Los impuestos son cosa seria. La pandemia, y luego la guerra de Rusia contra Ucrania, con sus efectos globales sobre los precios de los alimentos y el combustible, han ejercido una gran presión sobre las economías de todo el mundo. Los impactos han recaído sobre todos, con la excepción de unos pocos afortunados. Decenas de millones de personas atraviesan enormes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Mientras tanto, los súper ricos siguen enriqueciéndose.

Los gobiernos de los países del sur disponen de pocas herramientas para capear el temporal. Cuando han reaccionado recortando subvenciones, eliminando topes de precios y aumentando impuestos indirectos tales como los impuestos sobre bienes y servicios, han desencadenado protestas. En 2022 se documentaron más de 12.500 protestas motivadas por subas de precios de los alimentos y el combustible en 148 países de todos los niveles de desarrollo económico. A menudo, estas protestas hicieron que los gobiernos dieran marcha atrás con las políticas impopulares que las habían provocado.

La gente ha dejado claro que rechaza la fiscalidad regresiva -es decir, los impuestos que recaen desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos- y, en cambio, reclama una fiscalidad progresiva, para que los que más tienen paguen proporcionalmente más. Los impuestos progresivos permiten políticas redistributivas que pueden redundar en mejores servicios públicos para los más pobres, solventados con los impuestos pagados por los más ricos.

Incluso antes de la pandemia, en 2019, una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club integrado por 38 de las economías más ricas del mundo, mostró que la mayoría de la gente en cada uno de los 21 países encuestados quería que sus gobiernos gravaran más a los ricos para ayudar a los más pobres. Lo mismo ocurre en los países del sur: en un sondeo realizado en 34 países africanos, el 69% de los encuestados estuvo de acuerdo en que es justo que los ricos paguen más impuestos.

Incluso algunos ultrarricos están de acuerdo: en enero, más de 200 personas de muy alto patrimonio reclamaron la introducción urgente de impuestos sobre la riqueza como forma de reducir la desigualdad económica y disponibilizar recursos muy necesarios para abordar problemas urgentes. Pero la tendencia de las últimas décadas ha sido exactamente la contraria: en todas las regiones del mundo, los impuestos para los más ricos han disminuido mientras que, no por casualidad, la riqueza del 1% más rico de la población se ha disparado.

Mientras tanto, los Estados siguen compitiendo en una carrera a la baja para ofrecer el impuesto a las sociedades más bajo posible, con la esperanza de atraer inversiones y conservar puestos de trabajo. El impuesto a las sociedades se ha reducido en todas las regiones del mundo, y el tipo medio mundial ha pasado de 40,1% en 1980 a 23,4% en la actualidad.

Y, sin embargo, por bajo que sea el nivel del impuesto a las sociedades, parece que muchas empresas siguen considerándolo demasiado alto. Durante la pandemia, los Estados -sobre todo en el norte global- intervinieron a gran escala para salvar puestos de trabajo protegiendo a las empresas. Pero no están siendo recompensados: las grandes empresas siguen haciendo todo lo posible para evitar pagar incluso los bajos impuestos que se espera que paguen. En 2021 se reportó que al menos 55 de las mayores empresas de Estados Unidos no habían pagado impuestos federales a las sociedades.

Mediante procesos deliberadamente opacos, la riqueza de empresas y élites es protegida en paraísos fiscales. Como resultado de ello, se calcula que cada año se pierden 483.000 millones de dólares en potenciales ingresos fiscales. Esto priva a los Estados de los fondos que necesitan para prestar servicios públicos vitales y apoyar a la enorme cantidad de gente que vive con lo justo. Los beneficios sin precedentes obtenidos por las empresas de combustibles fósiles, las grandes beneficiarias de los aumentos de los precios que está causando tantas dificultades a tanta gente, han reabierto el debate sobre cómo hacer para que las grandes empresas y las personas de alto patrimonio hagan una contribución mayor.

Un primer paso fundamental

Está claro que el sistema actual no funciona para la mayoría de la gente, y es necesario transformarlo. Un paso prometedor en la dirección correcta se dio el pasado mes de noviembre, cuando el Grupo Africano en las Naciones Unidas (ONU), liderado por la delegación nigeriana, consiguió que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución sobre fiscalidad. La resolución da el puntapié inicial para un proceso de conversaciones intergubernamentales que podrían desembocar en una convención fiscal global.

Esto podría suponer un gran avance. El sistema económico es global, al igual que la elusión fiscal. Pero la ONU, a pesar de reunir a casi todos los Estados del mundo, actualmente no desempeña ningún rol en el establecimiento de normas fiscales mundiales. Por mucho tiempo, ese espacio ha sido ocupado por la OCDE.

No hay forma de que las decisiones sean justas si las toma en nombre de todos el club de los Estados más ricos del mundo. No es de extrañar que la OCDE haya sido sistemáticamente acusada de establecer normas en beneficio de los Estados ricos y de no esforzarse por lograr un aumento del impuesto sobre las sociedades y combatir la elusión fiscal.

Un organismo de la ONU podría cambiar esta situación. Por sí solo, no sería una solución milagrosa, pero al menos permitiría que los 193 Estados del mundo se sentaran a la mesa en pie de igualdad, lo cual permitiría albergar esperanzas en relación con el establecimiento de estándares globales.

La resolución se hizo esperar. Los Estados del sur global y la sociedad civil llevan al menos dos décadas presionando para que la ONU desempeñe un rol fiscal, y el Grupo Africano había hecho su primer llamado a desarrollar un organismo fiscal en la ONU en 2019.

Aunque finalmente se aprobó por consenso, como cabía esperar muchos Estados del norte se opusieron firmemente a la resolución. El gobierno estadounidense intentó suavizarla, pero no lo consiguió. Su enmienda fue rechazada por 97 votos en contra, 55 a favor y 13 abstenciones. La OCDE también ejerció una fuerte presión en contra. Pero la resolución contó con el apoyo no solamente de muchos Estados, sino también de la sociedad civil global.

El rol central de la sociedad civil

Para que sea posible producir una convención fiscal global y establecer un organismo fiscal de la ONU, el proceso debe contar con los recursos adecuados. Habrá que trabajar intensamente para garantizar que esté a la altura de las expectativas. Se espera que logre establecer un nivel mínimo del impuesto a las sociedades a escala mundial para poner fin a la actual competencia a la baja y que mejore la cooperación mundial para acabar con la elusión fiscal.

Si se logran esos ambiciosos objetivos, será por lo menos en parte como consecuencia del activismo de la sociedad civil. La sociedad civil ha desempeñado un rol fundamental a la hora de denunciar la fiscalidad regresiva, la elusión fiscal y otros problemas, impulsando propuestas tales como el impuesto sobre el patrimonio y presionando para trasladar la toma de decisiones de la OCDE a la ONU. Es importante dar espacio a la sociedad civil en el proceso para que pueda seguir hablando en nombre de las mayorías, instando a una mayor ambición y exigiendo acción. No tendría sentido dejar el cambio en manos de quienes son responsables de la situación en que nos encontramos.