En abril, apenas un mes después de su presentación, el caso del gobierno sudanés contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se desplomó ante un tribunal de La Haya. Por 14 votos a favor y dos en contra, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la demanda de Sudán, que acusaba a los EAU de violar la Convención de 1948 sobre el Genocidio al financiar y armar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), actualmente involucradas en la limpieza étnica y violencia sexual sistemática en el marco de la guerra civil en Sudán.

A pesar de las pruebas convincentes aportadas por personas expertas de las Naciones Unidas (ONU) que documentaban el apoyo de los EAU a las FAR, el Tribunal se declaró incompetente. Si bien los EAU son signatarios de la Convención sobre el Genocidio, formularon una reserva respecto de la cláusula que otorga jurisdicción a la CIJ. Este tecnicismo jurídico les permitió eludir la rendición de cuentas por su implicación en lo que ya se considera la mayor catástrofe humanitaria del mundo.

El gobierno sudanés no intentó responsabilizar a una de las partes directamente enfrentadas en el conflicto, sino a un poderoso patrocinador. Esta estrategia innovadora evidencia una laguna flagrante del derecho internacional: la posibilidad de que los Estados ricos fomenten conflictos devastadores a través de terceros, mientras mantienen una fachada de negación plausible.

Por un estrecho margen de nueve votos contra siete, la Corte decidió eliminar el caso de su lista general y cerrarlo de forma definitiva. Aunque representó una victoria para los EAU, el caso logró algo significativo: atrajo la atención internacional hacia una crisis olvidada, que desde abril de 2023 ha causado más de 150.000 muertes.

Los Estados acuden a la CIJ cuando todas las demás vías internacionales han fracasado y, a menudo, obtienen victorias morales sin acceso a remedios prácticos. En un sistema de gobernanza mundial cada vez más cuestionado, el tribunal más alto del mundo se está convirtiendo en la última esperanza de justicia, pero también en un crudo recordatorio de las limitaciones del Derecho internacional.

El desmoronamiento del orden basado en reglas

En un contexto donde los líderes autoritarios actúan con creciente impunidad y los Estados poderosos violan sistemáticamente las leyes internacionales, las instituciones diseñadas para mantener el orden mundial atraviesan una crisis existencial. La CIJ, concebida tras la Segunda Guerra Mundial como la máxima autoridad jurídica mundial, se encuentra en el epicentro de esta crisis, con un expediente repleto de casos que los canales diplomáticos establecidos han sido incapaces de resolver.

Creada como el principal órgano judicial de la ONU, la CIJ encarna una aspiración esencial: que las disputas entre Estados se resuelvan mediante el razonamiento jurídico y no por la fuerza militar. Sin embargo, desde su origen arrastra una limitación crítica: si bien tiene competencia para emitir sentencias vinculantes sobre las violaciones más graves del derecho internacional, carece de mecanismos para hacer cumplir sus decisiones.

Esta limitación fundamental no fue accidental: reacios a ceder soberanía, los Estados deliberadamente crearon un tribunal que, a diferencia del Consejo de Seguridad de la ONU, puede asesorar pero no obligar. Esto resulta en un patrón preocupante: los Estados agraviados obtienen victorias legales que los perpetradores ignoran. En teoría, el Consejo de Seguridad debería garantizar el cumplimiento de las decisiones de la CIJ, pero este órgano sufre su propia falla estructural y deliberada: sus cinco poderosos miembros permanentes poseen poder de veto, que utilizan para proteger sus intereses y los de sus aliados.

A pesar de sus limitaciones, los Estados recurren cada vez más a la CIJ cuando todas las demás vías fracasan. Esta evolución ha transformado su función original – centrada en disputas territoriales y de tratados – en algo mucho más cargado políticamente: un foro donde los Estados buscan el reconocimiento de graves injusticias. Los casos recientes de alto perfil como los de Israel, Myanmar, Sudán y pequeños Estados insulares evidencian tanto la creciente relevancia de la Corte como los desafíos estructurales de la gobernanza mundial en un mundo donde la impunidad se ha vuelto norma. El creciente número de casos de la CIJ señala su creciente prestigio institucional, pero también el fracaso de otras estructuras.

Una vía jurídica: la Convención contra el Genocidio

El caso de Sudán es el ejemplo más reciente en el que se le solicita a la CIJ que examine presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio. Esta tendencia comenzó con la demanda presentada por Gambia contra Myanmar en 2019, en la que la Corte estableció que cualquier Estado que hubiera ratificado la Convención puede iniciar procedimientos, por más que no se haya visto directamente afectado por las presuntas violaciones.

El caso de Gambia abordaba la brutal persecución de Myanmar contra su minoría rohingya, que obligó a más de 750.000 personas a huir de una represión gubernamental de extraordinaria violencia. La CIJ impuso rápidamente medidas provisionales, y ordenó a Myanmar prevenir actos genocidas contra la población rohingya restante. Esta sentencia continúa moldeando la presión internacional sobre el Estado, incluso después de que cayera bajo control militar y se sumiera en guerra civil en 2021.

Este precedente abrió la puerta tanto al caso de Sudán contra los EAU como a otro caso actual muy prominente: la acción de Sudáfrica contra Israel por su ofensiva en Gaza.

Gaza: la justicia frente a la realidad geopolítica

El caso de Sudáfrica contra Israel, presentado en diciembre de 2023 en plena intensificación de la campaña militar israelí en Gaza, puso a la CIJ bajo un reflector mundial sin precedentes. En la demanda se alegaron violaciones de la Convención sobre el Genocidio y se solicitaron medidas urgentes para proteger a la población civil.

En enero de 2024, la Corte emitió una decisión provisional que ordenó a Israel prevenir actos de genocidio, facilitar el acceso humanitario y detener la incitación pública al genocidio. A pesar de estas claras directivas, el gobierno de Israel continuó su brutal campaña militar prácticamente sin cambios.

En julio de 2024, cuando el número de muertos alcanzaba los 40.000, la Corte intensificó la presión internacional al emitir una innovadora opinión consultiva en un caso separado, en la que declaraba ilegal bajo el derecho internacional la ocupación israelí de territorios palestinos. La decisión, casi unánime, ordenó el fin de los asentamientos y el pago de indemnizaciones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la descalificó como una resolución basada en “mentiras”, mientras que sus aliados de la coalición de extrema derecha exigieron la anexión formal de Cisjordania – un desafío directo a la Corte.

Actualmente, la Corte delibera sobre la responsabilidad de Israel de permitir el acceso humanitario a Gaza. Israel ha estrangulado reiteradamente la entrada de ayuda, lo que ha llevado a una crisis de hambruna en Gaza. La Asamblea General de la ONU remitió el asunto a la Corte en diciembre de 2024, y las últimas audiencias han mostrado un amplio consenso entre los Estados: Israel debe garantizar el acceso humanitario y no debe obstruir los esfuerzos de las agencias de la ONU.

Sin embargo, todo indica que cuando se dicte sentencia en este último caso, Israel la desatenderá. Ha continuado la matanza, y el número de muertos supera ya los 53.000, en su gran mayoría civiles, incluidos muchos niños. La negativa de Israel a acatar las decisiones de la CIJ ilustra la principal debilidad de la Corte: sin mecanismos de ejecución, incluso las sentencias jurídicas más contundentes permanecen simbólicas cuando los Estados poderosos eligen ignorarlas.

El caso también expuso los dobles estándares prevalecientes en las respuestas internacionales, ya que varios Estados del Norte Global que habían apoyado firmemente el caso de Gambia contra Myanmar criticaron o guardaron silencio frente al de Sudáfrica contra Israel.

La justicia climática en disputa

El creciente protagonismo de la CIJ también abarca el mayor desafío existencial de la humanidad: el cambio climático. En diciembre de 2024, la Corte escuchó más de cien exposiciones orales en un caso pionero presentado por Vanuatu, uno de los Estados insulares del Pacífico en primera línea de los impactos climáticos. El caso surgió de una iniciativa de la sociedad civil: en 2019, la red Estudiantes de las Islas del Pacífico Luchando contra el Cambio Climático fue creada por grupos estudiantiles de ocho países con el objetivo de presionar a los líderes para que llevaran el asunto ante la corte. Con el respaldo actual de 132 estados, el caso busca una opinión consultiva sobre las obligaciones legales de los Estados en materia de protección climática.

Los debates dieron lugar a una plataforma sin precedentes para que los Estados más vulnerables al cambio climático confrontaran a los principales emisores de gases de efecto invernadero con las implicaciones morales y jurídicas de sus acciones. Las pequeñas naciones insulares, que enfrentan amenazas existenciales pese a haber contribuido mínimamente a las emisiones que provocan el cambio climático, ofrecieron testimonios contundentes. Los representantes de Tuvalu declararon que su país de baja altitud sería el primero en desaparecer por completo debido al aumento del nivel del mar, y afirmaron con determinación que no desaparecerían en silencio.

El caso expuso profundas divisiones internacionales. Mientras que decenas de países vulnerables enmarcaron la inacción climática como una grave injusticia que exige reparación legal, los principales emisores – entre ellos China, Rusia, Arabia Saudí, el Reino Unido y Estados Unidos – buscaron limitar su responsabilidad potencial, alegando que los marcos climáticos existentes de la ONU son suficientes. Esta postura quedó debilitada por los decepcionantes resultados de la reciente cumbre sobre el clima COP29, donde los países ricos no asumieron nuevos compromisos de reducción de emisiones y ofrecieron niveles de financiación muy por debajo de lo necesario para que los países del Sur global puedan enfrentar y adaptarse al cambio climático.

Se espera que la opinión consultiva del Tribunal, prevista para finales de este año, tenga un impacto transformador en el litigio climático a nivel mundial e influya en la manera en que los tribunales nacionales evalúan las obligaciones estatales y la responsabilidad empresarial por los daños climáticos.

Una encrucijada para la justicia internacional

Mientras que los Estados recurren cada vez más a la CIJ en busca de justicia – y que la sociedad civil los presiona para que lo hagan -, la tendencia de las potencias a ignorar sus sentencias expone una paradoja: un sistema sin mecanismos de ejecución puede generar una apariencia de rendición de cuentas mientras perpetúa la impunidad. Este déficit de justicia representa uno de los mayores desafíos para el orden internacional.

La Corte otorga reconocimiento jurídico al sufrimiento de las víctimas en todo el mundo, desde Gaza, Myanmar y Sudán hasta las naciones insulares amenazadas por el cambio climático. Sin embargo, en ausencia de mecanismos de cumplimiento, el respeto a sus fallos depende principalmente de la presión diplomática y de la voluntad de los Estados de acatar las normas internacionales. Como resultado, la respuesta suele limitarse a la inacción y la impunidad.

Para las poblaciones vulnerables, el futuro no depende únicamente de las victorias legales en La Haya, sino también de que estas decisiones se traduzcan en una protección efectiva en el terreno. A medida que la Corte asume más casos que cuestionan a Estados poderosos, la comunidad internacional debe afrontar una disyuntiva: reforzar los mecanismos de aplicación – empezando por una revisión del poder de veto en el Consejo de Seguridad, que actualmente paraliza la acción colectiva e impide la rendición de cuentas- o permitir que la brecha entre la autoridad jurídica y el impacto en el mundo real se ensanche hasta socavar por completo la credibilidad del derecho internacional.

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