Mientras los derechos de las mujeres se encuentran bajo ataque en los Estados Unidos, el 6 de septiembre se produjeron avances al sur de la frontera, cuando la Suprema Corte de México declaró inconstitucional la prohibición del aborto. La decisión despenalizó efectivamente el aborto en todo este vasto país federal, hasta ahora caracterizado por un mosaico legislativo.

La sentencia responde a un recurso de amparo interpuesto por la organización de la sociedad civil (OSC) Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Obliga al Congreso Federal a derogar los artículos del Código Penal Federal que criminalizan el aborto. De efecto inmediato, la decisión significa que ni quienes soliciten abortos ni quienes los practiquen podrán ser castigados por ello. La sentencia también garantiza el derecho a acceder al procedimiento en todas las instituciones de la red del sistema federal de salud, que atiende a la mayoría de la población, incluso en los estados donde el delito continúa siendo tipificado como delito.

Un mosaico legislativo

La tendencia hacia la despenalización se inició en 2007 en Ciudad de México, y tuvieron que pasar 12 años para que Oaxaca siguiera sus pasos. El cambio se aceleró en los últimos años y dos estados, Hidalgo y Veracruz, legalizaron el aborto en 2021.

En septiembre de 2021, la Corte Suprema federal emitió el primer fallo de su historia sobre el derecho al aborto, reconociendo por unanimidad el derecho constitucional a recibir servicios de aborto seguros, legales y gratuitos durante un “breve periodo” en las primeras etapas del embarazo, y por determinadas causales en etapas más avanzadas. La sentencia se produjo en respuesta a una demanda contra Coahuila, estado norteño fronterizo con Texas, que imponía penas de prisión de hasta tres años por aborto voluntario.

Aunque esta sentencia sólo prohibió al estado de Coahuila criminalizar a quienes abortaran, tuvo un impacto más amplio: en otros estados los jueces ya no podrían imponer condenas por el delito de aborto voluntario en las primeras fases del embarazo.

Cuando la Suprema Corte emitió el fallo sobre Coahuila, apenas cuatro entidades federativas permitían el aborto a petición hasta las 12 semanas. Pero varias más han cambiado sus leyes desde entonces: la que lo hizo más recientemente fue Aguascalientes, donde la despenalización llegó apenas una semana antes del último fallo de la Suprema Corte.

Para entonces, el aborto a petición era legal en 12 de los 32 estados mexicanos. Los 32 estados también permitían el aborto en embarazos producto de violación, la mayoría lo permitía cuando fuera necesario para salvar la vida de la persona gestante, y varios lo permitían en casos de riesgo para la salud de la persona gestante o de anomalías congénitas fetales graves.

Sin embargo, la experiencia regional comparada sugiere que condicionar el aborto a motivos excepcionales que deben ser probados tiende a dar lugar a la denegación del acceso. Además, en México, el acceso de mujeres particularmente vulnerables se ha visto a menudo restringido por la resistencia de las burocracias y las instituciones médicas, incluso en estados donde el aborto era legal.

Sobre la base del precedente de 2021, la sentencia de 2023 extendió la despenalización a todo México. Ahora el Congreso tiene plazo hasta el final de su actual periodo de sesiones, que se extiende hasta el 15 de diciembre, para modificar las cláusulas del Código Penal que penalizan el aborto.

Pero incluso después de que el Código Penal federal sea enmendado, el aborto seguirá siendo un delito a nivel estadual en 20 estados. Esto significa que en esos estados se seguirán presentando denuncias por aborto. En la mayoría de los casos, los jueces deberán eventualmente desestimar las acusaciones, pero las mujeres seguirán sometidas a barreras e incertidumbres innecesarias, sobre todo por falta de claridad en relación con los plazos dentro de los cuales estaría permitido abortar. Por este motivo, el movimiento por los derechos de las mujeres continúa presionando a nivel local para que el aborto sea despenalizado en todos los estados mexicanos. Para ello, junto con colectivos locales, GIRE ya ha interpuesto amparos contra los 20 estados que aún criminalizan el aborto.

Tendencias globales y regionales

Unos cuantos reveses de gran repercusión no deben ocultar el hecho de que la tendencia global dominante, en la cual se inscribe México, es de progreso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Según el Centro de Derechos Reproductivos, la gran mayoría de los países que han modificado sus leyes nacionales sobre el aborto en las dos últimas décadas lo han hecho para volverlas menos restrictivas. Solamente cuatro países han ido en sentido contrario: El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua y Polonia.

Varios países latinoamericanos se han visto arrastrados por la “marea verde” que se originó en Argentina, liberalizando cada vez más las leyes sobre el aborto. Antes de la década de 2010, el aborto era legal en un solo país latinoamericano, Cuba. En 2012 se legalizó en Uruguay y ocho años después en Argentina.

Esto pareció marcar un punto de inflexión. La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en febrero de 2022, y otros países, como Chile y Ecuador, lo han legalizado desde entonces por causales limitadas, y en particular cuando el embarazo es consecuencia de una violación, lo que las organizaciones de derechos de las mujeres de esos países consideran un mojón en el camino hacia la plena legalización.

El aborto a demanda es legal en 75 países del mundo, con frecuencia hasta las 12 semanas de gestación. Alrededor de una docena de países más lo permiten por razones socioeconómicas amplias. Muchos más lo permiten por motivos específicos: 49 por motivos de salud y 41 para salvar la vida de la persona gestante.

Pero en 24 países el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, y en total el 40% de las mujeres en edad reproductiva viven bajo leyes restrictivas del aborto. Estas restricciones tienen un impacto significativo sobre las mujeres: se calcula que cada año los abortos inseguros cuestan la vida de 39.000 mujeres y niñas.

La lucha por el acceso efectivo

Es posible que el cambio legal a nivel estadual en todo México no sea la tarea más difícil que queda por delante. Los grupos mexicanos de defensa de los derechos de las mujeres se están preparando para lo que promete ser una larga batalla por el acceso efectivo. Confían en que, al menos por ahora, gracias a décadas de duro trabajo la opinión pública está de su lado. Pero saben que, aunque la resistencia frontal sea menor que en el pasado, sigue habiendo fuerzas poderosas que se oponen al cambio. La resistencia se manifiesta en la imposición de barreras que impiden el acceso efectivo, sobre todo de personas de los grupos más excluidos de la sociedad, a lo que ahora es reconocido como un derecho.

La denegación del acceso puede adoptar muchas formas: largos tiempos de espera, necesidad de múltiples citas médicas y consentimiento paterno o marital, desinformación y extensión de la objeción de conciencia de miembros individuales del personal de salud a instituciones completas.

La salud sexual y reproductiva, incluidos los procedimientos de aborto, constituye atención sanitaria básica y debería ser fácilmente accesible a todas las personas. Las feministas mexicanas lo tienen claro, y seguirán luchando para cambiar tanto las políticas como las mentalidades para que a nadie pueda serle denegado el acceso a sus derechos.