La libertad de prensa bajo ataque
El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, es una ocasión para recalcar el rol vital de la libertad de expresión a la hora de posibilitar el acceso a todos los demás derechos humanos, así como la necesidad de respetar la libertad de prensa y garantizar la seguridad de los y las periodistas. En numerosos países el periodismo es objeto de acoso e intimidación, detención y violencia, incluida la violencia letal. En 2022 hubo una cantidad récord de periodistas detenidos, y aumentó la cantidad de asesinatos de periodistas. Es vital defender la libertad de prensa y garantizar que los medios de comunicación independientes sean libres de realizar su labor imprescindible de promover el debate democrático, informar sobre violaciones de derechos, denunciar la corrupción y exigir que los poderosos rindan cuentas.
El periodismo no debería ser una profesión peligrosa, pero a menudo lo es, y no solamente para quienes la ejercen en zonas de guerra. Los y las periodistas corren peligro cuando trabajan en países sometidos a regímenes autoritarios o donde dominan grupos extremistas o bandas de delincuencia organizada, y cuando cubren temas considerados delicados o exponen verdades incómodas que incomodan a actores poderosos.
En Afganistán, bajo el régimen talibán, muchos medios de comunicación han sido prohibidos, disueltos o bloqueados, sus periodistas han sido amenazados, agredidos y detenidos, y las mujeres prácticamente han desaparecido del aire. En Rusia, desde el comienzo de la guerra contra Ucrania, los pocos periódicos, sitios de noticias y emisoras de radio y televisión independientes que quedaban se vieron obligados a cerrar o a exiliarse. Decir la verdad está penalizado como difusión de información falsa y los periodistas que informan sobre las protestas contra la guerra han sido acosados, agredidos y detenidos. En Irán, cuando estallaron las protestas masivas tras la muerte de Mahsa Amini el año pasado, numerosos periodistas fueron detenidos por informar sobre las protestas y sus demandas.
Estos son apenas algunos ejemplos de una cantidad inmensa de casos: las libertades de los medios de comunicación están siendo atacadas en un país tras otro, y los ataques suelen seguir patrones similares. En el análisis de CIVICUS sobre las condiciones del espacio cívico en 2022, la violación del espacio cívico más documentada fue el acoso a activistas y periodistas. Las agresiones y detenciones de periodistas también figuran entre las 10 principales violaciones a nivel global.
Acoso e intimidación
El acoso busca desalentar a los y las periodistas y disuadirles de hacer su trabajo, alimentando la autocensura. Adopta formas variadas, como mensajes amenazadores, expresiones de odio en línea, interrogatorios policiales, amenazas de persecución y allanamientos domiciliarios y de oficinas. El acoso puede ser impulsado por organismos y funcionarios del Estado o por grupos antiderechos, empresas privadas y otros actores no estatales.
En El Salvador, bajo el gobierno del presidente populista autoritario Nayib Bukele, los ataques emanan desde lo alto. Bukele y sus aliados han denostado sistemáticamente al periodismo crítico. El disenso ha sido sofocado mediante el vilipendio público por parte de altos funcionarios públicos, las amenazas de represalias contra periodistas, la vigilancia de las oficinas de medios de comunicación y periodistas, la obstrucción del trabajo periodístico, la intimidación y la criminalización.
Como era de esperarse, el alejamiento de Túnez de la democracia ha ido acompañado de un deterioro de las libertades de los medios de comunicación, entre otras cosas mediante campañas de difamación contra periodistas, detenciones y violencia contra trabajadores de los medios que cubrían protestas. Cuando el país celebró el referéndum para confirmar los nuevos poderes apropiados por el presidente Kais Saied, a algunos periodistas se les impidió informar sobre la votación y experimentaron acoso.
A menudo, el acoso se produce en reacción a preguntas incómodas que los gobernantes prefieren no responder. Malick Konaté, un periodista de Mali, fue perseguido por participar en un documental televisivo sobre la presencia en el país de mercenarios rusos del sigiloso Grupo Wagner, un tema delicado ya que el gobierno la niega. En represalia, Konaté recibió numerosas amenazas, incluso amenazas de muerte, y su domicilio recibió una visita de efectivos militares.
Ha sido muy agotador: el acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes.
En Bangladesh, un país cada vez más autoritario, los periodistas están en el punto de mira de la muy restrictiva Ley de Seguridad Digital, una ley de gran alcance diseñada para ofrecer un pretexto para el acoso. Ni siquiera el exilio es una vía de escape: las familias de periodistas que han huido de Bangladesh por razones de seguridad también son acosadas e intimidadas. Nusrat Sharin Raka, hermana del periodista exiliado Kanak Sarwar, ha sido objeto de prolongados interrogatorios policiales, ha sido detenida y ha enfrentado acusaciones inventadas.
El acoso apunta especialmente contra periodistas mujeres y a pertenecientes a otros grupos excluidos. La periodista belga Samira Attilah ha sido objeto de amenazas telefónicas y a través de las redes sociales con contenido racista y sexual por parte de activistas antivacunas. La periodista boliviana Wendy Roca Hidalgo recibió amenazas de muerte y violencia sexual en respuesta a su reportaje sobre feminicidios, una experiencia extremadamente común entre las periodistas de todo el mundo.
Voces desde las primeras líneas
Guatemala es terreno hostil para los medios de comunicación independientes. El clima de intimidación, acoso y violencia ha obligado a muchos periodistas a abandonar el país. Los que se han quedado han sido vilipendiados, criminalizados, acosados judicialmente y encarcelados bajo acusaciones falsas.
El periodista comunitario Carlos Ernesto Choc comparte su historia de criminalización y persecución judicial.
El mío ha sido un caso de persecución penal con el que han intentado censurarme. Comenzó en 2017 cuando investigaba la contaminación del lago de Izabal. Estaba documentando las protestas de pescadores contra la minería y capté el momento exacto en que un manifestante era asesinado por disparos de la Policía Nacional Civil. La acusación en mi contra vino de la empresa minera, una compañía de capital ruso basada en Suiza, Solway Investment Group. En agosto de 2017 tuve una orden de captura. Una audiencia tras otra fueron suspendidas y mi primera declaración fue escuchada en enero de 2019, cuando me dieron una medida sustitutiva.
Cuanto tienes medida sustitutiva de prisión estás libre bajo ciertas condiciones: quedas atado a la obligación de firmar un libro en el Ministerio Público cada 30 días y tienes prohibido estar en ningún sitio donde se vendan bebidas alcohólicas, entre otras cosas. La fuerza pública, la policía, las autoridades están pendientes de donde estés y esperan que cometas algún incumplimiento para poder procesarte. Yo veo a estas medidas sustitutivas como formas de castigo que implican restricciones y limitaciones a tu derecho tanto de informar como de ser informado.
En enero de 2022 tuve otro proceso penal, acusado por la Policía Nacional Civil de instigar a la violencia durante una protesta de comunidades indígenas en Izabal contra la mina a cielo abierto en activo más grande del país, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de Solway. Trece agentes de policía me acusaron de haberlos agredido físicamente a ellos, cuando todo lo que yo hacía era documentar el momento en que las fuerzas de seguridad reprimían a los pobladores con gas lacrimógeno.
Desde entonces ya no pude ejercer mi trabajo como periodista, ni desplazarme libremente, hasta que mis abogados lograron probar frente al juez que realmente soy un periodista y no un criminal. En septiembre se levantaron los cargos en mi contra. Ha sido muy agotador: el acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes.
Este es un extracto editado de nuestra conversación con Carlos. Lea la entrevista completa aquí.
Un continuo de violencia
El acoso puede contribuir a preparar el terreno para una escalada de violencia física.
En América, por ejemplo, CIVICUS documentó agresiones físicas contra periodistas y medios de comunicación en al menos 17 países en 2022. Las oficinas de empresas de medios de comunicación fueron objeto de ataques con incendios provocados, explosivos o armas de fuego en varios países, entre ellos Argentina, Colombia y Honduras.
La violencia es una táctica que suele ser utilizada para impedir que los trabajadores de medios de comunicación informen sobre protestas. Varios periodistas fueron agredidos por las fuerzas de seguridad cuando cubrían protestas en Guatemala. Del mismo modo, en Kazajistán, donde protestas desencadenadas por el aumento del precio del combustible fueron reprimidas con violencia letal, hubo periodistas agredidos, algunos de los cuales resultaron heridos. También hubo periodistas que sufrieron golpes y fueron detenidos durante la represión de las amplias protestas que se desencadenaron en Sri Lanka en demanda de un cambio de gobierno en 2022.
Los grupos antiderechos también utilizan la violencia contra periodistas que cubren manifestaciones. El pasado octubre, en una manifestación organizada por el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, la periodista Armilla Brandt fue agredida y sufrió amenazas de violencia sexual. Se trató de una de las muchas agresiones contra periodistas que se produjeron en Alemania durante las protestas de grupos antivacunas y de extrema derecha.
En varios países se ha desatado una violencia letal. El Comité para la Protección de los Periodistas estima que en 2022 fueron asesinados 67 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, lo que supone un aumento de casi 50% con respecto a 2021. Con un recuento final de 13 muertes, México continúa teniendo el dudoso honor de ser el país, fuera de las zonas de guerra, con más periodistas asesinados. Los periodistas mexicanos han hecho numerosas protestas para exigir justicia y medidas urgentes para proteger su seguridad.
The year 2022 was deadly for members of the press. At least 67 journalists and media workers were killed during the year–the highest number since 2018 and an almost 50% increase from 2021.
— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) January 24, 2023
Read more in CPJ's latest report on journalists killed in 2022:https://t.co/9tbuUnpfOK pic.twitter.com/4n6SdkGpmD
Los peligros de la desinformación
El difícil ambiente de trabajo del periodismo se ve a menudo agravado por el auge de la desinformación en Internet. Esto tiene el efecto de hacer casi imposible establecer la verdad. El auge de la desinformación permite poner en duda prácticamente todo, rechazar los hechos y denigrar periodistas tachándolos de agentes de propaganda y peones de conspiraciones imaginarias. Muchos gobiernos han respondido introduciendo leyes contra las “noticias falsas”, pero muchas de ellas son malintencionadas y están diseñadas para detener la difusión no de desinformación sino de hechos que contradigan las narrativas oficiales.
La desinformación y las teorías conspirativas se dispararon bajo la pandemia, agriando el discurso público en torno de los temas más diversos, desde las vacunas hasta el cambio climático, pasando por cuestiones de género y raciales, normalizando el discurso de odio y las ideas extremistas.
En 2022, la desinformación desempeñó un papel enorme en las elecciones de países tan diversos como Brasil, Corea del Sur y Filipinas. Está ayudando a mantener a raya el sentimiento antibelicista en Rusia, promoviendo el nacionalismo hindú antimusulmán del partido gobernante de India y manteniendo vivo el trumpismo en los Estados Unidos.
Este aumento de la desinformación es intencionado, aunque gran parte de ella sea compartida sin querer. Poderosos Estados autoritarios bombean desinformación para sembrar la polarización en las democracias y fomentar la confusión sobre las violaciones de derechos que ellos mismos cometen, como en el caso de las atrocidades de Rusia en Ucrania o los abusos sistemáticos de China en Xinjiang. Son los mismos Estados que emplean medios de comunicación afines como portavoces oficiales, lo que enturbia aún más la distinción entre periodismo y propaganda.
La sociedad civil y los medios de comunicación independientes son a menudo blanco de desinformación y de la incitación al odio que ésta propicia, sobre todo cuando proceden de grupos excluidos o defienden sus derechos. La desinformación es omnipresente en la reacción contra los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+.
Está claro que la industria tecnológica no está a la altura del desafío que supone abordar este problema, entre otras cosas porque se nutre de él: sus algoritmos enganchan a la gente alimentándola con contenidos cada vez más extremos y simplistas que refuerzan sus puntos de vista preexistentes, distorsionan sus perspectivas y la aíslan de puntos de vista diversos.
Las iniciativas de verificación de datos son apenas un primer paso y quedan eclipsadas por la magnitud de la tarea. El desafío sigue siendo forjar un esfuerzo global conjunto y polifacético para contrarrestar la desinformación que reúna a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes. Éste debe incluir una mejor regulación de las redes sociales y de la industria tecnológica, desarrollada a través de procesos participativos e incluyendo salvaguardias para la libertad de expresión.
Periodistas tras las rejas
En 2022 se batió un nuevo récord: 363 periodistas encarcelados. Muchos periodistas son detenidos por cubrir protestas o informar sobre temas que los gobiernos preferirían mantener ocultos, como la corrupción, los abusos de poder de los presidentes y las violaciones de los derechos de grupos excluidos.
No logro dormir a causa del miedo. Cada vez que llaman a la puerta me entra el pánico.
Durante la guerra en la región etíope de Tigray, numerosos periodistas fueron detenidos bajo acusaciones tales como incitación a la violencia, colaboración con el enemigo y difusión de información en apoyo de grupos rebeldes. Durante el conflicto, Etiopía fue el segundo país del África subsahariana, después de Eritrea, en cantidad de periodistas encarcelados. Algunos periodistas permanecieron detenidos durante largos periodos, entre otras cosas por criticar al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y entrevistar a personas objetadas por el gobierno.
La represión militar de las protestas por la democracia en Sudán, antes del actual estallido de enfrentamientos entre fuerzas militares rivales, también se saldó con la detención de numerosos periodistas. La junta militar de Myanmar también ha detenido a decenas de periodistas.
Las fuerzas israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados no solamente mantienen detenidos a periodistas, sino que tienen la costumbre de prorrogar sus periodos de detención apenas unos días antes de que terminen sus plazos. El pasado mes de septiembre renovaron por tercera vez consecutiva la detención de la periodista Bushra Al-Taweel por tres meses más. En noviembre hicieron lo mismo con otro periodista, Amer Abu Arafah, pocos días antes de que le tocara salir en libertad.
Voces desde las primeras líneas
Pakistán se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. El gobierno y los poderosísimos militares utilizan todas las herramientas a su alcance contra periodistas que sacan a la luz violaciones de derechos humanos y casos corrupción. Éstas van desde el acoso, la detención y el secuestro hasta la violencia y el asesinato.
El escritor y periodista Syed Fawad Ali Shah comparte su historia de persecución, exilio y detención.
En 2011 fui secuestrado en Islamabad por los servicios de inteligencia paquistaníes (ISI), precisamente por alzar mi voz en favor de la libertad de personas desaparecidas forzosamente por el ISI.
El ISI me mantuvo en una cárcel secreta, tipo agujero negro, durante tres meses y 18 días. Me soltaron con la condición de que abandonara el periodismo y me fuera del país o trabajara como espía para ellos. Les dije que dejaría el periodismo.
Para salvar mi vida, mantuve mi palabra. El ISI me liberó en abril. En junio, resulté herido en la explosión de una bomba en Peshawar. Cuando mi nombre fue publicado en un periódico local, recibí una llamada amenazadora del ISI en la cual me acusaban de haber vuelto a ejercer el periodismo. Les dije que no lo había hecho; que simplemente estaba allí cuando fue la explosión. En agosto, abandoné mi país a regañadientes. Viajé a Tailandia y unos días después llegué a Malasia, donde me concedieron el estatuto de refugiado.
En tanto que refugiado registrado en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pasé muchas penurias. En Malasia a veces detienen a quienes tienen la tarjeta del ACNUR, así que vivía con el temor de ser deportado a Pakistán.
En 2016, ACNUR Malasia remitió mi caso de reasentamiento al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos a través del Comité Internacional de Rescate (IRC). Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a reasentarme en Estados Unidos por supuestos problemas de seguridad. Solicité una reconsideración en 2016, pero el DHS no me respondió hasta junio de 2022.
De 2016 a 2022, esperé una respuesta del gobierno estadounidense que nunca llegaba. Finalmente pedí al IRC que devolviera el expediente de mi caso a ACNUR Malasia. Escribí cientos de veces a ACNUR Malasia solicitando mi reasentamiento en un país seguro, pero no obtuve respuesta. El ACNUR reasentó a otros refugiados que lo solicitaron después de mí, pero yo debí quedarme allí.
El 23 de agosto de 2022 fui secuestrado por funcionarios de inmigración malasios en una operación conjunta con el ISI paquistaní en la zona de Bangsar, en Kuala Lumpur. Me llevaron a la Jefatura de Inmigración de Putrajaya, donde me encerraron en el sótano. El 25 de agosto me taparon la cara con una capucha negra y me llevaron al aeropuerto. Antes de llevarme al aeropuerto, me dieron una droga, diciendo que era para el COVID-19, tras lo cual perdí la conciencia. En el aeropuerto me quitaron la capucha negra y me metieron en un vuelo de Pakistan International Airlines hacia Islamabad, con dos agentes del ISI uno a cada lado.
Cuando llegué, el ISI me envió a una prisión secreta de Islamabad sin introducir mis datos en el sistema de inmigración de la Agencia Federal de Investigación. Estuve detenido seis meses, durante los cuales el gobierno paquistaní no reconoció que me encontraba en Pakistán. Pero en marzo de 2023, el ministro del Interior de Malasia finalmente reconoció que me habían expulsado y los medios de comunicación internacionales se hicieron eco.
Las autoridades ya no pudieron ocultarme durante más tiempo y acabaron entregándome al ala de ciberdelincuencia de la Agencia Federal de Investigación (FIA), que me imputó dos cargos falsos en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de 2016. Después de recibir la libertad bajo fianza temporal, el ala de ciberdelincuencia de la FIA presionó al juez para que fabricara más acusaciones en mi contra, por lo que siempre temo que el tribunal termine enviándome a la cárcel.
Debido a la presión de los organismos de seguridad paquistaníes, mi pasaporte lleva 10 años bloqueado y mi nombre se ha añadido al Sistema Integrado de Gestión de Fronteras de Inmigración, lo que me obliga a cambiar de ubicación todos los días. No logro dormir a causa del miedo. Cada vez que llaman a la puerta me entra el pánico. Mi corazón late deprisa todo el tiempo y he enfermado muchas veces.
Este es un extracto editado de nuestra conversación con Syed. Lea la entrevista completa (en inglés) aquí.
Motivos para la esperanza
Algunos cambios políticos recientes han traído algo de esperanza. En Eslovenia, Estados Unidos y República Checa, la abierta hostilidad de los gobiernos hacia los medios independientes ha dado paso a planteamientos más respetuosos con la libertad de prensa. Recientemente, el nuevo gobierno de Fiyi ha suprimido la restrictiva Ley de Desarrollo de la Industria de los Medios de Comunicación, que entregaba a un ente regulador muy intervencionista amplios poderes para multar y encarcelar a periodistas, alimentando la autocensura.
El rol vital de los medios de comunicación independientes ha sido reconocido por la sociedad civil ucraniana, que desde el comienzo de la guerra ha trabajado para mantener el flujo de información, entre otras cosas ayudando a proporcionar equipos de protección y sustituir equipos y apoyando la reubicación cuando ha sido necesario. De ese modo contribuye a ofrecer un correctivo vital a la estrategia de desinformación rusa.
El apoyo a los medios de comunicación y al periodismo no solamente es necesario en las zonas de guerra. En todo el mundo sigue siendo urgente proteger los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación y garantizar su seguridad.
La sociedad civil debe hacer causa común con los trabajadores de medios de comunicación allí donde sufran ataques. Activistas y periodistas suelen enfrentar amenazas similares procedentes de las mismas fuentes. Ambos dependen del mismo espacio cívico para existir y prosperar. Y sin unos medios de comunicación independientes que formulen las preguntas adecuadas, difundan información verificada, denuncien irregularidades y violaciones de derechos humanos y exijan que los poderosos rindan cuentas, no habrá esperanzas para esa democracia por la que tanto lucha la sociedad civil.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
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Los Estados deben abstenerse de vilipendiar, procesar o criminalizar a trabajadores de medios de comunicación o de interferir de cualquier modo en la labor periodística.
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Los Estados deben garantizar la seguridad de los trabajadores de medios de comunicación, entre otras cosas estableciendo mecanismos de protección dotados de recursos adecuados y poniendo fin a la impunidad de los delitos contra periodistas.
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La sociedad civil debe colaborar con los medios de comunicación independientes para defender la libertad de prensa y denunciar sus violaciones.
Foto de portada cortesía de Carlos Ernesto Choc