El régimen autoritario de Nicaragua se encuentra en una posición cada vez más precaria en la escena internacional. Sus recientes maniobras legales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pueden haber reforzado inadvertidamente la posibilidad de iniciar acciones contra las violaciones de derechos humanos que él ha perpetrado. A principios de 2024, al iniciar una demanda ante la CIJ contra Alemania por su asistencia militar a Israel, el gobierno liderado por el presidente Daniel Ortega reconoció de hecho la jurisdicción universal del tribunal. Personas expertas en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) instan ahora a otros Estados a utilizar el mismo principio contra Nicaragua por la sistemática campaña represiva que ha convertido en apátridas a cientos de nicaragüenses.

Este acontecimiento se produce en un momento en que el régimen enfrenta un creciente escrutinio internacional por su práctica de convertir en apátridas a críticos y opositores políticos, que adquirió nuevas dimensiones en septiembre de 2024, con la expulsión de 135 presos políticos a Guatemala. A los deportados se les revocó inmediatamente la nacionalidad y se les confiscaron sus bienes, siguiendo un patrón establecido en febrero de 2023, cuando el régimen subió a 222 presos políticos a un avión con destino a los Estados Unidos, adonde llegaron como apátridas. Además de castigar a los opositores actuales, la táctica parece diseñada para demostrar las graves consecuencias del disenso de modo de disuadir la aparición de nuevos opositores.

La deriva totalitaria de Nicaragua

El régimen de Ortega ha avanzado hacia el control total a través de mecanismos represivos cada vez más insidiosos. Las primeras señales claras de retroceso democrático se produjeron con las elecciones de 2011 y 2016, que se vieron empañadas por acusaciones de fraude y una creciente represión de los movimientos indígenas, afrodescendientes y campesinos que se oponían a los proyectos del gobierno. La constante restricción de la participación democrática a nivel local sentó las bases para un control autoritario más amplio.

El punto de inflexión se produjo en abril de 2018, cuando la introducción de cambios en el sistema de seguridad social desencadenó protestas generalizadas. La respuesta del gobierno fue brutal y provocó 355 muertos y miles de heridos. En su tentativa de reprimir el disenso, el régimen cometió violaciones sistemáticas de derechos humanos, encarcelando a centenares de manifestantes con acusaciones graves sin sustento, tales como terrorismo y crimen organizado. Ello marcó un giro decisivo de la represión selectiva a la eliminación total del espacio cívico.

Tras las protestas, el régimen diseñó un detallado marco legal represivo que allanó el camino a las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido mediante un fraude flagrante. El gobierno aprobó, en rápida sucesión, una Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con hasta 10 años de cárcel la publicación en línea de contenidos que el gobierno considere falsos, una Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que bloquea el financiamiento internacional para organizaciones de la sociedad civil (OSC), una “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que prohíbe presentarse a elecciones a quienes sean considerados “traidores a la patria”, y una enmienda constitucional que habilita la cadena perpetua para “delitos de odio” definidos de una forma muy amplia.

En 2022, el régimen aprobó enmiendas a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, reforzando su control sobre las OSC y forzando su alineamiento con la política estatal. En agosto de 2024, impulsó cambios al Código Penal para permitir el procesamiento de nicaragüenses y extranjeros fuera del país, con penas que van desde la confiscación de bienes hasta la cadena perpetua por delitos como lavado de dinero, terrorismo y financiación del terrorismo, delitos cibernéticos y delitos contra la administración pública y las instituciones del Estado, definidos de forma amplia y vaga. El régimen se ha armado efectivamente con un arma de represión transnacional para esgrimirla contra quienes están en el exilio e incluso contra aquellos a los que ha despojado de su nacionalidad.

En noviembre de 2024, una reforma constitucional formalizó la concentración del poder político en manos de la familia gobernante, estableciendo lo que parece ser un sistema de gobierno dinástico. Los cambios incluyeron la introducción de un sistema de “copresidencia” que convirtió oficialmente a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, en su copresidenta, conservando el poder el cónyuge superviviente en caso de fallecimiento de uno de ellos. El hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, parece estar siendo posicionado como su sucesor.

Las reformas constitucionales también extendieron los actuales mandatos de Ortega y Murillo por un año más, hasta 2027, además de concederles derecho a la reelección indefinida e inmunidad judicial. Además, eliminaron de hecho la separación de poderes, otorgando a los copresidentes el control total de los poderes legislativo y judicial y del órgano electoral, así como la autoridad para nombrar y destituir ministros y otros funcionarios. También establecieron una “fuerza policial voluntaria” para apoyar a la policía nacional, permitieron la intervención militar en los asuntos internos y elevaron la bandera roja y negra del Frente Sandinista, el partido gobernante, a la categoría de símbolo nacional.

También en noviembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el sandinismo, aprobó la “Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas”, en respuesta a las sanciones a funcionarios e instituciones nicaragüenses, entre ellos Murillo y tres de sus hijos, impuestas por Canadá, Estados Unidos, Suiza y la Unión Europea. La nueva ley declara jurídicamente nulas e inválidas en Nicaragua todas las sanciones impuestas por Estados, gobiernos u organizaciones extranjeras y obliga a entidades como los bancos a seguir prestando servicios a quienes han sido sancionados. Faculta a los órganos regulatorios a imponer a quienes cumplan las sanciones extranjeras multas y otras sanciones que incluyen suspensión temporal o permanente de sus operaciones. Los infractores también podrían enfrentar cargos penales por “traición a la patria”.

En diciembre, el Parlamento nicaragüense aprobó la Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, que otorga al gobierno poderes sin precedentes sobre la banca privada. Autoriza al gobierno a nombrar y destituir a los directores de los bancos, supervisar todas las operaciones financieras y abolir el secreto bancario. También le otorga el poder de solicitar a las instituciones bancarias información económica y financiera sobre cualquier entidad jurídica, incluidas las OSC.

Estas medidas han ido acompañadas de mecanismos de vigilancia y control cada vez más sofisticados. El régimen se sostiene en un complejo sistema de informantes y militantes partidarios activos a nivel barrial y en el despliegue de tecnologías de vigilancia digital para controlar las comunicaciones y la actividad en las redes sociales, lo que dificulta cada vez más la organización y comunicación eficaz de los grupos de oposición.

El desmantelamiento de la sociedad civil

A lo largo de 17 años, el gobierno ha disuelto más de 5.500 OSC, casi el 80% de todas las organizaciones que había en Nicaragua. Los cierres comenzaron en 2007 y afectaron a ocho medios de comunicación. La mayor oleada de cierres se produjo en 2022 y 2023, afectando a más de 3.000 organizaciones. La nueva oleada masiva en curso, que incluyó el cierre de 1.500 OSC en un solo día en agosto de 2024, ha afectado a organizaciones de todo tipo: asociaciones de ocio y cultura, medios de comunicación, sindicatos, universidades, grupos de mujeres y, sobre todo, organizaciones religiosas.

El ataque a las instituciones religiosas representa una escalada significativa, ya que la Iglesia Católica había sido históricamente una de las pocas instituciones capaces de sustraerse en alguna medida al control estatal. Además de la cancelación de organizaciones religiosas, la represión ha incluido la prohibición de procesiones religiosas y la detención y expulsión de miembros del clero.

El régimen también ha desmantelado el periodismo independiente, y el clima de temor obligó a exiliarse al menos a 263 periodistas entre 2018 y 2023, y a otros 26 solo en el primer semestre de 2024. Esto ha dado lugar a lo que la sociedad civil denomina “zonas de silencio”, en las que el acceso a la información está severamente restringido y que ahora abarcan más de la mitad del territorio nicaragüense.

El gobierno ha ampliado el uso de la detención arbitraria y las desapariciones forzadas, con al menos 427 casos documentados desde 2021. Las personas detenidas suelen ser arrestadas sin orden judicial y recluidas en régimen de incomunicación, negándose a sus familias información sobre su paradero. En centros como la cárcel La Modelo, las personas detenidas experimentan torturas, violencia sexual, negación de atención médica y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. En un toque deliberado de crueldad, las autoridades deliberadamente proporcionan a las familias información contradictoria sobre el paradero de los detenidos; en ocasiones, los guardias afirman que se han producido traslados o niegan que las personas hayan estado detenidas, lo que deja a las víctimas fuera de la protección de la ley. Incluso después de su puesta en libertad, los ex detenidos suelen seguir sometidos a un estricto control que les exige presentarse en comisaría a diario o incluso dos veces al día.

La respuesta de la sociedad civil

Se calcula que 800.000 nicaragüenses huyeron del país entre 2018 y 2024, y que unos 100.000 se marcharon solo en 2024, un éxodo considerable para un país de 6,9 millones de habitantes. Pese al desplazamiento masivo, la sociedad civil ha demostrado una notable capacidad de resistencia, con activistas y periodistas exiliados que han establecido nuevas plataformas para documentar los abusos y mantener la presión sobre el régimen.

La respuesta jurídica internacional es cada vez más contundente. Un avance significativo es un juicio penal en curso en Argentina, iniciado en octubre de 2022, en el que Ortega, Murillo y una docena de altos funcionarios enfrentan acusaciones por violaciones sistemáticas de derechos humanos. En diciembre de 2024, un juez argentino dictó una orden de arresto contra Ortega y Murillo, aplicando el principio de jurisdicción universal.

Las redes de la diáspora han sido especialmente eficaces a la hora de mantener la atención internacional sobre la crisis de Nicaragua. Han colaborado estrechamente con el sistema interamericano de derechos humanos, y recientemente han presentado 97 casos de persecución y exilio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad internacional ha pasado de las meras expresiones de preocupación a la acción: varios Estados han ofrecido la ciudadanía a nicaragüenses exiliados despojados de su nacionalidad, y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua ha pedido a los Estados que emprendan acciones legales contra Nicaragua ante la CIJ por violar los tratados de derechos humanos que ha ratificado.

Perspectivas de cambio

De cara al futuro, las perspectivas de cambio democrático en Nicaragua son limitadas, pero no inexistentes. La respuesta de la comunidad internacional será crucial, sobre todo en lo que respecta a la posibilidad de emprender acciones legales ante la CIJ. Aunque el tribunal podría pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado nicaragüense en las violaciones de derechos humanos, la responsabilidad penal personal de Ortega, Murillo y otros funcionarios requeriría del recurso a la jurisdicción universal en otro país o la remisión a la Corte Penal Internacional por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, un escenario poco probable dado el poder de veto de China y Rusia.

El camino a seguir requiere un enfoque multifacético. Los Estados democráticos, especialmente en América Latina, deben reconocer sin ambigüedades el carácter autoritario del régimen nicaragüense y negarle toda pretensión de legitimidad. Esto debe incluir el aislamiento diplomático, sanciones selectivas contra funcionarios del régimen y medidas para impedir el blanqueo de los bienes incautados a presos políticos y OSC.

Las instituciones regionales e internacionales de derechos humanos deben aumentar la presión sobre el gobierno nicaragüense para que restablezca el espacio cívico y las instituciones democráticas. Deben continuar documentando las violaciones de derechos humanos, impulsar mecanismos de rendición de cuentas, dar asistencia a las víctimas de la represión estatal y brindar apoyo a la sociedad civil, en Nicaragua y en el exilio, para que pueda sostener su rol crucial de documentar abusos e incidir para lograr un cambio. La comunidad internacional también debe trabajar para impedir que Nicaragua se aproveche de las instituciones internacionales para legitimar sus prácticas autoritarias.

Aunque las perspectivas inmediatas de cambio son limitadas, el creciente aislamiento del régimen y su dependencia de la fuerza en reemplazo de la autoridad legítima lo sitúan en una senda insostenible. La restauración de la democracia en Nicaragua dependerá en última instancia de la presión internacional sostenida, combinada con la resistencia y la determinación de la sociedad civil nicaragüense.

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