Financiación para el desarrollo: otra decepción de dimensiones globales
La reciente conferencia sobre financiación para el desarrollo, celebrada en Sevilla, España, se quedó muy lejos de las propuestas de reforma necesarias para desbloquear los recursos que permiten alcanzar los objetivos climáticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su falta de ambición reflejó el hecho de que la sociedad civil quedó en gran medida excluida de los procesos oficiales, lo que le impidió presentar sus propuestas para transformar un modelo de desarrollo fallido, incluidas las reformas fiscales y de la deuda. La reunión fue la última de una serie de cumbres mundiales que no han logrado avances frente a los desafíos de financiación de la acción climática y del desarrollo sostenible. El enfoque habitual está fracasando, y la sociedad civil seguirá impulsando su hoja de ruta para el cambio.
No sorprende que una cumbre global con escasa participación de la sociedad civil haya producido resultados decepcionantes. Cuando las voces más marginadas del mundo quedan fuera, las soluciones que se proponen benefician a los más poderosos. La Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4), celebrada en Sevilla, España, del 30 de junio al 3 de julio, fue una muestra más de ello.
La FFD4 tenía la difícil tarea de cerrar la brecha entre compromisos globales clave- como los objetivos climáticos y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- y la financiación disponible para alcanzarlos. Sin embargo, tras un proceso donde la participación de la sociedad civil fue meramente simbólica, los resultados fueron poco ambiciosos. Reflejan un enfoque fallido que antepone los intereses empresariales a los derechos de la mayoría de la población mundial.
Una crisis de dimensiones inéditas
No se puede subestimar la magnitud del desafío financiero. Los ODS – un conjunto de objetivos progresivos acordados por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) en 2015 para mejorar la vida de las personas y proteger el planeta- están muy lejos de alcanzarse. Solo el 16% de los objetivos están encaminados para cumplirse dentro del plazo fijado para 2030. Mientras tanto, los impactos del cambio climático se sienten a diario y todo indica que no se alcanzarán las metas para limitar el aumento de la temperatura global.
La financiación es una parte central del problema. Se estima que el déficit anual de financiación para los ODS oscila entre 2,5 y 4 billones de dólares, y la brecha de recursos necesarios para que los países hagan la transición hacia economías bajas en carbono y se adapten a los efectos del cambio climático asciende a 1 billón de dólares al año.
El contexto actual agrava aún más la situación. La segunda administración Trump, con sus políticas abiertamente transaccionales, está atropellando el principio de un orden internacional basado en normas. Trump ha cerrado USAID -hasta entonces la mayor agencia de ayuda del mundo-, eliminando unos 23.000 millones de dólares anuales en financiamiento.
En marzo, el gobierno estadounidense fue más lejos y declaró que “rechazaba y denunciaba” los ODS, en particular por su enfoque en cambio climático y género. Por primera vez desde que comenzaron las reuniones sobre financiación para el Desarrollo en 2002, el documento final se adoptó sin el respaldo de Estados Unidos. El gobierno de Trump se retiró de la reunión, objetando los mecanismos de financiación propuestos, las iniciativas sobre deuda lideradas por la ONU e incluso el uso de la palabra “género”.
Estados Unidos representa el caso más extremo, pero otros países- como Francia, Alemania y el Reino Unido- también están recortando su ayuda internacional, al tiempo que proclaman su compromiso con el multilateralismo. Han optado por financiar la militarización en lugar de enfrentar desafíos globales como la pobreza, la exclusión y la injusticia. La creciente influencia del populismo nacionalista de derecha en los países donantes está impulsando un repliegue del multilateralismo en favor de intereses nacionales estrechos.
La sociedad civil: esencial pero excluida
Una de las principales deficiencias del documento final de la FFD4 fue la ausencia de un compromiso explícito con la protección del espacio cívico. Se trata de una omisión grave: más del 70% de la población mundial vive en países donde el espacio cívico se reprime sistemáticamente.
Las restricciones al espacio cívico socavan el papel fundamental de la sociedad civil en el desarrollo sostenible y la acción climática. En todo el mundo, miembros de comunidades excluidas forman grupos para luchar contra su marginalización y, cuando los gobiernos fallan, las organizaciones de la sociedad civil los apoyan. Esto marca una diferencia crucial en la vida de las personas. La sociedad civil también supervisa las decisiones y el gasto en materia de desarrollo, y protege contra la corrupción, la ineficiencia y los potenciales impactos negativos. Dado que muchos países están experimentando un retroceso democrático y un giro hacia una gobernanza más autoritaria, la función de supervisión de la sociedad civil se está volviendo aún más crítica, pero también mucho más difícil.
El ODS 17 reconoce la importancia de las alianzas con la sociedad civil para alcanzar todos los objetivos, mientras que el ODS 16 hace hincapié en la necesidad de respetar las libertades fundamentales, incluidas las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, que conforman el espacio cívico. El hecho de que el texto final de la FFD4 no reconozca la necesidad de respetar el espacio cívico dificultará enormemente la implementación de cualquiera de sus recomendaciones.
Voces desde las primeras líneas
Elena Marmo es directora de incidencia y campañas de la Red de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación (TAP), una coalición internacional de la sociedad civil que trabaja para promover los ODS.
La sociedad civil desempeña un rol crucial a la hora de asegurar rendición de cuentas, a nivel tanto nacional como global. Al transmitir las experiencias de las comunidades directamente afectadas por las decisiones políticas, la sociedad civil ayuda a lograr resultados más inclusivos y equitativos. Mejora la transparencia de las finanzas públicas, en particular en materia de presupuestación, contratación pública y asociaciones público-privadas, lo que mitiga la corrupción y garantiza que los derechos humanos ocupen un lugar central en la toma de decisiones. A menudo son las mujeres y las personas de grupos excluidos quienes lideran estos esfuerzos, especialmente cuando los sistemas públicos fallan.
Los miembros de la Red TAP, como la Alianza Internacional para el Presupuesto y Transparencia Internacional, han demostrado sistemáticamente que la participación a nivel nacional mejora la transparencia y los resultados en materia de desarrollo. A nivel mundial, la participación de la sociedad civil garantizó que la Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015, el documento final de la tercera Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo, se centrara en la rendición de cuentas, la igualdad de género y la financiación basada en derechos.
La sociedad civil debe seguir movilizándose en torno a cuestiones macroeconómicas y forjar solidaridad a través de las fronteras y entre movimientos. En TAP, colaboramos estrechamente con aliados como CIVICUS para apoyar este impulso. Para avanzar en esta agenda es fundamental documentar los desafíos y la resiliencia de la sociedad civil.
Este es un extracto editado de nuestra conversación con Elena. Lea la entrevista completa (en inglés) aquí.
Los negocios por encima de las personas
La falta de reconocimiento al espacio cívico por parte de la FFD4 fue consecuencia directa de la exclusión de la sociedad civil. Las propuestas de reforma quedaron fuera de la agenda de la conferencia y de los debates preparatorios sobre el documento final, lo que llevó a una protesta de organizaciones de la sociedad civil en el último día de la reunión.
La sociedad civil hizo todo lo posible para hacerse oír. Los grupos feministas tuvieron una participación muy activa y lograron frenar los intentos de eliminar las referencias al género del texto final. La declaración final del Foro de la Sociedad Civil – que reunió a más de mil personas antes de la conferencia oficial- dejó en claro que la sociedad civil cuenta con un plan sólido para reparar el modelo de desarrollo actual y reformar la arquitectura financiera global, incluidos los regímenes de deuda y fiscalidad.
Aunque tenía las ideas, la sociedad civil no tuvo espacio para exponerlas. Pese a las evidencias de que el enfoque tradicional está fracasando, la conferencia no se apartó de las políticas fallidas. Los Estados del norte global, en particular, siguen sin estar dispuestos a considerar cambios que puedan poner en riesgo su poder y sus privilegios.
Mientras la sociedad civil era excluida, el sector privado recibió un trato preferencial. En los llamados “espacios multiactor”, la mayoría de los participantes no gubernamentales eran representantes empresariales y filántropos privados. El Foro Empresarial Internacional tuvo un rol especialmente destacado, y se alentó la participación de líderes nacionales. Al negarse a incorporar las propuestas de la sociedad civil, los Estados apostaron por aprovechar la financiación del sector privado. Sin embargo, esto conlleva presiones para liberalizar los regímenes fiscales y flexibilizar la regulación a las empresas, lo que entra en conflicto con los ODS, en particular en lo que respecta a derechos laborales y normas climáticas, medioambientales y de derechos humanos.
Una hoja de ruta para el cambio
La sociedad civil seguirá presionando por una reforma sistémica, porque no tiene otra opción. A pesar de todas sus limitaciones, las Naciones Unidas siguen siendo el único espacio donde todos los Estados pueden cooperar en pie de igualdad para abordar los desafíos globales. La frustrante experiencia de Sevilla no hizo más que reforzar la convicción y la determinación de la sociedad civil para impulsar su agenda de cambio.
Entre las cuestiones clave se encuentra la justicia fiscal. Un sistema tributario más justo permitiría que quienes más tienen aporten más al desarrollo sostenible. Combatir la elusión fiscal – que actualmente cuesta alrededor de 492.000 millones de dólares al año- liberaría enormes recursos.
Un eje central de la campaña es el llamado a establecer una convención fiscal global. El control de facto del régimen tributario mundial ha estado durante mucho tiempo en manos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un grupo de 38 economías ricas que ha sido sistemáticamente acusado de fijar normas favorables a los países más ricos y no hacer lo suficiente para combatir la baja tributación a las empresas y la elusión fiscal. Sin embargo, en 2022, pese a la fuerte oposición del norte global, la Asamblea General de la ONU aprobó una propuesta de los Estados africanos para iniciar negociaciones hacia una convención.
El tratado debería acordarse antes de 2027, pero enfrenta un camino difícil. En febrero, el Gobierno de Estados Unidos se retiró de las negociaciones e instó a los demás países a seguir su ejemplo. Ninguno lo ha hecho hasta ahora, pero un grupo de Estados poderosos y ricos- entre ellos Australia, Canadá, Israel, Japón y el Reino Unido- está tratando de bloquear el consenso. Hasta ahora las negociaciones se han centrado en cuestiones procedimentales, pero cuando en agosto comiencen los debates sustantivos, la sociedad civil buscará impulsar la convención mediante acciones de incidencia ante Estados que aún no se han comprometido y promoviendo la comprensión y el apoyo de la opinión pública.
La sociedad civil también reclama impuestos al patrimonio. Estas propuestas cuentan con un amplio respaldo popular en muchos países, pero la mayoría de los gobiernos se muestran reacios a implementarlas, incluso frente al aumento vertiginoso de la desigualdad económica y la acumulación de riqueza sin precedentes en manos de una élite. Los impuestos sobre los más ricos han caído en las últimas décadas y, solo en 2024, los 2.769 multimillonarios del mundo sumaron 2 billones de dólares a sus fortunas, lo que equivale a unos 5.700 millones de dólares diarios. Se estima que los impuestos al patrimonio podrían recaudar 2,1 billones de dólares al año, lo que cubriría en gran medida el déficit de financiación de los ODS.
La deuda es otro tema central. Los Estados del sur global enfrentan niveles de endeudamiento abrumadores, agravados por la pandemia de COVID-19. Deben la asombrosa cifra de 29 billones de dólares a bancos de desarrollo, otros Estados e instituciones privadas, normalmente con condiciones mucho más estrictas que las que enfrentan los países del norte global. Cuando el pago de la deuda se convierte en prioridad, se deshace el progreso que se pretendía apoyar.
Los países del sur global pagan alrededor de 50.000 millones de dólares al año más en concepto de deuda de lo que reciben de donantes del norte global. Al mismo tiempo, 3.300 millones de personas viven en países donde el Estado gasta más en deuda que en salud o educación. La deuda atrapa a los países en ciclos de pobreza e impotencia. Aun así, los Estados acreedores más poderosos eliminaron del borrador del acuerdo de la FFD4 todo lenguaje ambicioso sobre la deuda. La sociedad civil reclama una convención de las Naciones Unidas sobre deuda soberana que impulse políticas de cancelación, reestructuración y limitación de la deuda.
También aboga por una convención internacional sobre desarrollo que permita una ayuda más coherente, justa y predecible, otra recomendación que la FFD4 ha ignorado. Los fracasos actuales demuestran que se necesita más- y no menos- cooperación internacional, y una convención que establezca normas de desarrollo inclusivas y justas y otorgue a las Naciones Unidas un rol más fuerte de coordinación podría marcar la diferencia.
Dicha convención debería establecer estándares de desarrollo justos e inclusivos, fortalecer la coordinación de las Naciones Unidas y consagrar el derecho al desarrollo y los objetivos de ayuda en el derecho internacional. Podría impulsar iniciativas como la Global Public Investment (Inversión Pública Global), mediante la cual los Estados aportarían recursos previsibles para cumplir compromisos internacionales compartidos. Si se elaborara con una participación significativa de la sociedad civil, no habría contradicción entre una convención global y la necesidad de desarrollo liderado localmente. Más bien, permitiría establecer normas globales que garanticen que las decisiones de desarrollo respondan a las necesidades locales y no a las prioridades cada vez más estrechas de los donantes.
La conferencia también evitó abordar la reforma estructural de las instituciones financieras internacionales, en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y no respondió a los llamados para integrarlas plenamente en el sistema de las Naciones Unidas. Desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial, estas instituciones han estado controladas por los Estados del norte global y tienen un historial de imponer condiciones de financiación que debilitan los servicios públicos y profundizan la desigualdad económica- lo contrario de lo que buscan los ODS. Es otro tema crucial que no desaparecerá solo porque los gobiernos poderosos se nieguen a enfrentarlo.
Es hora de democratizar
Hubo algunos avances menores, como el compromiso asumido por países como Barbados, Francia, Kenia y España de gravar los vuelos en aviones privados como contribución a la acción climática. Sin embargo, la FFD4 se limitó a soluciones técnicas y en gran medida superficiales que no abordan los problemas de fondo.
El texto final está lleno de promesas de nuevas consultas, debates e intercambios, que en muchos casos funcionan más como manera de evitar las decisiones que de tomarlas. Se trata de una agenda menos ambiciosa que la acordada en reuniones anteriores.
Este no fue un fracaso aislado, sino parte de una tendencia de las cumbres internacionales a evitar enfrentar los desafíos de financiación. La FFD4 estuvo precedida por la ronda anual de negociaciones climáticas celebrada en Bonn, Alemania, en preparación para la próxima cumbre mundial sobre el clima, la COP30, que se celebrará en Brasil en noviembre. La cumbre anterior, la COP29, no logró resolver el problema del financiamiento climático, y los debates en Bonn, centrados precisamente en esta cuestión pendiente, tampoco arrojaron avances significativos. Los procesos mundiales sobre biodiversidad también han dejado sin resolver la brecha de financiación.
No hay posibilidad de alcanzar la justicia global que prometen los ODS sin democratizar la toma de decisiones económicas. La única vía para avanzar es abriendo los procesos a la sociedad civil. Es urgente reformar los mecanismos de desarrollo global, incluidas las reuniones de financiación para el desarrollo, colocando en el centro a aquellos grupos que representan a las personas más pobres y excluidas del mundo. De lo contrario, seguiremos repitiendo fracasos mientras los problemas se acumulan.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
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Todos los Estados deben comprometerse a apoyar una convención fiscal mundial y asumir un rol constructivo en las negociaciones para acordarla.
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Los Estados que respalden esta iniciativa deben trabajar junto a la sociedad civil para impulsar propuestas de convenciones sobre desarrollo internacional y deuda soberana, así como la reforma de las instituciones financieras internacionales.
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El mecanismo de Financiación para el Desarrollo debe fortalecer el rol de la sociedad civil de cara a futuras conferencias.
Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org
Foto de portada de Claudia Greco/Reuters vía Gallo Images