“Con la nueva ley financiera el régimen Ortega-Murillo consolida su control absoluto”
CIVICUS conversa con el abogado y activista nicaragüense Juan Barberena acerca de las recientes reformas legales y sus consecuencias para la sociedad civil en Nicaragua. Juan es integrante del movimiento Construimos Nicaragua y del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, una coalición de organizaciones sociales, políticas y económicas diversas y plurales que luchan por la democracia en Nicaragua.
En diciembre de 2024, el parlamento nicaragüense aprobó la Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, otorgando al gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo facultades sin precedentes sobre el sector bancario privado. La legislación autoriza al régimen a designar y destituir ejecutivos bancarios, supervisar todas las operaciones financieras y eliminar el secreto bancario. Esta expansión del control estatal ha despertado las alarmas de la oposición, que advierte sobre la posible utilización de la información financiera por parte del régimen como herramienta para acumular aún más poder y reprimir el disenso.
¿Qué cambios introduce la nueva Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero?
Esta ley, aprobada tras una reforma constitucional que concentró el poder político en la familia Ortega-Murillo y suprimió los derechos fundamentales de los nicaragüenses, es una más de las reformas impulsadas por el régimen desde 2021.
La nueva ley abarca las funciones del Banco Central, encargado de la política económica y monetaria, y de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Refuerza la capacidad del Estado para controlar el sistema bancario y financiero, y por lo tanto la economía del país, garantizando que las empresas asociadas a la familia Ortega-Murillo puedan mantener su influencia y obtener beneficios económicos, ya sea directamente o mediante la adquisición de acciones.
Entre las facultades que la ley entrega al gobierno se cuenta la de solicitar a las instituciones bancarias información económica y financiera de cualquier persona jurídica, incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Esto se suma a las graves restricciones que ya enfrentan las OSC por efecto de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Regulación de Organizaciones Sin Fines de Lucro. Junto con la nueva normativa, estas leyes refuerzan un sistema jurídico y político centralizado que busca un mayor control estatal sobre toda actividad económica.
¿Consideras que esta nueva ley profundiza el autoritarismo del régimen?
Esta ley forma parte del mismo proceso por el que durante años el régimen Ortega-Murillo ha ido consolidando su control absoluto. Ha utilizado a las fuerzas armadas, la Policía Nacional y el Ejército para reprimir a la población, cometiendo incluso crímenes de lesa humanidad que han sido documentados por organismos internacionales. Desde 2020 también ha aprobado leyes restrictivas, como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, y la Ley Especial de Ciberdelitos, que limitan la libertad de expresión, criminalizan el disenso y permiten al Estado acceder a datos personales sin orden judicial.
Además, ha cerrado más de 5000 OSC, y en el contexto electoral de 2021 encarceló a opositores políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Más recientemente, la reforma constitucional de 2023 redefinió al Estado como un “Estado revolucionario”, canceló la independencia de los poderes del Estado, eliminó garantías básicas de la libertad de expresión, la libertad de movimiento y el derecho a un juicio justo y quitó la nacionalidad nicaragüense a más de 400 personas.
Asimismo, el régimen aprobó una ley que prohíbe la aplicación de sanciones internacionales dentro del país, lo que podría colapsar el sistema financiero nacional al aislar a los bancos de las redes internacionales de corresponsalía. Esto pone en peligro la intermediación financiera, las remesas y el comercio exterior, agravando la crisis económica y social.
¿Qué estrategias de resistencia ha adoptado la sociedad civil?
A pesar de las difíciles condiciones en Nicaragua, la sociedad civil ha encontrado la manera de adaptarse y resistir. Las redes comunitarias, que llevan más de 30 años operando, han resistido a los intentos del régimen de desmantelarlas. Muchas otras OSC que han sido perseguidas y cerradas siguen trabajando desde el exterior, manteniendo vínculos con el país, documentando violaciones de derechos humanos y exponiendo la situación ante organismos internacionales. Han reforzado sus alianzas internacionales, lo que les ha permitido acceder a recursos y mantener su presencia en foros internacionales para presionar al régimen y apoyar iniciativas dentro de Nicaragua.
Sin embargo, el cierre de organizaciones ha dejado importantes vacíos en áreas donde el Estado está ausente. Por ejemplo, la disolución de la Asociación Nicaragüense de Hemofílicos dejó a muchas personas sin acceso a medicamentos especializados y a una atención adecuada. Esto muestra el impacto social devastador que puede tener la persecución política.
Cabe esperar que el régimen continúe intensificando su control totalitario, cerrando aún más el espacio cívico y aumentando la represión para asegurar su permanencia en el poder. Sin embargo, esta concentración de poder no garantiza la estabilidad. En particular, las reformas que buscan garantizar la sucesión dinástica dentro del círculo familiar Ortega-Murillo podrían generar tensiones internas.
¿Qué debería hacer la comunidad internacional para apoyar a la sociedad civil nicaragüense?
Dado que la sociedad civil organizada dentro de Nicaragua ha sido desmantelada, la comunidad internacional debe centrarse en apoyar a las OSC que operan desde el exterior sin poner en riesgo a las personas que permanecen en el país. Hay que reconstruir la capacidad organizativa de la sociedad civil para una futura transición democrática. Este proceso será largo y complejo, pero esencial para la recuperación del país.
La comunidad internacional debe adaptar su enfoque a la situación autoritaria de Nicaragua y abandonar las estrategias tecnocráticas pensadas para contextos de mayor apertura. Debe establecer canales de diálogo constante la sociedad civil para exponer los abusos del régimen y coordinar acciones para debilitarlo, incluyendo sanciones dirigidas contra sus estructuras económicas. También debe promover acciones legales en tribunales internacionales y en cortes nacionales con jurisdicción universal y fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como herramienta de presión y rendición de cuentas.