La sociedad civil obtuvo una victoria importante durante la 60° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), aunque esta se produjo en un momento en que los cimientos del sistema mundial de derechos humanos están siendo erosionados. En un contexto de devastadores recortes presupuestarios y de Estados que se alejan de la rendición de cuentas multilateral, la sesión estableció un mecanismo de investigación independiente sobre Afganistán, un logro histórico resultado de años de incidencia de la sociedad civil. Sin embargo, persisten brechas significativas: el Consejo guarda silencio ante las graves violaciones de derechos humanos en China, Egipto y Yemen, mientras que unas elecciones no competitivas permitieron que Estados con antecedentes de violaciones sistemáticas de derechos humanos aseguraran puestos en el Consejo, posicionándose para protegerse mutuamente del escrutinio internacional.

Entre bastidores, la iniciativa ONU80 del secretario general António Guterres – una campaña de eficiencia lanzada en marzo en el marco del 80º aniversario de la ONU – promete importantes reformas. Pero, a menos que se aborde el grave déficit de financiación en materia de derechos humanos – una consecuencia directa de las decisiones de los Estados-, es probable que el respeto por las normas e instituciones internacionales de derechos humanos se siga deteriorando.

Recompensas al esfuerzo de la sociedad civil

El mayor logro de la sesión fue la adopción de la resolución sobre Afganistán. El nuevo mecanismo de investigación independiente recopilará y conservará pruebas de violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Su mandato es amplio e incluye examinar los abusos cometidos por el Talibán, antiguos funcionarios del gobierno, jefes militares, fuerzas internacionales y grupos armados no estatales. El mecanismo centrará su labor en documentar los abusos sistemáticos contra mujeres y niñas, que los expertos describen como una forma de persecución por motivos de género. Resulta fundamental que se preparen expedientes que sirvan de base para futuros enjuiciamientos ante tribunales nacionales e internacionales, en estrecha colaboración con la Corte Penal Internacional (CPI).

La resolución es el resultado de años de esfuerzos y peticiones de organizaciones de la sociedad civil (OSC) afganas e internacionales. HRD+, una red de personas defensoras de derechos humanos afganas respaldada por más de 100 OSC, renovó en agosto su llamado a crear un órgano de investigación. Tras esta victoria tan arduamente conseguida, el desafío ahora consiste en poner en marcha el mecanismo con rapidez, pese a las graves restricciones financieras de la ONU.

El Consejo también renovó varios mandatos críticos por país: los de los Relatores especiales sobre Burundi, Camboya y Rusia; la misión de investigación sobre Sudán; y el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre Sri Lanka.

La renovación del mandato del Relator Especial sobre Burundi, impulsada por la incidencia de la sociedad civil, permitirá mantener el escrutinio internacional mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de 2027. Diez años después de que las protestas contra la candidatura a un tercer mandato del entonces presidente Pierre Nkurunziza desencadenaran una violenta represión, asesinatos y desplazamientos masivos, el monitoreo de la situación permanece esencial para evitar que la historia se repita, ahora que el actual presidente, Évariste Ndayishimiye, busca un segundo mandato. En agosto, la sociedad civil publicó una carta conjunta subrayando la importancia de mantener el mandato ante las continuas violaciones y abusos.

El mandato sobre Camboya, renovado por dos años, constituye un salvavidas esencial para la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos que enfrentan una creciente represión bajo un régimen autocrático. Sin embargo, el enfoque de la resolución en la asistencia técnica no logra reflejar la gravedad de la criminalización estatal de personas defensoras de derechos humanos, activistas ambientales y de derechos sobre la tierra, opositores políticos y medios de comunicación independientes.

La renovación del mandato del Relator Especial sobre Rusia garantiza la continuidad en la documentación de la crítica situación de los derechos humanos en el país. El Relator ha corroborado la tortura sistemática de prisioneros de guerra y detenidos políticos, el cierre de OSC independientes y el enjuiciamiento de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y abogados por denunciar la guerra de Rusia contra Ucrania.

La renovación de la Misión de Investigación sobre Sudán responde a una petición presentada por más de 100 OSC. Resulta alarmante que 11 Estados – entre ellos China, Cuba, Etiopía y el propio Sudán – se opusieran a la resolución. Dado que la guerra civil en Sudán está generando una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves del mundo, la falta de apoyo unánime envía una señal preocupante sobre qué crisis se consideran prioritarias.

La prórroga de dos años del mandato de la ACNUDH en Sri Lanka permitirá continuar la supervisión de la situación de los derechos humanos, la recopilación de pruebas y los informes sobre rendición de cuentas y reconciliación, incluso por crímenes cometidos durante el anterior conflicto armado del país. No obstante, la resolución depende excesivamente de los compromisos del gobierno, que ya han sido reiteradamente incumplidos en ocasiones anteriores.

Los Estados también votaron a favor de renovar mandatos temáticos clave por los próximos tres años, entre ellos el del Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, un rol que cobra especial relevancia ante el hecho de que más de 800 millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema y de que los avances para revertir esta situación se han estancado. Asimismo, se prorrogaron los mandatos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El Consejo adoptó además varias nuevas resoluciones temáticas, entre ellas sobre la pena de muerte; los derechos humanos de las mujeres y los niños en situaciones de conflicto y posconflicto; el racismo; y las represalias contra personas defensoras de los derechos humanos y titulares de mandatos de la ONU. Esta última resolución reconoce la tendencia creciente a la represión transnacional y los ataques contra expertos en respuesta a sus mandatos.

El Consejo también abordó la crisis climática y aprobó una resolución sobre los efectos del aumento del nivel del mar en los derechos humanos, basándose en una reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que aclaró que los Estados tienen la obligación legal de prevenir los daños climáticos. Sin embargo, la sociedad civil expresó su decepción ante la ausencia de una referencia explícita a los combustibles fósiles, lo que prolonga una preocupante tradición en la que los Estados petroleros y las empresas de petróleo y gas han ejercido su poder de presión para impedir el reconocimiento oficial de la necesidad de poner fin al uso de combustibles fósiles.

Problemas de financiación

Aunque esta avalancha de resoluciones ha ampliado el alcance de la rendición de cuentas en materia de derechos humanos, las graves restricciones presupuestarias están minando dichos avances. Se supone que los derechos humanos son uno de los tres pilares fundamentales de la ONU – junto con el desarrollo y la paz- pero históricamente han recibido solo una fracción del financiamiento destinado a los otros dos, con apenas alrededor del 5% del presupuesto ordinario de la organización. Actualmente, la ONU estima que su presupuesto para 2026 reducirá los recursos destinados a los derechos humanos en un 15% y los puestos de trabajo en un 18% respecto de 2025.

Esto ya ha tenido consecuencias concretas: las sesiones del Consejo se han acortado, lo que limita las oportunidades de participación de la sociedad civil, y se han fusionado mandatos, lo que incrementa la carga de trabajo y disminuye la capacidad de respuesta ante violaciones. Se fusionaron los mandatos del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y del Relator Especial sobre la trata de personas, a pesar de tratarse de ámbitos distintos que requieren una atención específica.

El mandato del Experto Independiente sobre Somalia, uno de los más antiguos, fue suprimido y sustituido por un esquema de asistencia técnica y supervisión a cargo de la ACNUDH, lo que deja al país sin un mecanismo independiente de escrutinio específico. También se eliminó el mandato del Equipo Internacional de Expertos sobre la República Democrática del Congo (RDC), tras la decisión de los Estados de continuar únicamente con la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades. Si bien en una sesión especial celebrada en febrero de 2025 se creó una misión de investigación que debía ser seguida por una comisión indagatoria sobre la RDC, esta última aún no ha comenzado a operar debido a la falta de financiación. Esto obligó a la propia RDC a presentar una resolución para forzar su establecimiento.

Con los nuevos compromisos asumidos y los mandatos renovados en la última sesión, es probable que la crisis de financiación siga impidiendo la implementación efectiva de las resoluciones. Si la situación persiste, el Consejo tendrá cada vez menos capacidad para responder con rapidez ante situaciones urgentes de graves violaciones de derechos humanos.

El contraste entre las necesidades y los recursos nunca ha sido tan marcado. La falta de financiación sostenida en el tiempo ha dado lugar a una verdadera crisis, impulsada por el creciente distanciamiento de los Estados respecto del compromiso multilateral y su negativa a pagar las cuotas correspondientes.

Silencio ante cuestiones críticas

Otro desafío derivado de la naturaleza estatal del Consejo quedó en evidencia durante la última sesión: los poderosos Estados autoritarios aprovecharon sus alianzas internacionales para mantener sus violaciones de los derechos humanos fuera de la agenda, mientras que los Estados democráticos que afirman respetar los derechos humanos emitieron juicios selectivos basados en cálculos interesados sobre a qué países exigir rendición de cuentas.

El continuo silencio del Consejo respecto de Egipto resultó especialmente impactante, dadas las recientes pruebas de graves crímenes internacionales. Un nuevo informe documenta la existencia de una fosa común en el norte del Sinaí con más de 300 cuerpos y presenta nuevas evidencias de ejecuciones extrajudiciales masivas de civiles por parte de las fuerzas de seguridad egipcias durante las operaciones contra militantes afiliados al ISIS entre 2013 y 2022. Estas violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En una carta dirigida a los Estados miembros de la ONU y al ACNUDH, las OSC egipcias pidieron que el establecimiento inmediato de una investigación de la ONU sobre estos abusos. Sin embargo, Egipto es aliado estratégico de varios Estados de Oriente Medio y de países occidentales, y el Consejo no adoptó ninguna medida al respecto.

El Consejo también guardó silencio sobre Yemen, a pesar de los crecientes llamados de la sociedad civil a tomar medidas frente a las detenciones arbitrarias de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Desde que en octubre de 2021 se dio por terminado el mandato del Grupo de Eminentes Expertos sobre el Yemen – tras una intensa campaña de presión encabezada por Arabia Saudita, que desempeña un papel central en el conflicto y está acusada de graves violaciones -, el país no ha contado con ningún mecanismo internacional independiente para supervisar las violaciones de derechos humanos en curso y garantizar la rendición de cuentas. Según observadores, Arabia Saudita habría utilizado una combinación de incentivos y amenazas para persuadir a 21 Estados de votar en contra de la renovación del mandato.

También se mantuvo el silencio del Consejo sobre uno de los Estados más poderosos del mundo, China, pese a que el ACNUDH concluyó en 2022 que el Estado chino comete graves violaciones de derechos humanos contra la minoría uigur en la región de Xinjiang. La sociedad civil volvió a pedir el establecimiento de un mecanismo de supervisión, tal como lo han solicitado reiteradamente los expertos en derechos humanos de la ONU, pero una vez más sus reclamos fueron ignorados.

Mientras tanto, otro aliado estratégico de Occidente, Etiopía, está intensificando su represión contra la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, en un intento del gobierno por evitar el escrutinio antes de las elecciones generales del próximo año. Sin embargo, el Consejo puso fin en 2023 a su mecanismo de investigación sobre Etiopía tras una intensa campaña de presión por parte del gobierno etíope, y desde entonces no ha revisado la decisión, salvo por una declaración conjunta respaldada por 42 Estados.

El avance del autoritarismo también plantea desafíos sin precedentes para el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo, el mecanismo mediante el cual los Estados deben rendir cuentas sobre su historial en materia de derechos humanos y donde la sociedad civil puede aportar sus contribuciones. Nicaragua ha dejado de cooperar con los procesos del EPU, con el fin de reducir la supervisión internacional a medida que el país se vuelve cada vez más autocrático.

Estados Unidos también anunció que no participará en su próximo EPU, lo que refleja el desprecio absoluto de la administración Trump por el sistema internacional de derechos humanos. Esta postura se inscribe en una política más amplia de Estados Unidos que ha incluido la imposición de sanciones a jueces de la CPI y al Relator Especial sobre el Territorio Palestino Ocupado. El riesgo es que otros Estados represivos sigan el mismo camino.

Elecciones no competitivas

Otro problema de larga data se repitió a la hora de elegir a los nuevos miembros del Consejo. Este órgano está compuesto por 47 Estados que cumplen mandatos de tres años, y cada año se renueva aproximadamente un tercio de sus integrantes. Los Estados pueden aspirar a un segundo mandato, como lo hicieron en esta ocasión Chile, Sudáfrica y Vietnam. Los puestos se asignan a cada uno de los cinco bloques regionales de la ONU: África, Asia y el Pacífico, Europa Central y Oriental, América Latina y el Caribe, y Europa Occidental y otros Estados.

Las elecciones para los nuevos miembros que ejercerán entre 2026 y 2028 se celebraron el 14 de octubre. Sin embargo, se trató de unos comicios sin competencia: los cinco grupos regionales presentaron exactamente el mismo número de candidatos que de vacantes disponibles, lo que convirtió el proceso en una mera formalidad y eliminó la posibilidad de evaluar a los Estados según su historial en materia de derechos humanos. El resultado es que ingresarán al Consejo Estados responsables de numerosas violaciones de los derechos humanos.

Egipto, Irak y Vietnam han cerrado su espacio cívico, lo que evidencia una negación total de las libertades fundamentales de reunión, protesta y expresión. Si bien la mayoría de los nuevos miembros publicaron compromisos voluntarios en los que esbozan sus planes y manifiestan disposición a colaborar con la sociedad civil, las fichas de evaluación elaboradas por el International Service for Human Rights muestran que seis de los 14 Estados elegidos para integrar el Consejo no cumplen con la mayoría de los criterios que deberían orientar su membresía, entre ellos la cooperación con los mecanismos de la ONU, la protección del espacio cívico y la implementación de las recomendaciones del propio Consejo.

El carácter no competitivo de las elecciones implica que los Estados que imponen graves restricciones al espacio cívico mantienen su mayoría dentro del Consejo. Cabe esperar que sigan protegiéndose mutuamente y rechazando el escrutinio internacional en nombre de la soberanía, lo que limita la capacidad del Consejo para responder ante crisis de derechos humanos.

Los desafíos de la implementación

El sistema universal de derechos humanos cuenta con las herramientas necesarias —titulares de mandatos especiales, mecanismos de investigación, el proceso del EPU y los órganos creados en virtud de tratados—, pero carece tanto de la voluntad política para utilizarlas de forma eficaz como de los recursos para sostenerlas.

El caso de Afganistán demuestra que la incidencia de la sociedad civil aún puede generar avances incluso en contextos adversos. Sin embargo, estos logros se producen en un escenario de retroceso sistémico: muchos Estados se niegan a financiar el sistema que ellos mismos crearon, algunos rechazan abiertamente los mecanismos de rendición de cuentas y otros logran ocupar escaños en el Consejo a pesar de sus pésimos historiales en materia de derechos humanos.

Para que se produzca un cambio, será imprescindible garantizar espacios significativos de participación para la sociedad civil en la actual ronda de reformas, así como asignar recursos adecuados que aseguren la capacidad y la independencia de los mecanismos de derechos humanos. También se requiere aplicar las normas de derechos humanos de manera coherente, independientemente de qué Estados estén involucrados. De lo contrario, existe el riesgo de que las crisis de derechos humanos en el mundo se multipliquen y se profundicen.

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