Mientras Europa atravesaba una ola de calor mortal que dejó más de 1500 muertes relacionadas con la crisis climática, los negociadores reunidos en Bonn, Alemania concluían dos semanas de conversaciones en gran medida infructuosas. Los dos primeros días se perdieron en disputas sobre la agenda. Tras tres décadas de diplomacia climática, el contraste entre el avance acelerado del colapso climático y el ritmo glacial de las negociaciones internacionales resulta cada vez más evidente.

Las conversaciones de Bonn formaron parte del ciclo multilateral anual que culmina en la cumbre climática mundial: la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático. En este encuentro intermedio, los Estados intentan avanzar en los borradores de acuerdos que se cierran en la COP de fin de año. La 30ª COP se celebrará en Brasil en noviembre.

Las conversaciones de Bonn se desarrollaron en un momento especialmente tenso para las negociaciones. En su primer día de su mandato, en enero, Trump anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, motivo por el cual el gobierno estadounidense no participó en las reuniones. Además, Trump desmanteló el sistema de ayuda internacional de Estados Unidos y eliminó prácticamente toda la financiación climática estadounidense. Como resultado, tanto la sociedad civil como los Estados que recibían ese apoyo debieron salir a buscar alternativas con urgencia.

Y aunque los recortes de Estados Unidos fueron los más drásticos, no son los únicos: Francia, Alemania y el Reino Unido también anunciaron retrocesos en sus compromisos de financiación de ayuda internacional.

En términos más generales, la noción de un orden internacional basado en normas – donde los Estados negocian de buena fe para resolver problemas mundiales y respetan las reglas acordadas – atraviesa una crisis sin precedentes. Trump ha adoptado una lógica estrechamente transaccional en la política exterior de Estados Unidos. A su vez, Estados autoritarios como China y Rusia actúan según sus propios intereses, incluso al margen de los tratados y del derecho internacional de los derechos humanos. En muchos países han ganado poder y protagonismo líderes nacionalistas y populistas con promesas de priorizar intereses nacionales estrechos, a menudo negando la existencia del cambio climático e incluso comprometiéndose a romper acuerdos existentes y a ampliar la extracción de combustibles fósiles.

Los planes de reducción de emisiones se quedan cortos

Este año debería marcar un punto clave en la acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París de 2015 estableció un mecanismo que obliga a los Estados a presentar planes de reducción de emisiones cada vez más ambiciosos cada cinco años. La fecha límite para entregar las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), con metas para 2035, venció el 10 de febrero. Lamentablemente, el 95% de los Estados no la cumplió.

La demora sugiere que la mayoría de los estados no percibe urgencia alguna en recortar sus emisiones. Es probable que muchos esperen a ver qué hacen primero los principales emisores, como China, India y la Unión Europea (UE). En un contexto volátil, marcado ahora por los efectos de las impredecibles políticas arancelarias de Trump, resulta poco probable que surja una postura más ambiciosa.

Los Estados tienen como plazo hasta septiembre para presentar sus NDC, antes de la COP30. Las demoras son preocupantes, ya que una publicación más temprana de los planes permitiría a los activistas climáticos evaluar la brecha entre lo prometido y lo necesario, y abogar por mayores niveles de ambición.

Lo que se ha presentado hasta ahora no resulta alentador. En octubre pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que se necesita dar un “salto cuántico” en ambición para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados respecto de los niveles preindustriales, el límite establecido por el Acuerdo de París. Sin embargo, la mayoría de los nuevos NDC – entre ellos los de Brasil, Canadá, Japón, Suiza y Emiratos Árabes Unidos (EAU) – no son lo suficientemente ambiciosos para alcanzar ese objetivo, y no priorizan la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Entre los principales emisores históricos, solo el nuevo plan del Reino Unido muestra suficiente ambición – aunque su gobierno actual debe recuperar el tiempo perdido tras la inacción de su antecesor.

Se supone que los nuevos NDC se basarán en el «balance global» presentado en la COP28, que evaluó los esfuerzos realizados hasta ahora para hacer frente al cambio climático y concluyó que los Estados no están reduciendo las emisiones con la rapidez necesaria, que los países del norte global no aportan el financiamiento suficiente, y que los Estados no han planificado adecuadamente frente a los impactos del cambio climático.

El balance global llevó a un compromiso durante la COP28 para abandonar los combustibles fósiles, triplicar la capacidad mundial de energías renovables y duplicar la tasa de mejora en eficiencia energética de aquí a 2030. Sin embargo, desde entonces no se han definido planes concretos para la transición energética. No hubo avances en la COP29 ni en la reciente reunión de Bonn, lo que aumenta el riesgo de que la COP30 tampoco logre impulsar una eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

Financiamiento estancado

A pesar de una agenda muy cargada, las conversaciones de Bonn lograron pocos avances, lo que refuerza la posibilidad de que la COP30 sea otra cumbre decepcionante más. Las tres últimas COP se celebraron en Estados profundamente represivos con un espacio civil cerrado – Azerbaiyán en 2024, los Emiratos Árabes Unidos en 2023 y Egipto en 2022 – y las dos más recientes en países donde la extracción de petróleo y gas es la industria dominante. En todas ellas, la sociedad civil tuvo dificultades para acceder a las delegaciones e influir en ellas.

La COP27 incluyó por fin un compromiso para crear un fondo destinado a compensar a los Estados del sur global por las pérdidas y daños derivados del cambio climático, causados en gran medida por las emisiones del norte global. Sin embargo, el fondo sigue sin contar con los recursos necesarios: hasta ahora, apenas se han comprometido 768 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra resulta insignificante frente a la magnitud de impactos climáticos. Solo uno de ellos – los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más probables y frecuentes debido al cambio climático – le costó a la economía mundial más de 2 billones de dólares en la última década.

La COP28 reconoció, por primera vez, la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, lo cual había sido evitado en acuerdos anteriores debido a la presión del lobby de los combustibles fósiles. El balance global hizo que esta conclusión fuera inevitable, pero, aun así, el texto final se suavizó bajo la presión de Estados petroleros como Arabia Saudita.

La COP29 se centró en la financiación necesaria para que los países del sur pudieran avanzar hacia economías bajas en carbono y adaptarse a los impactos del cambio climático. Sin embargo, concluyó con un déficit anual de un billón de dólares entre lo que se necesita y lo que los Estados han comprometido.

Uno de los principales puntos de fricción en la agenda de Bonn fue el intento de muchos Estados del sur global por reincorporar el tema del financiamiento en las negociaciones, incluyendo los fondos para la adaptación. Acusan a los Estados del norte global de financiar sus propias medidas de adaptación, sin ofrecer apoyo suficiente a nivel internacional. La falta de acuerdo sobre este punto dominó los debates en torno al objetivo global de adaptación, impidió llegar a resultados claros, y frenó los avances en la adopción de planes nacionales de adaptación, que deberían haberse definido durante la COP29.

Todo indica que los desacuerdos sobre financiación seguirán marcando las negociaciones, con claras líneas divisorias entre el norte y el sur global. Y sin embargo, en medio de las disputas por los fondos climáticos, los Estados continúan destinando enormes sumas al gasto militar, que alcanzó los 2,7 billones de dólares a nivel mundial en 2024 y probablemente seguirá creciendo.

Desde la sociedad civil se insiste en la necesidad de replantear el enfoque sobre financiación climática y de considerar opciones que hasta ahora han sido sistemáticamente descartadas, como la redistribución de la inmensa riqueza acumulada por la destructiva industria de los combustibles fósiles. Durante las últimas cinco décadas, el sector del petróleo y el gas ha obtenido ganancias promedio de 2800 millones de dólares diarios, y ha invertido apenas una pequeña fracción en alternativas sostenibles. Ese poder económico le ha permitido ejercer una enorme influencia política: al menos 1773 lobistas de los combustibles fósiles se registraron para la COP29. Un impuesto sobre las extracciones podría empezar a aprovechar esa riqueza, con el potencial de recaudar 900.000 millones de dólares para 2030.

Argumentos a favor de la reforma

La COP30 en Brasil ofrece un atisbo de esperanza: por primera vez en años, se celebrará en un país con un espacio cívico más propicio y una sólida tradición de participación de la sociedad civil. Tendrá lugar en la ciudad de Belém, a orillas del río Amazonas, y estará organizada por un gobierno que busca destacar su perfil ambiental. Sin embargo, el mes pasado, la agencia reguladora del petróleo de Brasil anunció un plan para subastar derechos de exploración sobre 172 posibles yacimientos, 47 de ellos ubicados en la cuenca del Amazonas.

Pero incluso si se lograra evitar los errores recientes de la COP, los procesos climáticos arrastran fallas estructurales. Las negociaciones sobre el clima se desarrollan dentro de una burocracia opaca, atada a procedimientos muy formalizados, interminables disputas sobre el lenguaje de los textos y una tendencia a postergar las decisiones difíciles para futuras reuniones. Todo ello contrasta radicalmente con la urgencia de una crisis climática en plena aceleración. Las agendas de las COP se han ido inflando con el paso de los años, saturadas por iniciativas heredadas de cumbres anteriores, lo que evidencia la falta de ambición y la tendencia a eludir decisiones difíciles.

Las negociaciones multilaterales suelen avanzar con lentitud, pero algunos Estados obstruyen deliberadamente el progreso. Aquellos con importantes industrias petroleras y gasíferas tienden a dilatar cada punto de la agenda lo más posible, como se vio en el largo y detallado debate de Bonn sobre una posible plataforma en línea. Los Estados que se oponen a la acción climática no usan estas reuniones para resolver el problema, sino para prolongar una demora que resulta letal. El hecho de que la próxima COP sea la trigésima y que las temperaturas sigan aumentando muy por encima de los objetivos acordados demuestra que el proceso, tal como está, no funciona.

La sociedad civil exige un cambio. Durante las negociaciones de Bonn, más de 200 grupos de la sociedad civil respaldaron un llamado urgente a reformar el proceso climático de la ONU. El documento exige negociaciones más transparentes y una mayor rendición de cuentas sobre los compromisos asumidos. Insta a que las decisiones se tomen por mayoría cuando no se pueda alcanzar el consenso normalmente requerido, para impedir que los Estados petroleros bloqueen las formulaciones más contundentes sobre combustibles fósiles. La sociedad civil busca que las cumbres se celebren en países que hayan demostrado avances en el cumplimiento de sus compromisos climáticos, que respeten las libertades cívicas, y que garanticen un espacio para la participación genuina. Exige, además, excluir a los lobistas de combustibles fósiles de las delegaciones estatales y establecer una política clara sobre conflictos de interés.

Los Estados que realmente quieren hacer frente al cambio climático deben respaldar el llamado de la sociedad civil. También necesitan reconocer el peligro de invocar la eficiencia como excusa para restringir aún más el acceso de la sociedad civil, en un momento en que el sistema de Naciones Unidas está recortando los canales de participación para reducir costos. Las reformas no deben reducir el espacio para la sociedad civil, sino ampliarlo. Una y otra vez, la sociedad civil ha sido fuente de ambición e innovación frente a la crisis climática. Cualquier proceso climático verdaderamente eficaz debe situarla en el centro.

Después de tres décadas, los líderes mundiales deben reconocer lo absurdo de seguir sosteniendo procesos que han permitido que las emisiones se disparen mientras el planeta arde. Es hora de impulsar las reformas necesarias para que las negociaciones climáticas se conviertan, al fin, en acción real.

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