Alrededor del 10% de las especies marinas están al borde de la extinción. La contaminación plástica asfixia los arrecifes, la pesca industrial destruye hábitats oceánicos y la minería en aguas profundas representa una amenaza creciente para los ecosistemas del lecho marino, aún en gran parte desconocidos. Los océanos cubren tres cuartas partes de la superficie del planeta, pero hasta ahora, la mayor parte de lo que ocurre en ellos ha quedado fuera del alcance del derecho internacional.

Esto cambiará el 17 de enero de 2026, cuando entre oficialmente en vigor el Acuerdo de las Naciones Unidas (ONU) relativo a la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar. El 19 de septiembre, el tratado superó el umbral clave de ratificación por parte de 60 Estados. Marruecos y Sierra Leona fueron los Estados número 60 y 61 en ratificarlo, seguidos en la misma semana por San Vicente y las Granadinas y Sri Lanka.

Aclamado por los activistas como un hito histórico, el acuerdo otorga a los Estados la facultad de establecer áreas marinas protegidas en aguas internacionales y exige la realización de evaluaciones de impacto ambiental. Promete una distribución más equitativa de los recursos genéticos marinos, lo que implica, por ejemplo, que los medicamentos derivados de especies de aguas profundas deberían beneficiar a toda la humanidad, y no solo a ciertas empresas o Estados.

El tratado llega en un momento crítico. Según investigaciones recientes, los océanos del mundo no pasaron una prueba clave de salud planetaria: la acidificación de los océanos, provocada por el aumento de los niveles de dióxido de carbono y con efectos potencialmente devastadores para especies esenciales como los corales y los mariscos, ha superado un umbral crítico. Se ha convertido en el séptimo de los nueve “límites planetarios” – aquellos que conforman la estabilidad y resiliencia de los sistemas terrestres – en ser sobrepasado.

Décadas de incidencia recompensadas

El tratado representa una victoria para la sociedad civil: se hizo realidad gracias a más de una década de esfuerzos sostenidos.

La ONU comenzó a abordar las deficiencias en la gobernanza de los océanos en 2004, a través de un grupo de trabajo ad hoc que se reunió en reiteradas ocasiones hasta 2011. Ese año, los Estados finalmente acordaron cuatro áreas clave del tratado: los recursos genéticos marinos y el reparto de beneficios, las áreas marinas protegidas, las evaluaciones de impacto ambiental y el fortalecimiento de capacidades para los países del Sur Global.

A medida que avanzaban las discusiones diplomáticas, las organizaciones de la sociedad civil unieron fuerzas en la Alianza de Alta Mar, creada en 2011 para coordinar su labor de presión. La coalición creció hasta incluir a más de 50 organizaciones.

Las negociaciones formales comenzaron en 2017 y se desarrollaron a lo largo de cinco sesiones de conferencias intergubernamentales entre 2018 y 2023, interrumpidas por la pandemia de COVID-19. Durante todo el proceso, la Alianza de Alta Mar aportó conocimientos técnicos, exigió a los gobiernos que cumplieran con ambiciosas normas ambientales y mantuvo la presión para lograr medidas de protección sólidas. Su labor incansable de incidencia fue clave para que el tratado incluyera disposiciones firmes sobre áreas marinas protegidas y acuerdos significativos de distribución de beneficios.

Los movimientos de jóvenes aportaron la urgencia que los procesos diplomáticos tanto necesitaban. GenSea, un movimiento que conecta a más de 1.500 personas defensoras del océano de entre 13 y 25 años en más de 100 países, dio voz a quienes se beneficiarán de un futuro con océanos más sanos.

Una vez finalizado el texto en marzo de 2023, los avances se aceleraron en el ámbito de la gobernanza mundial, que suele ser lento: el tratado fue adoptado formalmente en junio de 2023, se abrió a la firma tres meses después y alcanzó las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor en apenas dos años.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la superación del umbral de ratificación como un logro histórico para los océanos, y subrayó que la salud de los océanos es la salud de la humanidad. También constituye una victoria para el multilateralismo, en un momento en que la idea de un orden internacional basado en normas enfrenta crecientes cuestionamientos.

Liderazgo de pequeños Estados insulares, vacilación de grandes potencias

Los pequeños Estados insulares – donde la salud de los océanos y los impactos del cambio climático son imposibles de ignorar – encabezaron los esfuerzos para que el tratado entrara en vigor. Palau fue el primero en ratificarlo, en enero de 2024. Sin embargo, los patrones de ratificación han dejado al descubierto profundas divisiones geopolíticas.

Hasta la fecha, 143 Estados han firmado el tratado, lo que representa un primer paso, pero solo 73 lo han ratificado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respaldó el objetivo de alcanzar 60 ratificaciones durante la tercera Conferencia de la ONU sobre los Océanos, celebrada en Niza, Francia en junio. Sin embargo, a pesar del apoyo de la Unión Europea, el respaldo europeo ha sido desigual, y Estados influyentes como Alemania y el Reino Unido aún no han ratificado el acuerdo.

La ausencia de Estados Unidos es especialmente notoria. El tratado fue firmado durante la administración Biden, pero ahora su ratificación se ha estancado y resulta muy improbable con Donald Trump en el poder, sobre todo teniendo en cuenta que su gobierno ordenó recientemente acelerar los permisos de minería en aguas profundas.

Otros grandes productores de combustibles fósiles, como Arabia Saudita, Irán y Rusia, siguen fuera del marco porque no han firmado el tratado. Japón tampoco lo ha hecho. De los BRICS – un grupo de diez grandes economías no occidentales – solo Indonesia lo ha ratificado. Los Estados que se niegan a participar pueden estar motivados por la reticencia a imponer límites a la extracción de recursos, el rechazo al multilateralismo, o ambas cosas.

Batallas por la implementación

La entrada en vigor del tratado no es la meta final, sino apenas el comienzo. Los Estados cuentan ahora con menos de cuatro meses para prepararse de cara a su entrada en vigor en enero. Entre finales de marzo y principios de abril, una comisión preparatoria presentará sus recomendaciones. Más adelante, en 2026, la primera conferencia de las partes asumirá la tarea crucial de traducir el tratado en medidas de protección concretas y efectivas.

Es indispensable actuar con urgencia para alcanzar el objetivo de conservar el 30% de los océanos del mundo de aquí a 2030, meta adoptada por cerca de 200 Estados como parte del Marco Mundial de la Diversidad Biológica de 2022. Chile ha dado un paso al frente con la primera propuesta de crear un área internacional totalmente protegida que abarque las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y de Nazca, un punto crítico de biodiversidad donde los científicos han descubierto recientemente 170 nuevas especies marinas. Otros podrían seguir ese ejemplo. Chile, además, compite con Bélgica por albergar la secretaría del tratado, lo que evidencia un fuerte compromiso institucional.

Sin embargo, hay enormes desafíos por delante. Desde el primer día, la aplicación pondrá a prueba los marcos institucionales. Mientras tanto, la financiación se vuelve cada vez más urgente, ya que los Estados del Sur Global requieren apoyo económico y transferencia de tecnología para poder participar plenamente y beneficiarse de los resultados.

En las recientes reuniones preparatorias también se han trazado nuevas líneas de batalla: algunos Estados quieren tener la facultad de impedir que la sociedad civil, los pueblos indígenas y la comunidad científica presenten aportes escritos en futuras conferencias. Esto supondría una burla a los compromisos de transparencia del tratado. Los conocimientos de las comunidades indígenas y costeras resultan inestimables para gestionar ecosistemas marinos complejos, por lo que es imprescindible garantizarles un lugar real en la mesa de negociaciones.

Mientras tanto, las realidades climáticas imponen aún mayor urgencia: el calentamiento de los océanos, la acidificación y el aumento del nivel del mar generan efectos en cascada que reducen las posibilidades de una intervención eficaz. Con el umbral de ratificación superado, ha llegado la hora de actuar.

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