Los horrores que están ocurriendo en Gaza son inimaginables. Nunca ha sido tan evidente la necesidad de un alto el fuego, ayuda humanitaria urgente y diálogo internacional para definir un plan a largo plazo. Pero es difícil que esto ocurra. Se supone que las normas internacionales deben garantizar que no se cometan atrocidades como las que se están perpetrando sistemáticamente en Gaza y, cuando se las comete, que se las detenga y sus responsables comparezcan ante la justicia. Pero esas normas se están incumpliendo.

El foco en la CIJ

En enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el órgano de las Naciones Unidas (ONU) que dirime los litigios entre Estados, actuó con rapidez. El mes anterior, el gobierno de Sudáfrica había presentado una demanda en la que alegaba que el gobierno israelí, por acción y por omisión, estaba incumpliendo la Convención de 1948 sobre el Genocidio.

Dicha Convención define al genocidio como “actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Israel rechaza enérgicamente las acusaciones, insistiendo en que actúa en defensa propia y acusando a Sudáfrica de hacer un “libelo de sangre” antisemita.

Aunque es de esperar que tarde años en emitir un veredicto sobre el fondo del caso, la Corte ha reconocido la urgencia y gravedad de la situación emitiendo rápidamente un fallo provisional. Los jueces han llegado a la conclusión de que existe riesgo plausible de genocidio y han votado abrumadoramente a favor de imponer a Israel seis órdenes, entre ellas que “tome todas las medidas a su alcance” para impedir actos que contravengan la Convención sobre el Genocidio.

Además de abstenerse de un listado de actos violentos prohibidos por la Convención, el Estado israelí debe poner fin a las incitaciones públicas al genocidio y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza. También se le exige que presente un informe en el plazo de un mes sobre las medidas que ha adoptado en cumplimiento de la sentencia. Aunque muchos se vieron decepcionados cuando la Corte no ordenó un alto el fuego, es difícil imaginar cómo podría Israel cumplir los términos de la sentencia si no cambia su enfoque inmediata y drásticamente.

Las sentencias de la CIJ son vinculantes para los Estados, pero Israel no está mostrando voluntad de acatarlas. La ofensiva militar ha continuado y recientemente el Primer Ministro Benjamin Netanyahu ha rechazado una propuesta de alto el fuego, proclamando en cambio que la victoria está al alcance de la mano. Una semana después de que la Corte emitiera sus órdenes, habían muerto cerca de mil palestinos más. No se permite la entrada de ayuda humanitaria en cantidades ni remotamente cercanas a lo que se necesita. La retórica genocida no cesa.

Cuando los Estados no acatan las sentencias de la CIJ, le corresponde actuar al Consejo de Seguridad de la ONU. Pero es de esperar que Estados Unidos, firme aliado de Israel, utilice el derecho de veto con el que cuenta en tanto que uno de los cinco miembros permanentes del Consejo para bloquear toda acción contra Israel, como lo ha hecho repetidamente a lo largo de los años.

Una situación similar se produjo en 2022, cuando Ucrania presentó una demanda contra Rusia en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Esa vez la CIJ fue incluso más lejos que en el caso de Gaza y ordenó a Rusia que detuviera su invasión. Pero Rusia simplemente optó por ignorar el fallo.

UNRWA en la línea de fuego

Incluso en ausencia de ulteriores acciones por parte del Consejo de Seguridad, la sentencia de la CIJ contra Israel podría contribuir a aumentar la presión moral internacional sobre el gobierno y sus aliados para que cambien su comportamiento. Pero la atención mundial rápidamente se ha desplazado hacia las acusaciones de Israel contra el personal de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA.

Creada tras la guerra de 1948, que expulsó a muchos palestinos del recién creado Estado de Israel, UNRWA ha continuado siendo el principal proveedor de ayuda humanitaria y servicios básicos para la población palestina. Durante el conflicto actual, cuando gran parte del apoyo internacional quedó bloqueado tras las fronteras, ha proporcionado un salvavidas a la gente asediada por los bombardeos en Gaza. Se calcula que más de dos millones de personas dependen actualmente de ella para sobrevivir. UNRWA también ha pagado un alto precio: más de 150 miembros de su personal han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí.

Poco después de la sentencia de la CIJ, Israel informó que había compartido con sus aliados un dossier en el que alegaba que 12 de los más de 13.000 empleados de UNRWA en Gaza habían estado implicados en los terribles atentados perpetrados por Hamás y otros grupos contra la población israelí el 7 de octubre. UNRWA despidió inmediatamente a varios de los acusados y la ONU puso en marcha una revisión independiente urgente.

Pero en respuesta, muchos de los donantes de UNRWA inmediatamente apoyaron a Israel. Dieciocho Estados, incluidos los dos principales aportantes a UNRWA, Alemania y Estados Unidos, anunciaron rápidamente que suspenderían su financiamiento. Al parecer, se suspendieron aportes por unos 440 millones de dólares. En Estados Unidos se ha propuesto una ley para prohibir al gobierno transferir fondos a UNRWA.

No todos los Estados se apresuraron a emitir un juicio. España, Irlanda y Noruega se contaron entre los que se comprometieron a mantener su apoyo en vistas de la magnitud de las necesidades humanitarias. El gobierno noruego emitió una declaración en la que distinguía entre la organización y los integrantes de su personal que pudieran haber cometido delitos. España y Portugal anunciaron ayudas adicionales.

Pero las suspensiones de financiamiento fueron de tal magnitud que, al menos que se reviertan rápidamente, el trabajo de UNRWA se volverá inviable. La organización ha advertido que se quedará sin fondos a finales de febrero. Las consecuencias de ellos serían nefastas hasta lo inimaginable. El director de UNRWA, Philippe Lazzarini, describió a la medida como un nuevo “castigo colectivo” para los palestinos, que viene a sumarse a los bombardeos de Israel. Justo después de que la CIJ ordenara la entrega efectiva de ayuda humanitaria, la respuesta humanitaria corre un riesgo de asfixia aún mayor.

Hasta ahora Israel no ha compartido su expediente con la ONU. Los periodistas que lo han visto han cuestionado sus afirmaciones y las pruebas aportadas. Los Estados que suspendieron sus aportes han sido acusados de hacerlo sobre la base de pruebas poco sólidas, proporcionadas por un gobierno que no ha ocultado su deseo de poner fin a la presencia de UNRWA en Gaza y que no ha hecho más que beneficiarse del desvío de la atención internacional de la sentencia de la CIJ.

Flagrante hipocresía

La investigación independiente iniciada por la ONU debe ser rápida y transparente, y sus recomendaciones deben ser implementadas. Todos los cómplices de los atentados del 7 de octubre deben responder ante la justicia. Pero hasta que la investigación haya concluido, los Estados no deben suspender el financiamiento que con tanta urgencia se necesita. Si UNRWA deja de proporcionar ayuda humanitaria, nadie más lo hará.

Por desgracia, hay pocos indicios de que los Estados del norte global que han interrumpido su financiamiento vayan a actuar con imparcialidad. Una flagrante hipocresía se ha puesto de manifiesto desde el inicio de la actual fase del conflicto. Estados Unidos, a la cabeza de la condena internacional de las múltiples atrocidades cometidas por Rusia en su guerra contra Ucrania, sigue siendo el mayor defensor de Israel. Se niega a aplicar los mismos estándares a los crímenes contra los derechos humanos cometidos en Gaza.

Las dos resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas hasta la fecha –la primera de ellas, seis semanas después del comienzo de los bombardeos– fueron débiles, ya que sus versiones más fuertes fueron vetadas, y no condujeron a ninguna acción. Con el apoyo de Estados Unidos, Israel puede ignorarlas tranquilamente. Es la imagen en espejo de la guerra de Rusia contra Ucrania, en la que Estados Unidos instó a una acción coordinada, pero Rusia utilizó su veto para asegurarse de que no se aprobara ninguna resolución.

La hipocresía también se ha puesto de manifiesto en las actitudes ante la CIJ. Compárese el caso de Sudáfrica contra Israel con el que Gambia presentó en 2019 contra el Estado de Myanmar, acusándolo de cometer genocidio contra su población rohingya.

El pasado noviembre, seis Estados del norte global se unieron a la causa en apoyo de la postura de Gambia. El Reino Unido fue uno de ellos. Presentó un argumento según el cual acciones sistémicas como la privación de alimentos y servicios médicos y el desplazamiento forzoso podrían considerarse actos de genocidio, especialmente cuando son cometidos contra niños. El Reino Unido no ha argumentado de igual modo en relación con actos similares perpetrados en Gaza.

En noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la CIJ era “una de las instituciones más importantes de la humanidad para promover la paz”. Y, sin embargo, su gobierno intentó echar por tierra las acusaciones de Sudáfrica, calificándolas de “carentes de mérito”.

Hora de respetar los derechos humanos

Es importante remontarse a las ideas que motivaron la formación de la ONU en 1945 y el desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre el Genocidio en 1948.

El trabajo de la ONU, como lo deja en claro el primer artículo de su Carta, es mantener la paz y la seguridad internacionales y producir cooperación internacional para promover y fomentar el respeto de los derechos humanos. El comienzo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos explica por qué es necesaria: porque “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.

Gaza, así como muchos otros conflictos en el mundo, ofrecen abundante evidencia de “actos de barbarie” cometidos con casi total impunidad. Aunque la ausencia de mecanismos para hacer cumplir el derecho internacional es un problema de larga data, su aplicación desigual es consecuencia de las actitudes selectivas de muchos Estados.

Sobre la base de cálculos interesados, a los Estados suelen importarles algunos derechos humanos, pero otros no. Defienden los derechos humanos de la gente de países aliados cuyos intereses coinciden con los suyos, o de las personas cuyos derechos son violados por sus enemigos. En el extremo, algunos Estados pueden ser acusados de tener posiciones racistas, dada su preocupación por los derechos humanos de las personas blancas y su desentendimiento de los derechos de las personas de color.

El riesgo es que, si la confianza en el sistema de la ONU se derrumba, la gente acabará volviéndose hacia alternativas autoritarias. La hipocresía de los Estados del norte global amplía los márgenes de maniobra para que Estados como China y Rusia se presenten como defensores del sur global y canalicen la justificada ira frente a esa hipocresía hacia la construcción de un orden global aún menos abierto y con una impunidad aún mayor de los abusos de los derechos humanos.

La sociedad civil sigue reclamando un orden internacional basado en normas, en el que todos los Estados reciban el mismo trato y se respeten las leyes que buscan prevenir y proteger contra el genocidio y otras violaciones graves de los derechos humanos. Con la reforma en el orden del día de la Cumbre del Futuro que la ONU celebrará este año, la sociedad civil espera liderazgo moral de los Estados, sus dirigentes y las instituciones internacionales. Lamentablemente, se trata de un bien que en la actualidad escasea.