El mayor ecosistema del planeta atraviesa una crisis profunda, y el tiempo para salvarlo se agota. La mitad de la superficie terrestre corresponde a alta mar -aguas fuera de la jurisdicción de cualquier nación-, pero sólo el 1% de ellas cuenta hoy con protección. En un escenario casi sin regulación, las flotas pesqueras industriales agotan los recursos marinos, la contaminación plástica asfixia la vida marina y la minería en aguas profundas amenaza ecosistemas que la ciencia apenas empieza a comprender.

En este contexto surge el Tratado de Alta Mar. Acordado por los países en 2023, el Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, como se denomina oficialmente, busca asegurar un uso responsable del mar y preservar su diversidad biológica. Entrará en vigor 120 días después de alcanzar las 60 ratificaciones.

Mientras concluye en Niza (Francia) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, la carrera por su entrada en vigor se acelera. La presión de la sociedad civil y de los gobiernos favorables a la ratificación fue creciendo a medida que se acercaba la Conferencia. A principios de año sólo 15 Estados lo habían ratificado; hoy, según el último recuento de la Alianza de Alta Mar, la principal coalición de la sociedad civil que trabaja sobre este tema, ya son 50. Resulta alentador que 18 Estados ratificaran el acuerdo durante el primer día de la conferencia.

Un acuerdo gestado durante dos décadas

La adopción del tratado fue la culminación de años de trabajo de incidencia de organizaciones climáticas y medioambientales, comunidades indígenas, grupos de jóvenes activistas y Estados aliados. Fueron necesarias casi dos décadas de arduas negociaciones para acordar el texto jurídicamente vinculante, y el Secretario General de la ONU, António Guterres, lo celebró como un logro histórico.

Las acciones que exige el tratado son desesperadamente necesarias. Debido a factores como el transporte marítimo extensivo, la pesca a escala industrial y la contaminación masiva por plásticos, la salud de los océanos se encuentra gravemente deteriorada. Por ejemplo, como resultado de la pesca a gran escala, dominada por un pequeño grupo de países liderados por China, el 34% de las poblaciones de peces de todo el mundo están sobreexplotadas, es decir, se las pesca más rápido de lo que las especies se pueden regenerar.

Ciertas prácticas emergentes, como la minería de fondos marinos, amenazan con causar daños aún mayores, difíciles de cuantificar dada la escasa información disponible sobre la vida en el fondo oceánico. A pesar de que la tecnología no ha sido comprobada, en abril Donald Trump ordenó acelerar la concesión de permisos.

La degradación de los océanos es un problema climático. Los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Sin embargo, el creciente volumen de gases de efecto invernadero disueltos está provocando la acidificación de los océanos; esta ha alcanzado niveles críticos y afecta a una gran variedad de especies marinas. También se vuelve cada vez más preocupante el oscurecimiento de los océanos: más de una quinta parte de los océanos se han oscurecido en las dos últimas décadas, posiblemente a causa de la contaminación, lo cual pone en riesgo a numerosas especies marinas que dependen de la luz solar para desarrollarse.

Estos cambios alimentan el riesgo de extinción que amenaza a entre el 10% y el 15% de la vida marina. Más de 14.000 especies marinas figuran actualmente en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las redes tróficas oceánicas que sustentan la vida terrestre están en peligro. Se podría perder la vasta riqueza genética de los océanos, en gran medida aún desconocida, incluidas valiosas fuentes de medicamentos potencialmente capaces de salvar vidas.

El costo humano es enorme. Millones de personas dependen de los océanos para sobrevivir, especialmente en el Sur global. En países como Bangladesh, Ghana y Sri Lanka, el pescado representa la mitad de la ingesta diaria de proteínas. Además, los océanos tienen un profundo significado cultural para muchas comunidades, por lo que su degradación implica también una pérdida cultural irreparable.

Un vacío de gobernanza

El Tratado de Alta Mar se creó para llenar un importante vacío de gobernanza. Las aguas que quedan fuera de las jurisdicciones nacionales no han sido históricamente una prioridad del derecho internacional. La Organización Marítima Internacional regula el transporte marítimo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos supervisa la minería submarina, y diversos organismos regionales abordan otros temas. El statu quo claramente no funciona, y continuar como hasta ahora no evitará el colapso de los océanos.

Para remediar esta situación, el tratado propone establecer un marco global integral para la conservación marina. Se centra en cuatro ámbitos: normas para compartir los beneficios de los recursos genéticos marinos, herramientas para gestionar y conservar las áreas marinas protegidas, obligaciones de realizar evaluaciones de impacto ambiental y disposiciones sobre el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología marina. La meta es que las obligaciones del tratado sobre áreas marinas protegidas permitan cumplir el compromiso asumido en el Marco Mundial de la Diversidad Biológica de 2022 de conservar el 30% de los mares para 2030.

El tratado también debería contribuir al cumplimiento del Objetivo 14 de Desarrollo Sostenible (ODS), acordado en 2015, que compromete a los Estados a conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Los avances en el ODS 14 se miden mediante indicadores como las poblaciones de peces, la acidificación marina y la densidad de contaminación. Sin embargo, su aplicación ha sido, en el mejor de los casos, desigual, con retrocesos o progresos mínimos en la mayoría de los indicadores. La sobrepesca continúa en muchas regiones, especialmente en el Atlántico Sudoriental y el Pacífico Sur. Aún no se ha podido concluir el Tratado mundial contra la contaminación por plásticos, objeto de fuertes disputas. Mientras tanto, el fracaso en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero permite que la acidificación de los océanos avance a paso firme.

La mirada puesta en Niza

El presidente francés, Emmanuel Macron, atrajo la atención internacional al copresidir la cumbre junto con Costa Rica. Macron instó a los gobiernos a ratificar el tratado, con la esperanza de que la reunión marcara el punto de inflexión de las 60 ratificaciones. Francia lidera además los esfuerzos globales para prohibir la minería en aguas profundas. Sin embargo, su papel protagónico también abrió espacio a la sociedad civil para señalar las deficiencias de su gobierno, como su negativa a prohibir la pesca de arrastre en zonas supuestamente protegidas, una práctica sumamente perjudicial para el medio ambiente. En este aspecto, Francia presenta peores resultados que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

La diversidad de voces reunidas en la conferencia – jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, científicos, líderes indígenas, grupos ambientalistas y representantes de la industria – ofreció a la sociedad civil oportunidades para impulsar sus campañas y reclamar mayor ambición. Antes del evento principal, más de 2.000 científicos especializados en océanos se reunieron en el Congreso Científico One Ocean y aportaron información clave de sus investigaciones más recientes para la toma de decisiones.

Pero no todos pudieron expresarse. Las autoridades francesas impidieron el ingreso del barco Arctic Sunrise de Greenpeace al puerto de Niza, en aparente represalia por las críticas de la organización sobre las deficiencias de Francia en relación con sus zonas marinas protegidas. Greenpeace pretendía hacer llegar un mensaje respaldado por tres millones de personas, solicitando una moratoria a la explotación minera en aguas profundas. Una de las principales críticas de la sociedad civil es que el tratado no aborda esta cuestión – de hecho, las operaciones mineras se encuentran exentas de la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental.

Mientras tanto, las voces que deberían ser centrales en este debate siguen sin escucharse lo suficiente: las de las comunidades indígenas, que cuentan conuna larga tradición de gestión sostenible de los recursos oceánicos. Líderes como Kaho’ohalahala, de la Red Maui Nui Makai de Hawai, señalan que los saberes tradicionales ofrecen perspectivas cruciales que los enfoques occidentales de conservación suelen ignorar.

El conocimiento de las comunidades indígenas y costeras podría resultar fundamental para gestionar los complejos ecosistemas marinos, pero solo si se les otorga un verdadero espacio de decisión. Los activistas indígenas están exigiendo participación efectiva en los procesos de toma de decisiones del tratado -como ya ocurre en el Marco Global de Biodiversidad– y no meros gestos simbólicos.

El desafío de la ratificación

La cumbre concluye con ratificaciones agrupadas en Europa y el Sudeste Asiático, pero pocos avances en otras regiones. La UE ratificó el tratado como bloque, pero sus Estados miembros también deben hacerlo, y persisten reticencias en países como Alemania, Italia, Polonia y Suecia. La UE ha comprometido 40 millones de euros (unos 46,3 millones de dólares) para apoyar la ratificación por parte de Estados de África, el Caribe y el Pacífico.

Sin embargo, el multilateralismo atraviesa tiempos difíciles, con potencias que optan por actuar bajo sus propias reglas y en interés propio. Algunos países importantes se han mantenido al margen; entre ellos, los habituales opositores a los acuerdos globales vinculantes: China, India, Rusia y Estados Unidos, todos con gran poder tanto en tierra como en el mar. Sin cambios geopolíticos, resulta difícil incentivarlos para que se sumen.

Existe un segundo grupo, conformado por Australia, Canadá y el Reino Unido, con un historial algo más favorable al multilateralismo. Una prioridad en la campaña de incidencia para la ratificación debe ser lograr su adhesión para sumar impulso. La atención que la conferencia otorgó a los océanos produjo ciertos avances: el gobierno australiano se comprometió a aplicar medidas de alta protección en el 30% de sus océanos para 2030, mientras que el gobierno del Reino Unido prometió ratificar el tratado antes de fin de año.

Ahora la sociedad civil debe exigir el cumplimiento de estos compromisos y, una vez que el tratado entre en vigor, presionar a los gobiernos para que lo implementen, incluyendo mediante la creación de zonas marinas protegidas que permitan alcanzar el objetivo de conservación del 30% en 2030. Los países más ricos deben asumir su responsabilidad en el financiamiento de la implementación del tratado. Este será otro frente clave para la incidencia, ya que los Estados suelen firmar acuerdos sobre el clima y el medio ambiente sin asignarles los recursos adecuados.

Mientras los Estados dilatan las decisiones y la sociedad civil lucha por hacerse oír, las industrias que se benefician de la falta de regulación no se quedan de brazos cruzados. Las grandes empresas pesqueras y mineras seguirán explotando el actual sistema fragmentado, con todas las consecuencias que ello implica para la biodiversidad, el clima, el medio ambiente y los derechos humanos. El costo de la inacción crece día a día.

Es hora de que los Estados dejen de tratar a los océanos como fuentes de recursos a saquear o vertederos, o que los consideren un tema secundario. Aún faltan diez ratificaciones. Alcanzar ese umbral debe ser apenas el comienzo.

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