Por tercer año consecutivo, los esfuerzos de incidencia de la sociedad civil han conseguido mantener fuera del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el órgano de derechos humanos más importante del mundo, a un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos. En 2022 fue Venezuela, el año pasado Rusia, y este año ha sido Arabia Saudita.

En la votación del 9 de octubre para elegir a los nuevos miembros del Consejo, Arabia Saudita quedó en sexto lugar en una competición por cinco puestos en el bloque regional de Asia y el Pacífico. Desde la creación del Consejo en 2006 hasta 2019, Arabia Saudita había ocupado un asiento la mayor parte del tiempo, dejándolo vacante sólo un par de años entre mandatos. Sin embargo, sus intentos de reincorporarse han fracasado dos veces: en 2020 y este año.

Bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, Arabia Saudita ha invertido significativamente en su apuesta por mejorar su imagen, como parte de una multimillonaria campaña de relaciones públicas “Visión 2030”, y para posicionarse como una nación progresista y modernizadora. Gran parte de estas inversiones se destinan a proyectos grandiosos y llamativos, como la creación de nuevas ciudades futuristas dotadas de la última tecnología, e iniciativas de blanqueo deportivo, como la compra de clubes de fútbol y la organización de competiciones internacionales de prestigio.

Para ello, Arabia Saudita busca desempeñar un papel más importante en las instituciones internacionales. Pretendiendo ser un actor responsable a nivel internacional, recientemente consiguió ser elegido para presidir la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, a pesar de su pésimo historial en materia de derechos de la mujer. No hubo otros candidatos y nadie se opuso.

Afortunadamente, no consiguió un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Pero no todo fueron buenas noticias: varios otros Estados que abusan sistemáticamente de los derechos sí lograron ser elegidos.

Nombrar y avergonzar

La resolución de la Asamblea General que estableció el Consejo de Derechos Humanos afirma que el proceso de selección debe “tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos”. Una vez elegidos, los miembros del Consejo deben “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos” y “cooperar plenamente con el Consejo”.

Demasiados Estados no se han tomado en serio estas disposiciones. Algunos claramente ambicionan ser miembros del Consejo para protegerse del escrutinio internacional. Es responsabilidad de la sociedad civil intentar defender estos principios.

En vísperas de la votación, el Servicio Internacional de Derechos Humanos, una organización de la sociedad civil, publicó informes de evaluación para cada uno de los Estados candidatos. En ellos se evaluaba su historial en áreas como la cooperación y el liderazgo en el Consejo en el pasado, la aplicación y el seguimiento de las recomendaciones recibidas en el proceso del Examen Periódico Universal (EPU), la ratificación de tratados claves de derechos humanos y la interacción con los órganos creados en virtud de tratados, así como el tratamiento a la sociedad civil en relación con los procesos de la ONU.

Varios grupos de la sociedad civil emitieron declaraciones públicas y publicaron informes de incidencia para señalar las deficiencias de derechos humanos de los Estados candidatos. Basándose en sus herramientas de monitoreo y en los datos del EPU, identificaron a los peores candidatos.

Arabia Saudita encabezaba la lista de los peores candidatos. El Estado ha eludido sistemáticamente rendir cuentas por graves violaciones de derechos humanos, como el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi en su consulado de Estambul, crímenes de guerra en Yemen y posibles crímenes de lesa humanidad relacionados con su trato a migrantes y solicitantes de asilo.

Otro candidato preocupante era Etiopía, que también ha eludido sistemáticamente la rendición de cuentas por los crímenes de guerra perpetrados por sus fuerzas gubernamentales en recientes conflictos civiles, incluido el actual conflicto en la región de Amhara. Desde 2021, Etiopía ha sido objeto de una investigación por parte de una comisión internacional especial establecida por el Consejo de Derechos Humanos para indagar en las violaciones de derechos humanos relacionadas con el conflicto. El informe de 2023 reveló que las fuerzas etíopes atacaron a civiles en escuelas y hospitales y cometieron actos de violencia sexual contra mujeres durante el conflicto en la región de Tigray.

El gobierno etíope se resistió sistemáticamente al trabajo de la comisión, y el año pasado presionó con éxito para que expirara su mandato. Pero los abusos continúan: un reciente informe de actualización de la ONU documentó 594 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en 2023, incluidos homicidios, tratos inhumanos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En palabras del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, la inclusión de Etiopía socavará la credibilidad del Consejo.

La sociedad civil también destacó el pobre historial de derechos humanos de la República Democrática del Congo (RDC) e identificó importantes problemas internos de derechos humanos en Kenia, México, Qatar y Tailandia. Incluso Estados con un historial interno relativamente bueno en materia de derechos humanos fueron objeto de escrutinio, como la República Checa, acusada de incoherencia al haber apoyado medidas para exigir responsabilidades a Rusia por crímenes de guerra en Ucrania, pero no a Israel por sus numerosas violaciones en Gaza.

En general, los Estados menos aptos para formar parte del Consejo eran Arabia Saudita y Etiopía. Aunque la incidencia de la sociedad civil consiguió mantener fuera a Arabia Saudita, no pudo detener la elección de Etiopía.

Falta de competencia

El Consejo está compuesto por 47 miembros con mandatos de tres años, de los que aproximadamente un tercio rota cada año. Los Estados pueden ser reelegidos para un segundo mandato, como fue el caso de Benín, Gambia y Qatar este año, pero después deben tomarse un descanso de al menos un año antes de volver a presentarse. Aunque todos los Estados miembros de la ONU participan en la elección de todos los miembros del Consejo, se asigna un número fijo de puestos a cada uno de los cinco bloques regionales: África, Asia y el Pacífico, Europa Central y Oriental, América Latina y el Caribe, y Europa Occidental y otros Estados.

El principal problema es que la mayoría de las elecciones no son competitivas, y los bloques presentan tantos candidatos como escaños disponibles. Como resultado, los candidatos suelen ser elegidos sin oposición, sin ningún tipo de escrutinio. De las 19 elecciones celebradas desde 2006, en cuatro ocasiones hubo listas cerradas en todas las regiones, en cuatro sólo hubo competencia en una región, y en nueve se dieron dos listas competitivas. En resumen, la competencia es la excepción y no la norma.

Esta vez sólo un bloque regional -Asia y el Pacífico- fue competitivo, con seis candidatos para cinco escaños. Esto dio a la sociedad civil la oportunidad de señalar a Arabia Saudita como el peor candidato e instar a los Estados a votar en su contra. Aun así, la victoria fue ajustada: Arabia Saudita quedó en último lugar, pero recibió 117 votos, sólo siete menos que las Islas Marshall.

Otros Estados represivos de este bloque lograron entrar en el Consejo, y algunos de los principales violadores de los derechos humanos obtuvieron una cantidad significativa de votos. Dos Estados con un espacio cívico reprimido -Tailandia y Qatar- fueron elegidos con 177 y 167 votos respectivamente. Las Islas Marshall fueron el Estado ganador del bloque con menos votos, a pesar de ser el candidato con mejor historial de derechos humanos y el único con un espacio cívico abierto.

En cuanto a Etiopía, la falta de competencia en el bloque africano garantizó su ingreso al Consejo, lo que limitó el impacto que pudo tener la sociedad civil. Aun así, los activistas continuaron animando a los Estados comprometidos con los derechos humanos a votar en contra de Etiopía, para intentar enviar un mensaje simbólico y restarle legitimidad a su candidatura.

La sociedad civil seguirá abogando por elecciones realmente competitivas. Aunque no son una solución definitiva -el año pasado, en unas elecciones competitivas, la autoritaria Cuba venció a Perú-, estas elecciones ofrecen una valiosa oportunidad para denunciar las violaciones de los derechos humanos, exigir normas más elevadas y ejercer presión sobre los peores infractores.

Entre los miembros salientes del Consejo se encuentran dos -Eritrea y Emiratos Árabes Unidos- que han cerrado el espacio cívico, lo que indica la total represión de las libertades fundamentales de asociación, expresión y reunión pacífica. Aunque es alentador que ninguno de los Estados entrantes haya cerrado el espacio cívico, sigue siendo preocupante que 10 de los 18 nuevos miembros impongan graves restricciones a este espacio. Además, el Consejo sigue incluyendo al menos a dos Estados -China y Sudán- que han sido acusados de cometer crímenes atroces masivos.

Balance de la sesión

En cuanto al fondo de los debates del Consejo en su última sesión, los resultados también fueron desiguales.

Durante la sesión, el Consejo adoptó numerosas resoluciones sobre una amplia gama de temas, entre ellos el uso de mercenarios, la eliminación de la violencia doméstica y el derecho al agua potable y el saneamiento.

Una resolución importante abordó la biodiversidad y los derechos humanos. En preparación de la 16ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebrará a finales de octubre, el Consejo pidió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que realizara un estudio mundial sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a los objetivos y metas del Marco Mundial para la Diversidad Biológica de 2022. Se instó a incluir a pueblos indígenas, personas de ascendencia africana y grupos en situación de vulnerabilidad en la discusión para impulsar una actuación basada en los derechos humanos en materia de biodiversidad.

Otra resolución clave se centró en los derechos humanos en internet, instando a los Estados a acelerar sus esfuerzos para superar las brechas digitales, incluida las de género, y a promover un acceso a internet libre, abierto y seguro.

Otras resoluciones se centraron en los derechos humanos de los grupos excluidos. Una resolución sobre los derechos humanos de las personas migrantes solicitó a la Oficina del Alto Comisionado que preparara un estudio sobre la vigilancia de los derechos humanos en el contexto de la migración, incluidas las fronteras internacionales, y que celebrara un debate sobre medidas para abordar las narrativas deshumanizadoras y perjudiciales sobre los migrantes y la migración, el discurso del odio y la xenofobia contra los migrantes.

Otra resolución, sobre derechos humanos y pueblos indígenas, fijó como tema central de un debate anual los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de una transición energética justa, también en relación con la extracción de minerales, y animó a la ONU a implicar en el debate a las mujeres y los jóvenes indígenas.

La sociedad civil acogió con satisfacción la adopción de una resolución sobre la participación en condiciones de igualdad en la vida política y pública, que por primera vez incluía un texto sobre los niños y reconocía su derecho a participar en los asuntos públicos. También se adoptó una resolución contra el racismo y la xenofobia, pidiendo medidas para abordar las injusticias raciales históricas.

El Consejo también votó la renovación de los mandatos de varios relatores, expertos independientes y misiones de investigación para supervisar los derechos humanos, en particular en Afganistán, la República Democrática del Congo, Rusia, Sudán y Venezuela. Nombró a cuatro titulares de mandatos, incluido el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, y prorrogó por otros tres años el mandato del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático.

Sin embargo, el Consejo ignoró algunas de las cuestiones más acuciantes de la actualidad, en las que están en juego los intereses de Estados poderosos. A pesar de una reciente sentencia del Tribunal Internacional de Justicia que deja claro que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal según el derecho internacional, el Consejo no condenó los crímenes de Israel contra el pueblo palestino. Tampoco actuó ante las violaciones de derechos humanos cometidas por China ni ante la actual crisis de derechos humanos en Yemen.

Necesidad de reforma

A pesar de sus muchas deficiencias, el Consejo de Derechos Humanos desempeña sin duda un rol central a la hora de denunciar los abusos contra los derechos humanos, instar a la adopción de normas más estrictas y proporcionar a la sociedad civil una plataforma para exigir responsabilidades. Pero necesita reforzarse.

Junto con otros ingredientes vitales como la mejora de la financiación del pilar de derechos humanos de la ONU, las elecciones competitivas son un medio clave para fortalecer el Consejo, creando oportunidades para excluir a los peores infractores y presionar para que los que ocupen los escaños ejerzan un liderazgo y una actuación más firmes en materia de derechos humanos. La sociedad civil seguirá reclamando esto como parte de sus esfuerzos por mejorar el respeto de los derechos humanos y desafiar la impunidad de quienes abusan de ellos.

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