El periodismo no debería ser una profesión peligrosa, pero a menudo lo es, y no solamente para quienes la ejercen en zonas de guerra. Los y las periodistas corren peligro cuando trabajan en países sometidos a regímenes autoritarios o donde dominan grupos extremistas o bandas de delincuencia organizada, y cuando cubren temas considerados delicados o exponen verdades incómodas que incomodan a actores poderosos.

En Afganistán, bajo el régimen talibán, muchos medios de comunicación han sido prohibidos, disueltos o bloqueados, sus periodistas han sido amenazados, agredidos y detenidos, y las mujeres prácticamente han desaparecido del aire. En Rusia, desde el comienzo de la guerra contra Ucrania, los pocos periódicos, sitios de noticias y emisoras de radio y televisión independientes que quedaban se vieron obligados a cerrar o a exiliarse. Decir la verdad está penalizado como difusión de información falsa y los periodistas que informan sobre las protestas contra la guerra han sido acosados, agredidos y detenidos. En Irán, cuando estallaron las protestas masivas tras la muerte de Mahsa Amini el año pasado, numerosos periodistas fueron detenidos por informar sobre las protestas y sus demandas.

Estos son apenas algunos ejemplos de una cantidad inmensa de casos: las libertades de los medios de comunicación están siendo atacadas en un país tras otro, y los ataques suelen seguir patrones similares. En el análisis de CIVICUS sobre las condiciones del espacio cívico en 2022, la violación del espacio cívico más documentada fue el acoso a activistas y periodistas. Las agresiones y detenciones de periodistas también figuran entre las 10 principales violaciones a nivel global.

Acoso e intimidación

El acoso busca desalentar a los y las periodistas y disuadirles de hacer su trabajo, alimentando la autocensura. Adopta formas variadas, como mensajes amenazadores, expresiones de odio en línea, interrogatorios policiales, amenazas de persecución y allanamientos domiciliarios y de oficinas. El acoso puede ser impulsado por organismos y funcionarios del Estado o por grupos antiderechos, empresas privadas y otros actores no estatales.

En El Salvador, bajo el gobierno del presidente populista autoritario Nayib Bukele, los ataques emanan desde lo alto. Bukele y sus aliados han denostado sistemáticamente al periodismo crítico. El disenso ha sido sofocado mediante el vilipendio público por parte de altos funcionarios públicos, las amenazas de represalias contra periodistas, la vigilancia de las oficinas de medios de comunicación y periodistas, la obstrucción del trabajo periodístico, la intimidación y la criminalización.

Como era de esperarse, el alejamiento de Túnez de la democracia ha ido acompañado de un deterioro de las libertades de los medios de comunicación, entre otras cosas mediante campañas de difamación contra periodistas, detenciones y violencia contra trabajadores de los medios que cubrían protestas. Cuando el país celebró el referéndum para confirmar los nuevos poderes apropiados por el presidente Kais Saied, a algunos periodistas se les impidió informar sobre la votación y experimentaron acoso.

A menudo, el acoso se produce en reacción a preguntas incómodas que los gobernantes prefieren no responder. Malick Konaté, un periodista de Mali, fue perseguido por participar en un documental televisivo sobre la presencia en el país de mercenarios rusos del sigiloso Grupo Wagner, un tema delicado ya que el gobierno la niega. En represalia, Konaté recibió numerosas amenazas, incluso amenazas de muerte, y su domicilio recibió una visita de efectivos militares.

En Bangladesh, un país cada vez más autoritario, los periodistas están en el punto de mira de la muy restrictiva Ley de Seguridad Digital, una ley de gran alcance diseñada para ofrecer un pretexto para el acoso. Ni siquiera el exilio es una vía de escape: las familias de periodistas que han huido de Bangladesh por razones de seguridad también son acosadas e intimidadas. Nusrat Sharin Raka, hermana del periodista exiliado Kanak Sarwar, ha sido objeto de prolongados interrogatorios policiales, ha sido detenida y ha enfrentado acusaciones inventadas.

El acoso apunta especialmente contra periodistas mujeres y a pertenecientes a otros grupos excluidos. La periodista belga Samira Attilah ha sido objeto de amenazas telefónicas y a través de las redes sociales con contenido racista y sexual por parte de activistas antivacunas. La periodista boliviana Wendy Roca Hidalgo recibió amenazas de muerte y violencia sexual en respuesta a su reportaje sobre feminicidios, una experiencia extremadamente común entre las periodistas de todo el mundo.

Un continuo de violencia

El acoso puede contribuir a preparar el terreno para una escalada de violencia física.

En América, por ejemplo, CIVICUS documentó agresiones físicas contra periodistas y medios de comunicación en al menos 17 países en 2022. Las oficinas de empresas de medios de comunicación fueron objeto de ataques con incendios provocados, explosivos o armas de fuego en varios países, entre ellos Argentina, Colombia y Honduras.

La violencia es una táctica que suele ser utilizada para impedir que los trabajadores de medios de comunicación informen sobre protestas. Varios periodistas fueron agredidos por las fuerzas de seguridad cuando cubrían protestas en Guatemala. Del mismo modo, en Kazajistán, donde protestas desencadenadas por el aumento del precio del combustible fueron reprimidas con violencia letal, hubo periodistas agredidos, algunos de los cuales resultaron heridos. También hubo periodistas que sufrieron golpes y fueron detenidos durante la represión de las amplias protestas que se desencadenaron en Sri Lanka en demanda de un cambio de gobierno en 2022.

Los grupos antiderechos también utilizan la violencia contra periodistas que cubren manifestaciones. El pasado octubre, en una manifestación organizada por el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, la periodista Armilla Brandt fue agredida y sufrió amenazas de violencia sexual. Se trató de una de las muchas agresiones contra periodistas que se produjeron en Alemania durante las protestas de grupos antivacunas y de extrema derecha.

En varios países se ha desatado una violencia letal. El Comité para la Protección de los Periodistas estima que en 2022 fueron asesinados 67 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, lo que supone un aumento de casi 50% con respecto a 2021. Con un recuento final de 13 muertes, México continúa teniendo el dudoso honor de ser el país, fuera de las zonas de guerra, con más periodistas asesinados. Los periodistas mexicanos han hecho numerosas protestas para exigir justicia y medidas urgentes para proteger su seguridad.

Periodistas tras las rejas

En 2022 se batió un nuevo récord: 363 periodistas encarcelados. Muchos periodistas son detenidos por cubrir protestas o informar sobre temas que los gobiernos preferirían mantener ocultos, como la corrupción, los abusos de poder de los presidentes y las violaciones de los derechos de grupos excluidos.

Durante la guerra en la región etíope de Tigray, numerosos periodistas fueron detenidos bajo acusaciones tales como incitación a la violencia, colaboración con el enemigo y difusión de información en apoyo de grupos rebeldes. Durante el conflicto, Etiopía fue el segundo país del África subsahariana, después de Eritrea, en cantidad de periodistas encarcelados. Algunos periodistas permanecieron detenidos durante largos periodos, entre otras cosas por criticar al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y entrevistar a personas objetadas por el gobierno.

La represión militar de las protestas por la democracia en Sudán, antes del actual estallido de enfrentamientos entre fuerzas militares rivales, también se saldó con la detención de numerosos periodistas. La junta militar de Myanmar también ha detenido a decenas de periodistas.

Las fuerzas israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados no solamente mantienen detenidos a periodistas, sino que tienen la costumbre de prorrogar sus periodos de detención apenas unos días antes de que terminen sus plazos. El pasado mes de septiembre renovaron por tercera vez consecutiva la detención de la periodista Bushra Al-Taweel por tres meses más. En noviembre hicieron lo mismo con otro periodista, Amer Abu Arafah, pocos días antes de que le tocara salir en libertad.

Motivos para la esperanza

Algunos cambios políticos recientes han traído algo de esperanza. En Eslovenia, Estados Unidos y República Checa, la abierta hostilidad de los gobiernos hacia los medios independientes ha dado paso a planteamientos más respetuosos con la libertad de prensa. Recientemente, el nuevo gobierno de Fiyi ha suprimido la restrictiva Ley de Desarrollo de la Industria de los Medios de Comunicación, que entregaba a un ente regulador muy intervencionista amplios poderes para multar y encarcelar a periodistas, alimentando la autocensura.

El rol vital de los medios de comunicación independientes ha sido reconocido por la sociedad civil ucraniana, que desde el comienzo de la guerra ha trabajado para mantener el flujo de información, entre otras cosas ayudando a proporcionar equipos de protección y sustituir equipos y apoyando la reubicación cuando ha sido necesario. De ese modo contribuye a ofrecer un correctivo vital a la estrategia de desinformación rusa.

El apoyo a los medios de comunicación y al periodismo no solamente es necesario en las zonas de guerra. En todo el mundo sigue siendo urgente proteger los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación y garantizar su seguridad.

La sociedad civil debe hacer causa común con los trabajadores de medios de comunicación allí donde sufran ataques. Activistas y periodistas suelen enfrentar amenazas similares procedentes de las mismas fuentes. Ambos dependen del mismo espacio cívico para existir y prosperar. Y sin unos medios de comunicación independientes que formulen las preguntas adecuadas, difundan información verificada, denuncien irregularidades y violaciones de derechos humanos y exijan que los poderosos rindan cuentas, no habrá esperanzas para esa democracia por la que tanto lucha la sociedad civil.