El Acuerdo de Escazú: ¿del papel a la realidad?
El Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre derechos ambientales, representa una esperanza para la región más letal del mundo para el activismo ambiental. Pero desde su entrada en vigor en abril de 2021, solamente 15 de los 33 Estados de la región lo han ratificado. Entre los principales ausentes se cuentan Brasil, Guatemala, Honduras y Perú, todos ellos catalogados entre los países del mundo con mayor número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Mientras que en Chile y Colombia recientes cambios políticos progresistas se han traducido en la ratificación del acuerdo, no ha sucedido lo mismo en Brasil ni en Honduras. En todos los países de la región, la sociedad civil seguirá presionando para que los gobiernos firmen, ratifiquen e implementen el acuerdo. Sin estos esfuerzos de la sociedad civil, no hay ninguna posibilidad real de que el Acuerdo de Escazú haga la diferencia.
Cuando fue adoptado, en marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú representó una esperanza para América Latina, la región más letal del mundo para las personas defensoras del medio ambiente y el derecho a la tierra.
Conocido por el nombre de la ciudad costarricense donde fue adoptado, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es el primer tratado medioambiental de la región. De vital importancia, reconoce el papel crucial de la participación pública en la toma de decisiones ambientales y los derechos de los pueblos indígenas, y busca proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
Entró en vigor una vez alcanzadas las 11 ratificaciones, en abril de 2021. Pero desde entonces, el proceso de ratificación en gran medida se ha estancado. El acuerdo está abierto a la adhesión de los 33 países de la región, pero para su primera conferencia de las partes (COP), celebrada en Chile en abril de 2022, apenas 12 lo habían ratificado.
Desde ese momento se ha avanzado bastante poco. Poco después de acoger la primera COP, Chile ratificó el acuerdo. Con la COP2 a la vuelta de la esquina, Belice y Colombia –que desde agosto de 2022 tiene el primer gobierno de izquierda de su historia– han seguido sus pasos.
Pero todavía quedan algunos grandes ausentes. Brasil, Guatemala, Honduras y Perú –todos ellos incluidos en la lista de Global Witness de los 10 países del mundo con mayor número de asesinatos de personas defensores del medio ambiente y el derecho a la tierra– no lo han ratificado. A pesar de haber coliderado el proceso de elaboración del tratado, Costa Rica tampoco lo ha ratificado.
La sociedad civil tiene claro que el refuerzo de la protección de los derechos humanos requiere que los Estados ratifiquen e implementen el tratado. El cambio político condujo a la ratificación en Chile y Colombia, pero las esperanzas de que similares cambios ocurridos recientemente en Brasil y Honduras produjeran el mismo resultado aún no se han materializado. ¿Qué probabilidades hay de que la próxima cumbre, que se celebrará en Buenos Aires, Argentina el mes que viene, los encuentre a todos sentados a la mesa?
Cambio de rumbo en Chile y Colombia
Para la COP1, Chile acababa de estrenar un nuevo presidente, Gabriel Boric, que traía un programa progresista con fuerte énfasis en los derechos ambientales y de los pueblos indígenas. Una semana después de asumir el cargo, Boric cumplió su promesa electoral al firmar la adhesión de Chile a Escazú y enviar el proyecto de ley al Congreso. Pronunció el discurso inaugural de la COP1, destacando las responsabilidades medioambientales de los Estados y su deber de cooperar en las cuestiones que ninguno es capaz de resolver por sí solo.
Esto supuso un giro de 180 grados con respecto a las políticas de su predecesor, Sebastián Piñera, que había llegado al poder semanas después de la adopción de Escazú y había criticado sistemáticamente el acuerdo, alegando que expondría a Chile a demandas internacionales por razones ambientales, en particular de Bolivia, un país con el que mantiene un conflicto territorial histórico. Aunque la sociedad civil se esforzó por disipar esta desinformación, el gobierno no cedió. La situación sólo cambió cuando cambió el gobierno.
Lo mismo ocurrió en Colombia, que tardó más de un año en firmar Escazú. El gobierno de entonces expresó su oposición al comité de seguimiento del acuerdo, que permite a cualquier persona examinar las acciones de los gobiernos y denunciar sus incumplimientos, y se mostró descontento porque su propuesta de que los Estados pudieran expresar reservas, es decir, elegir qué artículos del tratado respetar o ignorar, fue rechazada.
Bajo la presión de la sociedad civil, el saliente presidente conservador de Colombia, Iván Duque, finalmente envió un proyecto de ley de adhesión al Congreso en julio de 2020. Pero su partido era reacio a aprobarlo, y el proceso se alargó. Las esperanzas de que las cosas empezaran a moverse aumentaron cuando el candidato progresista Gustavo Petro ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en junio de 2022. A fines de julio, el Senado aprobó el proyecto de ley de adhesión y éste pasó a la Cámara de Representantes, donde necesitaría dos votaciones positivas antes de pasar a sanción presidencial.
Con la reconocida ecologista afrocolombiana Francia Márquez a su lado como vicepresidenta, Petro hizo campaña sobre una plataforma que priorizaba la acción por el clima, comprometiéndose a suspender la exploración petrolera, acelerar la transición hacia energías renovables y reducir la deforestación. Petro tomó posesión en agosto, y menos de un mes después su partido volvió a presentar el proyecto de ley de ratificación. La Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, una coalición de grupos de la sociedad civil e instituciones académicas, participó de la ceremonia de firma y entregó miles de firmas recogidas en apoyo al proyecto de ley.
Aun así, los políticos de la oposición siguieron empeñados en presentar a Escazú como controvertido. Una senadora lanzó una campaña en las redes sociales argumentando que el tratado supondría una inaceptable “cesión de soberanía”. Volvieron a movilizarse los mismos mitos y desinformaciones que la sociedad civil había trabajado durante años para disipar. Pero la correlación de fuerzas había cambiado y esta vez el proyecto se aprobó con un solo voto en contra.
Brasil en suspenso
Brasil, en cambio, se perfila nuevamente como el gran ausente de la próxima COP, pese a que cuenta con un nuevo presidente de izquierda, Lula da Silva.
Lula derrotó por estrecho margen al ultraderechista Jair Bolsonaro en la segunda vuelta electoral de octubre de 2022 y tomó posesión del cargo en un clima de profunda polarización, cargado de desinformación en torno de los temas más variados, desde la credibilidad del sistema de votación hasta los derechos de las personas LGBTQI+ y el cambio climático. A una semana de asumir, el nuevo presidente debió enfrentar una insurrección de extrema derecha protagonizada por partidarios descontentos de Bolsonaro.
En sus cuatro años de mandato, Bolsonaro desmanteló protecciones ambientales, paralizó las agencias de gobierno que protegen el medio ambiente y recortó sus presupuestos. Negó la realidad del cambio climático y vilipendió públicamente a la sociedad civil, criminalizó al activismo y desacreditó a los medios de comunicación. Su gobierno permitió que la deforestación avanzara a un ritmo vertiginoso y envalentonó a empresas a menudo vinculadas al crimen organizado, las cuales intensificaron el acaparamiento de tierras y la tala y la minería ilegales. Aumentaron las agresiones contra las ya asediadas comunidades indígenas y el activismo ambiental, incluidos los casos de violencia letal. Pero esto no preocupó a Bolsonaro, quien en vez de enviar el Acuerdo de Escazú al Congreso redobló la apuesta, erosionando sistemáticamente los principios de transparencia y participación en cuestiones ambientales que promueve el tratado.
Lula enfrenta ahora la enorme tarea de volver a unir al país, implementar una agenda social progresista y revertir las perjudiciales medidas ambientales de Bolsonaro, en un contexto de severa restricción fiscal y estando muy lejos de tener mayoría en el Congreso. No es de extrañar que la ratificación de Escazú no haya avanzado.
Como presidente electo, Lula dio señales de su compromiso de devolver a Brasil a la escena mundial participando en la cumbre sobre cambio climático COP27, celebrada en Egipto el pasado mes de noviembre. El activismo ambientalista brasileño presionó para que Brasil volviera a la escena global lo antes posible: cuando se confirmó la presencia de Lula en la COP27, el Foro Brasileño de ONG y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo, una coalición nacional, le solicitó que se ofreciera a acoger en Brasil la COP sobre el clima en 2025.
En febrero, en una reunión celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, el ministro de Derechos Humanos de Brasil aseguró que el gobierno está comprometido con la ratificación y que trabajará con la sociedad civil para elaborar un plan nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos. Pero sobre Escazú no ha habido hasta ahora mayores noticias.
¿Qué pasa en Honduras?
En Honduras, un país durante mucho tiempo considerado el más peligroso del mundo para el activismo ambiental, decenas de grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil trabajan con y como parte de la Red Hondureña por Escazú, una coalición de sociedad civil, para promover y debatir el acuerdo e instar al gobierno a que lo ratifique.
A finales de 2021, la ciudadanía hondureña puso fin a un largo periodo de dominio conservador con la elección de Xiomara Castro, del partido de izquierda Libre. En enero de 2022, Castro pronunció un enérgico discurso de investidura en el que prometió la libertad de los presos políticos de Guapinol –un grupo de ocho defensores del medio ambiente detenidos por resistirse a un proyecto minero, los cuales fueron liberados al mes siguiente–y justicia para Berta Cáceres, la destacada líder y activista indígena asesinada en 2016, así como para los muchos más que han sido asesinados antes y después de ella.
Hasta ahora, el gobierno ha dado algunas señales de su voluntad de adherir a Escazú. Altos funcionarios han reconocido que el acuerdo ofrece la oportunidad de poner en marcha medidas para proteger y beneficiar a las personas defensoras de derechos humanos, pero también se han referido a los muchos obstáculos que enfrenta su ratificación.
En septiembre de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, la Unión Europea y la Red Hondureña por Escazú organizaron un foro internacional para destacar la importancia del acuerdo y compartir experiencias de adhesión e implementación de otros países.
Este impulso adicional es muy necesario. Aunque el nuevo gobierno ha avanzado en la celebración de consultas internas con los distintos organismos estatales que debería intervenir en la implementación del tratado, la ratificación no formó parte de sus promesas electorales. A diferencia de Chile y Colombia, en Honduras la tarea de colocar a Escazú en la agenda pública ha recaído exclusivamente sobre la sociedad civil, en un contexto donde hay elementos conservadores profundamente arraigados en el aparato estatal y las élites extractivistas ejercen gran influencia. Hay demasiados actores interesados en el mantenimiento del statu quo.
La sociedad civil hondureña reconoce que el camino que le queda por recorrer puede ser largo, pero está decidida a aprovechar la ventana de oportunidad abierta por el cambio de gobierno.
Un camino complicado
En febrero, Belice ratificó el Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en su 15º Estado parte. Pero en Costa Rica las cosas parecen ir en la dirección opuesta. Ese mismo mes, el Congreso costarricense hizo caso omiso de las demandas de la sociedad civil y rechazó una moción de ratificación.
Bajo la administración del expresidente Carlos Alvarado, el país colideró las negociaciones del tratado. Pero su sucesor conservador Rodrigo Chaves, que inició su mandato en mayo, se opone al acuerdo, alegando que Costa Rica ya cuenta con la normativa ambiental que necesita. Cuando era presidente electo, Chaves les dijo a los empresarios que podían “estar tranquilos” porque Escazú no estaba en la agenda de su gobierno. La vicepresidenta de la anterior administración reconoció las dificultades resultantes de la polarización política. Ahora ni siquiera está la mínima voluntad política de seguir adelante.
En todos los países hay grupos y redes de sociedad civil que presionan a sus gobiernos para que firmen, ratifiquen e implementen el acuerdo.
Si acaso, el clima político es aún menos propicio en El Salvador. A pesar de la continua incidencia de la sociedad civil, el presidente Nayib Bukele, un populista de derecha, se ha negado sistemáticamente a ratificar el acuerdo, afirmando que contiene elementos que no son “adecuados” para el contexto de su país. En particular, se ha opuesto a ciertas cláusulas que considera que afectarían al desarrollo, lo cual significa que obstaculizarían proyectos de vivienda e infraestructura. El gobierno de Bukele ha eliminado protecciones ambientales al tiempo que acumulaba poderes y restringía el espacio cívico, dejando a las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente desprotegidas, una situación que hace aún más necesaria la adopción de Escazú.
Perú es también una gran asignatura pendiente. A pesar de los grandes esfuerzos de la sociedad civil, en julio de 2022 la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso decidió por segunda vez archivar un proyecto de ley de ratificación, alegando preocupaciones relativas a la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales del país. No parece probable que se produzcan avances dada la actual crisis política que atraviesa el país.
Una vez superado el obstáculo de la ratificación, se presenta el desafío de implementar el acuerdo, como se ha observado en México, donde se siguen produciendo numerosos asesinatos de personas defensoras del medio ambiente. Pero en todos los países hay grupos y redes de sociedad civil que presionan a sus gobiernos para que firmen, ratifiquen e implementen el acuerdo. Muchos de ellos trabajan juntos en el marco de la Red Regional Escazú para coordinar esfuerzos a escala regional, generar conciencia y aprender unos de otros.
Avanzar es trabajoso, pero la necesidad es grande. Sin los esfuerzos de la sociedad civil, no hay ninguna posibilidad real de que el Acuerdo de Escazú marque la diferencia.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
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Los Estados de América Latina y el Caribe que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú deberían iniciar el proceso para hacerlo lo antes posible.
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La sociedad civil de toda la región debe seguir colaborando para presionar a los Estados para que ratifiquen el acuerdo.
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La sociedad civil debe permanecer atenta para asegurar que los Estados que han adoptado el acuerdo lo traduzcan en políticas y mecanismos concretos que incluyan mecanismos de protección para personas defensoras ambientales e indígenas.
Foto de portada de Sebastián Vivallo Oñate/Agencia Makro vía Getty Images