El plástico es un enorme problema que no deja de empeorar. Se trata de una invención relativamente reciente cuya producción ha crecido exponencialmente, pasando de dos millones de toneladas anuales en 1950 a 367 millones en 2020. Se prevé que para 2050 su producción superará los mil millones de toneladas al año.

La contaminación por plásticos ha alcanzado niveles críticos en todo el mundo: se calcula que cada año terminan en los océanos entre 8 y 14 millones de toneladas. Los plásticos están presentes en todas partes: en la tierra, en el agua y el aire, en los alimentos e incluso en el torrente sanguíneo humano.

Este escenario coloca a la comunidad internacional ante una encrucijada. Las negociaciones para un Tratado de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Plásticos representan hoy el esfuerzo más ambicioso por abordar una crisis creciente mediante la acción internacional coordinada. Sin embargo, quienes se benefician de la producción de plásticos, como los petroestados y la industria petroquímica, harán todo lo posible para preservar su riqueza. Presionan por la aprobación de un tratado débil, centrado únicamente en el tratamiento de los desechos plásticos en vez de abordar el tema de su producción. La sociedad civil continúa abogando por un tratado ambicioso, decidida a evitar que esta oportunidad se pierda con un acuerdo débil e ineficaz.

El proceso del tratado

El camino hacia un acuerdo internacional vinculante sobre los plásticos comenzó a tomar forma con las crecientes pruebas científicas del devastador impacto de la contaminación por plásticos en los ecosistemas marinos a principios de la década de 2000. A medida que los investigadores detectaban microplásticos en los rincones más remotos del planeta, desde la nieve del Ártico hasta las profundidades oceánicas, se hacía cada vez más evidente la necesidad de una acción global coordinada. Las respuestas iniciales fueron fragmentarias: algunos países prohibieron artículos como bolsas de plástico o microperlas, y se establecieron acuerdos regionales sobre el tema de los desechos marinos.

El avance decisivo se produjo en la Asamblea de la ONU sobre el Medio Ambiente celebrada en Nairobi, Kenia, en marzo de 2022, cuando los Estados acordaron elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para hacer frente a la contaminación por plásticos antes de 2024. En el periodo previo a la reunión, más de 700 grupos de la sociedad civil de 113 países instaron a los gobiernos a tomar esta medida. Esta histórica decisión puso en marcha el proceso del Comité Intergubernamental de Negociación (INC), con el mandato de elaborar un acuerdo global que abarque todo el ciclo de vida de los plásticos, desde su producción hasta su eliminación.

La primera sesión del INC, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en noviembre y diciembre de 2002, sentó las bases de las negociaciones mediante el establecimiento de grupos de trabajo y procedimientos. En la segunda reunión, celebrada en París, Francia, en mayo y junio de 2023, se iniciaron los debates sustantivos sobre el alcance del tratado y las posibles medidas. En la tercera reunión, desarrollada en Nairobi, Kenia, en noviembre de 2023, surgieron claras diferencias entre los distintos enfoques para abordar la crisis; en la cuarta reunión, que tuvo lugar en Ottawa, Canadá, en abril de 2024, se intentó cerrar estas brechas y alcanzar un consenso sobre las principales disposiciones del tratado.

Sin embargo, en la quinta sesión, celebrada en Busan, Corea del Sur, en noviembre y diciembre de 2024, las diferencias sobre los fundamentos del tratado se hicieron irreconciliables, lo que impidió llegar a un acuerdo. La que se suponía que iba a ser la ronda final de negociaciones acabó siendo suspendida. El INC volverá a reunirse en 2025, en fecha y lugar aún no anunciados.

Diferencias irreconciliables

La Coalición de Alta Ambición para Acabar con la Contaminación por Plásticos que se reunió en Busan agrupa a varios Estados europeos y africanos y Estados de las islas del Pacífico. Copresidida por Noruega y Ruanda, esta coalición aboga por la adopción de normas internacionales vinculantes destinadas a reducir la producción de plásticos. Sus propuestas incluyen la imposición de límites obligatorios a la producción de plásticos, metas claras de reducción, restricciones a los productos químicos nocivos presentes en los plásticos y normas de diseño más estrictas para mejorar su reciclabilidad. Muchos de los países miembros de la coalición ya enfrentan las consecuencias devastadoras de la contaminación por plásticos, tanto en sus ecosistemas como en sus economías.

En el extremo opuesto se encuentran Estados que buscan bloquear todo avance significativo, tales como Irán, Rusia y Arabia Saudita. Estos países se oponen firmemente a todo tipo de límite o restricción de la producción. Plantean la contaminación por plásticos principalmente como un problema relacionado con la gestión de residuos, proponiendo iniciativas voluntarias y respuestas lideradas por las empresas. Esta postura se alinea estrechamente con la de la industria petroquímica, que estuvo fuertemente representada en Busan, inclusive como parte de varias delegaciones nacionales, entre ellas las de China, Egipto, Finlandia, Irán, Kazajstán, Malasia, Perú y República Dominicana.

De acuerdo con un informe del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, 220 grupos de presión de las industrias química y de combustibles fósiles se inscribieron para asistir a las negociaciones, una cifra récord. Estos grupos habrían constituido la mayor delegación individual en las negociaciones del INC-5, superando en número a las delegaciones de la Unión Europea y de sus Estados miembros, a las de todos los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico, y a las de toda la región de América Latina y el Caribe.

Los grupos de presión de la industria petroquímica argumentan que los plásticos son esenciales para el desarrollo y que los países del Sur global los necesitan. Afirman que las restricciones a la producción generarían pérdidas de empleo y subidas de precios, lo que afectaría negativamente el crecimiento económico. Partiendo de la idea de que las soluciones basadas en el mercado son siempre preferibles a la regulación, proponen iniciativas voluntarias lideradas por las empresas y asociaciones público-privadas para invertir en infraestructuras de gestión de residuos, desarrollar tecnologías de reciclado y educar a los consumidores.

Estas afirmaciones están en directa contradicción con la evidencia disponible, pero se reflejan en las posiciones negociadoras de algunos Estados. Actualmente sólo se recicla alrededor del 9% de los plásticos y el resto se deposita en vertederos, se quema o simplemente no se contabiliza. Gran parte del plástico producido no se puede reciclar o su reciclaje resulta demasiado costoso; además, el propio proceso de reciclaje también tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente y produce materiales de menor calidad. Existen pruebas de que la industria sabía desde el principio que el reciclaje no resolvería el problema, pero lo promovió como una estrategia para eludir las prohibiciones que afectarían la producción de plásticos.

Un tercer grupo de Estados, que incluye a algunos grandes productores de plásticos como China y Estados Unidos, se encuentra en una posición intermedia entre la Coalición de Gran Ambición y el lobby petroquímico. Estados Unidos da prioridad a las propuestas para mejorar la gestión de residuos y las infraestructuras de reciclaje, apoya la introducción de medidas para aumentar la transparencia en las cadenas de suministro y aboga por la innovación para la producción de materiales alternativos. Por su parte, China subraya que los países del Norte y del Sur tienen responsabilidades diferentes y exige reforzar las capacidades de los países del Sur, abogando por una transición gradual para reducir la contaminación por plásticos y mitigar los impactos económicos.

Aunque ambos Estados prefieren planes de acción nacionales en lugar de objetivos globales vinculantes y están alineados con los intereses de la industria, la sociedad civil los considera negociadores de buena fe y potencialmente persuasibles. Es aquí donde reside la esperanza de lograr un tratado ambicioso. Sin embargo, para que esto suceda es fundamental que estos países comprendan que la única manera de resolver la contaminación por plásticos es frenar su producción. Un tratado eficaz debe incluir objetivos claros de reducción de la producción y la prohibición de los materiales plásticos más tóxicos, así como de los plásticos de un solo uso, que se utilizan una sola vez pero permanecen en el medio ambiente durante siglos.

La sociedad civil en acción

El camino hacia un tratado de la ONU sobre los plásticos ha sido pavimentado por años de esfuerzo incansable de la sociedad civil, que ha trabajado a través de la investigación, la incidencia política y las campañas de sensibilización. Este trabajo fundamental creó las condiciones políticas necesarias para iniciar las negociaciones del tratado, y la sociedad civil sigue subrayando la urgencia de la crisis, garantizando que las voces de las comunidades afectadas sean escuchadas.

La sociedad civil está llevando a cabo una campaña concertada en favor de un tratado ambicioso, manteniendo una presencia constante a lo largo del proceso. Combina la investigación científica, la concientización pública, la acción directa y la incidencia estratégica para contrarrestar las narrativas de la industria e influir sobre las negociaciones. El éxito ha sido posible cuando la sociedad civil ha adoptado un enfoque multifacético.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han asistido a las reuniones del INC en calidad de observadoras, presentado informes, organizado eventos paralelos, y participado en grupos de trabajo técnicos y consultas con expertos. Muchos Estados han incluido a la sociedad civil en sus procesos nacionales de consulta, lo que ha permitido a la sociedad civil influir en las posiciones negociadoras.

La incidencia directa con las delegaciones nacionales ha demostrado ser un canal de influencia clave. Las OSC se han reunido con los negociadores, proporcionando información técnica, compartiendo las perspectivas de las comunidades de primera línea y proponiendo textos específicos para el tratado. La eficacia de este enfoque ha dependido de la construcción de relaciones a largo plazo y de la credibilidad ganada a través de contribuciones coherentes y bien documentadas.

La sociedad civil ha formado coaliciones que incluyen un amplio abanico de grupos, como organizaciones ecologistas, representantes de pueblos indígenas, instituciones académicas y movimientos juveniles. Estas coaliciones comparten recursos, coordinan mensajes y facilitan el intercambio de conocimientos entre organizaciones de diferentes niveles, desde las locales hasta las OSC internacionales. Las alianzas de la sociedad civil con Estados afines han abierto nuevas vías de influencia dentro de las negociaciones.

La sociedad civil ha generado y utilizado datos para respaldar sus propuestas políticas y ganar credibilidad entre los negociadores. Se ha centrado en una variedad de temas, desde la presencia de microplásticos en la sangre humana hasta la cartografía de las nuevas instalaciones petroquímicas, pasando por el seguimiento de la incineración ilegal de residuos plásticos y el análisis de los grupos de presión empresariales en las negociaciones del tratado. Las organizaciones han aportado su experiencia a los debates técnicos.

La Agencia de Investigación Medioambiental, una OSC internacional, ha sacado a la luz el lado oscuro del comercio mundial de residuos plásticos, revelando la realidad de su tráfico. Mediante investigaciones encubiertas y un seguimiento detallado de los movimientos de los residuos, han documentado cómo los residuos plásticos de los países del Norte suelen acabar en vertederos ilegales del sudeste asiático y Turquía. Estas pruebas han sido decisivas para impulsar la creación de normas mundiales vinculantes que impidan el vertido de estos residuos y garanticen la rendición de cuentas.

Los informes de auditoría de marcas que realiza anualmente el movimiento global Break Free From Plastic (“Libérate del Plástico”) han contribuido a cambiar el discurso sobre la contaminación por plásticos. Al movilizar a miles de voluntarios de todo el mundo para recoger y documentar residuos plásticos, este movimiento ha creado una base de pruebas que cuestiona directamente los argumentos de las empresas. Sus conclusiones demuestran que un pequeño número de empresas multinacionales son responsables de la mayor parte de la contaminación plástica y que el reciclaje por sí solo no puede resolver esta crisis.

Además de informar sobre el impacto climático de los plásticos, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional ha proporcionado conocimiento jurídico sobre los mecanismos del tratado y ha seguido de cerca la influencia de la industria en las negociaciones.

Trabajando en estrecha colaboración con comunidades y organizaciones de recicladores, la Alianza Global para Alternativas a la Incineración ha documentado el impacto de la contaminación por plásticos en comunidades marginadas. Ha proporcionado análisis técnicos sobre enfoques de gestión de residuos, cuestionado falsas soluciones como el reciclaje químico y la incineración, y abogado por una transición justa que reduzca la producción de plástico sin poner en peligro a los trabajadores informales del sector.

La innovación digital ha ampliado el alcance de estas campañas. Las OSC han desarrollado aplicaciones para rastrear los focos de contaminación y mapas interactivos de los flujos comerciales de residuos, y han utilizado la realidad virtual para permitir que el público experimente el impacto de la contaminación por plástico de los océanos. Las redes sociales han permitido dar visibilidad a cuestiones políticas complejas; con imágenes virales de animales marinos enredados en plástico que han tenido un gran impacto. Campañas como #PlasticFreeChallenge (“Desafío Libre de Plástico”) sirvieron para mostrar alternativas prácticas a los artículos de plástico cotidianos. La campaña #StopShippingPlasticWaste (“Dejen de transportar desechos plásticos”) urgió a la ciudadanía a presionar a las principales navieras del mundo a detener el transporte de residuos plásticos desde los países más ricos del planeta hacia los menos favorecidos de África, Asia, América Latina y Oceanía.

Con historias humanas impactantes y datos científicos sólidos, la sociedad civil ha puesto de relieve las repercusiones reales de la contaminación por plásticos. Las campañas mediáticas, como el video Plastic is Forever (“El plástico es para siempre”) y The Return of the Plastic Monster (“El regreso del monstruo de plástico”) han acercado el problema a un público más amplio. Documentales como The Story of Plastic (“La historia del plástico”), de 2019, han proporcionado un contexto más profundo a través de proyecciones comunitarias.

La sociedad civil también ha recurrido al litigio para frenar la construcción de nuevas plantas de plásticos, como la gigantesca planta proyectada en Bélgica. Muchos grupos de la sociedad civil también han adoptado la acción directa. Extinction Rebellion organizó bloqueos de plantas petroquímicas en seis países del Mar del Norte, y grupos de todo el mundo han organizado limpiezas coordinadas de playas. Las giras del monstruo de plástico de Greenpeace llevaron residuos plásticos en forma de enormes instalaciones artísticas a las sedes corporativas de los principales contaminadores de plástico y, cuando las negociaciones entraban en una fase crítica en Busan, sus activistas abordaron un petrolero que iba a cargar productos químicos plásticos tóxicos procedentes de una refinería de Corea del Sur. Otros grupos locales han buscado concientizar al público colocando pegatinas con “fechas de caducidad del plástico” en los productos vendidos en supermercados, mientras que otros han escenificado actos de devolución de envases plásticos en las sedes corporativas de grandes cadenas de distribución.

Los esfuerzos por responsabilizar a las empresas han adoptado muchas formas creativas, como el desarrollo de tarjetas de puntuación públicas para calificar y comparar los compromisos y acciones de las empresas en materia de reducción de plásticos, y campañas de “brand-jamming” que modifican los logotipos de las empresas para resaltar su papel en la contaminación. En Australia, la campaña Unwrapped (“Desenvuelto”) investigó el uso de envases plásticos por parte de los grandes supermercados y abogó por leyes estrictas para limitar la producción de plásticos y por acciones para responsabilizar a las empresas. En todo el mundo, los grupos locales de la sociedad civil han emprendido muchas otras acciones similares.

Presión para el cambio

Durante las negociaciones han surgido varias tensiones críticas, entre ellas la división entre enfoques ambiciosos y enfoques mínimos, el alcance de las medidas obligatorias frente a las voluntarias, y la tensión entre las soluciones centradas en el ciclo de vida de los plásticos y aquellas limitadas solo a la gestión de residuos. Una cuestión especialmente crucial es el apoyo financiero a los países del Sur global, para que puedan mejorar sus sistemas de gestión de residuos y abandonar los plásticos de un solo uso. Este apoyo debe incluir, además, la consideración de los millones de trabajadores informales del sector de los residuos, cuyo sustento depende de los sistemas actuales.

En última instancia, el éxito del tratado dependerá de que se mantenga el impulso político hacia una acción ambiciosa, a pesar de la fuerte resistencia de las empresas. La producción de plásticos sigue creciendo y los residuos plásticos siguen acumulándose, lo que hace que la situación sea aún más crítica. El Tratado de la ONU sobre los Plásticos representa una oportunidad crucial para abordar uno de los retos medioambientales más acuciantes del mundo. La capacidad de la comunidad internacional para responder adecuadamente a este desafío dependerá de la presión constante de la sociedad civil, de la voluntad política de los gobiernos y de un entendimiento compartido de que seguir con el statu quo ya no es una opción.

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