedad civil nacional e internacional, y rendir cuentas si no lo hacen. La acción ambiciosa que necesita la humanidad no se logrará si la sociedad civil no es completamente libre para expresar sus demandas.

Azerbaiyán figura actualmente en la Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor, que llama la atención sobre los países donde el respeto del espacio cívico experimenta declives severos o repentinos.

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