La noche del 21 de febrero fue una fiesta para los cientos de mujeres reunidas a las puertas de la Corte Constitucional de Colombia en Bogotá. Saltaron, bailaron, cantaron y lloraron juntas. En respuesta a una demanda presentada por la sociedad civil, la Corte despenalizó el aborto en las primeras 24 semanas de embarazo. Acababan de obtener una victoria que vino a coronar una lucha de décadas.

Originada en Argentina, donde en 2020 obtuvo la legalización del aborto, la “marea verde” sigue extendiéndose por América Latina. Impulsada por una nueva generación de activistas feministas, esta “revolución de las hijas” está logrando profundos cambios sociales desde Chile -donde las mujeres están incorporando sus demandas en el proceso constituyente más inclusivo de su historia- hasta México, cuya Corte Suprema el pasado mes de septiembre declaró inconstitucional la criminalización del aborto por parte de los estados.

Enjambres de mujeres jóvenes, adolescentes y estudiantes secundarias han hecho suyo el grito de guerra de sus madres y abuelas: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Han sacado este llamado a las calles y lo han vuelto masivo.

Su optimismo efervescente y su energía desbordante no solo han conseguido victorias – también han desatado fuertes reacciones conservadoras. Los grupos antiderechos, en Colombia y más allá, han reaccionado instantáneamente contra cada logro, intentando revertirlo. Pero los pañuelos verdes que las activistas llevan atados al cuello, anudados a las muñecas o prendidos de sus mochilas – señal de solidaridad, declaración de principios, reconocimiento de sueños compartidos y guiño cómplice- han llegado para quedarse.

De delito a derecho

El aborto por tres causales -violación, riesgo para la salud o la vida de la persona embarazada y malformación fetal- había sido legalizado por la Corte Constitucional de Colombia en 2006; los límites de tiempo que existían en esos casos fueron abolidos por la Corte en su reciente sentencia.

Antes de esta sentencia, quienes se sometieran a un aborto o lo facilitaran en cualquier circunstancia no comprendida en ninguna de esas causales eran pasibles de prisión de hasta cuatro años y medio.

El sistema basado en causales era no solamente engorroso, lento e ineficaz, sino también profundamente injusto. Las mujeres de las áreas urbanas, con mayores recursos económicos y educación, tenían más posibilidades de acogerse a una de las excepciones legales, mientras que las mujeres con menos formación, más pobres y de zonas rurales difícilmente tuvieran ningún acceso. Según los grupos de defensa de los derechos de las mujeres que hacen un seguimiento de los casos judiciales de aborto, la abrumadora mayoría de los centenares de procesamientos penales que tienen lugar en Colombia cada año afecta a mujeres jóvenes, pobres y de zonas rurales.

Pero a partir de ahora, ninguna mujer de Colombia será procesada por tener un aborto dentro de los amplios parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional, y ningún médico será acusado penalmente por facilitárselo.

El primer aborto legal en virtud de la sentencia tuvo lugar apenas dos días después, y dejó en evidencia quiénes serán sus principales beneficiarias. Fue practicado en una clínica de Bogotá llamada Oriéntame, a una mujer migrante de 34 años que ya tenía cuatro hijos, se hallaba desesperada y desconocía sus flamantes derechos y opciones; fue el personal de la clínica quien le informó acerca de ellos. De cara al futuro, será fundamental la proactividad para contrarrestar la desinformación y garantizar el acceso.

La sentencia de la Corte Constitucional instó al Congreso a legislar y al gobierno a regular la provisión de abortos y otros servicios de salud conexos. Un comunicado de la Corte explicó que las nuevas políticas deben incluir la provisión de información clara a las mujeres embarazadas sobre las opciones disponibles, la eliminación de todo obstáculo para el ejercicio de su derecho a elegir, el acceso a planificación familiar y anticoncepción, programas de educación sexual y programas de apoyo a mujeres embarazadas.

Una victoria de la sociedad civil

La sentencia llega tras años de incidencia feminista. La demanda que la motivó fue presentada en septiembre de 2020 por Causa Justa, una coalición de más de 90 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, y cuestionaba las disposiciones del Código Penal que codifican al aborto como delito.

Las defensoras del derecho al aborto utilizaron una estrategia inteligente: en vez de proponer una nueva ley que debería pasar por el Congreso, donde los partidos conservadores tienen una influencia considerable, optaron por impugnar la constitucionalidad de la ley vigente, la cual –sostuvieron- violaba los derechos de las mujeres que eran procesadas o sufrían complicaciones médicas por abortos clandestinos.

Su principal argumento fue que la estigmatización y las barreras erigidas por la criminalización del aborto en la mayoría de los casos impedían que incluso las mujeres con derecho a un aborto pudieran conseguirlo. Por miedo a ser procesadas, o bien no lo solicitaban o los médicos se negaban a practicárselo. Esto hacía que muchas mujeres, sobre todo de comunidades rurales, aisladas y de bajos ingresos, llevaran a término embarazos no deseados o recurrieran a medidas desesperadas que podían costarles la vida. Cada año, argumentaron, al menos 70 mujeres colombianas mueren como consecuencia de abortos inseguros, y miles de niñas de entre 10 y 14 años se ven obligadas a ser madres.

Esto puso la decisión en manos de una Corte Constitucional que es percibida como un adalid del liberalismo: en 2006 allanó el camino al habilitar el aborto bajo tres causales, y en 2016 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La reacción antiderechos

Las centenares de jóvenes de los pañuelos verdes no fueron las únicas apostadas fuera de la sede de la Corte Constitucional el 21 de febrero. Decenas de activistas antiaborto, en su mayoría vinculados a grupos cristianos evangélicos, también estuvieron allí. Ambos grupos se habían movilizado durante meses, tratando de influir sobre un tribunal dividido que finalmente falló por cinco votos a favor y cuatro en contra.

La reacción inmediata en las redes sociales se centró en el plazo de 24 semanas para el aborto legal. Esto reveló un malentendido deliberado de la razón de ser de este límite, basado en los resultados de investigaciones globales que muestran que más del 90% de los abortos se realizan durante el primer trimestre, y que el número disminuye drásticamente con cada semana adicional.

Los grupos antiderechos colombianos cuentan con numerosos portavoces en las esferas del poder. Al conocerse el fallo, inmediatamente anunciaron que tomarían medidas para revertirlo. Al unísono, varios políticos, empezando por el presidente conservador Iván Duque, propusieron convocar un referéndum sobre el tema.

El presidente Duque reaccionó frente a la noticia declarándose “provida” y afirmando que “la vida empieza desde la concepción”. Calificó la decisión de la Corte Constitucional de “atroz” y se quejó de que “no pueden cinco personas tratar de fijar un lineamiento para toda una nación en un tema tan sensible”. Las mentadas cinco personas eran los jueces cuyo trabajo consiste en salvaguardar la Constitución, es decir, no el tipo de persona que toma decisiones por impulso. El presidente Duque deliberadamente propagó desinformación al afirmar que la Corte trataba el aborto como “una práctica casi que anticonceptiva”.

Varios más se sumaron, entre ellos un expresidente y varios legisladores del derechista Partido Centro Democrático de Duque, así como del Partido Conservador, incluido el presidente del Congreso, e incluso del Partido Liberal, que en términos generales tiene una posición favorable al aborto.

La idea de un referéndum suscita recuerdos alarmantes: el más reciente referéndum celebrado en Colombia fue el de 2016, en el que se convocó a la ciudadanía a refrendar el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El referéndum fue tergiversado por grupos antiderechos y políticos populistas que movilizaron la histeria colectiva frente a la perspectiva de género del acuerdo para la construcción de la paz.

El camino por delante

Dos días después de que la Corte Constitucional emitiera su sentencia, la política antiderechos Sara Castellanos Rodríguez -ex concejala de Bogotá, candidata al Senado e hija de los fundadores de la Misión Carismática Internacional, una megaiglesia evangélica- , anunció en Twitter que había inscrito la campaña #ReferendoPorLaVida.

Sin embargo, el referéndum parece ser una posibilidad remota. Para presentar una propuesta de referéndum es necesario registrar un comité promotor, que dispone de seis meses para recoger las firmas del 5% de los votantes registrados, equivalente a aproximadamente 1,9 millones de personas. De alcanzarse este umbral, las firmas son entregadas a la Registraduría, que tiene 45 días para revisar los formularios y comprobar que se cumplen todos los requisitos constitucionales y legales. A continuación, la iniciativa pasa al Congreso para su aprobación y, si se aprueba, a la Corte Constitucional -el mismo tribunal que acaba de levantar la prohibición del aborto- que debe garantizar que se han cumplido todos los requisitos formales y el proceso puede seguir adelante.

Si el proceso siguiera adelante, se superpondría con las elecciones legislativas previstas para marzo y con la campaña para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en mayo, con una posible segunda vuelta en junio. Si se recogieran suficientes firmas, la aprobación de la iniciativa probablemente recaería sobre un Congreso recién elegido, en el que, según sugieren las encuestas, las agrupaciones políticas que promueven el derecho al aborto aumentarán su cuota de representación.

La carrera presidencial sigue abierta, pero existe la posibilidad de que también traiga cambios. Los sentimientos anti-establishment están aumentando, y el senador de izquierdas y ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro está subiendo en las encuestas.

Mientras tanto, la opinión pública colombiana continúa estando muy dividida sobre el aborto. Según una encuesta reciente, más del 60% cree que el aborto debe ser legal en al menos algunas circunstancias, pero el acuerdo con el aborto a demanda se sitúa en torno al 26%. Para garantizar que el derecho recientemente conquistado se mantenga en pie, el movimiento por los derechos de las mujeres debe trabajar con la opinión pública para lograr un cambio cultural irreversible que se corresponda con el cambio legal. Las feministas colombianas lo saben, y ya están trabajando en ello.