El mundo ha dado lo que podría ser un gran paso adelante para revertir la pérdida de biodiversidad. Ello podría ocurrir si se cumplen los objetivos acordados en Montreal, Canadá, en diciembre de 2022.

La última cumbre del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la COP15, representó una oportunidad única para detener la pérdida galopante de biodiversidad. Concluyó con un acuerdo que comprende 23 objetivos, conocido como el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica. Estos objetivos se acordaron tras dos semanas de intensas y a menudo tortuosas negociaciones que tuvieron lugar en Montreal, luego de que la reunión inicialmente programada en Kunming, China, se aplazara dos veces debido a las restricciones adoptadas frente al COVID-19.

Un nuevo acuerdo era muy necesario. Cada vez más las investigaciones indican que se está produciendo una extinción masiva. Se están perdiendo innumerables especies, destruyendo los frágiles ecosistemas terrestres y marinos interconectados que sustentan la vida humana y que desempeñan un papel vital en la absorción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, el poco armonioso final de la cumbre amenazó con ensombrecer los resultados. En el marco de una disputa en torno del financiamiento, el representante de la República Democrática del Congo (RDC) se opuso al acuerdo y acusó al representante chino, que presidía la reunión, de ignorarlo para forzar su aprobación. Las delegaciones de Camerún y Uganda compartieron el enfado de la RDC.

Al final, la RDC retiró su objeción, aparentemente convencida por la intervención de Brasil, y se avanzó en el acuerdo. Pero la disputa dejó un sabor desagradable: dio la impresión de que los países poderosos pensaban que podían torcer el brazo a los menos poderosos. Además, el apoyo de la RDC era muy importante porque este país alberga la mayor parte de la segunda selva tropical más grande del mundo después de la Amazonia, es decir, una de las que el nuevo acuerdo debería proteger.

Las principales metas

El principal compromiso del acuerdo es de conservar y regular el 30% de la tierra y los mares para 2030. Este objetivo “30×30” fue una de las principales demandas de la sociedad civil y sus Estados aliados. Aunque algunos activistas se sintieron decepcionados, ya que habían presionado para conseguir el objetivo más ambicioso de proteger el 50%, su presión contribuyó a evitar la amenaza real de que el acuerdo no alcanzara siquiera el objetivo del 30%. Otro objetivo “30×30” acordado fue el de restaurar el 30% de los ecosistemas degradados para 2030.

Para los países del sur global hay otro objetivo 30×30 que es crucial: el de movilizar 30.000 millones de dólares anuales en financiamiento procedente de los llamados países desarrollados a países en desarrollo para 2030, como parte de una meta global de 200.000 millones de dólares anuales de financiamiento de un conjunto de fuentes.

Al igual que en los procesos paralelos de la COP sobre cambio climático, para los países del sur global el financiamiento es crucial. En interés de toda la humanidad, se está instando a los países menos industrializados a que no sigan el mismo camino que hizo ricas a las economías del norte global. Pero si se desea que se atengan a normas más estrictas, los países del sur global deben contar con un apoyo financiero adecuado.

En esto se centró la objeción de la RDC: quería que se creara un nuevo fondo mundial para la biodiversidad y que los Estados del norte se comprometieran a aportar a él 100.000 millones de dólares al año. Los Estados del norte se opusieron a estas ideas, insistiendo en que no podían comprometerse a tanto y que debían explorarse todas las posibles fuentes de financiamiento, incluidas las filantrópicas y del sector privado. También están presionando para que los Estados más grandes del sur global, que han experimentado un desarrollo económico considerable en los últimos años y que son actualmente los mayores receptores de financiamiento, se conviertan a su vez en contribuyentes. En un momento dado, los representantes del sur global abandonaron las negociaciones, frustrados por el estancamiento de las conversaciones sobre este tema.

Como solución de compromiso, se acordó crear un fondo especial dentro del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, pero muchos actores de sociedad civil siguen descontentos. La Alianza CBD, una red de sociedad civil, señaló que podría ocurrir que el financiamiento termine saliendo de los bolsillos de los mismos que se benefician del daño ambiental: las grandes empresas serían básicamente libres de seguir dañando al 70% del planeta siempre que ofrecieran algún tipo de financiación ecológica para preservar el 30% restante.

Otro objetivo financiero fue el de reducir las subvenciones a actividades que causan daño ambiental en al menos 500.000 millones de dólares al año de aquí a 2030. Actualmente, un amplio abanico de subvenciones por un monto de por lo menos 1,8 billones de dólares –el 2% del PIB mundial– provee incentivos perversos para la destrucción. Estos recursos podrían utilizarse en cambio para incentivar acciones respetuosas de la biodiversidad.

Pero todo esto dependerá de que se logre persuadir al sector privado para que cambie sus prácticas nocivas, y en este punto el lenguaje es débil: el marco sólo acuerda “alentar y habilitar” a las empresas para que controlen e informen sobre sus impactos sobre la biodiversidad; no les obliga a hacer cambios. Hay una debilidad similar en otros objetivos, como los de consumo sostenible y reducción del uso de pesticidas y productos químicos peligrosos. Al igual que en la COP27 sobre cambio climático, esto refleja la considerable capacidad de lobby de las grandes empresas, que también estuvieron presentes, incluso dentro de las delegaciones gubernamentales, en la COP15. Esta priorización de la ganancia por sobre las personas es la causa de la crisis actual, y es ingenuo suponer que ésta puede ser resuelta mediante la aplicación de soluciones lideradas por las mismas empresas.

En un tono más positivo, el acuerdo también se compromete a adoptar una “perspectiva de género” y reconoce la igualdad de derechos de mujeres y niñas a acceder a la tierra y los recursos naturales. Y, lo que es más importante, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, inclusive en lo que se refiere a sus territorios tradicionales. Los pueblos indígenas estuvieron al frente de las protestas durante la COP15, y sus voces son vitales porque hay una enorme superposición entre la tierra que necesita ser protegida y los lugares que los pueblos indígenas habitan y poseen tradicionalmente. Los proyectos extractivos y de desarrollo de la tierra son malas noticias para los pueblos indígenas, pero la conservación también puede serlo. Los proyectos de conservación pueden suponer un conflicto entre la tierra y la gente; así, comunidades con una larga historia de vida sostenible pueden sufrir violaciones de derechos o verse obligadas a abandonar tierras destinadas a conservación. Sin embargo, el acuerdo no avanza tanto como sería deseable en materia de reconocimiento del estatus especial de las tierras y territorios de los pueblos indígenas.

¿De las palabras a los hechos?

La sociedad civil reclamó no solamente mayor ambición sino también definiciones y detalles, ya que la terminología vaga habilita la inacción y la evasión de responsabilidades. Algunos objetivos se definieron mejor a medida que avanzó el proceso de redacción, pero otros se desdibujaron. En varios momentos de este prolongado proceso pareció que no se llegaría a ningún acuerdo, por lo que muchos activistas consideraron positivo un resultado que concedió una parte de sus demandas, aunque no todas.

Pero, por supuesto, para resolver un problema se necesita bastante más que un acuerdo, y el diablo suele estar en los detalles.

En lo sucesivo, los Estados deben elaborar planes de acción nacionales sobre biodiversidad, en un proceso similar al de la elaboración de planes climáticos en el marco del Acuerdo de París. Con arreglo al Marco Mundial de la Diversidad Biológica, se espera que estos planes estén listos para la COP16, que se celebrará en Turquía en 2024. Con el tiempo, los planes estarán sujetos a revisión, como mecanismo para fomentar la adopción progresiva de medidas más firmes a escala nacional, de forma similar al Acuerdo de París.

Pero esto no ha funcionado tan bien en relación con el Acuerdo de París, un tratado más ambicioso y preciso que este, ya que los Estados generalmente no han logrado cumplir sus metas o no han establecido metas suficientemente ambiciosas. La naturaleza esencialmente voluntaria de este proceso ofrece pocas esperanzas de que la experiencia resulte mejor. Será crucial contar con indicadores sólidos y revisión independiente. No se puede dejar que los Estados se evalúen a sí mismos, porque en ese caso un Estado podría, por ejemplo, afirmar que ya está conservando el 30% y que por lo tanto no necesita hacer nada más.

Hay otras grandes lagunas. Las dos terceras partes de los mares del mundo están fuera de las jurisdicciones nacionales, y los esfuerzos para desarrollar un Tratado de los Océanos, que se suponía debía estar acordado para finales de 2022, se han estancado. Las conversaciones del pasado agosto se interrumpieron, entre otras, cosas porque los Estados ricos no quieren perder el control de la pesca y los recursos genéticos marinos. Los avances en este acuerdo serán cruciales para conservar estos vastos ecosistemas.

Además, hay una gran excepción: Estados Unidos. Aunque estuvo presente como observador en la COP15, Estados Unidos no se cuenta entre los 196 Estados que han ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica y, dada su actual situación interna de empate político, parece poco probable que lo haga. Si uno de los Estados más poderosos del mundo no se adhiere al acuerdo, se reduce la presión sobre los demás para que lo cumplan.

El mayor desafío es que, a pesar de tantas palabras bonitas, nunca se ha alcanzado ningún objetivo internacional en materia de biodiversidad. Las metas no alcanzadas incluyen las anteriores Metas de Aichi para la Biodiversidad, adoptadas en Japón en la COP10 de 2010, centradas en el compromiso, mucho menos ambicioso, de proteger el 17% de la tierra y las aguas continentales.

Sin financiación para alcanzar el nivel de ambición requerido, el acuerdo se quedará en el papel. También es necesario que la sociedad civil siga vigilando y presionando y que las superpotencias globales de la biodiversidad -es decir, aquellos países especialmente ricos en diversidad biológica- asuman un papel de liderazgo y aumenten la presión para su implementación. Entre ellos se cuentan Brasil –ahora con nuevo liderazgo–, la RDC e Indonesia, que albergan los bosques más extensos y han intensificado su cooperación, lo cual resulta alentador. Es necesario crear impulso compartiendo los primeros éxitos y animando a los países rezagados a acelerar el ritmo en la COP16.

Una noticia de enero de 2023 anima la esperanza: la capa de ozono, cuya progresiva desaparición dio la señal de alarma de una potencial catástrofe ambiental, se está recuperando. El problema de la capa de ozono fue detectado en los años ochenta. Los gobiernos escucharon a los científicos, forjaron un tratado internacional, el Protocolo de Montreal, que impuso limitaciones a las empresas, y se ciñeron a él. Fue un ejemplo de cooperación internacional eficaz para resolver un problema ambiental creciente. Esto demuestra que el cambio es posible. También demuestra que el cambio requiere de mucha voluntad política, recursos y constante presión. En lo que se refiere al nuevo marco sobre biodiversidad, esto último está garantizado, pero ¿lo estarán los restantes elementos?