Cuando los tanques tomaron las calles de Myanmar en 2021, los grupos de la sociedad civil en todo el mundo levantaron la voz de alarma. Cuando el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, desmanteló sistemáticamente la libertad de prensa mientras mantenía la membresía de la Unión Europea, el activismo prodemocracia exigió una respuesta internacional. Y ahora que el autoritarismo reaparece en Tanzania en vísperas de las elecciones, es nuevamente la sociedad civil quien exige el respeto a las libertades democráticas.

En todo el mundo, los populistas autoritarios han aprendido a conservar el lenguaje y los rituales democráticos mientras lo vacían de su contenido: así, organizan elecciones fraudulentas sin oposición real y reprimen a la sociedad civil cuando esta intenta defender las libertades democráticas. Como resultado, más del 70% de la población mundial vive en países donde el espacio cívico se encuentra sistemáticamente reprimido.

Ante esta realidad, más de 175 organizaciones de la sociedad civil y más de 500 activistas se han unido en torno a una demanda para fortalecer el respeto de las libertades democráticas: solicitan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establezca un Relator Especial sobre Democracia.

La propuesta no proviene de los pasillos diplomáticos ni del ámbito académico, sino de un llamado desde la primera línea de la lucha democrática global. Quienes defienden la democracia – y enfrentan acoso, prisión y violencia por este motivo – han identificado una brecha en el monitoreo internacional. Este vacío fortalece al autoritarismo y deja desprotegidos a quienes luchan por los derechos democráticos cuando más necesitan apoyo.

Si bien, mediante sus relatorías especializadas, la ONU investiga una gran variedad de temas, desde tortura hasta residuos tóxicos, la democracia –supuestamente un principio fundamental de la ONU– carece de supervisión internacional sistemática. La sociedad civil quiere cambiar esta situación.

Puntos ciegos críticos

Las amenazas actuales a la democracia suelen tomar formas más sutiles que un golpe de Estado o un fraude electoral evidente. Los líderes represivos han perfeccionado el arte del autoritarismo legal: enmiendan las constituciones para extender mandatos, reestructuran el sistema judicial para capturar tribunales, y promulgan leyes sobre medios de comunicación para silenciar las críticas. Mientras tanto, conservan una fachada de gobernanza democrática.

En países como Bielorrusia o Venezuela, las elecciones se han transformado en elaborados rituales no competitivos. Incluso en las democracias consolidadas se enfrentan desafíos cada vez mayores: se han documentado campañas de injerencia extranjera y desinformación en docenas de elecciones recientes, frecuentemente amplificadas por inteligencia artificial (IA) que genera deepfakes (imágenes, videos o audios falsos) más rápido de lo que los verificadores de hechos pueden desmentirlos. El auge del populismo de derecha en Europa y Estados Unidos muestra cómo los procesos democráticos pueden llevar al poder a líderes que socavan sistemáticamente las normas democráticas desde dentro, utilizando marcos legales para concentrar el poder ejecutivo, criminalizar a la oposición y restringir el espacio cívico.

Estas amenazas en constante evolución evidencian vacíos fundamentales en la manera en que la comunidad internacional monitorea y responde al deterioro democrático. El Relator Especial de la ONU sobre Democracia propuesto abordaría estos puntos ciegos: a diferencia de los mandatos actuales centrados en derechos específicos, este rol analizaría el funcionamiento integral de los sistemas democráticos.

Los relatores especiales actuales ya han reconocido la necesidad urgente de una supervisión específica de la democracia. Los relatores sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, libertad de opinión y de expresión, e independencia de magistrados y abogados han advertido que el retroceso democrático pone en peligro los derechos que están mandatados a proteger.

Un relator sobre la democracia podría investigar todo el espectro de amenazas que actualmente escapan a la atención internacional: la distorsión de los sistemas electorales mediante manipulaciones legales y captura administrativa, el debilitamiento sistemático del control parlamentario bajo apariencias constitucionales, la erosión de la independencia judicial a través de reformas aparentemente legítimas y designaciones políticas, y las restricciones a la participación significativa más allá de las urnas mediante barreras burocráticas y limitaciones legales.

Sobre todo, el mandato permitiría documentar no solo los ataques autoritarios más evidentes, sino también las formas más sutiles de erosión democrática que con frecuencia pasan desapercibidas por la comunidad internacional hasta que ya es demasiado tarde. Así, se podrían generar alertas tempranas sobre estos procesos graduales que transforman democracias vibrantes en estructuras vacías que, si bien emplean el vocabulario de la democracia, han perdido su sustancia.

Fundamentos jurídicos

El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce a todos los ciudadanos el derecho y la posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, y de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal y por voto secreto.

Los mecanismos regionales que reconocen la democracia como un derecho fundamental ofrecen valiosos precedentes para la acción global. La Carta Democrática Interamericana, adoptada en 2001 por la Organización de Estados Americanos, la organización política regional de las Américas, afirma que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Este instrumento ha sido invocado reiteradamente ante amenazas a la gobernanza democrática.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido durante años opiniones consultivas que establecen criterios sobre la relación entre democracia y derechos humanos, incluida una opinión de 2021 que determinó que la reelección presidencial indefinida puede menoscabar la democracia.

Sobre esta base, Guatemala ha solicitado recientemente a la Corte IDH una nueva opinión consultiva para aclarar si la democracia constituye un derecho humano que los Estados deben garantizar y promover bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, de ser así, qué obligaciones conlleva para los Estados. Esta iniciativa, que invita a las organizaciones y personas interesadas a presentar observaciones por escrito hasta julio, podría sentar precedentes vitales en el reconocimiento de la democracia como derecho fundamental.

El desarrollo de una definición operativa de democracia que reconozca la diversidad de modelos democráticos, pero al mismo tiempo defienda principios universales, permite contrarrestar los argumentos relativistas culturales que emplean algunos gobiernos autoritarios para eludir la rendición de cuentas. El nuevo relator identificaría desafíos comunes globales y buenas prácticas a nivel global, sin imponer soluciones únicas.

El camino a seguir

La propuesta ha cobrado un impulso notable, reflejo de la urgencia que sienten quienes defienden la democracia. Con ocasión del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2023, una amplia coalición de grupos de la sociedad civil y centros de pensamiento publicó una declaración conjunta solicitando el nombramiento de un Relator Especial de la ONU sobre la Democracia.

Este liderazgo desde la sociedad civil refleja la profunda frustración de activistas prodemocracia que trabajan en contextos cada vez más peligrosos y exigen respuestas institucionales más eficaces. Sus voces deben ser escuchadas, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces arriesgan su seguridad por defender principios democráticos.

A los Estados preocupados por el financiamiento les debería interesar esta propuesta, considerando la notable eficiencia económica del sistema de mandatos de la ONU en comparación con otros enfoques. Como sucede habitualmente, el puesto sería no remunerado, aunque los Estados que lo respalden tendrían que aportar fondos voluntarios para que el relator pueda cumplir plenamente con sus responsabilidades. En un contexto de crisis de financiación de la ONU que afecta gravemente a su sistema de derechos humanos, ampliar los procedimientos especiales es una de las pocas formas de fortalecer el monitoreo sin exceder los presupuestos. La flexibilidad de estos mandatos permite enfoques creativos ante problemas complejos que las estructuras burocráticas tradicionales no logran abordar eficazmente.

Un paso hacia la resiliencia democrática

Ninguna iniciativa por sí sola revertirá la tendencia mundial de deterioro democrático. Sin embargo, este nuevo rol permitiría documentar sistemáticamente, detectar tendencias y mantener la atención internacional que los defensores de la democracia necesitan desesperadamente frente al autoritarismo.

El relator podría investigar no solo aquellas medidas flagrantemente autoritarias, sino también los primeros indicios de erosión democrática más sutiles que frecuentemente pasan desapercibidos hasta alcanzar un punto crítico. Esto incluye el debilitamiento progresivo de las instituciones electorales, el estrangulamiento paulatino del control parlamentario y la expansión gradual del poder ejecutivo. Actualmente, estos procesos suelen volverse visibles para los observadores internacionales cuando las instituciones democráticas ya están fatalmente comprometidas.

Igualmente importante es que el mandato destaque las innovaciones y buenas prácticas junto a los fracasos. Algunos países están liderando iniciativas creativas en materia de participación ciudadana, integridad electoral y rendición de cuentas gubernamental que otros podrían adaptar. El relator podría facilitar este tipo de aprendizaje constructivo y, al mismo tiempo, fomentar redes de profesionales de la democracia a nivel mundial.

Recientemente, durante su 58º periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución sobre derechos humanos, democracia y Estado de derecho, otorgando legitimidad multilateral a los Estados que deseen apoyar un monitoreo de la democracia más sólido. La ventana de oportunidad para la acción está abierta, pero no lo estará indefinidamente.

Este debate acerca del Relator Especial de la ONU para la Democracia es una prueba para las instituciones internacionales: ¿podrán adaptarse a los desafíos contemporáneos, o seguirán atrapadas en enfoques obsoletos mientras la democracia se desmorona? La creación de este mandato enviaría un mensaje claro: que la comunidad internacional se toma en serio la gobernanza democrática y está dispuesta a supervisarla sistemáticamente. Este mensaje es vital para activistas democráticos que necesitan apoyo internacional y constituye una advertencia clara para líderes autoritarios que prosperan mientras nadie les observa.

Cientos de grupos de la sociedad civil están liderando esta lucha desde la primera línea. La pregunta no es si se necesita supervisión, sino si la ONU actuará antes de que sea demasiado tarde.

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