En un encuentro con líderes europeos y latinoamericanos celebrada en Bruselas este mes de julio, el presidente de Brasil, Lula da Silva, reiteró un audaz compromiso: llegar a 2030 con deforestación cero en la Amazonia.

Lula empezó a trabajar para lograr este objetivo tras asumir el cargo el 1º de enero, tras ganar la presidencia con la promesa de revertir la destrucción ambiental habilitada por  Jair Bolsonaro, su predecesor de extrema derecha negacionista del cambio climático. Aún enfrenta grandes desafíos, como el vaciamiento de las agencias ambientales y un Congreso hostil en el que los legisladores de derecha, incluidos varios prominentes ex ministros del gobierno de Bolsonaro, ocupan más del 60% de los escaños.

Los esfuerzos por hacer cumplir la legislación ambiental parecen estar dando sus frutos: los datos oficiales muestran que el ritmo de deforestación de la Amazonia se ha ralentizado en el primer semestre de 2023. El éxito no está en absoluto garantizado: queda mucho por hacer y la reacción es feroz. Pero es un gran paso en la dirección correcta.

De vuelta en la escena mundial

Lula prometió acabar con la deforestación en su primer discurso internacional tras su victoria, cuando asistió a la cumbre del clima COP27 como presidente electo en noviembre de 2022. Se trató de una señal para el mundo de que Brasil estaba de regreso en el sistema de gobernanza mundial, dispuesto a convertirse en el líder ambiental que se espera que sea.

En cuanto se confirmó su presencia en la COP27, una coalición nacional de la sociedad civil, el Foro Brasileño de ONG y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo, le pidió a Lula que se ofreciera a acoger la cumbre del clima de 2025 en Brasil. Así lo hizo, y acaba de confirmarse: en 2025, la COP30 se celebrará en Belém, portal de entrada a la Amazonia.

En la COP27, Lula también manifestó su intención de reactivar y modernizar la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, un organismo intergubernamental de carácter socioambiental que desde hace 45 años reúne a los ocho países amazónicos -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela- con el fin de adoptar medidas concertadas para proteger la selva amazónica.

Cuatro años de retrocesos

En sus cuatro años de mandato, Bolsonaro desmanteló las protecciones ambientales y paralizó la labor de organismos ambientales clave recortando su presupuesto y su personal. Negó la realidad del cambio climático y vilipendió públicamente a la sociedad civil, criminalizó al activismo y desacreditó a los medios de comunicación. Su gobierno permitió que la deforestación avanzara a un ritmo vertiginoso y envalentonó a las empresas involucradas en el acaparamiento de tierras, su desbrozamiento para la agricultura mediante la quema los bosques y la explotación forestal y minera ilegal.

Al llegar al poder, el gobierno de Lula denunció la existencia de 840 pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonia, imposibles de pasar por alto, evidencia tanto de una explotación intensiva como de una política sistemática consistente en mirar hacia otro lado. Un estudio de septiembre de 2022 concluyó que si la deforestación continuaba al ritmo de los años de Bolsonaro, Brasil superaría en un 137% su meta de emisiones de carbono para 2030.

Bajo el gobierno de Bolsonaro, las comunidades y activistas indígenas, ya asediados, se volvieron aún más vulnerables a los ataques. Al apoyar el expolio ambiental, incluso en tierras protegidas e indígenas, el gobierno también propició la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas.

Un ejemplo flagrante de ello fue el asesinato del indigenista brasileño Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips en junio de 2022. Ambos fueron emboscados y asesinados durante una travesía por el río Itaguaí, en el valle del Javari, la segunda área indígena más grande de Brasil. Pereira se encontraba allí para reunirse con pescadores locales y comunidades indígenas y contribuir a organizar su trabajo conjunto para monitorear la zona, muy afectada por actividades delictivas, y Phillips estaba documentando su labor. Fueron asesinados por orden del líder de una red transnacional de pesca ilegal que abarcaba a Brasil, Colombia y Perú. Los autores tanto materiales como intelectuales de los crímenes ahora han sido procesados y se encuentran a la espera de juicio.

Revertir la regresión

El nuevo gobierno se ha abocado a reestructurar y dotar de recursos a las instituciones de control y monitoreo, con el fin de luchar contra las actividades ilegales relacionadas con la degradación ambiental y preservar los derechos de los pueblos indígenas y potenciar su rol en la conservación del medio ambiente. Ha reforzado el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), organismo federal encargado de hacer cumplir las políticas ambientales, y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), que por primera vez desde su creación en 1967 está dirigida por una persona indígena, Joenia Wapichana.

La FUNAI había sido completamente desmantelada por Bolsonaro, que la transfirió al Ministerio de Agricultura, dirigido por una líder de la bancada legislativa de los agronegocios. En lugar de proteger las tierras indígenas, la institución permitió la deforestación y fomentó la expansión del agronegocio.

En contraste, los primeros gestos políticos de Lula consistieron en crear un nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas, nombrando a la cabeza a la líder indígena Sonia Guajajara, y designar como ministra de Medio Ambiente a Marina Silva, líder del partido ecologista Rede Sustentabilidade. Silva ya había ocupado este cargo entre 2003 y 2008, intensificando las medidas contra la deforestación y reforzando las inspecciones ambientales.

Ni bien asumió el cargo en enero, Lula también restauró el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonia, lanzado en 2004 e implementado hasta la llegada de Bolsonaro. En febrero, el gobierno estableció una Comisión Interministerial Permanente para la Prevención y el Control de la Deforestación y los Incendios en Brasil, encargada de coordinar las acciones de 19 ministerios y desarrollar políticas para alcanzar la deforestación cero.

Esta estrategia establece una presencia permanente del gobierno federal en las zonas vulnerables con el objetivo de eliminar las actividades ilegales. Va más allá de las habituales medidas estacionales para confiscar o destruir los equipos de los mineros ilegales, forzando su retirada temporaria. Implica, en cambio, el establecimiento de bases operadas por el IBAMA junto con la Policía Federal, el Ministerio de Defensa y la FUNAI, y el uso de inteligencia e imágenes satelitales para rastrear la actividad delictiva.

El recién nombrado director de la Policía Federal para la Amazonia y el Medio Ambiente, Humberto Freire, lanzó una campaña para expulsar a los mineros ilegales de las tierras indígenas protegidas. Al parecer, está dando sus frutos: en julio Freire anunció que cerca del 90% de los 20.000 mineros que operaban en territorio yanomami, la mayor área indígena protegida de Brasil, habían sido expulsados. Según fuentes policiales, en abril de 2023 se produjeron 19 alertas de deforestación relacionadas con la minería, frente a 444 en abril de 2022.

Pero Freire advirtió que la lucha no había terminado. Todavía queda un par de miles de mineros activos y las empresas criminales que los emplean siguen en pie. La tarea clave de recuperar las tierras y los ríos dañados sólo podrá empezar cuando se les haya expulsado definitivamente. Y sigue sin resolverse un problema que reclama a gritos cooperación internacional: la violencia y la degradación ambiental siguen siendo una experiencia cotidiana en las comunidades yanomami al otro lado de la frontera, en Venezuela, donde no han hecho sino aumentar a medida que los mineros ilegales se han mudado de jurisdicción.

Alcanzar el ambicioso objetivo de la deforestación cero exigirá esfuerzos a una escala mucho mayor que los realizados en el pasado. Y tales esfuerzos antagonizarán aún más a sectores muy poderosos.

Los obstáculos por delante

Con la agenda ambiental de nuevo en marcha, el ritmo de deforestación de la Amazonia se desaceleró en los seis primeros meses de 2023, cayendo 34% en comparación con el mismo periodo de 2022. Sin embargo, las cifras siguen siendo elevadas y las reducciones son desiguales, e incluso dos estados, Roraima y Tocantins, han registrado aumentos. La deforestación también sigue aumentando en otro importante bioma brasileño, el Cerrado, donde las áreas protegidas escasean y la mayor parte de la deforestación se produce en propiedades privadas.

Incluso en la Amazonia podría ser demasiado pronto para confirmar una tendencia a la baja. La prueba crucial llegará en la segunda mitad del año, cuando las temperaturas aumenten. La intensificación del fenómeno de El Niño, que provoca el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, traerá un clima aún más seco y caluroso de lo habitual, contribuyendo a la rápida propagación de los incendios. Anticipándose a ello, el IBAMA ha incrementado la contratación de bomberos para ampliar sus brigadas en las comunidades indígenas y afrodescendientes y realizar inspecciones e imponer multas y embargos. Para disuadir a sus ocupantes de provocar incendios para despejar tierras para la agricultura, el organismo les impide destinar esas tierras a usos agrícolas.

Pero mientras tanto, el Congreso de Brasil ha pasado a la ofensiva. En junio, el Senado introdujo enmiendas radicales al proyecto de ley de ministerios enviado por Lula, diluyendo las competencias de los ministerios de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente y limitando la demarcación de las tierras indígenas a las que las comunidades ya ocupaban en 1998, cuando se promulgó la actual Constitución.

Los líderes indígenas han reclamado porque muchas comunidades no se encontraban en sus tierras en 1998 porque habían sido expulsadas de ellas a lo largo de siglos, y especialmente durante la dictadura militar, entre 1964 y 1985. Denunciaron la nueva ley como un “genocidio legal” e instaron al presidente a vetarla. La sociedad civil ha salido a la calle y ha ocupado las redes sociales para apoyar las políticas ambientales del gobierno.

Tienen enfrente a un enemigo formidable. Un reciente informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia puso al descubierto las conexiones políticas de las empresas mineras ilegales. Dos empresarios directamente relacionados con esta actividad delictiva son activos lobistas en el Congreso y mantienen fuertes vínculos con políticos locales. También están acusados de financiar el intento de insurrección que el 8 de enero, poco después de la toma de posesión de Lula, cuestionó el resultado electoral.

Contra estas élites turbias, la sociedad civil esgrime el arma más eficaz de que dispone, echando luz sobre sus negocios y haciéndoles saber que Brasil y el mundo están atentos y permanecerán en estado de alerta durante el tiempo que sea necesario. Lo que está en juego es demasiado importante como para bajar la guardia.