Por fin se ha reconocido la presencia del elefante en la habitación. Casi tres décadas después de que se acordara la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en su 28ª reunión de seguimiento anual, por primera vez los Estados han convenido que es una buena idea abandonar los combustibles fósiles, ya que son la principal causa del cambio climático.

Es gracias a ese extremadamente tardío reconocimiento de lo obvio que la cumbre climática COP28, recientemente concluida en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), podía pasar a la historia como el momento en que se comenzó a delinear el final de la era de los combustibles fósiles. Pero también podría pasar a la historia como uno más de una larga serie de fracasos sucesivos a la hora de abordar la crisis climática.

Un acuerdo lleno de matices

Lo que hizo que esta COP28 fuera más importante que la mayoría de sus predecesoras fue que produjo un balance mundial, la primera evaluación exhaustiva de la situación desde el Acuerdo de París, alcanzado en 2015. Este es un elemento clave del mecanismo de trinquete del Acuerdo de París, mediante el cual se espera que los Estados puedan identificar retrasos e intensificar sus acciones a lo largo del tiempo.

El balance deja claro lo lejos que está el mundo de los esfuerzos necesarios para que hacia fines de siglo el aumento de la temperatura global se mantenga dentro de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Se calcula que, si se cumplen los compromisos actuales, la temperatura aumentaría entre 2,4 y 2,6 grados. Esto expondría a muchos más millones de personas a catástrofes tales como sequías, condiciones meteorológicas extremas, enfermedades, escasez de alimentos y pérdida de tierras debido a la subida del nivel del mar, y podría desencadenar un cambio climático galopante. No hay forma de evitar que esto ocurra sin reducir drástica y rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, y no hay forma de lograr esto sin mantener los combustibles fósiles bajo tierra.

Este reconocimiento en un acuerdo oficial podría deberse a que los EAU consiguieron persuadir a su aliado más poderoso, Arabia Saudita, de que ya no era políticamente defendible resistir la inclusión de referencias a los combustibles fósiles. Pero el compromiso se logró a costa de un acuerdo que se queda corto.

En las COP las decisiones se toman por consenso, no por votación. De ahí que, aunque 130 de los 198 Estados respaldaron el compromiso de “eliminar” los combustibles fósiles, otros que llevan mucho tiempo dando largas lograron imponer la expresión, mucho más débil, de “ir retrayendo” su uso. La opinión mayoritaria es que fue una suerte que se lograra al menos eso: en un borrador que había circulado anteriormente, y que fue fuertemente cuestionado, el lenguaje era aún más vago y apenas ofrecía una larga lista de opciones.

Aun así, el acuerdo se queda en una especie de lista de supermercado, ya que el pedido de que los Estados “contribuyan” al abandono de los combustibles fósiles es uno de los ocho métodos que ofrece para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Alianza de Pequeños Estados Insulares, muchos de los cuales experimentan el aumento del nivel del mar como una amenaza existencial, denunció una “letanía de lagunas” en el acuerdo.

La referencia del acuerdo a la necesidad de “acelerar la acción en esta década crítica” es una buena noticia, ya que para que marquen una gran diferencia, los recortes deben ocurrir ahora. Pero la referencia a los combustibles fósiles se centra únicamente en su papel en los “sistemas energéticos”, una formulación extraña que parece dejar un amplio margen para que sigan siendo utilizados en cualquier otra actividad, incluidos el transporte, la industria y la producción de plásticos.

La industria de los combustibles fósiles cuenta con otras vías de escape. El siguiente párrafo hace referencia a los “combustibles de transición”, una apenas velada invitación a pasar del carbón y el petróleo al gas natural. Así, los países podrían ampliar el uso y la extracción de gas al mismo tiempo que proclaman con bombos y platillos que están cumpliendo el acuerdo, aunque esto no haga la diferencia que se necesita y continúe llenando los bolsillos de los grandes productores de gas.

Y luego está la referencia del acuerdo al potencial de captura y almacenamiento de carbono, una iniciativa impulsada por la élite del petróleo y el gas, con los EAU a la cabeza, a pesar de que los científicos afirman que esta tecnología no está probada, que probablemente no se pueda ampliar a la escala necesaria y que es posible que solo sea parcialmente efectiva. Parece ser una fantasía reconfortante para habilitar la continuidad la extracción.

Hay muchos otros problemas. El aspecto positivo del acuerdo es el compromiso de triplicar la capacidad en energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Sin embargo, puesto que no incluye objetivos cuantitativos detallados y deja sin definir las líneas de base, ofrece un margen considerable para que los Estados se evalúen a sí mismos. El texto sobre el carbón, el combustible fósil más sucio, no va más allá de lo ya acordado en la COP26. La única otra referencia del acuerdo a los combustibles fósiles, centrada en el enorme problema de las subvenciones, también está plagada de salvedades, ya que se enfoca en las subvenciones “ineficientes” y deja un gran margen de libertad para que los Estados interpreten lo que esto significa.

En última instancia, aunque da algunos pasos adelante, el texto deja en evidencia las limitaciones de las COP a la hora de abrir nuevos caminos y las enormes dificultades que enfrentan para que se reconozca la necesidad de acción para hacer frente a la magnitud de la crisis actual. Los petroestados y las corporaciones de combustibles fósiles están haciendo todo lo posible para continuar en su letal y lucrativo negocio tanto tiempo como sea posible.

Esa determinación se reflejó en el hecho de que en la COP28 estuvieran presentes por lo menos 2.456 lobistas de combustibles fósiles, incluidos muchos que formaban parte de delegaciones estatales. Esta cifra multiplicó casi por cuatro el récord anterior, establecido justo un año antes, en la COP27. Está claro que las temperaturas globales no son las únicas que están batiendo récords. Su desesperación por obstruir el cambio también se puso de manifiesto en las cartas que se filtraron del cártel de la OPEP, que reúne a los principales productores de petróleo y gas, instando a sus miembros a rechazar cualquier texto que se enfocara en los combustibles fósiles.

Puesto que por primera vez la alimentación figuró en la agenda de la COP, también asistió un número récord de lobistas del sector agroalimentario. Obtuvieron lo que buscaban, ya que el acuerdo apenas dice nada sobre la necesidad de reducir las emisiones de los sistemas alimentarios, especialmente en el sector de la carne vacuna.

El resultado final es que, tras el año más caluroso de que se tenga registro, los planes de expansión masiva de la extracción de combustibles fósiles continuarán su curso. Entre sus promotores se incluye Adnoc, la empresa estatal de petróleo y gas de los EAU, a la cual regresa el jefe de la COP28, Sultan al-Jaber. Tras la cumbre, el funcionario confirmó el plan de la corporación de impulsar sus inversiones en extracción de petróleo y gas. Aunque al-Jaber recibió elogios de algunos sectores por sus esfuerzos diplomáticos, antes de la reunión también enfrentó acusaciones de que los EAU planeaban utilizar la cumbre para cerrar acuerdos petroleros, y durante la COP28 tuvo expresiones de negación de la ciencia climática en relación con la necesidad de reducir las emisiones.

Cuestión de dinero

El dinero importa, y las noticias sobre la financiación necesaria para la transición climática fueron dispares en el mejor de los casos. Antes de la cumbre se llegó a un acuerdo sobre el fondo para compensar a los países del sur global por las pérdidas y daños causados por el cambio climático, lo que se confirmó el primer día de la COP28 y fue presentado como su primer éxito. Sin embargo, la sociedad civil criticó el hecho de que, al menos durante los primeros cuatro años, el fondo sería gestionado por el Banco Mundial, aunque con un consejo de administración propio. La sociedad civil se había opuesto a ello, entre otras cosas, porque el Banco Mundial tiene un historial de apoyo a iniciativas dañinas para el medio ambiente y con escasas salvaguardas de derechos humanos.

Otro problema es que las contribuciones al fondo serán voluntarias. Con un total de 770 millones de dólares hasta la fecha, está muy lejos de los miles de millones que se necesitan.

Más allá de esto, una de las principales demandas de los Estados del sur global de cara a la COP28 había sido una mayor financiación para la adaptación, de modo de ayudar a los países a hacer frente a las realidades del cambio climático. Sin embargo, salieron decepcionados, ya que no se logró ningún avance real en este frente.

Hay en juego una gran injusticia, así como una terrible hipocresía por parte de los Estados del norte global. Su temprana industrialización, en muchos casos respaldada por la explotación colonial, constituye la base de su riqueza actual. También es la causa de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero que en gran medida han provocado la crisis climática que enfrentamos hoy.

En la COP28, los Estados del norte global se mostraron mayormente de acuerdo en exigir un compromiso de eliminación progresiva de los combustibles fósiles, a pesar de que muchos de ellos siguen sin alcanzar sus metas de reducción de emisiones y han retrasado sus planes de eliminación de los combustibles fósiles. Algunos que tienen reservas de petróleo y gas, como Estados Unidos y el Reino Unido, incluso tienen previsto aumentar la extracción. Aun así, esperan que los países del sur global se salteen una etapa y pasen inmediatamente a las energías renovables, pero sin asegurarse de que dispongan del dinero necesario para hacerlo. Gran parte de la financiación que se ofrece es en forma de préstamos que se suman a niveles de endeudamiento ya elevados, o de inversiones que crean oportunidades para empresas basadas mayormente en el norte global.

Durante mucho tiempo ha habido un déficit particular en la financiación de la adaptación, pese a que se espera que muchos Estados del sur global con emisiones de gases de efecto invernadero históricamente bajas se adapten rápidamente a un problema que en gran medida no han causado, pero que les afecta de manera desproporcionada. El endeudamiento ya obstaculiza su capacidad de adaptación, de modo que más deuda no es la solución.

El sistema está quebrado, y eso no cambió con la COP28. El texto del acuerdo reconoce que se necesitan billones de dólares, pero no dice cómo se reunirán y distribuirán. En materia de adaptación solamente insta a los Estados del norte global a elaborar un informe sobre sus progresos hacia el objetivo de duplicar la financiación para la adaptación para 2025. Sin embargo, señala que esto no sería suficiente, ya que se necesitaría mucho más que la duplicación de los niveles actuales.

Espacio cívico cerrado

Buena parte de las referencias a los derechos humanos y la justicia que figuraban en el borrador del acuerdo no llegaron a incluirse en el acuerdo final. El texto, por ejemplo, no contiene ninguna mención a las personas defensoras del medio ambiente y de la tierra. Ello reflejó la negación del importantísimo rol que desempeña el activismo de la sociedad civil a la hora de incorporar la necesidad de acción climática en la agenda. Fue una gran oportunidad perdida para actuar frente a los crecientes niveles de represión del activismo climático, que abarca desde la violencia letal contra personas defensoras indígenas, ambientales y del derecho a la tierra hasta la creciente restricción de las protestas por el clima en los países del norte global.

Es evidente que el anfitrión de la cumbre no tenía ningún interés en impulsar un fuerte reconocimiento de los derechos humanos. Como la sociedad civil se esforzó por señalar en vísperas de la COP28, los EAU tienen espacio cívico cerrado. El disenso es criminalizado y los activistas son sistemáticamente detenidos. La tortura está muy extendida en cárceles y centros de detención, y al menos 58 prisioneros de conciencia continúan encarcelados pese a haber cumplido sus condenas. Durante la COP28 las autoridades iniciaron descaradamente un juicio masivo contra más de 80 personas falsamente acusadas de terrorismo.

Esta hostilidad hacia la sociedad civil se trasladó a la cumbre, al igual que ocurrió el año pasado cuando Egipto, otro país con espacio cívico cerrado, acogió la COP27. Los espacios para eventos de la sociedad civil fueron aislados del resto de la cumbre. Se impusieron estrictos límites a las protestas, obligando a sus organizadores a superar tremendos obstáculos bajo amenaza de expulsión en caso de incumplimiento. A causa del calor no se permitieron protestas a la hora del almuerzo, el momento que suele ofrecer las mejores oportunidades de contacto con las delegaciones. Se prohibieron las banderas nacionales en las protestas, lo que impidió que los asistentes mostraran su solidaridad con Palestina. En el interior de la sede de la conferencia hubo un amplio dispositivo de videovigilancia. Contra lo acostumbrado, no se produjeron protestas fuera de la zona oficial para protestas administrada por la ONU: tal fue la certeza de los asistentes en relación con las represalias que enfrentarían. La autocensura fue inevitable.

La opinión generalizada de la sociedad civil fue que se trató de la COP más restrictiva de la historia. E increíblemente esta situación se repetirá por tercer año consecutivo.

Hacia Azerbaiyán

La COP30, que se celebrará en Brasil en 2025, ofrecerá una oportunidad real para poner el foco en la protección de la selva amazónica y los derechos de los pueblos indígenas. La movilización de la sociedad civil será crucial porque es la cumbre en la que se espera que los Estados presenten sus planes climáticos nacionales actualizados en función del balance mundial.

Pero antes de ello ocurrirá, el año que viene, la COP29. Con anterioridad a la cumbre en los EAU no estaba claro dónde se celebraría la cumbre siguiente. Según el principio de rotación entre las cinco regiones de la ONU, le tocaba a Europa del Este, pero ocurre que la elección del anfitrión también se hace por consenso, y Rusia bloqueó toda oferta de acogida por parte de cualquier Estado que manifestara oposición a su guerra contra Ucrania.

Tanto Armenia como Azerbaiyán expresaron interés. La larga disputa entre ambos por el territorio de Nagorno-Karabaj -ubicado dentro de las fronteras de Azerbaiyán, pero hasta hace poco parte de Armenia de hecho- terminó decidiéndose este año a favor de Azerbaiyán tras una ofensiva militar que se produjo tras un largo bloqueo. Lo que siguió fue una migración forzada y una limpieza étnica, con la huida de casi toda la población que conformaba la mayoría étnicamente armenia por temor a un genocidio.

El éxito de su candidatura para albergar la COP29 demuestra que Azerbaiyán se está reafirmando como potencia regional y está cambiando la dinámica, entre otras cosas mediante el establecimiento de relaciones con Rusia, antigua aliada de Armenia. Su vuelta triunfal ha incluido una nueva oleada de restricciones internas contra la sociedad civil y los medios de comunicación, que vinieron a sumarse a la fuerte represión ya existente. Y aunque su gestión del conflicto puso a prueba sus relaciones con Occidente, cuenta con un largo historial de “diplomacia del caviar”: invierte cuantiosos recursos en mejorar su imagen, por ejemplo acogiendo prestigiosos eventos internacionales en su capital, Bakú, que ha sido objeto de una profunda remodelación.

Todo ello -su superioridad militar sobre Armenia, su diplomacia y los eventos con que busca lavar su reputación- es posibilitado por su riqueza en petróleo y gas, fuente de la mayor parte de los ingresos estatales, de la que no muestra ninguna intención de alejarse. Una vez más, en 2024 un petroestado con espacio cívico cerrado acogerá la cumbre climática más importante del mundo.

Necesidad de reforma

Las COP son inadecuadas y por sí solas nunca serán suficientes, pero cada año siguen ofreciendo la única oportunidad para que todos los Estados se sienten a la mesa a negociar sobre el cambio climático. Se necesita una reforma y se debe dar más prioridad a las ideas reformistas.

Un defecto evidente es el requisito de trabajar por consenso. Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU pueden aprobarse por mayoría, y la misma norma debería aplicarse a las COP para que Estados como Arabia Saudita, Irán o Rusia no puedan seguir forzando acuerdos de mínimo denominador común. Ya en la COP1 de 1995 se propusieron normas de procedimiento para permitir la votación cuando no se pudiera alcanzar el consenso, pero los Estados petroleros las bloquearon y en los años transcurridos desde entonces nunca se logró acuerdo sobre las normas.

Asimismo, debe mantenerse fuera de las COP a los grupos de presión de los combustibles fósiles; en cambio, debe darse acceso privilegiado a quienes están en las primeras líneas de los impactos del cambio climático. Como mínimo, debe haber mucha más claridad sobre quién participa y qué intereses representa.

Las COP ya no deberían celebrarse en petroestados sino en Estados que muestren liderazgo climático. Tampoco deberían celebrarse en Estados con espacio cívico fuertemente restringido -una característica de muchas superpotencias de los combustibles fósiles- para que a la sociedad civil no le sea negada la posibilidad de movilizarse. Los anfitriones de las COP deberían comprometerse a respetar los derechos humanos y a permitir la participación plena y diversa de la sociedad civil nacional e internacional, y rendir cuentas si no lo hacen. No se alcanzarán acuerdos ambiciosos a menos que la sociedad civil tenga plena libertad para actuar como la conciencia del mundo y demandar la acción climática que la humanidad necesita.