Pudo haber sido un hito clave en la labor de forzar a los Estados poderosos a rendir cuentas por sus violaciones de derechos humanos. Pero el 6 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU rechazó por escaso margen una resolución que proponía debatir la situación de derechos humanos en la región china de Xinjiang. Con 17 votos a favor, 19 en contra y 11 abstenciones, la propuesta cayó. Los 47 Estados miembros del máximo órgano mundial de derechos humanos enfrentaron una prueba crucial, y muchos de ellos reprobaron.

Victoria para China

La resolución fue propuesta en reacción al muy retrasado informe de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Xinjiang. Publicado apenas unos minutos antes de que finalizara el mandato de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos saliente, Michelle Bachelet, el informe encontró pruebas creíbles de tortura, violencia sexual y de género, control de natalidad forzado, detención arbitraria y discriminatoria y discriminación por motivos religiosos y étnicos. Concluyó que podría tratarse de crímenes bajo el derecho internacional, y específicamente de crímenes de lesa humanidad.

La sociedad civil llevaba largo tiempo recolectando pruebas de la campaña genocida de China contra la población mayormente musulmana de Xinjiang. El informe de la ONU lo hizo oficial. Como era de esperar, el gobierno de China arremetió contra él. Tras el fracaso de su larga campaña para evitar la publicación del informe, acusó a la ONU de desinformar y puso en duda el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

La sociedad civil tenía claro que el monitoreo de la situación de derechos humanos por parte de la ONU no debía terminar con la publicación de un informe. Instó al Consejo de Derechos Humanos a dar los siguientes pasos: debatir el informe y, a continuación, comprometerse a crear un mecanismo internacional para monitorear la situación de derechos humanos de forma permanente.

A pesar de que la resolución era mucho más moderada de lo que la sociedad civil hubiera deseado -se limitaba a pedir que el Consejo de Derechos Humanos debatiera el tema-, China se defendió con uñas y dientes. El presidente chino Xi Jinping está decidido a eliminar cualquier obstáculo que impida la confirmación sin fisuras de su tercer mandato en el congreso del Partido Comunista Chino que se celebrará a finales de este mes.

El gobierno de China intensificó la presión sobre los miembros del Consejo para que votaran en contra o se abstuvieran, insistiendo en que merecía recibir la solidaridad del Sur global contra lo que caracterizaba como una conspiración occidental. Los lazos económicos establecidos por China en el marco de su Iniciativa de la Franja y la Ruta para el desarrollo de infraestructura sin duda también entraron en juego.

Hay muchos votos con los que China siempre puede contar. Estados como Camerún, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Uzbekistán y Venezuela, que reprimen implacablemente los derechos humanos en sus países, no tienen ningún interés en fomentar a nivel internacional procesos de rendición de cuentas que podrían volverse contra ellos.

Esto pone de manifiesto un problema persistente del Consejo de Derechos Humanos: aunque el rol de sus Estados miembros consiste en sostener los más altos estándares en materia de derechos humanos, muchos de ellos son violadores seriales de derechos humanos en sus propios países. Se les acusa de participar en el Consejo no para contribuir al desempeño de sus funciones sino para socavarlo.

Del otro lado estaban los Estados que patrocinaron la resolución, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y el Reino Unido. Era en el punto medio donde se ganaba o se perdía la votación. Y los resultados fueron decepcionantes.

Aunque los abusos de China apuntan contra su población musulmana, una serie de Estados de mayoría musulmana -entre ellos los dos más grandes del mundo, Indonesia y Pakistán- optaron por hacer la vista gorda. La delegación de Indonesia hizo una declaración en la que expresaba su profunda preocupación por el trato que recibe la población musulmana en Xinjiang, pero luego votó para bloquear toda medida de ayuda.

Los Estados africanos y latinoamericanos también optaron por mirar hacia otro lado, con las honrosas excepciones de Honduras, Paraguay y Somalia.

Tal vez el voto más decepcionante fue el de Ucrania, que con toda justificación pide al mundo que responsabilice a Rusia de los graves crímenes que está cometiendo durante su invasión. En este contexto, la decisión de Ucrania de abstenerse resultó inexplicable. Al día siguiente, sin explicación alguna, solicitó que su voto se registrara como en favor de la resolución. Esto no habría cambiado el resultado, pero quizás sugiere que la delegación ucraniana se dio cuenta de que había cometido un error, sobre todo porque pronto pediría el apoyo de los mismos Estados en cuya compañía no había votado para aprobar una resolución sobre los abusos de derechos humanos cometidos por Rusia.

Una y otra vez, los Estados que han votado en contra o se han abstenido han recurrido al mantra de que el Consejo debe funcionar sobre la base del diálogo y la consulta más que de la confrontación. Sin embargo, el diálogo es precisamente lo que han tratado de impedir. Su incapacidad para actuar ante flagrantes violaciones de derechos humanos les convierte en cómplices.

Presión de la sociedad civil

Podría haber sido un gran momento para el Consejo de Derechos Humanos. Tenía en agenda el historial de derechos humanos de uno de los Estados más poderosos del mundo. Y lo que es más alentador, en la misma sesión del Consejo se aprobó una resolución para establecer un mecanismo de supervisión independiente sobre Rusia, que al igual que China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El hecho de que estas resoluciones hayan sido presentadas, y en el caso de Rusia aprobada, debería al menos sentar el precedente de que ningún Estado es demasiado grande para rehuir el escrutinio.

Pero su incapacidad para actuar con respecto a China es un revés para el Consejo, que de ese modo ha defraudado las esperanzas que la sociedad civil tiene depositadas en él. Además, ha enviado a China las señales equivocadas: que puede esperar seguir gozando de impunidad y que sus tácticas de mano dura contra otros Estados están dando resultado.

Corresponde a la sociedad civil impedir que China se salga con la suya. La validez de las recomendaciones del informe no cambia por efecto de la votación del Consejo. La sociedad civil mantendrá su llamamiento para que se libere a todas las personas arbitrariamente detenidas en Xinjiang, se investiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos y se revisen las políticas de seguridad nacional y antiterrorista de China.

La sociedad civil también espera que el nuevo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se comprometa a hacer un seguimiento del informe y a mantener las violaciones de derechos humanos cometidas por China en la agenda de la ONU. El voto negativo del Consejo no puede ser el final del asunto. Las numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos de China se merecen algo mucho mejor.