Advertencia: este artículo contiene referencias a abusos, agresiones y violaciones sexuales.

El derecho al aborto está siguiendo trayectorias sorprendentemente divergentes en México y Estados Unidos. Históricamente un faro progresista para los movimientos de mujeres en todo el continente, Estados Unidos está actualmente inmerso en la regresión más poderosa en medio siglo. Mientras que en el pasado el activismo estadounidense podía verlo como un país necesitado de su ayuda, ahora México forma parte de la “ola verde” que, lenta pero consistente, está extendiendo el derecho al aborto en toda América Latina. A diferencia de la de su vecino del norte, la trayectoria de México se ajusta a la tendencia mundial dominante, que apunta a la eliminación de las restricciones al aborto. Activistas de ambos países trabajan solidariamente a través de la frontera para asegurarse de que, pase lo que pase, las mujeres continúen recibiendo el apoyo vital que necesitan.

En enero de 2022, los participantes de la “Marcha por la Vida” se mostraron inusualmente alegres. Celebrada cada año desde hace casi medio siglo, la marcha ha tenido a menudo tintes solemnes e incluso siniestros, con amenazas de condena eterna para los médicos que practican abortos y oraciones por las almas de los fetos abortados. Pero esta vez los activistas antiaborto se sentían más optimistas que en cualquier otro momento desde que empezaron a marchar en 1974.

2022 podría ser el año en que la Corte Suprema de Estados Unidos arrase con el derecho al aborto. El máximo tribunal del país emitirá pronto una decisión en un caso concerniente al estado de Mississippi que podría debilitar o revertir la histórica sentencia de 1973 en el caso Roe vs. Wade, que impide a los estados prohibir el aborto antes de la viabilidad fetal.

Las señales no son prometedoras. La actual Corte Suprema, sesgada políticamente, ha mantenido en pie la más insidiosa “ley del latido del corazón” jamás aprobada por una legislatura estadual, la Ley 8 del Senado (SB 8) de Texas. Esta ley prohíbe todos los abortos tras las seis semanas de gestación, lo cual equivale a una prohibición casi total.

Pero mientras Estados Unidos se ve envuelto en una ola regresiva, las señales de progreso llegan de un sitio insospechado: desde el sur de la frontera entre Estados Unidos y México, y más concretamente desde Coahuila, un estado mexicano situado justo del otro lado de Texas.

Mientras la SB 8 entraba en vigor en Texas en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de México daba un paso decisivo en la dirección opuesta. En el que fue su primer fallo concerniente al derecho al aborto, dictaminó por unanimidad que una ley del estado de Coahuila que imponía penas de prisión de hasta tres años por abortar era inconstitucional.

En sentido estricto, el fallo se aplica solamente a Coahuila, y su extensión a todo el país es problemática: requerirá o bien impugnaciones legales en cada uno de los numerosos estados mexicanos que continúan penalizando el aborto, que fuercen a los jueces federales a ceñirse al precedente de Coahuila, o bien la iniciativa de las legislaturas estaduales para modificar sus leyes. Sin embargo, en los últimos meses de 2021 se produjeron nuevos avances que ofrecen esperanza a las mujeres de todo México.

México: Avances estado por estado

A diferencia de su homóloga del norte, la Suprema Corte mexicana no está dividida a lo largo de las líneas de una batalla cultural que se refleja en una política profundamente polarizada. De ahí que las defensoras del derecho al aborto la miren con cierto optimismo. A lo largo de 2021, el máximo tribunal mexicano tomó varias decisiones cruciales y largamente consideradas que podrían allanar el camino hacia la legalización del aborto en todo el país.

La más importante de ellas fue la sentencia en el caso de Coahuila, emitida el 7 de septiembre de 2021. Su conclusión fue clara: ninguna persona puede ser acusada legalmente por abortar. Dos días más tarde, la Corte Suprema emitió otro fallo declarando inconstitucional que las leyes estaduales redefinieran el concepto legal de persona mediante la protección de la “vida humana desde la concepción”, disposición que en el curso de la última década numerosos estados habían insertado en sus constituciones para habilitar la criminalización del aborto.

Esta segunda sentencia respondió a una demanda concerniente al estado de Sinaloa y, nuevamente, no se aplicará automáticamente a otros estados, por lo que las activistas por los derechos de las mujeres se pusieron a trabajar en una estrategia para impugnar cláusulas constitucionales similares en otros estados.

Poco después, el 20 de septiembre, la Suprema Corte invalidó el principio de objeción de conciencia del personal médico tal como figura en la Ley General de Salud, e instruyó al Congreso federal a elaborar una legislación que equilibre el derecho de médicos y enfermeros a negarse a realizar un procedimiento con el derecho de las personas embarazadas a acceder a un servicio básico de salud.

Esta sentencia validó la estrategia de las activistas por los derechos de las mujeres, que intentan suplir la ausencia de una ley federal que garantice el derecho al aborto poniendo el foco en otras leyes federales, como la Ley General de Salud, que incluye al riesgo para la salud física y emocional entre las causales de aborto legal, y la Ley General de Víctimas, que establece que la palabra de una mujer embarazada alcanza para que su embarazo deba ser considerado producto de una violación.

Un par de meses antes, la Suprema Corte había declarado inconstitucionales los plazos establecidos por algunos estados para la interrupción de embarazos producto de violación, que es causal de aborto legal en todos los estados mexicanos. La demanda que llegó a la Corte Suprema, presentada en el estado de Chiapas, refería al caso de una joven de 17 años con parálisis cerebral que fue violada y cuya familia solo se dio cuenta de que estaba embarazada cuando el plazo establecido por el estado ya había pasado. Aunque a ellos la victoria legal no les sirvió de mucho, el fallo unánime sentó un importante precedente.

VOCES DESDE LAS PRIMERAS LÍNEAS

Verónica Esparza es abogada e investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización feminista y de derechos humanos que trabaja para garantizar que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos en México. Rebeca Lorea es la Coordinadora de Incidencia en Política Pública de GIRE.

 

En nuestro país persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es el destino obligado de las mujeres. Esta idea continúa permeando a todas las instituciones del Estado y sus leyes, y constituye la base para la criminalización no solo social sino también legal del aborto, que afecta particularmente a mujeres y otras personas gestantes procedentes de contextos de violencia, marginación económica y falta de acceso a información reproductiva. Además, envía el fuerte mensaje de que el Estado desempeña un rol en decisiones reproductivas que deberían pertenecer a la esfera privada.

En la mayor parte de México, al igual que en América Latina, el aborto voluntario aún es considerado un delito. A partir de la década de 1970, las feministas mexicanas plantearon el acceso al aborto como un asunto de justicia social y de salud pública y como una aspiración democrática. A pesar de la contundencia de sus argumentos, tuvieron que pasar 35 años para que se lograra —apenas en la Ciudad de México— la despenalización del aborto durante el primer trimestre. Esa victoria se replicó más de una década después en tres estados: Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

En el corto plazo, la despenalización en todo el territorio nacional se presenta complicada porque cada una de las 32 entidades federativas tiene su propio código penal, por lo que aún sería necesario que cada entidad federativa reforme su legislación penal y de salud para, por una parte, dejar de considerar al aborto como delito y, por la otra, reconocerlo como un servicio de salud y dotar a las instituciones públicas de recursos humanos y financieros para garantizar el acceso.

En la práctica, en los últimos años tanto la narrativa como la realidad del aborto en México han cambiado debido a la importancia que ha cobrado el aborto con medicamentos. Hace algunas décadas el aborto clandestino —es decir, realizado al margen de la ley— era considerado sinónimo de aborto inseguro, pero esto ya no es así. Ahora existen redes de acompañamiento de aborto seguro, y en contextos de restricción legal, en las primeras semanas de gestación las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden abortar con medicamentos en sus casas, sin acudir a una institución de salud.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Verónica Esparza y Rebeca Lorea. Lea la entrevista completa aquí.

México está en el camino correcto, pero aún está muy lejos del aborto legal a nivel nacional. Cuando la Suprema Corte emitió su histórico fallo sobre Coahuila, apenas cuatro entidades federativas permitían el aborto a demanda hasta las 12 semanas de gestación. La Ciudad de México lideró esta tendencia en 2007, y recién en 2019 le siguió Oaxaca. Pero en tiempos recientes el cambio se ha acelerado: otros dos estados, Hidalgo y Veracruz, legalizaron el aborto en 2021 antes de la sentencia de Coahuila y otros dos, Baja California y Colima, lo hicieron después.

En otros estados el aborto es legal por diversas causales: además de en casos de violación, algunos lo permiten cuando hay riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada o malformaciones del feto. Sin embargo, solamente dos estados reconocen uno de los motivos más comunes para abortar: las dificultades económicas.

En la práctica, las excepciones legales a menudo no son tenidas en cuenta y, a pesar del desarrollo de las píldoras abortivas, miles de mujeres siguen recurriendo a métodos inseguros que pueden costarles la vida o enviarlas en el hospital, donde son humilladas, maltratadas y criminalizadas. Aunque la proporción de casos de aborto que llegan a los tribunales y terminan en condenas es muy baja, cientos de mujeres – inevitablemente de los sectores más pobres, rurales y con menor nivel educativo – han recibido sentencias de prisión a lo largo de los años. Incluso en Ciudad de México, la interrupción del embarazo después de las 12 semanas es castigada con entre tres y seis meses de cárcel.

Tendencias globales progresistas

Según el Centro de Derechos Reproductivos, la gran mayoría de los países que han modificado sus leyes nacionales en materia de aborto en las últimas dos décadas las han tornado menos, no más restrictivas.

México está en sintonía con el espíritu de los tiempos; su vecino del norte claramente no lo está. Estados Unidos sigue teniendo a nivel federal una de las legislaciones menos restrictivas del continente, pero varios de sus estados han llegado a extremos desesperados para restringir el acceso. Mientras tanto, muchos países latinoamericanos se han visto arrastrados por la “marea verde” originada en Argentina, liberalizando sus leyes sobre el aborto.

Antes de la década de 2010, el aborto era legal en un solo país latinoamericano, Cuba. Se legalizó en Uruguay en 2012, y ocho años después en Argentina.

La legalización en Argentina parece haber sido un punto de inflexión. La Corte Constitucional de Colombia actualmente está considerando la despenalización total. Otros países, como Chile y Ecuador, han legalizado el aborto bajo algunas causales, como la violación. Como los sistemas que permiten el aborto legal en casos “excepcionales” que deben ser argumentados y probados suelen fallarles a las mujeres, las organizaciones de derechos de las mujeres continúan trabajando en el entendimiento de que la liberalización parcial es apenas un mojón en el camino hacia la plena legalización.

EL DERECHO AL ABORTO: TENDENCIAS GLOBALES

Fuente: Centro de Derechos Reproductivos

Estados Unidos: Retroceso a contracorriente

La derecha estadounidense está decidida a moverse en la dirección opuesta. En 2021 Estados Unidos registró un número récord de restricciones al aborto a nivel estadual: 108 restricciones en 19 estados. Según el Instituto Guttmacher, desde que el aborto fue legalizado en 1973 se han introducido 1.338 restricciones, el 44% de ellas en la última década.

El año pasado, numerosos estados promulgaron prohibiciones del aborto violatorias de la Constitución de los Estados Unidos con la esperanza de que la Corte Suprema pronto anule el fallo de Roe vs. Wade, tras lo cual las nuevas restricciones entrarían automáticamente en vigor. En un lapso de cuatro días en abril, 28 nuevas restricciones fueron promulgadas en siete estados. Lo único que se interpone entre ellas y la privación de derechos es la incierta supervivencia de Roe vs. Wade.

En los últimos años, los grupos antiderechos más duros han empezado incluso a presionar para que las mujeres que abortan sean procesadas por asesinato, y han ganado cada vez más influencia en las legislaturas de estados tales como Arizona, Oklahoma y Texas. Tras la derrota de Trump en 2019, muchas de estas organizaciones también pivotaron hacia el activismo por la supresión de votantes. También han ganado espacios en instituciones estaduales desde donde han sembrado desinformación sobre temas de salud sexual y reproductiva en todo Estados Unidos.

Entre las prohibiciones introducidas en 2021 se cuentan la de Dakota del Sur que prohíbe el aborto de fetos con síndrome de Down y la SB 8 de Texas, hasta ahora la más dañina.

Consideremos la ironía del caso: Texas es el estado donde vivía la mujer que conocemos como “Jane Roe”, quien en 1969, con el apoyo de un grupo pro derechos, presentó una demanda contra el fiscal local del distrito, un tal Wade, alegando que las leyes de Texas que le impedían abortar eran inconstitucionales. Allí fue donde todo empezó, y muchos temen que también sea donde todo termine.

Texas es un estado que se autodenomina “provida” mientras sigue aplicando la pena de muerte y permitiendo la libre circulación de armas que alimentan una epidemia de tiroteos masivos. Está en la primera línea de la batalla para eliminar narrativas relativas a la raza, el género y la igualdad de programas escolares y bibliotecas, hasta el punto de argumentar que se debe ofrecer puntos de vista “alternativos” cuando se habla del Holocausto. Este estado lidera el proceso de supresión de votantes y manipulación electoral mediante leyes estaduales: de los 262 proyectos de este tipo presentados en 2021, 59 fueron presentados en Texas. El estado también fue campo de prueba de una táctica de los grupos antiderechos que triunfó por primera vez en 2019, tras lo cual se extendió rápidamente: la de copar los ayuntamientos para obtener ordenanzas municipales prohibiendo el aborto y declaraciones que consagran a las ciudades como “santuarios para los no nacidos”.

Está claro por qué esto está ocurriendo en Texas. La política está girando a la derecha en reacción a los cambios demográficos que están llevando al electorado hacia la izquierda. Los republicanos ultraconservadores saben que sus días en la mayoría están contados y están tratando de galvanizar el apoyo de los sectores más duros, resistir el cambio durante el mayor tiempo posible y dejar aprobadas tantas leyes regresivas como puedan.

Texas: Innovación legal al servicio de la reacción antiderechos

Promulgada en mayo de 2021, la SB 8 prohíbe el aborto tras la detección de un latido en el feto. Dado que a las pocas semanas de gestación no hay aún un corazón, tampoco hay latidos, sino apenas un pulso eléctrico que puede detectarse a las seis semanas de embarazo, momento en que la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Esto hace de la SB 8 una prohibición casi total. No ofrece ninguna excepción, ni siquiera en casos de incesto o violación.

Como la Corte Suprema no actuó ante las peticiones de suspenderla, la SB 8 entró en vigor el 1º de septiembre de 2021. Una semana después, el gobierno federal demandó al gobierno de Texas alegando que la nueva ley era “claramente inconstitucional”. El Departamento de Justicia anunció que recurriría a la ley federal para dar protección a las personas que quisieran acceder o prestar servicios de salud reproductiva.

A principios de octubre, un juez federal emitió una orden de suspensión de la SB 8 por considerar que representaba una “privación ofensiva” de un derecho constitucional. Pero apenas dos días después, un tribunal federal de apelación permitió a Texas reanudar su aplicación. Y en una nueva decisión en diciembre, la Corte Suprema volvió a permitir que continuara en vigor.

Aunque ya se habían aprobado otras “leyes del latido” a nivel estadual, esta es la primera en entrar en vigor. La razón de ello radica en una astuta innovación legal: no es tarea de los funcionarios del estado de Texas hacer cumplir la SB 8; su implementación es dejada en manos de ciudadanos particulares convertidos en vigilantes antiaborto.

Cuando la Corte Suprema dictamina que una ley estadual es inconstitucional, lo que realmente hace es prohibir a los funcionarios estaduales aplicarla. Pero los legisladores tejanos encontraron una forma de atar las manos de la Corte Suprema – y encontraron en la Corte una mayoría de jueces bastante dispuestos a dejárselas atar.

En virtud de la SB 8, cualquier persona, en cualquier lugar, puede presentar una demanda en Texas contra cualquiera -excepto la propia mujer embarazada- que proporcione cualquier tipo de ayuda para que alguien aborte. Incluso los familiares que ayuden a una mujer a viajar a otro estado para abortar pueden ser demandados. Y la ley ofrece un jugoso incentivo: quien presente una demanda que resulte en un juicio exitoso recibirá 10.000 dólares de recompensa. Esto podría alentar a la gente a ver a las mujeres que buscan abortar como una oportunidad económica.

Estas disposiciones únicas son ampliamente rechazadas por la ciudadanía: una encuesta reveló que el 70% de los estadounidenses desaprueba que sean los ciudadanos y no los fiscales quienes apliquen la ley, y el 81% desaprueba la introducción de incentivos monetarios.

A pesar de la amplia desaprobación pública, la SB 8 está funcionando tal como se pretendía: se calcula que desde que entró en vigor ha impedido el 85% de los abortos que normalmente se producirían en Texas. Simplemente lo ha vuelto demasiado arriesgado para los proveedores de este servicio, muchos de los cuales podrían acabar cerrando.

La necesidad no ha disminuido, como lo demuestra el hecho de que las clínicas que hacen abortos en los estados vecinos se vieron inmediatamente inundadas de solicitudes procedentes de Texas – cuanto menos, de quienes pueden permitirse hacer el viaje. Pero las opciones podrían reducirse aún más por efecto de la imitación: muy pronto fueron presentados proyectos similares primero en Florida y luego en Ohio.

Parecería ser que la mejor opción para restablecer el derecho al aborto en Texas es que una clínica infrinja la ley para atraer una demanda. A mediados de septiembre, el doctor Alain Braid se ofreció a ser demandado al publicar un artículo de opinión donde decía que había practicado un aborto más allá del límite de las seis semanas. Las organizaciones antiaborto descalificaron el “truco” y no cayeron en la trampa, pero Broad fue demandado por tres ciudadanos particulares. El suyo podría convertirse en el caso testigo que ponga a prueba la constitucionalidad de la prohibición.

¿El fin de una era?

Sin embargo, es posible que la SB 8 no sea el final de Roe vs. Wade. A la Corte Suprema, sostener la SB 8 puede costarle más de lo que vale, ya que atraerá innumerables demandas. La principal amenaza procede ahora de Mississippi.

En 2018 la legislatura de Mississippi, dominada por los republicanos, aprobó una ley que vuelve ilegales a la mayoría de los abortos, incluso en casos de violación o incesto, después de las 15 semanas de gestación. Eso es, cerca de dos meses antes del umbral establecido en Roe vs. Wade y otras decisiones judiciales.

La ley no ha entrado en vigor porque ha sido impugnada por el único proveedor de abortos que queda en Mississippi, la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, también conocida como Casa Rosa. Por efecto de varias leyes estaduales, Jackson ya no hace abortos con posterioridad a las 16 semanas; sin embargo, ha aportado pruebas de que no hay viabilidad fetal a las 15 semanas.

Un tribunal federal de apelación bloqueó la aplicación de la ley y el caso llegó a la Corte Suprema en 2020. Fue realmente un mal momento: el tercer nombramiento de Trump para la Corte Suprema, el de la ultraconservadora cristiana Amy Coney Barrett, había sido apresuradamente confirmado justo antes de que Trump perdiera las elecciones, en reemplazo del ícono liberal Ruth Bader Ginsburg, recientemente fallecida.

Se estaba cumpliendo la promesa de Trump a sus partidarios de derecha dura de llenar el tribunal de jueces adictos para anular el fallo de Roe vs. Wade. Ahora, por primera vez en 30 años, la Corte Suprema ha aceptado un caso que pide explícitamente la anulación de Roe vs. Wade y de Planned Parenthood vs Casey (1992), que estableció que los estados no podían imponer ninguna “carga indebida” a quienes buscaran abortar antes de la fecha de viabilidad fetal.

El 1º de diciembre de 2021, con cientos de manifestantes de ambos bandos reunidos en el exterior, esta Corte Suprema extremadamente politizada y con una mayoría conservadora de seis a tres, comenzó a escuchar los argumentos orales para tomar una decisión sobre el futuro del aborto legal en los Estados Unidos. El activismo antiaborto llevaba casi 50 años trabajando con ese objetivo.

Cargas indebidas e innovaciones

Durante las últimas cinco décadas, los grupos antiaborto se han concentrado en erosionar Roe vs. Wade en la práctica, buscando la manera de imponer cargas adicionales. Con ello, dejaron claro que legalidad no necesariamente equivale a acceso.

Entre las restricciones que se impusieron se cuentan requisitos tales como períodos de espera y sesiones de asesoramiento obligatorios, consultas repetidas, ecografías innecesarias, autorizaciones médicas y consentimiento de los padres, así como cláusulas de objeción de conciencia para los profesionales médicos e incluso para las instituciones de salud. Junto con el acoso incesante fuera de las clínicas que hacen abortos, los requisitos innecesarios impuestos a los proveedores de servicios de salud han reducido drásticamente las opciones disponibles, convirtiendo a innumerables ciudades en “desiertos” en materia de aborto.

Simultáneamente, ha emergido en los sistemas escolares públicos un movimiento que fomenta la abstinencia como única forma de control de la natalidad. Todo esto ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres pobres y pertenecientes a minorías, y especialmente a las mujeres negras y latinas. Quienes carecen de los medios económicos enfrentan dificultades cada vez mayores para encontrar un lugar donde el aborto siga siendo legal y accesible.

Afortunadamente existe una alternativa: el aborto con medicamentos. Utilizados conjuntamente, dos fármacos -mifepristona y misoprostol- permiten interrumpir en forma segura un embarazo durante el primer trimestre. Aunque se necesita una receta para adquirir legalmente los medicamentos, el procedimiento es sencillo y puede ser autogestionado.

Para muchas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, este es el futuro del aborto. Por el momento, sin embargo, muchas mujeres no saben que esta es una opción, o no tienen idea de cómo conseguir los medicamentos. De ahí que los grupos que promueven la libre elección estén intentando iniciar una conversación al respecto, como se reflejó en la protesta ante la Corte Suprema el 1º de diciembre de 2021, cuando cuatro activistas pusieron en escena una performance en la que cada una ingirió públicamente una píldora de mifepristona.

Como era de esperarse, los grupos antiderechos ahora buscan limitar también el acceso al aborto con medicamentos: solamente en 2021, ocho estados introdujeron restricciones innecesarias, tales como la obligación de realizar consultas en persona y la prohibición de enviar los medicamentos por correo.

La decisión sobre la ley de Mississippi se espera para junio o julio de 2022. Hay tres resultados teóricamente posibles. En primer lugar, aunque dada su composición política es muy poco probable, la Corte Suprema podría anular la ley de Mississippi y sostener Roe vs. Wade. En segundo lugar, podría dictaminar que la ley de Mississippi no supone una “carga indebida” para las mujeres que desean abortar, manteniendo Roe vs. Wade en principio pero socavándolo drásticamente en la práctica. En tercer lugar, podría aprovechar la oportunidad para revertir por completo el fallo Roe vs. Wade.

Todo apunta en una dirección regresiva. Según investigaciones del Instituto Guttmacher, si la Corte Suprema de los Estados Unidos anula el caso Roe vs. Wade, segura o probablemente 26 estados prohibirán el aborto, lo que obligará a quienes puedan permitírselo a recorrer distancias cada vez mayores para llegar a la clínica más cercana fuera del estado, y forzará a quienes no puedan hacerlo a llevar a término embarazos no deseados.

Incluso si Roe vs. Wade es socavado pero no completamente anulado, las consecuencias serían devastadoras. Supondría un nuevo recorte de los derechos y daría luz verde a ulteriores esfuerzos para introducir obstáculos, aumentar restricciones y acortar plazos, todo ello en vistas a una eventual prohibición total.

VOCES DESDE LAS PRIMERAS LÍNEAS

Caroline Duble es directora política de Avow, una organización de la sociedad civil de Texas que trabaja para garantizar el acceso al aborto irrestricto para todas las personas.

 

Los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto. Pero continuaremos luchando sin pausa por el acceso irrestricto al aborto para todas las personas de Texas, por el motivo que sea. El aborto es una prestación básica de salud, y debe ser fácilmente accesible para cualquier persona que lo necesite o lo desee. Lideramos este movimiento para cambiar la cultura desde una perspectiva abiertamente a favor del aborto, a través de la construcción de vínculos comunitarios, educación e incidencia política.

Trabajamos para presentar el aborto bajo una luz positiva porque el aborto es seguro, común y normal, aunque esto no se sepa a causa del estigma que impide que la gente comparta sus experiencias de aborto. Nos comprometemos a cambiar la conversación acerca del aborto para que refleje esa realidad. Durante demasiado tiempo, los extremistas antiaborto han dictado el modo en que se nos permite hablar del aborto; mediante la difusión de mentiras e inexactitudes médicas han controlado la narrativa a tal punto que incluso los partidarios del derecho al aborto se sienten incómodos al pronunciar esa palabra y prefieren utilizar en cambio eufemismos tales como “derechos de las mujeres”, “salud reproductiva” y “elección”. Esto ha permitido que el estigma impregne la provisión de servicios de aborto y, en última instancia, avergüence a las personas que han abortado y alimente una narrativa sobre la existencia de abortos “buenos” y “malos”. Nosotras nos negamos a juzgar las razones de una persona para abortar, y en cambio la apoyamos una vez que ha tomado su decisión de hacerlo.

De cara a las elecciones de medio término de 2022, Avow se está preparando para exigir rendición de cuentas a los legisladores antiaborto mediante anuncios digitales, organización en el terreno y movilización de votantes. También estamos presionando al gobierno federal para que haga más por proteger el derecho al aborto mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que busca establecer legalmente el derecho de los proveedores de atención de la salud a prestar servicios de aborto, y el correspondiente derecho de los pacientes a recibir dicha atención, sin restricciones médicamente innecesarias.

También les pedimos que deroguen la Enmienda Hyde, una disposición legislativa de 1980 que prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos y es eminentemente racista. También seguiremos trabajando para acabar con el estigma del aborto, ayudando a las personas a hablar abiertamente sobre el aborto y sobre la importancia que tiene para ellas poder acceder a él.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Caroline Duble. Lea la entrevista completa aquí.

Una sola dirección posible: hacia adelante

El ataque al derecho al aborto es un proyecto profundamente político. Tras el caso Roe vs. Wade, un asunto previamente casi ausente de la política se convirtió en un tema central sobre el que todos los políticos estadounidenses se ven obligados a posicionarse. Incluso grupos religiosos moderados que antes veían al aborto como un asunto privado, ahora se movilizan apasionadamente en su contra, Este cambio fue impulsado por una minoría que hizo del aborto su columna vertebral, condicionando su apoyo a los políticos republicanos a la estricta oposición al aborto.

Las encuestas muestran sistemáticamente que una mayoría sustancial de la ciudadanía estadounidense respalda el derecho al aborto: alrededor del 69%, según una encuesta de la CNN, y hasta dos tercios según una encuesta de The Economist. Sin embargo, una minoría ruidosa y muy bien financiada está logrando imponer sus puntos de vista sobre los de la mayoría.

En respuesta a los avances antiderechos, el activismo proaborto se ha vuelto más firme. El 2 de octubre de 2021, una multitudinaria Marcha de las Mujeres, liderada por una coalición de más de 120 grupos, se movilizó en Washington DC y en cientos de ciudades de Estados Unidos, y por primera vez se autodenominó abiertamente “manifestación por el derecho al aborto”.

El aborto es una prestación básica de salud, y debe ser fácilmente accesible para cualquier persona que lo necesite o lo desee. Lideramos este movimiento para cambiar la cultura desde una perspectiva abiertamente a favor del aborto, a través de la construcción de vínculos comunitarios, educación e incidencia política.

CAROLINE DUBLE

Durante décadas los grupos progresistas se habían mantenido al margen de la Marcha por la Vida, pero en enero de 2022 algunos se sintieron obligados a manifestar su apoyo a Roe vs. Wade. Entre ellos se destacó Católicas por el Derecho a Decidir, que reclamó visibilidad proyectando mensajes sobre el derecho al aborto en la pared lateral de la mayor iglesia católica romana de Estados Unidos mientras los manifestantes antiaborto se congregaban en su interior.

También ha habido una respuesta a nivel estadual. Anticipándose a una sentencia negativa de la Corte Suprema, 10 estados han procedido a codificar el derecho al aborto en sus constituciones. Así, este derecho permanecerá vigente independientemente de la sentencia de la Corte Suprema. Nueva Jersey lo hizo en enero de 2022, y es de esperar que le sigan otros más.

Afortunadamente, el mundo previo a Roe vs. Wade ya no existe: incluso si el fallo es anulado, no parece haber vuelta atrás. El aborto con medicamentos ha producido cambios claves en lo que refiere a la simplicidad y seguridad del procedimiento. Durante la pandemia, muchos estados permitieron las videollamadas médicas y, allí donde no se ordenaba explícitamente una consulta en persona, la Administración de Alimentos y Medicamentos permitió temporariamente el envío de medicación abortiva por correo. Posteriormente la Corte Suprema aceptó la petición del gobierno de Trump de restablecer las normas anteriores a la pandemia, pero la tendencia al aborto con medicamentos ya se había instalado.

Tanto la narrativa como la realidad del aborto en México han cambiado debido a la importancia que ha cobrado el aborto con medicamentos. Hace algunas décadas el aborto clandestino era considerado sinónimo de aborto inseguro, pero esto ya no es así.

VERÓNICA ESPARZA Y REBECA LOREA

En todos los estados donde está permitido, existen servicios en línea que distribuyen píldoras abortivas. Varias legislaturas estaduales -empezando inevitablemente por la de Texas- están impulsando proyectos de ley para tipificar como delito el envío de píldoras abortivas por correo dentro del estado. Pero estos servicios pueden ser difíciles de rastrear. Ya hay muchas organizaciones en Estados Unidos que ayudan a la gente a acceder a medicamentos abortivos por correo, independientemente de las leyes vigentes en sus estados.

Las redes de solidaridad feminista de Estados Unidos están aprendiendo rápidamente de sus homólogas latinoamericanas. Con o sin receta, las píldoras abortivas son relativamente fáciles de conseguir en las farmacias de muchos países de la región donde el aborto es ilegal, porque las mujeres se han organizado y han establecido líneas telefónicas de información, redes seguras para garantizar el acceso y sistemas de apoyo para acompañar a quienes atraviesan el proceso. En Texas, algunos grupos se apoyan en redes de solidaridad transnacional para recibir la medicación desde el otro lado de la frontera.

La batalla que se está librando en Estados Unidos es crucial no solamente para las mujeres estadounidenses sino también para las de todo el continente y el mundo entero, dada la influencia regional y global del país y a su poder para establecer normas y estándares. Las activistas mexicanas lo saben. Mientras presionan para cambiar la legislación nacional hasta que el derecho al aborto sea consagrado en todo México, siguen trabajando para garantizar el acceso efectivo y aumentar la capacidad allí donde el aborto es legal, y para animar a las redes clandestinas a proporcionar apoyo y acceso donde no lo es. Siguen enviando y transportando píldoras abortivas a través de la frontera para ayudar a las mujeres que más lo necesitan, incluidas las inmigrantes indocumentadas residentes en Estados Unidos.

Las acciones solidarias siguen siendo vitales en un momento en que, impulsado por el cálculo político, Estados Unidos va en una dirección mientras el resto del mundo se encamina en otra. La actual reacción de derecha, la más fuerte desde el caso Roe vs. Wade, nos recuerda una vez más la fragilidad de los derechos, incluso de los largamente establecidos. Pero la vitalidad de la respuesta a esa reacción nos permite mantener la esperanza de que, aún frente a ataques feroces, los derechos lograrán resistir.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • La Corte Suprema de Estados Unidos debe conservar la esencia de Roe vs. Wade, evitando tomar una decisión histórica en un momento en que su imparcialidad es cuestionada.
  • Los tribunales y legislaturas de los estados mexicanos deben actuar en línea con el precedente establecido en el fallo sobre Coahuila y eliminar las restricciones al aborto para avanzar hacia la legalización en todo el país.
  • Los grupos de defensa del derecho al aborto de México y Estados Unidos deben profundizar su colaboración para compartir estrategias de acompañamiento y resistencia e impulsar el movimiento en toda la región.

Foto de portada de Alex Wong/Getty Images