En una reciente sentencia, la Corte Internacional de Justicia dejó claro que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal según el derecho internacional. La respuesta de Israel fue rechazar la decisión, del mismo modo en que ha estado ignorando toda instancia de rendición de cuentas internacional en materia de derechos humanos – incluidas las resoluciones de las Naciones Unidas respecto de su ofensiva en Gaza. Si bien existe un amplio conjunto de normas internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario, los mecanismos para hacerlas cumplir aún son débiles y muy dependientes de la presión de otros Estados y de su voluntad de anteponer los derechos humanos a sus propios intereses. Los aliados de Israel deberían hacer esto último e instar a Israel a cumplir las órdenes del tribunal.

La opinión consultiva que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el 19 de julio no hubiera podido ser más clara: concluye que las acciones del Estado israelí en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) violan el derecho internacional de varias maneras.

Desde la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel ocupa ilegalmente Gaza y Cisjordania. En Cisjordania -así como en los Altos del Golán, reconocidos internacionalmente como parte de Siria- Israel ha construido y financiado ilegalmente numerosos asentamientos. El programa se ha ampliado bajo el gobierno derechista del primer ministro Benjamín Netanyahu, que quien llegó al poder en gran medida gracias los votos de los colonos e incluye a políticos colonos. Se calcula que hay 150 asentamientos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, que Israel se anexionó ilegalmente, así como 128 puestos de avanzada no autorizados explícitamente por el gobierno israelí. Según los informes, la población de colonos supera los 700.000 habitantes.

Los derechos de las personas palestinas se ven afectados por estos asentamientos de diversas maneras. Los colonos desalojan a los palestinos de sus hogares y tierras, y las autoridades israelíes restringen severamente su libertad de movimiento mediante puestos de control, vigilancia y requisitos de permisos. Los vehículos palestinos se encuentran prohibidos en las carreteras que comunican con los asentamientos, y las “zonas de fuego” israelíes esparcidas por Cisjordania provocan aún mayor exclusión. Todo esto dificulta el trabajo y la agricultura de los palestinos, mientras los asentamientos consumen recursos vitales como el agua. Los colonos también han cometido numerosos actos de violencia contra los palestinos, que han aumentado durante la fase actual del conflicto. Como consecuencia de los asentamientos, Palestina se ve fragmentada y su viabilidad territorial como nación socavada. La solución de dos Estados es más difícil que nunca.

El traslado de civiles a territorio ocupado por parte de una potencia ocupante constituye una violación de los Convenios de Ginebra. La CIJ ha dejado claro que Israel está infringiendo el derecho internacional.

La CIJ, uno de los principales órganos de las Naciones Unidas (ONU) y lo más parecido que tenemos a una “corte mundial”, resuelve litigios entre Estados -por ejemplo, sobre cuestiones fronterizas- y emite opiniones consultivas sobre cuestiones de Derecho internacional cuando otros órganos de la ONU se lo piden. La Asamblea General de la ONU, en la que todos los Estados miembros tienen voto, solicitó esta opinión consultiva en 2022.

El fallo consta de 14 opiniones separadas, la mayoría de las cuales fueron aprobadas por una abrumadora mayoría de los 15 jueces del tribunal. Es de gran alcance y no podría ser más condenatoria para Israel. Deja claro que Israel ocupa ilegalmente los TPO, sobre los que no tiene soberanía, y que viola las normas internacionales contra el apartheid y la discriminación racial. Afirma que los tratados de derechos humanos ratificados por Israel se aplican a sus acciones en los TPO, y los está incumpliendo.

La CIJ ordenó a Israel que pusiera fin a su ocupación, detuviera inmediatamente la construcción de asentamientos ilegales y retirara los ya construidos, pagara indemnizaciones a los palestinos y permitiera el regreso de los desplazados. Las implicaciones van más allá de Israel: el fallo también obliga a los demás Estados a no ayudar a Israel a mantener su presencia ilegal en los TPO.

Voces desde las primeras líneas

Rebecca Shoot es directora ejecutiva de Ciudadanos por Soluciones Globales (Citizens for Global Solutions).

 

La tan esperada opinión consultiva emitida por la CIJ el 19 de julio había sido solicitada por la Asamblea General el 30 de diciembre de 2022 y abordó la cuestión de si las acciones de Israel en los TPO violan el derecho internacional. Concluyó que, en efecto, constituyen múltiples violaciones del derecho internacional.

Mientras que en otros casos controvertidos o polémicos la CIJ ha optado por ser más discreta, en este caso fue bastante lejos al dar su opinión. Por ejemplo, si bien las ocupaciones suelen asociarse a conflictos armados militares, en este caso el tribunal dijo que Israel también está ocupando ilegalmente los territorios palestinos de otras maneras, como por ejemplo al aplicar su propia ley. Concluyó que esto también constituye una violación del derecho internacional.

También concluyó que Israel violó los tratados de derechos humanos, que se aplican extraterritorialmente cuando un Estado ejerce su jurisdicción fuera de su territorio. Esto significa que las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel son violaciones del derecho internacional.

La corte también declaró que las políticas discriminatorias de Israel y el trato desigual entre israelíes y palestinos ante la ley violan varios tratados de los derechos humanos.

Esperábamos que la CIJ declarara que las acciones de Israel constituían una violación del derecho internacional, pero no que fuera tan abarcativa en su razonamiento ni que identificara una gama tan amplia de violaciones. Citó violaciones del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, de la Carta de la ONU y de los principios de soberanía y autodeterminación de los Estados. Representa un avance significativo en el derecho internacional y es probable que se estudie y debata durante años.

En cuanto a las implicaciones para otros Estados, las conclusiones también son significativas. En primer lugar, con importantes matices en las opiniones de los distintos jueces, la corte reiteró el carácter erga omnes -es decir, que se aplica a todos los Estados en su conjunto- de las obligaciones jurídicas internacionales violadas por Israel. Varios tratados, entre ellos el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Israel, también podrían ser objeto de revisión, ya que se ha determinado que Israel viola “elementos esenciales” en materia de los derechos humanos. Esto tendrá importantes repercusiones en los acuerdos bilaterales y multilaterales.

Esta opinión consultiva es un precedente importante, sobre todo en relación con otros territorios ocupados, como Ucrania. Ahora no hay forma de que los aliados de Israel argumenten que ha actuado justamente, incluso antes de que estallara el conflicto en Gaza.

Sin embargo, las opiniones consultivas no son jurídicamente vinculantes. Sirven para orientar sobre cuestiones jurídicas, pero no tienen la misma fuerza ejecutiva que una decisión vinculante en un caso contencioso. E incluso en esos casos, la CIJ no tiene su propio mecanismo de ejecución y depende de la cooperación de los Estados. No existe una fuerza policial internacional que haga cumplir la decisión de la corte y obligue a Israel a irse ya de Palestina.

La finalidad de las opiniones consultivas es influir en la política y la legislación futuras. Si Israel decide ignorar una opinión consultiva tan clara, disminuirá aún más su estatus en virtud del derecho internacional y su posición dentro de la comunidad de Estados y el orden diplomático mundial.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Rebecca. Acceda a la entrevista completa (en inglés) aquí.

Israel no escucha

La cuestión es si Israel prestará más atención de la que ha prestado a anteriores decisiones internacionales. La sentencia de la CIJ deja muy claro que las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel no empezaron con su reacción a los atentados del 7 de octubre. Tampoco empezó ahí la condena internacional, ni la actitud de desprecio hacia ella por parte de Israel. En efecto, Israel tiene un historial de ignorar el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, como lo hizo con una opinión consultiva de la CIJ de 2004 que ordenaba a Israel a derribar su muro de segregación construido en Cisjordania.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido incapaz de dar una respuesta adecuada debido al poder de veto de Estados Unidos, el aliado más firme de Israel. Pero en 2016, con la abstención de Estados Unidos, pudo aprobar una resolución declarando la ilegalidad de los asentamientos, y afirmando que éstos constituyen una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo importante para la paz y la seguridad. Evidentemente, esto no llevó a Israel a cambiar su actitud en lo más mínimo. Las 45 resoluciones sobre Israel que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tampoco dieron ningún resultado.

Desde que comenzó la fase actual del conflicto, una sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU aprobó dos resoluciones, en octubre y diciembre, pidiendo un alto el fuego inmediato y el acceso de ayuda humanitaria. El Estado israelí rechazó categóricamente estas resoluciones.

En desafío de las resoluciones, la ofensiva de Israel en Gaza ha continuado, alimentando directamente una crisis humanitaria en la que las agencias de ayuda y las organizaciones de la sociedad civil no logran entregar asistencia en la escala que se necesita. Quienes intentan ayudar tampoco están a salvo. Según la ONU, más de 250 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza desde el 7 de octubre.

En una respuesta característica, Israel inmediatamente arremetió contra la CIJ tras su dictamen consultivo. La oficina de Netanyahu la calificó de “decisión mentirosa” y su ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, instó a la anexión formal inmediata de Cisjordania.

Lo mismo ocurrió con otra serie de resoluciones judiciales. En enero, la CIJ dictó una resolución provisional urgente sobre un caso presentado por Sudáfrica que alegaba que Israel había incumplido la Convención sobre el Genocidio. Los jueces consideraron que existía un riesgo plausible de genocidio e impusieron a Israel seis órdenes, entre ellas la de “adoptar todas las medidas a su alcance” para garantizar que sus fuerzas cumplieran la Convención sobre el Genocidio, facilitar el acceso de ayuda humanitaria y poner fin a las incitaciones públicas al genocidio. Israel simplemente continuó con la matanza.

Israel también eligió ese momento para lanzar una campaña para socavar la UNRWA, la agencia de la ONU para los palestinos. Una investigación ha encontrado ahora pruebas de que nueve miembros del personal de la UNRWA -sobre un total de alrededor de 30.000- podrían haber estado involucrados en los atentados del 7 de octubre, y sus contratos fueron rescindidos. Pero las acusaciones de Israel de que la organización estaba ampliamente infiltrada por Hamás resultaron infundadas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: como consecuencia de las acusaciones, la atención internacional se desvió de las órdenes de la CIJ en el caso de genocidio y la potencial presión sobre Israel por parte de sus aliados se redujo. Muchos de ellos, de hecho, suspendieron su financiación a la UNRWA.

Voces desde las primeras líneas

Jonathan Fowler es director de comunicaciones de la UNRWA.

 

Desgraciadamente, las acusaciones cobraron suficiente fuerza como para que varios Estados miembros de la ONU, entre ellos importantes donantes, suspendieran el financiamiento de nuestra organización justo cuando la región enfrenta su mayor crisis humanitaria en décadas.

Esto se convirtió en un enorme problema para nosotros. La falta de financiación limita nuestras operaciones y pone en peligro a nuestro personal. Nuestras instalaciones se han visto afectadas por la guerra y han sido blanco de repetidos ataques.

Las autoridades israelíes, además, nos denegaron el permiso para brindar asistencia en el norte de Gaza, lo que no hace más que agravar la actual crisis humanitaria. En Cisjordania, nuestro personal sufre intimidaciones sistemáticas y se le niega el acceso a nuestras oficinas de Jerusalén Oriental. En Jerusalén Oriental, nuestra oficina ha sido objeto de protestas periódicas, vandalismo y, más recientemente, ataques incendiarios.

Creemos en la libertad de expresión, pero no en la violencia. Algunas personas, entre ellas un teniente de alcalde de Jerusalén, han incitado a las multitudes. Su lenguaje altamente incendiario pronto se convirtió en auténticas llamas. Esperábamos que el teniente de alcalde se disculpara, o al menos reconociera que no eran los medios adecuados. Pero en lugar de eso, aumentó su retórica agresiva y señaló los próximos recintos que serían atacados. Nos preocupa lo que pueda seguirle a esto, y que esta campaña de intimidación y violencia activa se convierta en algo más grave.

En definitiva, los ataques y la campaña de desinformación apuntan a desmantelar la agencia. Pero estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestro mandato. Creemos apasionadamente en lo que hacemos y sabemos por qué lo hacemos. Y contamos con el inestimable apoyo de los Estados miembros de la ONU que han afirmado públicamente que las entidades de la ONU tienen privilegios e inmunidades diplomáticos que nos protegen a nosotros y a nuestra misión.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Jonathan. Acceda a la entrevista completa (en inglés) aquí.

Una respuesta desproporcionada

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el Derecho Internacional ha evolucionado con el objetivo de garantizar que las atrocidades de entonces no vuelvan a repetirse. Incluye el Derecho Internacional Humanitario y las normas de derechos humanos, concebidos para proteger a las personas, incluidos los civiles durante los conflictos, y minimizar el sufrimiento.

Difícilmente se puede mirar al mundo actual y no ver la falta de respeto por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Las leyes se incumplen claramente en Gaza y en tantos otros conflictos en todo el mundo, como en Myanmar, Sudán y Ucrania.

Israel afirma estar actuando en legítima defensa en su asalto a Gaza. Sin embargo, uno de los principios clave del derecho internacional humanitario es la proporcionalidad: las partes en conflicto están obligadas a evaluar las posibles repercusiones de sus acciones militares sobre la población civil.

No hay indicios de que Israel esté utilizando ese enfoque. En cambio, parece estar embarcado en una misión punitiva sin calibrar el costo en vidas civiles: el número de muertos en Gaza asciende ahora a casi 40.000, la gran mayoría de los cuales son civiles, incluidos muchos niños.

Al igual que los trabajadores humanitarios, los periodistas están siendo atacados. El derecho internacional considera a los periodistas en situaciones de conflicto como civiles y en tanto que tales les reconoce los mismos derechos. Sin embargo, los periodistas están siendo masacrados en Gaza. Desde el 7 de octubre han sido asesinados al menos 113 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación – y esta cifra probablemente esté subestimada. Entre ellos figuran Ismail al Ghoul y Rami al Rifi, de Al Jazeera, muertos el 31 de julio durante un ataque aéreo israelí.

Otra señal de la naturaleza asimétrica del conflicto es que 108 de estos periodistas eran palestinos. Algunos murieron en el bombardeo general, pero hay pruebas de que otros fueron atacados deliberadamente, lo que podría constituir un crimen de guerra. Se han llevado a cabo ataques contra periodistas claramente identificables, que llevaban chalecos y cascos o viajaban en vehículos marcados con la palabra “prensa”, pese a que todas las partes en conflicto están obligadas a respetar esas insignias.

Voces desde las primeras líneas

Carlos Martínez de la Serna es director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas.

 

En tiempos de conflicto y volatilidad, es aún más vital contar con una prensa libre que pueda informar sobre los acontecimientos a medida que se desarrollan. A pesar de los graves peligros, los periodistas proporcionan información oportuna y objetiva -a menudo para salvar vidas- en un mar de desinformación. La prensa libre es el antídoto definitivo contra la niebla de la guerra.

Es crucial que todas las partes beligerantes en la guerra entre Israel y Gaza reconozcan que todos los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación son civiles para el derecho internacional humanitario, y que sus derechos deben ser respetados y protegidos. Atacar deliberadamente a periodistas o infraestructuras de medios de comunicación puede constituir un crimen de guerra.

Las autoridades de todas las partes en conflicto deben comprometerse públicamente a reconocer, respetar y proteger a los periodistas como civiles. Las instalaciones y los equipos de los medios de comunicación también deben ser reconocidos y protegidos de los ataques.

Al estar aún en medio de la guerra, es extremadamente difícil establecer de forma concluyente si los periodistas han sido blanco deliberado de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sin embargo, parece haber un patrón de asesinato a periodistas que llevaban insignias de prensa mientras informaban. Nuestro informe de mayo de 2023, “Patrón mortal”, descubrió que la mayoría de los 20 periodistas asesinados entonces -al menos 13- estaban claramente identificados como miembros de los medios de comunicación o se encontraban en el interior de vehículos con insignias de prensa en el momento de su muerte.

Las autoridades de todas las partes, tanto militares como civiles, deben transmitir a todas las fuerzas de seguridad, interna y públicamente, que el uso de la fuerza letal contra periodistas -que son civiles que ejercen su trabajo- está prohibido, y dejar claro que las fuerzas deben abstenerse de abrir fuego contra personas con distintivos de prensa o vehículos señalizados como de prensa.

Reiteramos nuestro llamamiento para que se establezcan reglas de enfrentamiento claras y transparentes que eviten el uso injustificado de la fuerza letal contra la prensa. Las credenciales de los medios de comunicación y las insignias de prensa deben ser respetadas por todas las partes beligerantes, que deben abstenerse de obstruir, acosar, disparar o detener a periodistas.

Estados Unidos, Alemania y otros estrechos aliados de Israel deben asegurarse de que las Fuerzas de Defensa israelíes -que tienen un historial de violencia letal contra periodistas sin ninguna rendición de cuentas- establezcan y sigan rigurosas normas de enfrentamiento que puedan evitar asesinatos de periodistas y otros daños.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Carlos. Acceda a la entrevista completa (en inglés) aquí.

Hipocresía internacional

La reciente sentencia de la CIJ tiene un problema: en tanto que opinión consultiva, no es vinculante.

El derecho internacional, que incluye al derecho humanitario y al derecho de los derechos humanos, se viene desarrollando desde hace décadas. La ratificación de ciertos tratados por la mayoría de los Estados, así como la creación de nuevos organismos como la Corte Penal Internacional (CPI), que procesa casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, han contribuido a su fortalecimiento.

La sociedad civil ha obrado por el desarrollo de la arquitectura jurídica internacional, abogando con éxito por nuevos tratados, como el Estatuto de Roma por el que se creó la CPI, presionando por un lenguaje firme en las resoluciones de la ONU y participando en los mecanismos que obligan a los Estados a rendir cuentas por su actuación en materia de derechos humanos, como el proceso de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.

Pero los mecanismos de implementación siguen siendo débiles. Si bien los Estados han ratificado numerosos tratados internacionales, con demasiada frecuencia los dirigentes nacionales priorizan la soberanía estatal y toman decisiones en su propio beneficio. Utilizan los foros multilaterales como la ONU no como un espacio para resolver problemas comunes, sino como una plataforma para cumplir sus propios objetivos.

Voces desde las primeras líneas

Marco Sassòli es catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra, Suiza.

 

El derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional destinada a reducir el alcance de la violencia que se desarrolla durante los conflictos armados y a proporcionar cierto nivel de protección a quienes no participan directamente en las hostilidades. Se aplica tanto a los conflictos internacionales como a los no internacionales. Sus normas están recogidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 y complementadas por el derecho consuetudinario.

Si bien hay margen de mejora, la esencia de las normas existentes es bastante buena. El principal problema es la falta de aplicación. Mientras que la CPI actuó muy rápidamente en el caso de Rusia, lleva trabajando en el de Palestina desde 2015 y no hemos visto ningún progreso. Los mecanismos de ejecución no parecen aplicarse de forma coherente.

Los Estados son reacios a crear un sistema más eficaz porque les preocupa que algún día pueda ser utilizado en su contra. Para que un mecanismo de aplicación sea eficaz, necesitamos que quienes participan en guerras lo acepten. De nada sirve tener un sistema eficaz si sólo lo aceptan unos pocos países que nunca hacen la guerra.

Aun así, todavía queda la esperanza de que, al contemplar los horrores y atrocidades cometidos en Gaza y Ucrania, los Estados tengan una reacción similar a la que tuvieron tras la Segunda Guerra Mundial, cuando acordaron adoptar los Convenios de Ginebra. Los horrores que estamos presenciando ahora en tiempo real y que son amplificados por los medios de comunicación podrían dar lugar a un punto de inflexión.

El derecho internacional humanitario puede y debe reforzarse también a través de la educación. Tenemos que enseñar a los jóvenes que incluso en la guerra hay normas que se aplican a todos, en todas partes, independientemente de que tengan o no razón. Si la opinión pública aceptara y asimilara este mensaje, cabe esperar que no se permitirían atrocidades como las que estamos viendo hoy.

 

Este es un extracto editado de nuestra entrevista con Marco. Acceda a la entrevista completa (en inglés) aquí.

La hipocresía internacional se ha puesto de manifiesto desde que comenzó la fase actual del conflicto. Una serie de Estados occidentales que encabezaron la justificada condena internacional de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia se han mordido la lengua cuando se trata de Israel. Alemania, Reino Unido y Estados Unidos figuran entre los países que se negaron a respaldar las dos resoluciones de la Asamblea General que pedían un alto el fuego en Gaza. Y mientras que varios Estados occidentales apoyaron el caso de genocidio que Gambia presentó contra Myanmar, han criticado el caso de Sudáfrica contra Israel.

Hay un patrón más amplio de hipocresía en juego. Rusia ha utilizado repetidamente su derecho de veto en el Consejo de Seguridad para impedir que se tomen medidas respecto a su guerra contra Ucrania. Tampoco parece haber mucha posibilidad de que la CPI haga justicia en ninguno de los dos conflictos, a pesar de que se ha dictado una orden de detención contra Vladimir Putin por crímenes de guerra y de que el fiscal de la CPI ha solicitado otra contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres dirigentes de Hamás. Israel y Rusia se encuentran entre los muchos Estados -junto con China y Estados Unidos- que se han negado sistemáticamente a ratificar el Estatuto de Roma.

Es cierto que recientemente la magnitud de las atrocidades cometidas por Israel se ha vuelto tan evidente que algunos aliados como el Reino Unido y Estados Unidos han empezado a intentar frenar sus peores excesos. Estados Unidos presionó a Israel para que redujera lo que parecía un inminente asalto total a Rafah, y parece haber un esfuerzo concertado detrás de escena para impedir que la guerra se extienda aún más por la región. El nuevo gobierno del Reino Unido retiró su oposición a la petición del fiscal de la CPI de una orden de detención contra Netanyahu, y restableció tardíamente la financiación de la UNRWA. Pero esto no es ni mucho menos suficiente.

Doble rasero de dimensiones olímpicas

Mientras se desarrolla el espectáculo deportivo en París, cabe acusar de hipocresía al Comité Olímpico Internacional. A causa de la guerra en Ucrania, han sido excluidos de los Juegos Olímpicos de 2024 los atletas que compiten bajo la bandera de Rusia o de su estrecho aliado Bielorrusia. Sin embargo, los 88 atletas israelíes no tienen inconveniente para competir.

Entre ellos se encuentra uno de los dos abanderados de Israel en la ceremonia de apertura, Peter Paltchik, que llegó a ganar una medalla de bronce en judo. Se dice que autografió bombas israelíes utilizadas en Gaza. Con anterioridad al comienzo de las Olimpiadas, otros atletas israelíes dedicaron sus éxitos deportivos a los soldados de su país. Por su parte, el Comité Olímpico Palestino afirma que entre los muertos hay unos 400 atletas palestinos.

La prohibición de competir con los colores de sus países impuesta a los atletas de Bielorrusia y Rusia dista mucho de ser la primera. A los atletas sudafricanos se les impidió competir durante mucho tiempo bajo el apartheid, y a los de Alemania y Japón se les prohibió hacerlo a poco de terminada la Segunda Guerra Mundial.

Como están las cosas, Israel logra presentarse como un país más, comprometido con los principios de la Carta Olímpica, que incluyen la promoción de una sociedad pacífica y de la dignidad humana y la lucha contra la discriminación.

Los eventos deportivos son importantes para el prestigio nacional y la reputación internacional; por eso los países compiten para organizarlos e invierten dinero en entrenar a los miembros de sus equipos. Muchos miembros de la sociedad civil consideran que, dadas las circunstancias, Israel debería haber sido tratado como Bielorrusia y Rusia, negándosele la plataforma ofrecida por los Juegos Olímpicos.

Posibilidades de mejoramiento

Las decisiones de las instituciones internacionales tienen valor aunque no puedan hacerse cumplir. Ofrecen oportunidades para sacar a la luz las deficiencias de los Estados en materia de derechos humanos y abogar por un mejor desempeño. Por mal que se comporten, los Estados suelen buscar presentarse como buenos ciudadanos internacionales. Pero mucho depende de la presión que ejerzan otros Estados. La opinión consultiva de la CIJ vuelve imposible para los Estados democráticos que afirman valorar los derechos humanos sostener que Israel está cumpliendo las reglas. Tras la sentencia, todos los Estados deben instar a Israel a que empiece a cumplir el derecho internacional.

Es necesario seguir desarrollando el tejido del derecho internacional, partiendo del mosaico actual para reforzar las normas que los Estados deben seguir si quieren demostrar que juegan limpio, y aumentando los costos del incumplimiento.

Hay áreas claras de mejora. Una es reformar el Consejo de Seguridad para reducir el uso del veto por parte de sus cinco miembros permanentes. Otra es ampliar la jurisdicción de los principales tribunales del mundo: hasta ahora, apenas 124 de los 193 Estados miembros de la ONU han ratificado el Estatuto de Roma, que otorga jurisdicción a la CPI. Y solamente 74 han aceptado la jurisdicción obligatoria de la CIJ, que los obliga a respetar sus resoluciones.

Existe el mismo problema respecto del reconocimiento internacional de Palestina. En la actualidad, 135 Estados reconocen a Palestina, pero muchos Estados occidentales no lo hacen. La ausencia de reconocimiento niega a Palestina la plena condición de Estado y la capacidad de participar en pie de igualdad en el sistema internacional, lo que dificulta el reconocimiento y la protección de los derechos de los palestinos e impide avanzar hacia una solución de dos Estados.

La sentencia de la CIJ significa también que los Estados que tienen acuerdos de cooperación con Israel deben revisarlos. Deberán evaluar si están violando la sentencia al ayudar a Israel a mantener su presencia ilegal en los TPO.

La Unión Europea (UE), por ejemplo, tiene un amplio acuerdo de asociación con Israel que incluye como elementos clave el respeto de los derechos humanos y los principios de la Carta de la ONU; si éstos son violados, la UE puede suspender el acuerdo. Es imposible para la UE seguir simulando que esos principios están siendo respetados.

La sociedad civil seguirá presionando para que se lleven a cabo reformas en todos estos frentes, trabajando por un mundo donde se respeten los derechos humanos de todas las personas y donde quienes los violen se atengan a las consecuencias. La matanza de Gaza es una prueba repugnante de lo mucho que queda por hacer.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • La comunidad internacional, incluidos los Estados aliados de Israel, debe instar a Israel a cumplir las órdenes emitidas por la Corte Internacional de Justicia.
  • El gobierno de Israel debe aceptar inmediatamente un alto el fuego y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria.
  • Todos los Estados deben aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, unirse a la Corte Penal Internacional y reconocer a Palestina como Estado.

Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org

Foto de portada de Selman Aksunger/Anadolu vía Getty Images