Este mes de septiembre, los miles de jóvenes que se movilizaron en Huelga Mundial por el Clima de Viernes por el Futuro redoblaron la apuesta para pedir reparaciones para las personas y grupos más afectados por la crisis climática. Exigieron que los países ricos paguen la factura por los daños globales que han causado. A pocas semanas de la cumbre del cambio climático COP27, volvieron a salir a la calle para presionar a los líderes mundiales para que presenten un plan detallado que incluya objetivos, metas y cifras.

En los últimos años, la acción callejera -protestas masivas y desobediencia civil no violenta- ha contribuido a poner a la crisis climática en el tope de la agenda. Al mismo tiempo, la sociedad civil ha hecho todo lo posible por contribuir a procesos multilaterales como la serie de conferencias de las partes (COP) de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático -incluida la que se desarrollará en Egipto el próximo mes de noviembre- para abogar por la adopción de compromisos ambientales más ambiciosos por parte de los Estados.

Pero cada vez más, el activismo ambiental está utilizando una táctica complementaria: la de acudir a los tribunales para exigir a Estados y empresas que rindan cuentas de sus acciones, así como de sus omisiones. En su búsqueda de justicia climática, están recurriendo a los sistemas judiciales en todos los niveles: nacional, regional y mundial.

Avances registrados en 2022

Como lo documenta el Instituto de Investigación Grantham sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente, los litigios en torno del cambio climático se han multiplicado de forma constante a lo largo de los años. Desde 2015 se han presentado en todo el mundo más de 2.000 demandas, alrededor de una cuarta parte de las cuales fueron iniciadas entre 2020 y 2022.

Las demandas presentadas apuntan no solamente contra Estados sino también contra empresas, sobre todo las de combustibles fósiles, y ha aumentado el número de demandas ambiciosas que apuntan a lograr que los gobiernos cumplan sus compromisos en materia de derechos humanos. También han empezado a surgir casos en los cuales se reclama una compensación económica por daños climáticos, lo que se conoce como financiación por pérdidas y daños. Lo que en un principio parecía un fenómeno mayormente estadounidense es ahora una tendencia global.

A principios de este año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el organismo de las Naciones Unidas (ONU) encargado de hacer avanzar el conocimiento sobre el cambio climático, reconoció la importancia de los litigios sobre el clima a la hora de aumentar la ambición y mejorar los resultados de la gobernanza del clima.

En 2022, la sociedad civil ha obtenido varias victorias que han puesto de manifiesto la profunda conexión existente entre el cambio climático y los derechos humanos, han afirmado la necesidad de consultar a las comunidades, han traducido principios generales en decisiones de aplicación práctica y han abordado el problema de la asignación de responsabilidades.

Con su vital región amazónica amenazada, Brasil se ha convertido en un fértil campo de prueba para el litigio climático. Este año, al fallar en su primer caso sobre cambio climático, su Tribunal Supremo Federal convirtió a Brasil en el primer país del mundo en reconocer el Acuerdo de París sobre el cambio climático como un tratado de derechos humanos, una decisión con enormes implicancias.

En Australia y Sudáfrica, la sociedad civil ha demandado con éxito a dos grandes empresas extractivas: Santos y Shell. El caso australiano tiene implicancias especialmente relevantes en lo que se refiere al mejoramiento de los estándares de consulta con los pueblos indígenas en torno de proyectos mineros.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sudafricanas también ganaron un caso contra su gobierno. La sentencia reconoció a la contaminación atmosférica como una violación de derechos y ordenó al gobierno implementar regulaciones para priorizar la gestión de la calidad del aire.

En el Reino Unido, la sociedad civil se anotó una victoria cuando un tribunal concluyó que la Estrategia Cero Neto elaborada por el gobierno era inadecuada y ordenó a las autoridades elaborar un plan más detallado para garantizar la implementación efectiva de su Ley de Cambio Climático y la consecución de sus objetivos.

También han comenzado a ocurrir cosas a nivel regional: la demanda presentada por seis jóvenes activistas ambientales portugueses para responsabilizar a 33 Estados europeos por su inacción ante la crisis climática ha recibido máxima prioridad en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por último, una institución global ingresó al campo de juego: en respuesta a una denuncia presentada por la sociedad civil en nombre de residentes de cuatro islas situadas frente a la costa australiana, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró al gobierno de Australia responsable de la violación de derechos de sus pueblos indígenas.

Esta decisión dejó claro que el hecho de que el cambio climático sea un problema global no significa que no se pueda atribuir responsabilidades. También demostró a la gente de todo el mundo que s posible perseguir la justicia climática a nivel internacional cuando los sistemas de justicia nacionales no pueden o no quieren producirla. El hecho de que el Comité de Derechos Humanos ordenara el pago de indemnizaciones a las personas cuyos derechos habían sido violados también infundió esperanzas a aquellos que continúan presionando para que en la COP27 se produzcan avances en materia de financiación de pérdidas y daños.

El Acuerdo de París como tratado de derechos humanos

En junio, el Tribunal Supremo Federal de Brasil concluyó que el Acuerdo de París es un tratado de derechos humanos bajo la legislación brasileña y ordenó al gobierno que reactivara el Fondo Clima y liberara los recursos retenidos, destinados a contribuir a mitigar los impactos del cambio climático.

La demanda había sido presentada por cuatro partidos políticos y apoyada por varias OSC, cuatro de las cuales habían prestado apoyo jurídico y técnico y presentado amicus curiae. La razón por la que este y otros casos en materia climática fueron presentados por partidos políticos es que ésta es la única manera de que las denuncias de violaciones de derechos fundamentales lleguen directamente al Tribunal Supremo.

Los demandantes argumentaron que el Fondo Clima, creado en 2009, no funciona desde 2019. Bajo el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, un negador del cambio climático, el Fondo ha dejado de formular sus planes anuales y de financiar proyectos para mitigar el cambio climático.

En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo celebró una audiencia en la cual participaron científicos, académicos y representantes de sociedad civil y de grupos indígenas. Su fallo subrayó la creciente deforestación de la Amazonia brasileña como una de las principales fuentes de emisiones de Brasil, el quinto mayor emisor de carbono del mundo, e identificó el Fondo Clima como la principal herramienta de que dispone el gobierno brasileño para reducir las emisiones. Determinó que su negativa a utilizarlo constituía una infracción por omisión a la Constitución brasileña, que establece “el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida”, por lo que obliga al Estado a “defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras”.

Las implicancias de la sentencia son claras y de gran alcance. En tanto tratado de derechos humanos, el Acuerdo de París se convierte en enmienda constitucional, ganando estatus legal por encima de la legislación ordinaria. A partir de ahora, toda ley aprobada por el Congreso brasileño y toda política diseñada por el gobierno brasileño que entre en conflicto con el Acuerdo de París será considerada inconstitucional y, por lo tanto, nula. Corresponderá a los tribunales examinar más de cerca cada ley y cada política para garantizar su conformidad con el Acuerdo de París.

El Tribunal Supremo de Brasil tiene actualmente pendientes al menos otros dos casos en materia de clima: uno que demanda la correcta implementación del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonia, y otro que denuncia la incapacidad del gobierno para gestionar adecuadamente el Fondo Amazonia, una iniciativa de preservación de la selva.

Al mismo tiempo, las OSC que apoyaron el caso contra el gobierno brasileño están involucradas en juicios iniciados por el Estado en contra de empresas. El Observatorio del Clima, por ejemplo, se ha sumado a procesos judiciales del Estado contra grupos privados responsables de la deforestación amazónica a gran escala.

Gobiernos llamados a rendir cuentas

En marzo, las OSC GroundWork y Movimiento en Acción por la Justicia Ambiental Vukani ganaron un caso contra el gobierno sudafricano. La sentencia reconoció que la contaminación atmosférica, un problema serio en Sudáfrica, constituye una violación de derechos constitucionales, y obligó al gobierno a implementar una normativa que diera prioridad a la gestión de la calidad del aire en la región de Mpumalanga Highveld.

Los activistas ambientales, representados por la organización de abogados activistas Centro para los Derechos Ambientales, iniciaron su litigio #DeadlyAir (#AireMortífero) en 2019 para exigir al gobierno que limpiara el aire tóxico de Mpumalanga. Los jueces consideraron que cuando la calidad del aire no cumple con las normas nacionales se está violando el derecho a un aire sano y que el ministro de Medio Ambiente de Sudáfrica tiene la obligación legal de aprobar y hacer cumplir normas de calidad del aire.

Según el director de GroundWork, la sentencia es importante porque reconoce que el derecho a un aire sano es “realizable aquí y ahora, no gradualmente a lo largo del tiempo”.

En el Reino Unido, la victoria de la sociedad civil ofreció un ejemplo de un tipo de caso de importancia creciente, los denominados “casos marco”, es decir, demandas que cuestionan la ambición de un gobierno para responder al cambio climático o su falta de acciones para implementar sus compromisos declarados.

En julio, el Tribunal Superior falló contra el gobierno británico en un caso presentado por grupos entre los que se contaban Client Earth, Friends of the Earth y Good Law Project. El tribunal argumentó que la Estrategia Cero Neto del gobierno era inadecuada por ser demasiado vaga para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de Cambio Climático del Reino Unido, y ordenó al gobierno desarrollar una estrategia más detallada a ser sometida a debate parlamentario y consideración pública.

La sentencia fue una vergüenza política para el gobierno, que al presentar la estrategia en octubre de 2021, poco antes de oficiar de anfitrión de la COP26, había intentado exhibir al Reino Unido como líder en materia climática. En lo sucesivo, la sociedad civil británica se esforzará por mantener la presión para que el gobierno de la nueva primera ministra Liz Truss, que se ha comprometido a extraer aún más petróleo y más gas, acate la sentencia.

Las empresas en el punto de mira

En septiembre, los habitantes de las islas Tiwi de Australia ganaron un recurso ante un tribunal federal contra la empresa privada Santos, interpuesto a causa de las potencialmente perjudiciales repercusiones económicas, ambientales, culturales y espirituales de su proyecto de perforación de gas en el mar de Timor.

Las comunidades tradicionales alegaron que el proyecto suponía un riesgo no solamente para sus fuentes de alimentos sino también para su ancestral conexión espiritual con el mar. La Defensoría del Medio Ambiente alegó que la aprobación concedida al proyecto era ilegal porque Santos no había consultado adecuadamente al clan indígena munupi, como lo exigía la ley, y no había proporcionado suficiente información al Consejo de Tierras de Tiwi.

La sentencia del tribunal se centró en una cuestión de procedimiento bastante sustantiva: lo que la empresa había intentado hacer pasar por “consulta” con las comunidades locales había sido una formalidad vacía más que un auténtico proceso de búsqueda del consentimiento libre, previo e informado que otorgara a las comunidades la oportunidad de negar su consentimiento. Por tanto, la aprobación fue retirada y el proyecto suspendido.

También en septiembre, activistas ambientales sudafricanos ganaron un caso contra Shell. Un tribunal de Makhanda, en la provincia del Cabo Oriental, confirmó la prohibición del uso de ondas sísmicas para la exploración de petróleo y gas frente a la costa del océano Índico, que, según los activistas, tendría un impacto potencialmente perjudicial sobre ballenas y otras especies marinas.

La demanda había sido presentada por varias OSC ambientalistas y de derechos humanos y por organizaciones que representan a comunidades tradicionales y a pescadores de subsistencia, como Green Connection y Sustaining the Wild Coast.

Con esta decisión, el tribunal anuló una decisión de 2014 que concedía al gigante energético el derecho a explorar en busca de petróleo y gas en las zonas de exploración de Algoa y Transkei, frente a la costa de Sudáfrica.

El fallo también repercutió sobre el gobierno sudafricano, que había respaldado el proyecto de Shell y criticado a quienes se oponían a él como obstáculos a la inversión en el desarrollo del país.

Litigios a nivel europeo

En julio se anunció que una demanda que buscaba responsabilizar a 33 Estados -los 27 miembros de la Unión Europea más Noruega, Reino Unido, Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania – por sus insuficientes esfuerzos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero se presentaría por vía rápida ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este panel de jueces de alto nivel examina casos graves relacionados con la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros protocolos de derechos humanos.

La demanda había sido presentada dos años atrás por seis jóvenes activistas ambientales portugueses, tres de ellos menores de 18 años, representados por la Red de Acción Legal Global, una OSC internacional de derechos humanos que recaudó más de 30.000 dólares vía crowdfunding. Los jóvenes demandantes explicaron que decidieron demandar a su gobierno por considerar que era la única forma en que los tomaría en serio y se vería obligado a cumplir lo que de otro modo serían promesas vacías.

El grupo argumenta que los incendios forestales que han asolado Portugal todos los años desde 2017 -y que han afectado a algunos de ellos personalmente- son un resultado directo del cambio climático, al igual que las tormentas que ponen en riesgo de daño o destrucción la vivienda de dos de ellos, situada cerca de la costa. En tanto que jóvenes que tendrán que vivir con los impactos de las malas decisiones actuales durante décadas, los demandantes denunciaron la injusticia de que los actuales dirigentes tomen decisiones imprudentes sin consultar a aquellos cuyo futuro están poniendo en peligro.

Si el tribunal les da la razón, los gobiernos implicados estarán legalmente obligados no solamente a elevar sus metas de reducción de emisiones nacionales, sino también a abordar el problema de las emisiones de las cuales también son responsables en el exterior, incluidas las de las empresas multinacionales con sede en sus países.

Clima y derechos humanos en la ONU

En septiembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU -un órgano integrado por personas expertas, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)- declaró al gobierno australiano responsable de la violación de los derechos de los pueblos indígenas a “disfrutar de su cultura y a no sufrir injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia y su hogar”. El Comité consideró que esta violación se debía a que el gobierno no había actuado para reducir las emisiones y adoptar medidas adecuadas de adaptación, resiliencia y protección.

La innovadora decisión se produjo en respuesta a una denuncia presentada tres años antes por la organización jurídica medioambiental ClientEarth en nombre de 14 personas indígenas -ocho adultos y seis niños- de Boigu, Masig, Poruma y Warraber, cuatro islas de baja altitud situadas frente a la costa norte de Australia.

El Comité pidió al gobierno australiano que compensara a los indígenas de las cuatro islas por los daños sufridos, que realizara consultas significativas para evaluar sus necesidades y que tomara medidas para garantizar la continuidad de la existencia segura de sus comunidades. Esto tiene implicancias globales, en la medida en que podría normalizar el concepto de financiación de pérdidas y daños.

Aunque el PIDCP no cuenta con un mecanismo de aplicación, los Estados que lo han firmado y ratificado, y que por lo tanto deben someterse al escrutinio del Comité de Derechos Humanos, tienden a cumplir sus decisiones. Australia es uno de ellos. Para su nuevo gobierno, que llegó al poder en mayo tras una campaña electoral que tuvo al cambio climático como uno de los temas centrales y que ha aprobado recientemente la primera legislación en materia climática del país en una década, su cumplimiento es la próxima gran prueba de su compromiso con la lucha contra el cambio climático.

El camino hacia la justicia climática

La interminable sucesión de fenómenos meteorológicos extremos -inundaciones catastróficas en Pakistán, Sudáfrica y Europa Central, terribles olas de calor en la India y en toda Europa, incendios forestales descontrolados desde Portugal hasta el Líbano y Turquía, por nombrar apenas algunas de las emergencias recientes- dejan claro que la crisis climática es una realidad presente y que el momento de actuar es ahora.

Eso es lo que está haciendo la sociedad civil: a la vez que actúa sobre el terreno para intentar aliviar el sufrimiento humano causado por estas catástrofes a las que nosotros mismos hemos contribuido, presiona a gobiernos y empresas para que tomen las decisiones correctas, y activa salvaguardas cuando no lo hacen.

La movilización callejera ha dado buenos resultados. En respuesta a esta presión, los líderes políticos se han visto obligados a prestar atención. Muchos hicieron algo básico que la sociedad civil exigía -escuchar a la ciencia- y algunos concedieron a la sociedad civil algún acceso -a menudo muy limitado- a espacios de toma de decisiones a nivel nacional, regional e internacional. Pero muchos solo dijeron lo que su audiencia esperaba oír, sin cambiar demasiado sus políticas y sus acciones.

Al acudir a los tribunales, la sociedad civil está obligando a los negacionistas del cambio climático, como Bolsonaro, a confrontar la realidad del problema y a actuar en consecuencia, y exigiendo a quienes se promocionan como líderes en materia ambiental -como el gobierno del Reino Unido- que cumplan sus propias promesas. Los gobiernos que se jactan de sus objetivos de “cero neto” y las empresas que invierten sumas cuantiosas en relaciones públicas de “lavado verde” ahora saben que se espera que cumplan lo que pregonan. Están siendo vigilados de cerca y podrían acabar en los tribunales si no respaldan sus palabras con hechos.

Los recientes avances resultantes de litigios sobre el clima demuestran que la estrategia de la sociedad civil de formar coaliciones amplias realmente funciona, ya que le permite abordar una cuestión tan compleja como el cambio climático desde una gran variedad de ángulos diferentes. El litigio climático no es un sustituto de otras formas de acción de la sociedad civil, sino una estrategia complementaria fundamental para sacar el máximo provecho posible de los esfuerzos colectivos.

A medida que los tribunales adoptan el marco de los derechos humanos para abordar casos en relativos al clima, también ordenan compensaciones económicas y restituciones por violaciones de derechos asociadas al clima. La sociedad civil seguirá esforzándose reconducir estas luchas a las negociaciones sobre el clima, trabajando con los Estados que la apoyan, para presionar por un progreso real en la adopción de la financiación de pérdidas y daños en la COP27. La sociedad civil lo hará con la esperanza de que funcione exactamente como lo temen los Estados y empresas que se han resistido al cambio durante tanto tiempo: como acelerador de la acción hacia la justicia climática global.