La necesidad de acción frente a la crisis climática nunca ha sido tan clara como en este 2023 en que las temperaturas han alcanzado niveles récord en todo el mundo. Todos los días nos llegan noticias de fenómenos meteorológicos extremos que ponen vidas humanas en peligro. En julio, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, lanzó una advertencia sombría al proclamar que “la era de la ebullición global ha llegado”.

En otras palabras, es mucho lo que está en juego en la próxima cumbre sobre el clima.

Sin embargo, hay un gran problema: la COP28, la edición de este año de la serie de conferencias de las partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Se trata de un país con espacio cívico cerrado, donde el disenso es criminalizado y los activistas son frecuentemente detenidos. También es una potencia extractiva de combustibles fósiles empeñada en continuar extrayendo.

En las cumbres multilaterales donde se toman decisiones relativas al cambio climático es crucial que la sociedad civil pueda movilizarse para exigir compromisos más ambiciosos, exigir rendición de cuentas a Estados y empresas financieras y de combustibles fósiles, y hacer escuchar las voces de las personas más afectadas por el cambio climático. Pero eso no puede ocurrir en un espacio cívico cerrado.

No es la primera vez: una mirada retrospectiva a la COP27

Un repaso de la experiencia de la COP27, celebrada en 2022 en Egipto, otro país con espacio cívico cerrado, permite anticipar algunos de los problemas que podrían surgir en la COP28. La sociedad civil aprovechó el periodo previo a la cumbre para alertar sobre la implacable represión de los derechos humanos por parte del Estado egipcio, resaltando el gran número de presos políticos y las torturas y malos tratos a que eran sometidos.

Sin embargo, en lugar de dar una respuesta, el régimen egipcio utilizó el evento como una oportunidad para las relaciones públicas, buscando pulir su imagen internacional. Ignoró los llamados internacionales para abrir espacio alrededor de la cumbre, la cual se celebró en un lugar inaccesible bajo estrictas medidas de seguridad y con presencia policial intimidatoria.

Antes de la COP27 muchas personas en Egipto fueron detenidas por convocar protestas y a por lo menos un activista internacional se le negó la entrada al país. Hubo largas esperas para obtener la aprobación oficial para celebrar protestas en la zona designada para ello. Integrantes de organizaciones internacionales de la sociedad civil denunciaron casos de acoso e intimidación. Expertos independientes en derechos humanos de la ONU informaron que varios miembros de la sociedad civil fueron interrogados y fotografiados por agentes de seguridad.

La aplicación móvil oficial de la conferencia fue criticada por dar al gobierno egipcio un margen increíblemente amplio para acceder a la información de los usuarios, habilitando su vigilancia; de ahí que algunos Estados alertaran a sus delegaciones para que no la utilizaran. El wifi de la reunión bloqueó el acceso a los principales sitios web de noticias y al sitio de Human Rights Watch. A la hora de la verdad, el gobierno egipcio, como anfitrión de la cumbre, trató a la sociedad civil internacional del mismo modo en que trata a la sociedad civil nacional: con hostilidad y desprecio.

A las OSC egipcias de derechos humanos se les denegó la acreditación. El gobierno fue acusado de seleccionar a dedo a la sociedad civil nacional para excluir voces disidentes. Para quienes participaron, la autocensura pareció formar parte del trato. La sociedad civil internacional hizo frente al dilema de participar para intentar impulsar la acción climática a cualquier costo, arriesgándose a legitimar el régimen, o boicotearlo, una decisión que podía desencadenar represalias. Un año después, los problemas siguen siendo sorprendentemente similares.

Señales preocupantes

En septiembre, los Emiratos Árabes Unidos fueron agregados a la lista de vigilancia del CIVICUS Monitor, que destaca a aquellos países que experimentan declives significativos en el respeto de las libertades cívicas. En los EAU el espacio cívico lleva mucho tiempo cerrado: criticar al gobierno o abogar por los derechos humanos está prohibido, y quienes intentan expresarse corren el riesgo de ser criminalizados. En 2022, una Ley de Ciberdelincuencia introdujo restricciones aún más severas a la expresión en línea.

En las cárceles y centro de detención, la tortura es generalizada, y al menos 58 presos de conciencia han permanecido encerrados pese a haber cumplido sus condenas. Muchos de ellos integran el grupo de “los 94 de EAU”, detenidos por el simple hecho de reclamar democracia. Entre los encarcelados se cuenta Ahmed Mansoor, condenado a 10 años de cárcel en 2018 por documentar la situación de derechos humanos, recluido en régimen de aislamiento desde hace más de cinco años y sin perspectivas de salir.

Previo a la COP28, la sociedad civil se ha esforzado por poner de manifiesto el absurdo de celebrar una cumbre tan importante en un país con espacio cívico cerrado. La sociedad civil local es incapaz de influir en la COP28 y en su proceso preparatorio, y es difícil imaginar que la sociedad civil, tanto nacional como internacional, pueda llegar a expresarse libremente durante la cumbre.

La sociedad civil exige que el gobierno de EAU demuestre que está dispuesto a respetar los derechos humanos, entre otras cosas liberando a los presos políticos, algo en lo que hasta ahora no ha cedido.

En abril de este año se sentó un precedente preocupante cuando los EAU organizaron una cumbre sobre clima y salud. Al parecer se ordenó a los participantes no criticar al gobierno, a las empresas, a personas concretas o al islam y se les conminó a abstenerse de protestar durante su estancia en el país.

Las restricciones del espacio cívico no son el único indicio de que los EAU no se toman en serio la COP28. El presidente de la cumbre, Sultan Ahmed Al Jaber, es también el director de la empresa estatal de combustibles fósiles ADNOC, uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo (posicionado en el puesto 11 a nivel global). Es como poner a un fabricante de armas al frente de conversaciones de paz. Muchos otros directivos de ADNOC participarán en la cumbre. La empresa aprovecha para promocionar sus inversiones en energías renovables al mismo tiempo que planea una de las mayores expansiones de la extracción de petróleo y gas de la historia.

Al mismo tiempo, los EAU son uno de los aliados más cercanos de Arabia Saudita, un país que históricamente ha obstaculizado la inclusión de referencias a los combustibles fósiles en los acuerdos climáticos. Existen rumores de que funcionarios sauditas han examinado con anticipación los anuncios del anfitrión de la COP28. No cabe esperar ningún compromiso real de reducción de la extracción de combustibles fósiles.

En lugar de impulsar acciones concretas, todo parece indicar que el régimen está aprovechando su posición de anfitrión de la COP28 para limpiar su reputación, como lo evidencia la contratación de costosas empresas internacionales de lobby. Además, se crearon cuentas falsas en redes sociales para elogiar a EAU como anfitrión y defenderlo de las críticas. En una lista que se filtró de temas clave de debate para la COP28 preparada por el anfitrión los combustibles fósiles no eran mencionados.

La cumbre en la que debería abordarse con urgencia la crisis climática se está utilizando en cambio para lavar la imagen del gobierno anfitrión, algo que resulta más fácil de conseguir si se mantiene a raya a la sociedad civil.

El lobby de los combustibles fósiles, en primer plano

Con la sociedad civil excluida, las voces de quienes obstaculizan activamente la acción por el clima seguirán dominando las negociaciones. Eso es lo que ocurrió en la COP27, de la cual los 636 grupos de presión de los combustibles fósiles que participaron se fueron muy satisfechos. Como en todas las cumbres anteriores, la declaración final careció de compromisos para reducir el uso de petróleo y gas.

La única forma de cambiar esta situación es abriendo las puertas a la sociedad civil. La sociedad civil viene alertando y sensibilizando persistentemente a la opinión pública sobre la necesidad de actuar contra el cambio climático. Es fuente de soluciones prácticas para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático. Exige compromisos más ambiciosos y mayor financiación para cubrir las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Defiende a las comunidades frente a los impactos destructivos del medio ambiente, se opone a la extracción y aboga por la sostenibilidad. Presiona a los Estados y al sector privado para que dejen de aprobar y financiar la extracción y para que avancen con urgencia hacia energías renovables y prácticas sostenibles. Estas son las voces que deben ser escuchadas si se ha de frenar el ciclo implacable del cambio climático.

Las COP deben celebrarse en países que ofrezcan un espacio cívico habilitante donde los actores domésticos puedan movilizarse, y debería exigirse a sus anfitriones el cumplimiento de normas estrictas en materia de participación y acceso nacional e internacional. Esto debería formar parte del acuerdo que los anfitriones hacen a cambio del prestigio de albergar eventos globales de alto nivel. La exclusión de la sociedad civil no debe repetirse.

Todas las citas son extractos editados de entrevistas con activistas y líderes de la sociedad civil. Visite nuestro repositorio de entrevistas para ver las versiones completas.