CIVICUS conversa sobre la nueva oleada de cierre de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que está ocurriendo en Nicaragua con el equipo de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia (ACDD).

La ACDD se formó en Costa Rica en 2021 como continuación de la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, una plataforma establecida en 1994 y con personalidad jurídica desde 2006, que fue cancelada por las autoridades en febrero de 2019.

En las últimas semanas el gobierno de Nicaragua ha forzado el cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, incluidas fundaciones, escuelas e iglesias. Esto eleva el número total de organizaciones cerradas desde 2018 a más de 5.500. El presidente Daniel Ortega acusa a la sociedad civil y a la Iglesia Católica de respaldar las protestas de la oposición, a las que considera intentos de golpe de Estado.

¿A qué se debe la nueva oleada de cierre de organizaciones que está ocurriendo en Nicaragua?

Este es un proceso de larga data. Las cancelaciones de organizaciones se iniciaron en 2007, con el cierre de ocho medios de comunicación. Entre 2007 y 2024 el régimen autoritario liderado por el presidente Daniel Ortega cerró arbitrariamente cerca del 80% de las organizaciones sin fines de lucro de Nicaragua. La oleada más masiva de clausuras se produjo en 2022, con el cierre de 3.168 organizaciones. Ahora se está produciendo una nueva oleada masiva, con 1.889 organizaciones cerradas en lo que va de 2024. Ello incluye no solamente ONG sino también medios de comunicación, universidades, sindicatos, asociaciones recreativas y culturales, grupos de mujeres y, sobre todo, organizaciones religiosas.

Esta nueva oleada represiva obedece a varios factores. Es una respuesta al trabajo constante de documentación de violaciones de derechos humanos e incidencia internacional que despliegan estas organizaciones, que el régimen está intentando silenciar. Además, el régimen sospecha que los fondos que canalizan estas organizaciones, principalmente remesas de nicaragüenses en el exterior, se están utilizando para apoyar a críticos y opositores dentro de Nicaragua. Es por eso que las medidas anunciadas junto con el cierre de organizaciones incluyen un mayor control sobre las remesas. Por último, el régimen está desesperado por recaudar más, por lo cual quiere que las iglesias, hasta ahora exoneradas, paguen impuestos. No es casual que más de la mitad de las entidades cerradas en agosto sean asociaciones religiosas, principalmente católicas y evangélicas.

A las organizaciones que no ha disuelto, el gobierno intenta ponerlas a su servicio. Pero incluso en las OSC que el Estado intenta controlar quedan personas comprometidas con sus causas. Las OSC no son solamente oficinas o documentos legales; encarnan ideas, objetivos y expectativas de vivir en un país mejor. Aunque muchos se sienten intimidados y enfrentan un riesgo constante de represalias, siguen trabajando en sus comunidades sin dejarse vencer por el miedo.

¿Cómo se las arreglan las organizaciones y activistas para seguir trabajando?

A pesar de la represión, algunas organizaciones todavía logran operar, pero lo hacen bajo una constante amenaza de cierre. La situación es muy incierta porque deben cumplir con normativas estrictas que se revisan cada mes y cambian con mucha frecuencia.

Grupos y activistas en el exilio han buscado formas de apoyar a la comunidad nicaragüense desde países como Costa Rica, España y Estados Unidos, donde se han podido registrar legalmente. Sin embargo, enfrentan el gran desafío del financiamiento a mediano y largo plazo. La cooperación internacional, que en su mayoría había estado dirigida hacia organizaciones que están dentro del país, no tiene suficientemente asumido que en el exilio también hay organizaciones que trabajan con una población nicaragüense que padece serias carencias. El poco apoyo que reciben limita su capacidad para planificar a mediano y largo plazo y hace que sus actividades dependan de fondos de emergencia en vez de tener una base financiera estable.

Aunque las OSC de la diáspora tratan de contribuir a mejorar la situación de los migrantes nicaragüenses, enfrentan dificultades debido al gran número de solicitudes de asilo y a la capacidad limitada de los países de acogida para gestionar el flujo de refugiados. Aunque existen redes locales de solidaridad y apoyo, a menudo son insuficientes para abordar un problema de gran escala.

¿Cuáles son las perspectivas de una apertura democrática?

En este momento, no hay expectativas de una transición democrática en Nicaragua. El espacio cívico está cerrado, prácticamente destruido, y las perspectivas de cambio son limitadas, por no decir nulas. El régimen ha ignorado sistemáticamente las recomendaciones internacionales para restablecer el ejercicio de los derechos humanos y promover una apertura democrática.

Quisiera poder decir que, estamos trabajando con la mirada puesta en las elecciones de 2026, intentando asegurar algún grado de competitividad y transparencia del proceso electoral. Pero hoy por hoy, parece muy difícil que el gobierno permita la participación de partidos políticos opositores en condiciones que les permitan competir con plena libertad.

¿Qué apoyos internacionales necesita la sociedad civil nicaragüense?

La sociedad civil en Nicaragua ha recibido apoyo internacional, especialmente en situaciones de emergencia. Desde 2018, este apoyo ha incluido asistencia para quienes se han visto forzados a desplazarse debido a las protestas y al cierre de universidades. Países como Australia, Canadá, España y Estados Unidos han implementado programas de movilidad segura, permitiendo que nicaragüenses se establezcan legalmente en estos países, con acceso a permisos de trabajo y residencia.

Sin embargo, la situación sigue siendo difícil. Se necesita financiamiento sostenido para las organizaciones y las personas afectadas, así como una mayor protección internacional para quienes han tenido que abandonar el país. También necesitamos que los títulos profesionales obtenidos en universidades nicaragüenses sean reconocidos y homologados para facilitar la integración de los desplazados en sus nuevos países. Esas personas deben contar con un apoyo continuo que las ayude a adaptarse y emprender nuevas iniciativas.