La acción callejera, bajo la forma de protestas masivas y desobediencia civil no violenta, ha contribuido a colocar la crisis climática en la agenda política y de la opinión pública. Al mismo tiempo, en el marco de procesos como la serie de cumbres sobre el cambio climático, incluida la COP26 celebrada en el Reino Unido en noviembre, la sociedad civil está haciendo todo lo posible para abogar por compromisos más ambiciosos por parte de los Estados.

Pero cada vez más, los defensores del clima están utilizando otra táctica complementaria: la de recurrir a los tribunales para exigir a gobiernos y empresas que rindan cuentas de sus acciones, así como de su inacción. En 2021, esta estrategia legal arrojó algunas victorias históricas.

Otra táctica cada vez más utilizada es el activismo dentro de las empresas: los activistas buscan hacerse de puestos en los consejos de administración para influir en sus políticas y comportamientos. Las campañas públicas a menudo se combinan con estas tácticas para hacer avanzar la agenda. La sociedad civil se involucra de todas las formas posibles para exigir acción por el clima y reclamar que gobiernos y empresas hagan más y mejor.

El gobierno australiano, humillado por jóvenes activistas

Al igual que en las protestas por el clima, la edad no ha sido un obstáculo a la hora de emprender acciones legales. Fue un grupo de activistas adolescentes el que puso en aprietos al gobierno de Australia el pasado mes de julio. Aunque el tribunal bloqueó el intento de los jóvenes activistas de impedir la ampliación de un proyecto de extracción de carbón, también dictaminó que, al tomar sus decisiones, el ministro de Medio Ambiente de Australia tiene el deber de cuidar a todos los australianos menores de 18 años para evitar “causar daños personales o la muerte… derivados de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera terrestre”.

De un plumazo, el fallo del tribunal creó una responsabilidad legal para que uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero per cápita de todo el mundo proteja a niños y jóvenes de los daños climáticos. La sentencia tiene importancia global: se cree que se trata del primer caso en todo el mundo en que un tribunal ha impuesto esa responsabilidad sobre un Estado.

El argumento del gobierno de que sus emisiones adicionales generadas por la expansión del carbón tendrían un impacto mínimo sobre el calentamiento global es insostenible; incluso pequeños aumentos pueden causar puntos de inflexión. Las acciones de Australia no son ni remotamente consistentes con el compromiso que asumió bajo el Acuerdo de París de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados. Para el gobierno australiano, adicto al carbón -que no tiene planeado reducir sus emisiones de aquí a 2030 ni eliminar la producción de carbón, sino que está ampliando activamente la extracción-, la sentencia fue un lamentable golpe de realidad. No es de extrañar que el gobierno apelara inmediatamente.

En la audiencia que el tribunal de apelación celebró en octubre, los abogados de Sussan Ley, la ministra de Medio Ambiente de Australia, ofrecieron un espectáculo poco edificante al argumentar que la funcionaria no tiene “casi ningún control” sobre el nivel general de emisiones de gases de efecto invernadero, y que el peligro para los niños por efecto del cambio climático será esencialmente el mismo independientemente de lo que haga la ministra.

Es poco frecuente que los representantes electos confiesen a sus votantes que carecen de poder y que lo que hacen no tiene importancia. La ciudadanía australiana preocupada por la crisis climática ha de preguntarse si acaso debería entregar su voto a alguien que sí crea que sus acciones pueden cambiar las cosas. Los jóvenes que presentaron la demanda están perplejos ante la determinación de la ministra de negar que tiene una obligación de cuidado hacia ellos y frente a su voluntad de luchar no para proteger sus derechos sino para defender a las empresas de combustibles fósiles.

La acción judicial refuerza la ambición política en Alemania

En el momento de escribir este artículo, la decisión del tribunal de apelación de Australia sigue pendiente. Los defensores del clima de todo el mundo están atentos, esperando que se confirme el fallo. Pero incluso si no es confirmado, no desesperarán. La sentencia australiana no es el único avance que han conseguido. En todo el mundo se están presentando demandas en materia climática, para contrarrestar la inacción de los gobiernos y el gran poder de la industria de los combustibles fósiles. Desde 2015 se han presentado más de mil demandas por el clima, y solamente entre mayo de 2020 y mayo de 2021 se presentaron 191 nuevos casos. Muchos de ellos -las investigaciones sugieren que más de la mitad- han tenido éxito.

En abril, los tribunales de Alemania dictaminaron que su ley para reducir las emisiones de carbono a “cero neto” para 2050 no era lo suficientemente ambiciosa y debía ser reforzada. La ley, aprobada en 2019, solo establecía recortes de las emisiones hasta 2030. En respuesta a una demanda presentada por nueve activistas por el clima de entre 15 y 24 años de edad, el tribunal ordenó al gobierno que revisara la ley para establecer objetivos más allá de 2030. El tribunal dictaminó que se están vulnerando las libertades fundamentales de los jóvenes, ya que, de no reducirse adecuadamente las emisiones ahora, ellos tendrán que soportar la carga irrazonable de reducir las emisiones drásticamente en el futuro.

Al igual que en Australia, la sentencia argumentó que los gobiernos tienen la responsabilidad de tomar en consideración los derechos de quienes deberán convivir con los daños climáticos mucho después de que la actual generación de políticos deje el poder. También evidenció que los activistas por el clima están luchando contra la inacción climática con argumentos de derechos humanos, y están logrando imponerlos.

La sentencia alemana tuvo un impacto inmediato. El gobierno de entonces anunció un plan más ambicioso para alcanzar el nivel neto cero de emisiones en 2045 y reducir las emisiones en un 65% para 2030. El nuevo gobierno alemán, que llegó al poder tras las elecciones de octubre de 2021, fue aún más lejos, comprometiéndose a eliminar el carbón para 2030 y a generar el 80% de su energía con energías renovables para esa fecha. La victoria en los tribunales reforzó la protesta pública y alentó a los partidos políticos a mostrarse más ambiciosos en la campaña electoral.

Las empresas de combustibles fósiles en el punto de mira legal

En otros lugares, las demandas se han centrado en el rol de las empresas de combustibles fósiles en la profundización del cambio climático, y cada vez más, en las empresas financieras que invierten en ellas. En 2019, la Corte Suprema holandesa confirmó una sentencia según la cual el gobierno debe reducir las emisiones para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos frente al cambio climático. En 2021, en los Países Bajos, le tocó al sector privado perder en los tribunales.

Una sentencia histórica dictada el pasado mes de mayo ordenó a Shell reducir sus emisiones de dióxido de carbono en 45% para 2030. El caso fue presentado por varios grupos de la sociedad civil ambientalista, encabezados por Amigos de la Tierra.

Fue un veredicto monumental. Shell, con sede conjunta en los Países Bajos y el Reino Unido, es una de las mayores compañías petroleras del mundo. El tribunal sentó precedente al dictaminar que Shell está legalmente obligada a cumplir el Acuerdo de París. Dictaminó que la empresa tiene la obligación no solamente de reducir sus propias emisiones, sino también de hacer mayores esfuerzos para reducir las emisiones en toda su cadena de valor, proveedores y consumidores incluidos.

Esta demanda fue una de las muchas que están siendo presentadas para obligar a gobiernos y empresas a cumplir el Acuerdo de París, lo cual de paso demuestra el valor de los tratados internacionales a la hora de establecer normas y crear espacios para la incidencia de la sociedad civil.

Shell anunció inmediatamente que apelaría, al tiempo que se esforzaba por desplegar el tipo de acciones engañosas de maquillaje verde que habitualmente ofrecen las empresas de combustibles fósiles cuando continúan avanzando en sus proyectos extractivos. Shell también afirma que reducirá las emisiones de sus operaciones en un 50% para 2030, pero esta promesa elude las órdenes del tribunal de reducir la mayor parte de las emisiones de que es responsable, las cuales provienen de los productos utilizados por sus proveedores.

Este ni siquiera ha sido el primer caso que Shell ha perdido recientemente en los tribunales holandeses: en enero de 2021, un tribunal de apelación holandés dictaminó que su filial nigeriana debía pagar una indemnización a los agricultores afectados por derrames de petróleo, un veredicto con el cual el gigante petrolero se declaró “decepcionado”; es poco probable que la empresa presente esta historia en su próxima rutilante campaña de relaciones públicas.

En lo que podría ser una reacción a estas sucesivas derrotas legales, en noviembre Shell anunció que trasladaría su sede y residencia fiscal al Reino Unido, lo cual podría protegerla de nuevos litigios en los tribunales holandeses. Sin embargo, cabe esperar que el amplio movimiento de justicia climática del Reino Unido haga lo suyo para mantener la presión.

Accionistas presionan a gigantes de los combustibles fósiles

Shell también se cuenta entre las empresas de combustibles fósiles que enfrentan la acción de grupos formados por sus propios accionistas. Estos grupos de accionistas se muestran cada vez más preocupados por los riesgos empresariales que corren las corporaciones que dependen de la futura extracción de combustibles fósiles, y defienden la adopción de energías más limpias y tecnologías de transición. Algunos grupos de accionistas se han dado cuenta de que los combustibles fósiles tienen poco futuro, mientras que las energías alternativas tienen un alto potencial de retorno.

El fondo de cobertura Third Point, que ha acumulado una importante participación en Shell, quiere dividir la empresa en dos: una empresa residual de combustibles fósiles y una empresa de energía más limpia que obtenga beneficios invirtiendo en energías renovables y tecnologías de reducción del carbono.

No es el único. En mayo, un fondo de cobertura activista consiguió dos puestos en el consejo de administración de Exxon, argumentando que el gigante petrolero no estaba ajustando su estrategia de negocios frente al cambio climático, y no estaba capitalizando el valor que podría conseguir a través de energías alternativas. Curiosamente, en vez de bajar las acciones de Exxon subieron a continuación de esta movida.

Ese mismo mes, el mismo día del veredicto del tribunal holandés en el caso Shell, los accionistas de Chevron votaron en un 61% a favor de una resolución para reducir las emisiones generadas por sus productos; el consejo había pedido a los accionistas que rechazaran la resolución.

Estas movidas están muy lejos de la justicia climática que el activismo reclama. En muchos casos se trata de grupos de accionistas que persiguen sus propios intereses. Pero podrían ser una parte importante de la respuesta que el problema exige.

Son cada vez más los casos de activistas por el clima que hacen campaña para conseguir puestos en los consejos de administración de las empresas; incluso si sus esfuerzos no tienen éxito, utilizan sus campañas para poner sus temas en la agenda y llamar la atención sobre el daño climático causado por las empresas.

Tal fue el caso de Ashjayeen Sharif, un joven de 18 años que en 2021 hizo campaña para ocupar un puesto en el consejo de administración del gigante del carbón AGL, el mayor contaminador climático de Australia. Sharif, que inició su activismo en el movimiento de huelga escolar, hizo campaña con el objetivo de que la empresa se volcara en un 100% a energías renovables hacia 2030. Aunque no consiguió el puesto en el consejo de administración, la campaña de Sharif contribuyó a poner de manifiesto la falta de acción de la empresa para mitigar el daño climático y contribuyó al impulso que llevó a los accionistas a aprobar, en su reunión de septiembre de 2021, una resolución no vinculante para que la empresa elaborara planes de reducción de emisiones y vinculara la remuneración de sus ejecutivos a la consecución de estos objetivos.

Los fondos de pensiones entran en escena

Mientras algunos intentan influir en la dirección de las empresas y hacerlas avanzar hacia energías más limpias mediante la inversión y la acción de los accionistas, otros presionan por la desinversión, instando a los inversores a renunciar a las empresas de combustibles fósiles y mover sus inversiones hacia otras alternativas.

Cuando se trata de desinversión, la atención se centra cada vez más en las decisiones tomadas por los grandes fondos de pensiones. Se trata de grandes inversores que involucran a muchas personas, pero a menudo toman decisiones opacas.

Los cambios introducidos por Exxon en mayo contaron con el respaldo de algunos fondos de pensiones. Y una vez más, los titulares se hicieron en los Países Bajos: el pasado mes de octubre, uno de los mayores fondos de pensiones del mundo, ABP, anunció que vendería todas sus participaciones en empresas de combustibles fósiles, por valor de unos 17.000 millones de dólares. Hacía frente a acciones legales a causa de estas participaciones, y apenas unos meses antes había declarado que no planeaba desinvertir.

No es el único caso. El mes anterior, el segundo fondo de pensiones de Canadá, CDPQ, anunció que para finales de 2022se desprendería de todas sus inversiones en petróleo. También había recibido presiones activistas en ese sentido.

Cualquier fondo de este tipo que siga invirtiendo en el letal negocio de los combustibles fósiles puede esperar enfrentar fuertes presiones en el mismo sentido. Es esperable que enfrenten presiones para que rindan cuentas y muevan su dinero hacia el lado correcto de la historia. Los argumentos, tanto de justicia social como de conveniencia empresarial, son cada vez más fuertes. Cuando ABP anunció su desinversión, señaló que no esperaba que sus ganancias se resintieran. Ya no hay razones financieras de peso para invertir en combustibles fósiles.

Acción en todos los frentes

Todavía se necesita más acción. Los ejemplos de litigios climáticos citados anteriormente son apenas algunos de los muchos en curso, pero aunque los litigios están aumentando en el sur global, históricamente muchos de estos esfuerzos se han centrado en el norte global, y en particular en los Estados Unidos. Todavía hay relativamente pocos casos en África, Asia y las islas del Pacífico, a pesar de que estas regiones están en la primera línea de los impactos climáticos. Es necesario llevar la lucha a todos los tribunales y presionar jurídicamente a las empresas y a los Estados de todas las regiones del mundo para obligarles a ajustar sus acciones a la magnitud de la crisis.

Los litigios suelen ser lentos y costosos y exigen conocimientos especializados. Se necesita mucho más apoyo, por ejemplo bajo la forma de trabajo gratuito de bufetes de abogados. También es necesario defender y apoyar a los activistas, a menudo jóvenes, que lideran estas luchas y que corren el riesgo de agotarse y enfrentar violentas reacciones negativas.

Dado el rol fundamental que desempeñan los fondos de pensiones, es necesario desafiar a muchos más titulares de pensiones para que cuestionen cómo se invierte el dinero que cada mes reservan para su futuro. Hay que motivarles y permitirles cambiarse a fondos que apoyen la transición climática. Los fondos de pensiones que no lo hagan deberán enfrentar una campaña sostenida.

Frente a la crisis climática, puede ser necesario entablar algunas alianzas inusuales. Los defensores del clima y los fondos de cobertura no son aliados naturales. Pero dado el papel que pueden desempeñar los fondos como inversores activistas, es necesario involucrarlos y presentar argumentos que hagan coincidir los intereses financieros y la acción climática. Esto no sustituye a la exigencia de justicia social a través de la movilización masiva. Pero para responder a la auténtica amenaza existencial que enfrentamos debemos utilizar en forma simultánea todas las tácticas que tengamos a mano.