La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado recientemente una histórica resolución que reconoce al acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. Este importante paso adelante en la lucha contra las amenazas urgentes del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad se produjo tras años de campaña de la sociedad civil. Aunque la resolución no es vinculante, debería servir de estímulo para impulsar una mayor regulación ambiental a nivel nacional y obligar a gobiernos y empresas a rendir cuentas a través de litigios. La sociedad civil también aprovechará la oportunidad para abogar por una convención vinculante sobre el derecho a un medio ambiente sano.

Lo que ocurrió recientemente en el recinto de las Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) podría ser un paso decisivo en materia de derechos ambientales. El 28 de julio, los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución pionera que reconoce al acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano universal.

Sorprendentemente, ningún país votó en contra, mientras que 161 votaron a favor. Solamente se abstuvieron ocho países, todos ellos con un pésimo historial en materia de derechos humanos: Bielorrusia, Camboya, China, Etiopía, Irán, Kirguistán, Rusia y Siria.

La resolución llega en un momento crítico, en medio de lo que se ha denominado una triple crisis planetaria, con la amenaza combinada del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Los impactos del cambio climático se expresan, entre otras cosas, bajo la forma de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. La posibilidad de mantener el aumento de la temperatura global dentro de los 1,5°C por sobre los niveles preindustriales para evitar la catástrofe está disminuyendo rápidamente. Mientras tanto, la contaminación atmosférica es la mayor causa de enfermedad y muerte prematura en el mundo: es responsable de más de nueve millones de muertes cada año. Al mismo tiempo, la pérdida de diversidad biológica está repercutiendo directamente sobre el suministro de alimentos, el acceso a agua potable y la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Estos tres componentes interconectados de la emergencia global deben ser abordados simultáneamente y con suma urgencia.

En este contexto, la resolución de la AGNU no puede sino ser considerado un avance positivo que podría contribuir a impulsar el cambio. Ahora es necesario hacerla efectiva, asegurando que las palabras vayan seguidas de acciones. La sociedad civil, que durante mucho tiempo se movilizó a nivel internacional para impulsar la resolución, ahora mantendrá la presión a todos los niveles para hacerla realidad.

¿Un punto de inflexión?

La reciente resolución utiliza un lenguaje que recuerda al de la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en octubre de 2021. Fue la primera vez que una entidad de la ONU reconoció el acceso a un medio ambiente sano como un derecho. Estableció una conexión con otros derechos establecidos en el derecho internacional y reconoció el impacto negativo del daño ambiental tiene sobre las personas y su acceso a derechos.

La resolución destaca al cambio climático, la extracción, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la mala gestión de los residuos como las principales amenazas para el disfrute del derecho a un medio ambiente sano, y presenta a la cooperación multilateral como eje fundamental de la solución.

Las resoluciones de la AGNU no son jurídicamente vinculantes, pero pueden tener un poderoso efecto simbólico, como quedara demostrado a principios de este año cuando se convocó a una sesión especial de la AGNU para aprobar resoluciones de condena de la agresión rusa a Ucrania. Fue una forma de comunicar una fuerte desaprobación ante la imposibilidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Rusia tiene poder de veto, aprobara una resolución vinculante.

La resolución de la AGNU sobre el derecho a un medio ambiente limpio y saludable envía el mensaje de que los Estados miembros de la ONU aprecian la importancia del medio ambiente y comprenden la necesidad de mejorar normas y prácticas para mejorar la vida de las personas. Cabe abrigar la esperanza de que este nuevo reconocimiento de alto nivel ayude a catalizar una mayor presión en favor del cambio. Ofrece una poderosa herramienta adicional que la sociedad civil utilizará para impulsar el desarrollo de acuerdos internacionales vinculantes, abogar por la traducción de normas globales en leyes nacionales y políticas implementables, y obligar a que los gobiernos y las empresas rindan cuentas, por ejemplo través de litigios ambientales.

Tras los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, ha llegado el momento de consagrar los derechos ambientales.

VICTORIA LICHET

Ha habido ya resoluciones sobre cuestiones ambientales que han tenido efectos más que simbólicos: una resolución de la AGNU adoptada sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en 2010, por ejemplo, abrió camino a cambios constitucionales y legales en países como Costa Rica, México y Eslovenia, con un impacto inmediato en comunidades que hasta entonces no tenían acceso a agua potable.

Cinco décadas hasta la victoria

Para la sociedad civil, esta es solo una fase más de un trayecto que ya lleva cinco décadas. El primer paso se dio en la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972, de la que surgió una declaración que reconocía el derecho a “un medio de calidad tal que permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”. Se trató del primer documento internacional que relacionó la salud ambiental con el bienestar de las personas, marcando un cambio en la forma de entender las preocupaciones ambientales.

Siguieron años en que la sociedad civil promovió la idea de que todas las personas deberían tener derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, popularizando el concepto e impulsando su reconocimiento. Un informe de 2018 elaborado conjuntamente por el antiguo y el actual relator especial de la ONU para los derechos humanos y el medio ambiente defendía con firmeza que la ONU reconociera el derecho a un medio ambiente sano. Un primer avance se produjo con la resolución del CDHNU de octubre de 2021, que reconoció el acceso a un medio ambiente sano y sostenible como un derecho universal.

Tras Estocolmo +50 -la conferencia celebrada en Suecia este mes de junio para conmemorar el 50º aniversario de la reunión de Estocolmo de 1972- la victoria estuvo más cerca. En Estocolmo, los Estados miembros de la ONU y otras partes interesadas hicieron un llamamiento a implementar 10 recomendaciones prácticas “para acelerar la acción hacia un planeta sano para la prosperidad de todos”. Un mes después, la AGNU aprobó su histórica resolución.

Unas 1.350 organizaciones de la sociedad civil apoyaron la campaña para conseguir su aprobación. Numerosos grupos de sociedad civil trabajaron durante meses para contactar a los gobiernos e instarles a votar a favor, y organizaron una campaña en redes sociales para pedir a los líderes mundiales que actuaran. El hashtag #HealthyEnvironmentForAll (#AmbienteSanoParaTodos) reunió más de 30.300 mensajes de apoyo.

Dentro de la ONU, las organizaciones de la sociedad civil trabajaron con un grupo de Estados que les apoyaban, entre ellos pequeños Estados insulares muy afectados por el cambio climático, para garantizar un texto sólido que reflejara cabalmente las esperanzas y expectativas de la sociedad civil.

Voces desde las primeras líneas

Victoria Lichet es directora ejecutiva de la Coalición del Pacto Mundial. La Coalición del Pacto Mundial reúne a organizaciones de la sociedad civil, activistas, artistas, abogados y científicos que abogan por la adopción del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, un proyecto de tratado internacional que apunta a consagrar una nueva generación de derechos y deberes fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente, y especialmente el derecho a un medio ambiente sano.

 

El reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano universal convierte a la protección del medio ambiente en un aspecto fundamental de la protección de los derechos humanos. Es un paso importante hacia la introducción de una perspectiva de derechos humanos en el litigio ambiental, ya que integra normas de derechos humanos en los asuntos ambientales.

Aunque las resoluciones de la AGNU no son jurídicamente vinculantes, esta resolución es un fuerte mensaje político de gran contenido simbólico. Desempeñará un papel importante en la formación y el fortalecimiento de normas, leyes, estándares y políticas ambientales internacionales más sólidas. De ese modo, necesariamente mejorará la eficacia general del derecho ambiental y catalizará nuevas acciones ambientales y climáticas. Esto también demuestra que el multilateralismo todavía tiene un rol que desempeñar en el derecho ambiental internacional.

El reconocimiento debe combinarse con políticas públicas nacionales y regionales sólidas y ambiciosas que pongan en marcha mecanismos para reforzar la protección del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y el disfrute de sus restantes derechos humanos. A partir de ahora, los Estados deberán adoptar un enfoque de derechos humanos en la regulación ambiental, así como mejores políticas de energía renovable y economía circular.

Ahora la sociedad civil debe abogar por instrumentos más sólidos y ambiciosos para proteger el medio ambiente, nuestro derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ahora que el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido a nivel internacional, debemos introducir derechos y deberes adicionales que nos lleven aún más lejos en el camino de la protección del medio ambiente.

La resolución de la AGNU podría ser la base de un instrumento internacional más amplio sobre el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ya disponemos de modelos ambiciosos que podrían utilizarse en estas futuras negociaciones, tales como el Pacto Mundial por el Medio Ambiente y el proyecto de pacto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la mayor red ambiental global.

El desplazamiento del “derecho blando” al “derecho duro” -en este caso, de la resolución no vinculante de la AGNU a una convención sobre el derecho a un medio ambiente sano- es muy común en el derecho internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en rigor una parte de la resolución de la AGNU sobre la Carta Internacional de Derechos Humanos, y por lo tanto no es jurídicamente vinculante, abrió camino a dos tratados que fueron adoptados en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se necesitaron 18 años para traducir la Declaración en dos textos jurídicamente vinculantes.

Esperamos que no hagan falta 18 años para lograr una convención sobre derechos ambientales, porque eso nos llevaría hasta 2040. No tenemos tanto tiempo. Ha llegado el momento de adoptar una convención que sea una suerte de “tercer pacto”, es decir, que reconozca una tercera generación de derechos humanos. Tras los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, ha llegado el momento de consagrar los derechos ambientales.

Ante la actual triple crisis planetaria, un texto internacional vinculante sobre el medio ambiente tiene una importancia vital, ya que millones de personas están muriendo a causa de sus entornos tóxicos, y especialmente por la contaminación atmosférica.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Victoria. Lea la entrevista completa aquí.

La necesidad de más medidas

Además de su carácter no vinculante, otra posible limitación de la resolución de la AGNU es que no especifica el alcance del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. La ambigüedad podría dar pie a diversas interpretaciones. Varios Estados ya han expresado sus dudas sobre su aplicabilidad y relevancia jurídica, lo que sugiere que algunos la utilizarán con fines de autopromoción más que como estímulo para una acción tangible. Corresponde a la sociedad civil abogar por la interpretación más amplia y ambiciosa posible y sensibilizar a la ciudadanía para que presione a sus gobiernos para que respeten y promuevan el derecho que han reconocido.

La sociedad civil también se esforzará por utilizar la resolución no vinculante como trampolín para conseguir un logro mayor: una convención vinculante sobre derechos ambientales.

Una convención de este tipo permitiría a la sociedad civil exigir a los Estados que rindan cuentas de sus acciones relativas al medio ambiente. El litigio ambiental saldría reforzado: de hecho, el Acuerdo de París, un acuerdo jurídicamente vinculante que ha sido firmado por casi todos los Estados, ya ha sido referencia de varios litigios climáticos exitosos.

Las amenazas relacionadas con el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad no son menos urgentes ahora que la resolución ha sido aprobada. Aunque significativo, esto no es más que un paso. En cierto modo, para la sociedad civil es ahora cuando el verdadero trabajo comienza.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • Los Estados deben incorporar las disposiciones de la resolución a la legislación nacional.
  • Estados y empresas deben tomar medidas más contundentes para proteger el medio ambiente mediante la mejora de la normativa, la exigencia de mejores prácticas empresariales y el fomento de un cambio de comportamiento.
  • La sociedad civil y las personas defensoras del medio ambiente deben hacer referencia a este nuevo reconocimiento de los derechos ambientales en sus litigios y campañas.

Foto de portada de Brenton Geach/Gallo Images