El poder de la protesta sigue exhibiéndose en Chile, donde el 4 de julio se celebró la sesión inaugural de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva constitución para el país. La Convención es presidida por la líder indígena mapuche Elisa Loncón, quien asumió su cargo vistiendo ropas tradicionales mapuche, en lo que constituyó un importante momento simbólico en un país que hasta la fecha ha otorgado escaso reconocimiento a sus pueblos indígenas.

La mitad de los 155 miembros del cuerpo son mujeres, y 17 escaños fueron reservados para representantes elegidos por los pueblos indígenas de Chile. Muchos miembros de la Convención son jóvenes y no tienen antecedentes en la política formal, habiendo presentado sus candidaturas en el marco de nuevas listas independientes en vez de en listas partidarias.

Las y los integrantes de la Convención fueron elegidos en una votación celebrada en mayo, que expresó un abrumador rechazo a la gobernante coalición de centroderecha gobernante, Chile Vamos, y a la política convencional en general. La lista liderada por Chile Vamos registró las cifras de votación más baja de la historia para un partido de derecha establecido, que apenas le permitieron cosechar 37 escaños. Esto significa que no llega a contar con el tercio de representación que le daría poder de veto, ya que las decisiones de la Convención deben ser aprobadas por al menos dos tercios de sus representantes.

El impacto de las protestas

La Convención y el sistema de votación directa utilizado para definir su composición fueron el resultado de protestas masivas, desencadenadas en 2019 a causa de un aumento de las tarifas de transporte. Esta definición marcó el punto de inflexión de la gran ola de protestas que exigió un verdadero ajuste de cuentas con la profunda desigualdad económica de Chile y una reforma radical de las estructuras políticas que la apuntalan.

Los observadores externos se sorprendieron: para las instituciones financieras internacionales y los analistas regionales y globales, Chile tenía una reputación establecida como democracia consolidada y económicamente estable. Pero los manifestantes insistieron en que había dos Chiles: uno de riqueza, privilegio y seguridad asegurados, y otro, en el que vive la mayoría de la gente, donde los costos de la educación y la salud son punitivos y se libra una batalla cotidiana para llegar a fin de mes. Para los numerosos chilenos y chilenas que experimentan estas dificultades, el aumento del precio del boleto de transporte simbolizó 30 años de exclusión estructural.

Incluso frente a una brutal represión, el joven movimiento de protesta, que incluía a movimientos estudiantiles, sindicatos, grupos de mujeres y organizaciones indígenas, se negó a retroceder. No era la primera movilización masiva que se producía en Chile en los últimos años, y el camino había sido allanado por anteriores olas de protesta, que habían incluido movilizaciones feministas contra la violencia de género, protestas estudiantiles por una educación pública universal y de calidad y protestas contra el sistema de pensiones privatizado.

Como muchos de estos problemas sistémicos seguían sin resolverse, la presión aumentó para sustituir la Constitución chilena de 1980, redactada bajo la dictadura militar del general Pinochet y desde entonces varias veces reformada, pero nunca de manera estructural. El movimiento de protesta señaló específicamente que la Constitución carecía de disposiciones relativas a la participación pública en la toma de decisiones importantes, así como de salvaguardas para los derechos sociales y económicos.

La presión se hizo patente cuando el gobierno y los principales partidos se vieron obligados a ceder ante una demanda clave y aceptaron convocar a un referéndum, que tuvo lugar el pasado mes de octubre, donde los votantes respaldaron por abrumadora mayoría la propuesta de elaborar una nueva constitución a través de un órgano elegido directamente. A continuación, el activismo impulsó con éxito la paridad de género, la representación indígena y la inclusión de listas no partidarias, todo lo cual sentó nuevos precedentes para las elecciones chilenas. Fue gracias a sus esfuerzos que se logró establecer una Convención tan diversa.

La violencia policial en la agenda

La Convención tiene ahora un año para completar su trabajo, y el proyecto de constitución se someterá a la ciudadanía en un nuevo referéndum. La división social que atraviesa a Chile se puso de manifiesto en las protestas que tuvieron lugar el primer día de la Convención, en las que participaron grupos tanto de derecha como de izquierda, así como en la violencia policial contra los manifestantes; la ceremonia de apertura de la Convención fue suspendida cuando algunos de sus integrantes salieron a protestar contra la policía y a insistir en que no hubiera violencia.

Posteriormente, la Convención aprobó una resolución en reclamo de indulto y liberación de las personas que seguían detenidas por su rol en las protestas de 2019 y 2020, en las que fueron encarceladas unas 2.500 personas, así como la liberación de los presos políticos mapuche. Fue cobrando fuerza una campaña para impulsar un proyecto de ley de indultos, aunque el gobierno continuó negando que Chile tuviera presos políticos y el presidente insistió en que las personas encarceladas en relación con las protestas habían sido debidamente condenadas por “delitos graves”.

La brutalidad policial, como la que se produjo frente a las protestas del día de la inauguración, es un problema conocido en Chile. En febrero se produjeron protestas en varios lugares tras el asesinato por parte de la policía de un popular artista callejero, Francisco Martínez Romero, en la ciudad de Panguipulli; luego de que circularan videos que mostraban a la policía disparando varias veces contra el hombre desarmado, la gente exigió una reforma policial, y cuando algunos manifestantes se volvieron violentos, la policía respondió con su habitual despliegue de gases lacrimógenos, gas pimienta, cañones de agua y ataques contra periodistas.

En las protestas masivas por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, miles de mujeres manifestaron en reclamo de igualdad de género y por el fin de la violencia de género, pero también allí hubo violencia policial y 84 personas fueron detenidas, entre ellas la líder estudiantil trans Emilia Schneider. La violencia que enfrentan las mujeres también se evidenció en los ataques que experimentaron vía internet algunas candidatas a convencionales constitucionales.

Entretanto, las comunidades mapuches continuaron expuestas a violencia letal al movilizarse. En febrero, la defensora ambiental y mujer trans Emilia Milen Herrera, de la comunidad mapuche Lof Llazcawe, fue asesinada a tiros durante un enfrentamiento entre su comunidad y guardias de seguridad privados. La comunidad está inmersa en una larga lucha contra un proyecto inmobiliario en gran escala. En junio, el defensor mapuche del derecho a la tierra Alberto Curamil resultó gravemente herido, ya que recibió 18 perdigones en el cuerpo cuando la policía abrió fuego contra su vehículo tras una protesta por un incendio provocado en una vivienda mapuche.

Grandes expectativas y grandes apuestas

La reforma policial será, por lo tanto, uno de los temas en que muchos esperan que se produzcan avances. Es probable que los debates de la Convención sean complejos y desordenados. Será importante que las diferencias se ventilen de forma respetuosa y que se alcance un consenso en torno de las diferencias. Lo que está en juego es la cuestión de si la evidente demanda de cambio expresada en julio se trasladará a las elecciones presidenciales de noviembre.

La ciudadanía de los países vecinos estará observando con interés. En otros países latinoamericanos también hay movimientos de protesta que reclaman un cambio constitucional y mayor inclusividad en la toma de decisiones, y Chile puede dar en ese sentido un ejemplo que tenga eco en toda la región. La sociedad civil trabajará para apoyar las voces progresistas que abogan por un cambio duradero como resultado de esta oportunidad ganada a través de la protesta.