Más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por océanos. La mayor parte de estas aguas son de alta mar, y quedan por lo tanto fuera de las jurisdicciones nacionales. Tomar medidas para protegerlas es crucial para evitar lo peor de la crisis climática y proteger la biodiversidad. Sin embargo, la alta mar sigue siendo una zona muy descuidada por el derecho internacional. En consecuencia, apenas está protegido el 1,2% de los océanos del mundo.

Los y las activistas ambientales abrigaban la esperanza de que esta situación comenzara a cambiar tras la sesión de negociación celebrada durante las dos últimas semanas de agosto. Pero se vieron defraudados: el tratado sobre los océanos por el que han pasado años haciendo campaña sigue sin materializarse.

Un grito de auxilio

El acuerdo internacional más reciente en materia de protección de los océanos es la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho del Mar, firmada en 1982 y vigente desde 1994, pese a que nunca fue ratificado por algunos Estados entre los que se cuenta Estados Unidos, la mayor potencia naval del mundo. Dicha convención estableció límites territoriales y definió la zona conocida como alta mar, donde todos los países pueden pescar, navegar e investigar. Asimismo, creó mecanismos de regulación para monitorear la actividad en las aguas compartidas.

Pero en las décadas transcurridas desde entonces ha quedado claro que con esto no alcanza. La salud de los océanos se ha deteriorado rápidamente, entre otras cosas a causa del transporte marítimo, la minería y la pesca industrial.

Las investigaciones disponibles sugieren que entre el 10% y el 15% de la vida marina está en peligro de extinción. Más de 14.000 especies marinas están incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; entre ellas se cuentan mamíferos marinos, corales y numerosos tipos de peces. Una vasta riqueza genética que habita los océanos del mundo corre el riesgo de desaparecer, en muchos casos antes de haber sido siquiera descubierta. Con ella, valiosas fuentes de nuevos medicamentos que podrían salvar vidas pueden desaparecer para siempre.

Los seres humanos también corremos peligro. Millones de personas dependen del océano para su subsistencia, sobre todo en el sur global. En países como Bangladesh, Ghana y Sri Lanka, el pescado proporciona a la población la mitad de su ingesta de proteínas. El océano también tiene un profundo significado cultural para mucha gente de todo el mundo, por lo que su degradación conlleva una importante pérdida cultural.

Dado su papel central en la mitigación de los impactos del calentamiento global mediante la absorción de dióxido de carbono, la salud de los océanos es clave para el bienestar general del planeta. Pero la acidificación de los océanos, provocada por el aumento de la cantidad de gases de efecto invernadero que se sumergen en el agua, amenaza con acelerar el daño ambiental. Es evidente que se necesitan regulaciones globales más sólidas.

El largo camino hacia el tratado

La necesidad de proteger los océanos del mundo para las generaciones futuras ya era evidente 15 años atrás, cuando los Estados miembros de la ONU acordaron crear un instrumento jurídico vinculante para la conservación y el desarrollo sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional: un tratado de alta mar o tratado sobre los océanos, como se lo suele llamar.

Pero el proceso no se aceleró hasta 2017, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para convocar una conferencia intergubernamental en la que se desarrollarían las negociaciones formales con vistas a un tratado que debería concluirse para finales de 2022. La resolución fue adoptada por consenso y copatrocinada por 141 Estados, una demostración del amplio apoyo del que gozaba.

El tratado propuesto pretende establecer zonas marinas protegidas en aguas internacionales. Muchos países están de acuerdo en que dichas zonas deberían abarcar alrededor del 30% de los océanos del mundo y en que dentro de ellas deberían regularse estrictamente actividades como la pesca, el transporte marítimo y la minería de aguas profundas.

La primera sesión de negociación, de dos semanas de duración, tuvo lugar en 2018, y le siguieron dos rondas adicionales en 2019. La cuarta y supuestamente última sesión debía celebrarse en 2020, pero fue postergada dos veces a causa de la pandemia. Cuando finalmente tuvo lugar, en marzo de 2022, no se logró alcanzar un acuerdo.

El activismo ambientalista señaló con el dedo a ciertos Estados que provocaron retrasos deliberados o intentaron lograr la exclusión de determinadas actividades económicas. Tales parecen haber sido los casos de Rusia e Islandia, entre otros Estados que pidieron la exclusión de la pesca.

En agosto se celebró una quinta sesión que, nuevamente, se suponía que sería la etapa final de las negociaciones. Otra vez el activismo se ilusionó con la inminente finalización de un documento jurídicamente vinculante, pero otra vez salió decepcionado.

La presidenta de la conferencia intergubernamental subrayó que la meta estaba más cerca que nunca, pero reconoció que por el momento no sería posible cruzarla. Las negociaciones se estancaron por desacuerdos en materia de derechos de pesca, el reparto y los beneficios resultantes de los recursos genéticos marinos, la posibilidad de abrir el Ártico a la exploración y la provisión de fondos y otros recursos a los países del sur global.

A nivel organizacional podría haber influido la ausencia de participación de representantes ministeriales de alto nivel. Una agenda mal concebida permitió el resurgimiento de viejos problemas, lo cual contribuyó a descarrilar el proceso.

La sesión se suspendió para que los Estados tuvieran más tiempo para limar sus diferencias. La sociedad civil exige que se reanude lo antes posible, con el fin de que el tratado sea aprobado antes de que acabe el año.

La sociedad civil en acción

La sociedad civil lleva mucho tiempo luchando por una mejor gobernanza de los océanos, pero no tiene un asiento en la mesa: la negociación de los tratados es un proceso estadocéntrico. Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil tienen estatus de observadores, la mayoría de los activistas no pueden asistir a las negociaciones y no logran acceder a documentos clave con la antelación suficiente.

En contrapartida, la sociedad civil se ha enfocado en establecer alianzas con representantes de Estados afines, colaborando con ellos para introducir propuestas ambiciosas en las negociaciones. Al mismo tiempo hacen campaña para ejercer mayor presión pública sobre el proceso. Se han reunido en amplias coaliciones para defender el tratado, sensibilizar, protestar y reunir apoyos a través de peticiones en línea, de modo de enviar a los políticos un mensaje claro. Un petitorio de Greenpeace recibió más de 5,2 millones de firmas. En una fase posterior del proceso, Greenpeace envió cartas a los gobiernos instándoles a enviar a funcionarios de alto rango a las conversaciones.

En vísperas de la sesión de marzo de 2022, el activismo se hizo presente en la cumbre One Ocean, en Francia, para exigir al presidente Emmanuel Macron que tomara medidas para proteger los océanos. Durante la primera semana de la sesión de agosto, Greenpeace organizó una fiesta con baile cerca del lugar de la conferencia, la sede de la ONU en Nueva York, para recordar a los gobiernos que estaban siendo vigilados.

Pero cuando las negociaciones se estancaron, el ambiente festivo se disipó. Activistas procedentes de algunas de las comunidades que sufren las peores consecuencias de la crisis de los océanos se expresaron con pasión acerca de sus realidades.

Cuando se alejaron las perspectivas de que el tratado se concluyera en agosto, un grupo de famosos escribió una carta abierta a los delegados, recordándoles la urgencia del acuerdo y sus obligaciones de producirlo antes de fin de año. Decepcionado pero no desanimado, el activismo se reagrupó para continuar reclamando una acción decisiva antes de fin de año. La presión continúa para llegar a 2030 con al menos el 30% de los océanos del mundo protegidos.

Hora de decidir

La ONU no ha modificado la fecha límite fijada para 2022, y en lo que al activismo ambiental concierne, éste sigue siendo el año del Tratado de los Océanos.

Por el momento no hay más sesiones de negociación programadas, y no está claro si se convocará a una sesión extraordinaria. Si ello ocurre, tampoco hay garantía de que esta vez se alcance un acuerdo. Más de 40 Estados se han comprometido a firmar un acuerdo antes de la fecha límite, pero la cifra está aún muy lejos del consenso global que se necesita.

El activismo insta a la adopción de un tratado basado en las áreas en que actualmente hay acuerdo, al tiempo que presionan por una mayor ambición, dejando la puerta abierta a ulteriores enmiendas a medida que se alcancen acuerdos sobre cuestiones más controvertidas en el curso de una nueva negociación. Aunque los Estados poderosos siguen adoptando posiciones interesadas en cuestiones tales como la pesca y la propiedad del material genético, muchos activistas creen que ya falta poco para que el tratado se materialice.

Acordar un tratado es importante, pero es un paso dentro de un recorrido más largo para detener el desastroso avance del cambio climático y proteger la vida y los recursos del planeta. Una vez acordado, el tratado debe conducir a la acción. La sociedad civil tendrá que permanecer alerta, presionando para que el tratado sea implementado y llamando a Estados y corporaciones a rendir cuentas – asegurando, en suma, que el tratado marque una auténtica diferencia.