La Asamblea General de la ONU recientemente ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático. Esta resolución histórica –impulsada por Vanuatu, uno de los varios Estados insulares del Pacífico que corren peligro debido al aumento del nivel del mar inducido por el cambio climático–, fue el resultado de una enérgica campaña global encabezada por jóvenes de las islas del Pacífico. La sociedad civil continúa abogando por que los Estados presenten escritos sólidos ante el tribunal con la esperanza de obtener un dictamen consultivo pionero que influya positivamente en las negociaciones sobre el clima, aliente a los Estados a asumir compromisos más ambiciosos y allane hacia nuevas victorias en litigios sobre el clima.

La crisis climática, un asunto de justicia global, ha llegado por derecho propio al más alto tribunal del mundo.

El 29 de marzo de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) adoptó por unanimidad una resolución en la que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emita un dictamen consultivo sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático. La iniciativa fue liderada por el estado insular de Vanuatu, en el Pacífico, copatrocinada por 132 estados y apoyada activamente por redes de grupos juveniles de base del Pacífico y de todo el mundo.

Esta victoria del movimiento global por el clima se produce aproximadamente una década después del fracaso de intentos similares de los Estados insulares del Pacífico ante la firme oposición de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Pero ahora la ciencia es más clara que nunca y el movimiento por el clima ha empujado a la crisis climática al tope de la agenda. Los defensores del clima han comenzado a obtener victorias contra gobiernos y empresas en tribunales de todo el mundo, esfuerzos que podrían verse reforzados por el dictamen de la CIJ. El momento es ahora.

Las preguntas planteadas a la CIJ

Teniendo especialmente en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el deber de diligencia debida, los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de prevención de daños significativos al medio ambiente y el deber de proteger y preservar el medio marino:

  1. a) ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras?;
  2. b) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones para los Estados que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente, con respecto a:
  3. i) Los Estados, incluidos, en particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, que, debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, se ven perjudicados o especialmente afectados por los efectos adversos del cambio climático o son particularmente vulnerables a ellos;
  4. ii) Los pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático?

 

Consulte la resolución completa de la AGNU, A/RES/77/276, aquí.

La campaña de la sociedad civil

La campaña se originó y fue dirigida por habitantes de las islas del Pacífico, países que sufren las consecuencias extremas del cambio climático y muchas de cuyas islas corren el riesgo de desaparecer a causa del aumento del nivel del mar.

En 2019, un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad del Pacífico Sur crearon Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático (PISFCC), una organización regional con capítulos nacionales en Fiyi, las Islas Salomón, Tonga y Vanuatu. Su objetivo era conseguir un dictamen de la CIJ y utilizarlo para desarrollar el derecho internacional sobre las obligaciones jurídicas derivadas de los tratados ambientales y de derechos humanos. PISFCC también procura sensibilizar a la juventud. Pronto contó con miembros en todos los Estados insulares del Pacífico.

PISFCC empezó por abogar ante el Foro de las Islas del Pacífico -el principal organismo regional– para que incluyera en su agenda la solicitud de un dictamen de la CIJ. El gobierno de Vanuatu anunció que lo solicitaría en septiembre de 2021, y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) del Pacífico expresaron su apoyo y su voluntad de hacer campaña, formando una alianza –la Alianza para un Dictamen Consultivo sobre Justicia Climática– a la que se han sumado OSC y muchos otros actores de todo el mundo, incluidos relatores especiales de la ONU y personas expertas.

La resolución de la AGNU que solicita una opinión consultiva de la CIJ es el comienzo de una ola de cambio en la forma en que pensamos la crisis climática, así como un recordatorio de que el cambio climático no respeta las fronteras geopolíticas.

HAILEY CAMPBELL

La campaña ha hecho un uso intensivo de las redes sociales, en las que la gente ha compartido sus historias sobre los efectos del cambio climático y ha subrayado la importancia de un dictamen de la CIJ para impulsar los llamamientos a la acción por el clima y el litigio climático. También se creó una canción para el movimiento, que fue compartida en vísperas de la decisión de la AGNU.

La campaña se organizó a escala mundial, compartiendo un conjunto de herramientas que fueron utilizadas por activistas de todo el mundo, y se manifestó en las calles a escala local. En Vanuatu, donde todo comenzó, los niños se manifestaron en septiembre de 2022 para llamar la atención sobre los efectos del cambio climático, considerado la mayor amenaza para el desarrollo de su país, y expresar su apoyo a la petición de un dictamen de la CIJ.

En vísperas de la sesión de la AGNU en la que se adoptó la histórica resolución, miles de OSC de todo el mundo firmaron una carta pidiendo a los gobiernos que respaldaran la votación.

El rol de la CIJ

Asentada en La Haya, Países Bajos, la CIJ está integrada por 15 jueces elegidos por la AGNU y el Consejo de Seguridad de la ONU. Resuelve litigios entre Estados y emite dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que le son remitidas por otros organismos y agencias del sistema de la ONU.

Las preguntas planteadas a la CIJ buscan aclarar cuáles son las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional en materia de protección del sistema climático y el medio ambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. También buscan establecer las responsabilidades legales de Estados que han causado daños ambientales significativos a otros Estados, en particular a las pequeñas naciones isleñas, y a personas pertenecientes a generaciones actuales y futuras.

Para emitir su opinión consultiva, la CIJ tendrá que interpretar las obligaciones de los Estados recogidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 y en el Acuerdo de París de 2015, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos pactos y tratados internacionales. Podrá considerar resoluciones anteriores de la AGNU sobre el cambio climático, incluida la que recientemente reconoció al acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal, y otras resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU e informes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y sus expertos independientes en derechos humanos. También podrá tomar en cuenta las decisiones de los órganos de tratados de la ONU y su propia jurisprudencia sobre asuntos climáticos y ambientales.

Voces desde las primeras líneas

Hailey Campbell es activista por el clima y codirectora ejecutiva de Care About Climate, una OSC que trabaja en educación y empoderamiento en pos de la justicia climática y una red internacional de jóvenes líderes del movimiento por el clima que buscan compartir soluciones en la escena internacional.

 

La resolución de la AGNU que solicita una opinión consultiva de la CIJ es el comienzo de una ola de cambio en la forma en que pensamos la crisis climática, así como un recordatorio de que el cambio climático no respeta las fronteras geopolíticas. Las OSC ecologistas, los jóvenes líderes, las naciones insulares que lideran la petición de la resolución y el grupo PISFCC están recordando al mundo que antes que personas defensoras, ejecutivos de los combustibles fósiles o políticos, todos somos personas. En tanto que humanos, todos compartimos este hermoso planeta y compartirlo exige preocuparse por los demás. Si algunos líderes no lo reconocen, deben rendir cuentas de ello.

La resolución es también una celebración de la innovación y la perseverancia isleñas.

Pero es apenas el primer paso. Antes de emitir su dictamen, la CIJ solicitará argumentos escritos y orales a los Estados y a ciertas organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es importante que los miembros de la comunidad sigan contactándose con sus representantes nacionales y con las organizaciones internacionales seleccionadas para presentar testimonios y les pidan su apoyo al dictamen. De hecho, el PISFCC acaba de lanzar un increíble manual, que recomiendo encarecidamente consultar, para ayudar a tomadores de decisiones, jóvenes y OSC ambientales a entender su papel. Mi ejemplo favorito del manual refiere a la importancia de compartir con tus representantes nacionales tu testimonio personal sobre por qué crees en la necesidad de una opinión consultiva de la CIJ sobre derechos climáticos y qué impacto ella podría tener en tu futuro. Espero que mucha gente se anime a unirse a nuestra Alianza para enterarse de las distintas formas en que puede hacer sentir su influencia.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Hailey. Lea la entrevista completa aquí.

Próximos pasos

Según su estatuto, la CIJ puede solicitar declaraciones escritas a los Estados u organizaciones internacionales que puedan tener información pertinente sobre el asunto en cuestión. El 20 de abril, la CIJ comunicó su decisión de considerar a la ONU y a todos sus Estados miembros como “susceptibles de aportar información sobre las cuestiones sometidas a la Corte” y les concedió un plazo de seis meses para presentar declaraciones escritas, tras el cual dispondrán de tres meses para formular observaciones escritas sobre las declaraciones realizadas por otros Estados u organizaciones.

La sociedad civil no tiene derecho a presentar declaraciones formales, aunque durante casi dos décadas la CIJ le ha permitido desempeñar un rol tratando las presentaciones informales de la sociedad civil como publicaciones disponibles a las que puede hacerse referencia. Dado que la sociedad civil no tiene un rol institucional que desempeñar, los activistas por el clima están instando al mayor número posible de personas a presionar a sus gobiernos para que hagan presentaciones sólidas que conduzcan a un dictamen progresista.

Una vez cerrado el plazo para recibir presentaciones, es probable que la CIJ delibere durante varios meses, por lo que cabe esperar que emita su dictamen enara algún momento de 2024, probablemente hacia finales de año.

Las opiniones consultivas no son vinculantes. No imponen obligaciones a los Estados. Pero dan forma a la comprensión global de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional y pueden motivar a los Estados a subir sus estándares.

Al aclarar las obligaciones de los Estados, un dictamen de la CIJ podría influir positivamente en las negociaciones sobre el clima, propulsando las largamente aplazadas iniciativas de financiación de pérdidas y daños. Podría animar a los Estados a asumir compromisos más ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También podría ayudar a generar mayor conciencia sobre los riesgos específicos que enfrentan los pequeños Estados insulares y proporcionar argumentos a favor de una acción climática más enérgica, ayudando a los defensores del clima a ganar espacio dentro de los gobiernos.

Una opinión consultiva progresista también podría otorgar respaldo a los litigios sobre el clima que tienen lugar a nivel nacional: existe evidencia de que los tribunales nacionales se están apoyando cada vez más en dictámenes de la CIJ y otras fuentes del derecho internacional, inclusive en materia climática.

No puede descartarse la posibilidad de que la CIJ emita un dictamen decepcionante que se limite a reiterar el contenido de los tratados climáticos vigentes sin avanzar en la determinación de obligaciones de los Estados. Pero los activistas por el clima tienen motivos para esperar mucho más: muchos consideran que se trata de una oportunidad única, propiciada por sus propios y persistentes esfuerzos, para avanzar en la justicia climática y presionar para que se tomen medidas a la altura de la magnitud de la crisis.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • La sociedad civil debe sostener su campaña para alentar la presentación de escritos contundentes ante la Corte Internacional de Justicia.
  • Los Estados que gustan presentarse como defensores del clima deberían expresar públicamente su apoyo a unas obligaciones climáticas más demandantes bajo el derecho internacional.
  • Los tribunales nacionales deben incorporar los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia y otras fuentes del derecho internacional de derechos humanos.

Foto de portada de Save the Children Vanuatu/Facebook