Ecosistemas oceánicos amenazados por la minería de los fondos marinos
Varios Estados están acelerando sus planes de explotación minera de los fondos marinos para extraer metales valiosos para tecnologías como las baterías de vehículos eléctricos. Las Islas Cook son uno de los varios Estados insulares del Pacífico que ven en esta práctica una oportunidad económica, con Noruega a la cabeza en el Norte del mundo. Sin embargo, la sociedad civil ha pedido una moratoria, señalando que esta tecnología no ha sido probada y que sus impactos medioambientales son inciertos en entornos marinos de aguas profundas que, en gran medida, siguen siendo inexplorados. Una reciente esperanza surge con el cambio de liderazgo en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el organismo responsable de regular el uso de los fondos marinos en aguas internacionales.
Lo que está en juego son los racimos de metales, conocidos como nódulos, que yacen en el fondo marino. Formados por minerales que se han acumulado durante miles de años, pueden contener elementos valiosos como cobalto, manganeso y níquel. Aunque estos recursos han sido conocidos durante décadas, su extracción no ha sido económicamente viable hasta hace poco, debido al reciente aumento de los precios de los metales que contienen. Ahora tienen una gran demanda, especialmente para su uso en la fabricación de teléfonos móviles y baterías de vehículos eléctricos, que se consideran un elemento clave de la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
Comunidades divididas en las Islas Cook
Los nódulos que más interés despiertan en la actualidad se encuentran en el Océano Pacífico y plantean un dilema a las pequeñas naciones insulares que se encuentran en sus vastos mares. Ofrecen una fuente potencial de riqueza económica en regiones que cuentan con escasas alternativas para diversificar sus economías, además de verse afectadas por los impactos del cambio climático.
Las naciones insulares del Pacífico, en particular los atolones de baja altitud, están en primera línea de la crisis climática, enfrentándose a la amenaza de la subida del nivel del mar. Estas naciones han contribuido mínimamente a las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, pero están soportando desproporcionadamente sus consecuencias. Para estos países, a los que se les pide renunciar a los beneficios de la industrialización basada en el carbono que disfrutan los países del norte global, la minería de aguas profundas parece ofrecer una oportunidad de obtener beneficios económicos derivados de la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Además, frente a la falta de financiación adecuada por parte de los gobiernos para mitigar y adaptarse al cambio climático, la minería en aguas profundas puede parecer una de las pocas opciones disponibles.
Las Islas Cook, un grupo de 15 islas polinesias, lideran este movimiento. En 2022, su gobierno concedió tres licencias de exploración minera en aguas profundas. Desde entonces, se ha estado cartografiando el lecho marino dentro de la zona económica exclusiva del país, que abarca 1,96 millones de kilómetros cuadrados. En septiembre de 2024, el país reafirmó sus ambiciones con la celebración de una conferencia sobre minería de aguas profundas.
Las empresas mineras utilizan sus amplios recursos para financiar patrocinios e iniciativas comunitarias con el fin de ganarse el apoyo público. A pesar de esto, las comunidades siguen divididas, y muchas personas están preocupadas por los impactos ambientales de esta actividad y exigen que se respeten las tradiciones culturales, que consideran el respeto por el océano como un valor fundamental. Durante la conferencia, algunos miembros de la comunidad se echaron al mar en barcas como acto de protesta.
La historia de la minería en los países del Sur es bastante sombría. La mayor parte de los beneficios han ido a parar a grandes empresas con sede en países del Norte, mientras que las comunidades locales han desempeñado un papel limitado, restringido principalmente a la extracción de las materias primas, que suelen procesarse y utilizarse en otros lugares. Además, las poblaciones locales han recibido escasos beneficios económicos. Por el contrario, los costes de la minería, incluyendo la contaminación, han recaído sobre las comunidades que viven cerca de los sitios de extracción. Estas comunidades también suelen enfrentarse a la represión si se les percibe como opositoras a las actividades mineras. En muchos casos, los ingresos generados por la minería han estado vinculados a la corrupción de las élites, particularmente en países con regímenes autoritarios y un espacio cívico restringido, donde la sociedad civil no tiene la capacidad de exigir responsabilidades al poder político y económico.
La minería en el mar, en lugar de en tierra, podría evitar algunos de estos problemas. Sin embargo, persisten muchas incógnitas. La tecnología no ha sido probada, y es difícil imaginar cómo se podría explotar el lecho marino sin causar graves daños al medio ambiente. Se espera que la explotación minera provoque una alteración generalizada de los sedimentos y lodos, los cuales, según investigaciones recientes, funcionan como sumideros de carbono. Entonces, su alteración podría liberar más gases de efecto invernadero. Además, la contaminación acústica resultante podría tener un impacto negativo en la vida marina. A diferencia de los ecosistemas terrestres, la ciencia aún sabe relativamente poco sobre los ecosistemas de aguas profundas. Muchas especies siguen sin estar clasificadas y aún queda mucho por aprender sobre el papel que desempeñan los entornos de aguas profundas en las cadenas ecológicas de las que depende la humanidad. Sin más investigación científica, ni siquiera es posible determinar con precisión cuánto daño podría causar esta actividad.
Se promueve la extracción en aguas profundas a pesar de que la tecnología aún está en pañales. Y para cuando esta tecnología finalmente se desarrolle, es probable que la demanda actual de los metales de los nódulos haya disminuido, en parte como consecuencia de las mejoras en el reciclaje y los avances en la tecnología de las baterías.
Las ambiciones de Noruega en suspenso
Al otro lado del mundo, Noruega, la superpotencia de los combustibles fósiles, también ha manifestado su interés por explotar los fondos marinos. La extracción de petróleo y gas de sus mares circundantes la convirtió en un país rico, sede del mayor fondo soberano del mundo. Ahora busca diversificar su economía explorando otros recursos. En enero de 2024, el Parlamento noruego aprobó, por amplia mayoría, la exploración de sus fondos marinos, lo que convertiría a Noruega en el primer país en iniciar la explotación del lecho oceánico. Uno de los motivos alegados fue la necesidad de reducir sus importaciones de materias primas procedentes de China.
Sin embargo, la decisión provocó una fuerte oposición de la sociedad civil, que logró incluir importantes salvaguardias en la legislación. El proyecto de ley ahora exige la aprobación parlamentaria de cualquier licencia minera, lo que abre espacio para un mayor escrutinio público y nuevas campañas de incidencia. La sociedad civil sigue decidida a detener la medida y ha emprendido acciones legales.
En diciembre del 2024, los planes de Noruega enfrentaron un retraso significativo cuando uno de los partidos que apoyaban al gobierno minoritario se negó a respaldar el presupuesto si el plan de exploración minera seguía adelante. Esto resultó en que los planes fueran pospuestos hasta al menos después de las elecciones previstas para septiembre de 2025. La sociedad civil aprovechará este periodo para intensificar sus esfuerzos y mantener el tema en el debate público.
Voces desde las primeras líneas
Martin Sveinssønn Melvær es responsable de Materiales e Industria en la Fundación Bellona, una organización independiente de la sociedad civil dedicada a identificar y aplicar soluciones sostenibles a los retos medioambientales más acuciantes del mundo.
La prisa por permitir la minería de los fondos marinos se basa en un error de cálculo fundamental. Los minerales de los fondos marinos se presentan como una solución a la escasez de metales necesarios para la transición ecológica. Pero las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía y otras fuentes fiables sugieren que el cuello de botella en el suministro de minerales, en el que la oferta de minerales tendrá problemas para satisfacer la demanda, durará unos 10 o 15 años, mientras que las estimaciones más optimistas indican que la minería comercial de los fondos marinos en aguas noruegas sólo podrá iniciarse dentro de entre 15 y 25 años. La tecnología necesaria para la explotación minera de los fondos marinos sigue siendo muy inmadura, y la historia ha demostrado que se necesitan muchos años de desarrollo para llevar una nueva tecnología a escala industrial. En Bellona, creemos que la solución al cuello de botella mineral no es la minería de aguas profundas, sino una apuesta firme por la economía circular, combinada con prácticas de minería terrestre más sostenibles.
Es difícil entender por qué el Gobierno noruego se precipita en este proceso. Mi impresión es que está demasiado ansioso por encontrar una nueva industria que genere puestos de trabajo a medida que decae la industria petrolera, sin darse cuenta -o sin querer darse cuenta- de que la minería de aguas profundas, además de ser irresponsable desde el punto de vista medioambiental, tiene pocas probabilidades de ser económicamente rentable. Incluso Equinor, la principal empresa petrolera noruega, ha expresado su escepticismo sobre la minería de aguas profundas, apoyándose en el principio de precaución. Este principio exige la adopción de medidas cautelares cuando las pruebas científicas sobre los riesgos medioambientales o para la salud humana son inciertas, y hay mucho en juego.
También hay que tener en cuenta la fuerte presión de Offshore Norge, el grupo de presión de la industria petrolera. Aunque las principales compañías petroleras no han mostrado mucho interés por la minería de aguas profundas, Offshore Norge la ha promovido muy activamente. Podríamos llamarlo “petroholismo”. Nuestro gobierno está acostumbrado a conceder a la industria petrolera todo lo que pide.
La explotación minera de los fondos marinos debe detenerse hasta que se llenen las lagunas de conocimiento existentes. Hacemos un llamado a todos para que respalden una moratoria global sobre la minería de aguas profundas.
Este es un extracto editado de nuestra conversación con Martin. Lea la entrevista completa (en inglés) aquí.
Un papel clave para un organismo internacional
Las Islas Cook no son el único Estado insular del Pacífico que contempla la explotación minera de los fondos marinos. Kiribati, Nauru y Tonga también apoyan a empresas internacionales que desean obtener licencias para este propósito.
Sin embargo, no todos los países comparten la misma postura. Fiyi, Palaos, Samoa y Vanuatu son algunos de los Estados insulares del Pacífico que apoyan una moratoria, junto con naciones como Brasil, Canadá, Francia y Alemania. En total, treinta y dos Estados han respaldado una moratoria, incluyendo ocho que la firmaron en 2024.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) puede desempeñar un papel fundamental. Establecida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la ISA cuenta con 168 Estados miembros y tiene su sede en Kingston, Jamaica. Aunque no puede impedir que los Estados exploten recursos dentro de sus aguas nacionales, su mandato consiste en regular las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que constituyen aproximadamente la mitad de los fondos marinos del mundo.
En los últimos años, la ISA ha sido criticada por su cercanía a las industrias extractivas. Hasta la fecha, ha concedido 31 contratos de exploración a empresas y Estados como India, Polonia y Corea del Sur. Algunos Estados, incluido Nauru, han presionado para que la ISA actúe con mayor rapidez. Fue Nauru quien desencadenó una crisis en 2021, al notificar a la ISA su intención de llevar a cabo actividades mineras de aguas profundas en aguas internacionales, lo que activó un proceso para tratar de elaborar una normativa. Sin embargo, las conversaciones de 2023 destinadas a acordar esta normativa fracasaron, aplazando su adopción hasta al menos este año.
En este momento crítico, un cambio significativo se produjo en septiembre con el nombramiento de una nueva secretaria general de la ISA. La brasileña Leticia Carvalho es la primera mujer, oceanógrafa y latinoamericana, que dirige la ISA. Derrotó al entonces titular, el abogado británico Michael Lodge, quien aspiraba a un tercer mandato. Se le acusaba de impulsar la explotación minera de los fondos marinos, y su candidatura contaba con el firme respaldo del gobierno de Kiribati, que presuntamente presionó a Carvalho para que retirara su candidatura.
Carvalho ha asumido el compromiso de mejorar la transparencia y restablecer la confianza en la ISA, en un momento marcado por acusaciones de mala gestión y parcialidad hacia los intereses mineros dentro del organismo.
Voces desde las primeras líneas
Juressa Lee es responsable de la Campaña de Minería de Aguas Profundas de Greenpeace Aotearoa.
La ISA ha sido objeto de críticas bajo el mandato de Michael Lodge. Se le ha acusado de extralimitarse en sus funciones, actuando más como un defensor del sector que como un regulador neutral. En las últimas reuniones del Consejo de la ISA también se ha debatido ampliamente sobre el gasto excesivo y la mala gestión de sus fondos. Todo ello se produce en un momento en que la minería de aguas profundas es objeto de un intenso escrutinio por sus repercusiones medioambientales y sociales, en particular sobre el patrimonio cultural indígena.
Con el nombramiento de Leticia Carvalho como nueva secretaria general, hay esperanzas de que se produzca un cambio en el enfoque de la ISA. Tanto Greenpeace como otros sectores de la sociedad civil consideran esencial que la nueva secretaria general sitúe la salud de los océanos en el centro de la labor de la ISA.
Hay una creciente ola de resistencia a la minería de aguas profundas en todo el mundo, con cinco naciones que se unieron a la petición de una moratoria en la última sesión de la ISA en julio. Los pueblos indígenas, incluidos los del Pacífico, esperan que la nueva secretaria general se comprometa con los gobiernos a reorientar las prioridades de la ISA hacia el interés público, después de años de haber favorecido los estrechos intereses corporativos de la industria minera de los fondos marinos.
Greenpeace aboga por una moratoria –es decir, una suspensión temporaria- de la minería de aguas profundas debido a su carácter insostenible y a sus importantes riesgos medioambientales. Creemos que la ISA debe adoptar un enfoque preventivo y posponer la emisión de nuevas licencias mineras hasta que se realicen investigaciones científicas que nos ayuden a comprender plenamente los ecosistemas de aguas profundas.
Este es un extracto editado de nuestra conversación con Juressa. Lea la entrevista completa (en inglés) aquí.
La ISA debería reorientar sus prioridades y consultar ampliamente a la sociedad civil, incluidos los grupos indígenas, sobre el camino a seguir. Hasta que no se obtenga una comprensión clara de los impactos de la minería de aguas profundas y cómo minimizarlos, esta tecnología no probada no debería desplegarse. La sociedad civil seguirá pidiendo una moratoria de la minería de aguas profundas y promoviendo alternativas sostenibles a la extracción, como el aumento del reciclaje y la implementación de medidas más efectivas para gestionar mejor el consumo de recursos.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
- Los gobiernos y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos deberían adoptar una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos hasta que la investigación haya establecido sus posibles repercusiones en los ecosistemas.
- La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos debe consultar a la sociedad civil, incluidos los grupos indígenas y las comunidades costeras, en todas las decisiones relacionadas con la explotación minera de los fondos marinos.
- Los gobiernos y las empresas deben redoblar esfuerzos para promover una economía circular, basada en la reutilización, la reparación y el reciclaje, en lugar de perpetuar la extracción continua de recursos.
Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org
Foto de portada de Kenzo Tribouillard/AFP vía Getty Images