El mundo está empezando a alejarse de los combustibles fósiles. Las energías renovables generan actualmente alrededor del 30% de la electricidad mundial, y las inversiones en energías limpias alcanzan los 2,4 billones de dólares, más del doble de lo destinado a los combustibles fósiles. Sin embargo, la COP30, la última cumbre climática de las Naciones Unidas (ONU) celebrada en Belém en noviembre, volvió a fracasar a la hora de alcanzar un compromiso político firme para acelerar el fin del uso de combustibles fósiles. En un año que, según los científicos, será el segundo o tercer más caluroso de la historia, junto con 2023 y 2024, la COP30 puso de manifiesto lo difícil que se ha vuelto la cooperación internacional frente a esta amenaza urgente para la humanidad.

El año 2025 es muy distinto de 1992, cuando se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El multilateralismo ha sufrido un deterioro notable incluso desde 2015, cuando casi todos los Estados aprobaron el Acuerdo de París. Hoy, algunos Estados persiguen abiertamente sus propios intereses, firmando acuerdos transaccionales y retirándose de los procesos internacionales. Por primera vez, ningún representante del gobierno federal de Estados Unidos asistió, dado que la administración Trump se retiraba del Acuerdo de París. Esto dejó al segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero y mayor exportador de combustibles fósiles fuera del alcance de cualquier presión o rendición de cuentas dentro del proceso de la COP.

Lo positivo es que, a pesar de todo, la COP30 mantuvo vivo el principio de que los Estados negocien sobre la crisis climática, aunque con niveles de buena fe muy desiguales. El acuerdo alcanzado tras unas negociaciones finales caóticas y tensas puede haber sido el mejor posible dadas las circunstancias, pero dista mucho de ser suficiente. La cumbre dio pequeños pasos donde se necesitaban grandes avances.

Los combustibles fósiles, un tema ignorado

En muchos sentidos, esta COP resultó tristemente predecible. Las conversaciones se prolongaron y, en un momento, parecía que la reunión terminaría sin ningún acuerdo, hasta que un cierre apresurado dejó insatisfechos a muchos Estados del sur global. El principal obstáculo, como siempre, fue el principal motor de la crisis climática: la continua extracción y uso de combustibles fósiles. Durante la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se mencionaron los combustibles fósiles por primera vez en una declaración, con un vago compromiso de «transición para abandonarlos». Sin embargo, en la COP29 en Azerbaiyán, esta referencia desapareció. Tras permitir que se mencionaran los combustibles fósiles, los Estados petroleros estaban decididos a evitar que se repitiera.

En la COP30 se repitió la misma batalla. Finalmente, Brasil lideró una iniciativa para establecer un proceso voluntario destinado a desarrollar una hoja de ruta para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, cuyos resultados y recomendaciones se presentarán en la COP31. Era menos de lo que buscaban los Estados en primera línea del cambio climático, pero era lo máximo alcanzable. Aunque no figuraba en la agenda oficial, más de 80 Estados exigieron su inclusión; cuando la representante de las Islas Marshall la defendió en una rueda de prensa, ministros de 20 países se alinearon detrás de ella. La hoja de ruta se incluyó en un borrador del acuerdo, pero fue eliminada en el siguiente tras la intervención de Rusia, Arabia Saudita y otros Estados árabes, provocando que al menos 29 Estados amenazaran con abandonar la conferencia si no se mantenía.

Ahora, la atención se dirige a una conferencia sobre la transición de los combustibles fósiles que se celebrará en abril en Colombia y los Países Bajos. La elaboración de la hoja de ruta se llevará a cabo fuera de los procesos oficiales de la COP, pero su presentación en la COP31 ofrecerá a los Estados comprometidos con la acción climática la oportunidad de presionar para que sea adoptada formalmente.

Lo mismo ocurrió con los debates sobre el Acelerador Global de Implementación, otra iniciativa voluntaria creada durante la cumbre para intentar acelerar la puesta en marcha de los compromisos climáticos. Al establecerlo, el texto de la COP30 reconoció por primera vez que es probable que el aumento de la temperatura global supere los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, el límite máximo que se suponía debía fijar el Acuerdo de París. Sin embargo, tras largas discusiones que se prolongaron hasta bien entrada la noche, el texto no menciona los combustibles fósiles, sino que hace referencia al «consenso de los Emiratos Árabes Unidos», que pretende reafirmar el reconocimiento de los combustibles fósiles por parte de la COP28.

El tabú de los combustibles fósiles reflejó dos debilidades persistentes del proceso. La primera es el papel significativo de los grupos de presión de los combustibles fósiles. Más de 1600 estuvieron presentes en Belém, superando en número a casi todas las delegaciones nacionales. La segunda es la necesidad de que las decisiones se tomen por consenso. Un solo Estado puede bloquear una decisión, y algunos lo hacen con frecuencia, siendo Arabia Saudita y Rusia, grandes productores de petróleo y gas, especialmente obstructivos. En consecuencia, se invirtieron enormes esfuerzos en discutir los detalles del lenguaje y en buscar compromisos débiles que ningún Estado pudiera vetar.

La misma dinámica se observó con el tema de la deforestación, un tema prioritario para Brasil. El objetivo fijado en la COP26 no se está cumpliendo, y el texto de la COP30 no propone soluciones concretas. En este contexto, Brasil lanzó una nueva iniciativa, el “Fondo Bosques Tropicales para Siempre”, que financia la preservación de las selvas en lugar de su explotación. Sin embargo, hasta ahora el fondo ha atraído escasa financiación y ha sido criticado por parte de la sociedad civil por su enfoque mercantil que no aborda los factores estructurales de la deforestación, y por no considerar adecuadamente a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. Como resultado, la reunión terminó con el acuerdo de Brasil de liderar los esfuerzos para desarrollar una hoja de ruta contra la deforestación fuera de los procesos oficiales de la COP.

Frente a estos bloqueos, las coaliciones voluntarias de Estados que trabajan al margen de los procesos oficiales se han vuelto fundamentales. Permiten que los países que se toman en serio la crisis climática colaboren entre sí y que la sociedad civil tenga espacios para intervenir. Pero también ofrecen una vía de escape a los Estados reacios a actuar. La necesidad de crear coaliciones voluntarias sobre cuestiones clave evidencia claramente las limitaciones de los procesos oficiales de la COP.

Foco en Brasil

Aunque Brasil impulsó algunas iniciativas importantes, no salió de la cumbre con una reputación limpia.

El Gobierno quería ser el anfitrión de la COP30 y celebrarla en la Amazonía para resaltar la importancia de proteger la selva, revertir la deforestación y garantizar los derechos de los pueblos indígenas en la acción climática. Sin embargo, meses antes de la COP30, aprobó licencias para perforación de petróleo y gas en la desembocadura del Amazonas. Además, en agosto, el Congreso –liderado por la oposición – aprobó una ley que recortaba protecciones medioambientales, aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó algunas cláusulas especialmente dañinas.

Durante la COP30, Brasil designó diez nuevos territorios indígenas, incluyendo uno en la Amazonía, ampliando las protecciones culturales y ambientales. Además, se incrementó la presencia indígena en la COP, participando en actividades como los debates de la Zona Amazónica. Sin embargo, algunos representantes indígenas denunciaron que su participación era simbólica y que no estaban adecuadamente representados en las deliberaciones.

El 12 de noviembre, cientos de personas participaron en una protesta liderada por indígenas contra la extracción continua y la falta de protección de los derechos humanos. Durante la manifestación, decenas de personas irrumpieron en la “zona azul” del recinto, el espacio destinado a las negociaciones oficiales, lo que provocó enfrentamientos con los agentes de seguridad. Esto llevó a que la sociedad civil denunciara el refuerzo de la seguridad, con el despliegue de agentes armados, dando un aire militarizado a la reunión, lo que comprometía la accesibilidad y enfriaba las posibilidades de protestas pacíficas.

No obstante, decenas de miles de personas participaron en una marcha fuera del recinto el 15 de noviembre, y muchas otras se sumaron a protestas relacionadas en todo el mundo. Esto representó un avance respecto a las tres cumbres anteriores de la COP, celebradas en Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, todos ellos países con un espacio cívico restringido en los que es prácticamente imposible realizar protestas masivas.

El presidente Lula también utilizó su influencia para forzar algunos avances en materia de financiación, un importante obstáculo en las recientes negociaciones. Existe una gran brecha entre lo que los países del sur global necesitan para adaptarse al cambio climático y lo que los estados del norte global están dispuestos a proporcionar. Tras aprovechar la cumbre del G20 celebrada simultáneamente en Sudáfrica para persuadir a los estados de la Unión Europea (UE) de que abandonaran su oposición, la COP30 respaldó la triplicación de los fondos disponibles para la adaptación, hasta 120.000 millones de dólares al año. Sin embargo, el texto “solicita esfuerzos” en lugar de comprometerse directamente a aumentar la financiación, y los objetivos de financiamiento climático suelen incumplirse. Además, incluso si se cumpliese este objetivo, el calendario no llega hasta 2035 y queda muy por debajo del objetivo acordado en la COP29 de 310 000 millones de dólares al año. También se debatió muy poco sobre el objetivo global de adaptación del Acuerdo de París. La continua evasión de los Estados del norte global respecto a la financiación solo puede alimentar la desconfianza en el proceso por parte de los Estados del sur global.

Algunos avances, pero grandes diferencias

Otro paso relevante fue el acuerdo para poner en marcha el Mecanismo de Acción de Belém, un programa de trabajo para una transición justa que la sociedad civil lleva años reclamando. El concepto de transición justa reconoce que el cambio hacia economías bajas en emisiones debe ir acompañado de la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos y medios de vida de los trabajadores. Sin estas medidas, los trabajadores de la industria de los combustibles fósiles se enfrentan al desempleo, mientras que los de las industrias relacionadas con la transición, como la extracción de minerales para tecnologías renovables, corren el riesgo de ser explotados.

Lo acordado no estuvo a la altura de las expectativas de la sociedad civil: la industria minera quedó excluida del texto final y los gobiernos de derecha, entre ellos el de Argentina, retrasaron las negociaciones al disputar las definiciones de género. Aun así, se trata de un paso relevante, ya que introduce consideraciones de justicia social en las negociaciones climáticas de la ONU y reconoce explícitamente la importancia de los derechos humanos. La decisión supondrá la creación de una plataforma de coordinación para la transición justa, y la sociedad civil presionará para que se lleve a cabo con ambición, con recursos suficientes y garantizando espacios de participación.

Otras cuestiones cruciales quedaron en gran medida sin abordar. La COP30 no adoptó ninguna decisión sobre agricultura, una fuente importante de emisiones, y no tuvo en cuenta de manera suficiente la sentencia histórica de la Corte Internacional de Justicia, que estableció la obligación de los Estados de prevenir los daños climáticos, a pesar de la presión de los Estados de América Latina y el Caribe y de Vanuatu, que recurrieron a la Corte tras campañas de la sociedad civil. Y aunque la cumbre produjo algunas declaraciones sobre la reforma de los futuros procesos de la COP, no mencionó nada que sugiriera la exclusión de los grupos de presión de los combustibles fósiles, la promoción de negociaciones de buena fe o la eliminación del poder de veto de los petroestados.

La reunión nunca iba a lograr resultados suficientes. Los Estados lo habían dejado claro de antemano. En virtud del Acuerdo de París, todos los Estados debían presentar nuevos planes más ambiciosos de reducción de emisiones, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional, antes de la COP30, pero casi todos incumplieron el plazo de febrero. Al final de la cumbre, 122 Estados habían cumplido, aunque con excepciones notables como la India, el tercer mayor emisor del mundo. Si se aplicaran plenamente, estos planes permitirían reducir las emisiones del 10 % para 2035 respecto a los niveles de 2019, lo cual está muy lejos de lo necesario. Las estimaciones apuntan a que la temperatura global seguiría aumentando entre 2,3 y 2,5 grados para 2100.

Ahora que la reunión ha terminado, Brasil, como presidente en ejercicio, tiene la responsabilidad de avanzar, especialmente respecto a los nuevos procesos voluntarios creados, y la sociedad civil seguirá instando al Gobierno brasileño a que mantenga el rumbo sin distraerse. Pero en lo que respecta a la próxima cumbre, donde iniciativas como la hoja de ruta sobre combustibles fósiles deben ser reportadas, el proceso de toma de decisiones basado en el consenso generó otro compromiso extraño que no satisface a nadie.

Australia y Turquía competían por ser la sede de la COP31. La candidatura australiana, presentada como una asociación con las naciones insulares del Pacífico, contaba con amplio apoyo, pero Turquía se negó a ceder, bloqueando el consenso. El compromiso final otorgó la sede a Turquía, mientras que Australia liderará las negociaciones. Esto implica que las islas del Pacífico perdieron la oportunidad de visibilizar su situación de primera línea, mientras que la sociedad civil teme que su capacidad de movilización y protesta sea limitada en el marco del espacio cívico restringido de Turquía. Además, existe un riesgo evidente de desacuerdo entre ambos países, que solo disponen de un año para prepararse.

Más allá de la conferencia

Pero fuera de los procesos de la COP, no todo son malas noticias. Las energías renovables son cada vez más baratas y se adoptan con mayor rapidez, con los países asiáticos marcando el paso. China no ocupó el vacío de liderazgo en la COP30 : se mostró reacia a asumir la responsabilidad mientras Estados Unidos se mantenía al margen y la UE lidiaba con divisiones internas. Pero, aunque sigue siendo el mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, también está en camino de convertirse en el primer «electroestado» del mundo – el equivalente post-combustibles fósiles de un petroestado – gracias a sus enormes inversiones en energías renovables, vehículos eléctricos y trenes de alta velocidad. Hoy obtiene más ingresos con la exportación de tecnología de energías renovables que Estados Unidos por la venta de combustibles fósiles.

China sigue quemando grandes cantidades de carbón, el combustible fósil más contaminante, pero este ciclo empieza a cerrarse : a escala global, las energías renovables ya generan más electricidad que el carbón. Durante la COP30, Corea del Sur – el cuarto mayor importador mundial de carbón térmico – anunció su plan de cerrar progresivamente sus centrales eléctricas a carbón, una medida que socava la justificación económica para que otros países sigan explotándolo. Entre ellos está Australia, el segundo mayor productor mundial de carbón térmico, cuyo gobierno prevé que los ingresos por exportaciones de carbón y gas se reduzcan a la mitad en los próximos cinco años.

Algunos países, como Costa Rica, Etiopía y Nepal, ya generan prácticamente toda la electricidad que consumen a partir de fuentes renovables. Bután – pionero en medir la felicidad nacional en lugar de la renta nacional – se presenta hoy como el primer país del mundo con emisiones negativas de carbono, ya que sus bosques absorben más gases de efecto invernadero de los que emite el país. Y mientras Trump se quedaba en casa, presumiblemente recibiendo al líder de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, un conjunto de gobernadores y alcaldes estadounidenses sigue impulsando el cambio local al margen de todo ello.

Todo indica que el mundo ya ha superado su pico de demanda petrolera y se acerca a un punto de inflexión en la transición hacia las energías renovables. Los inversores – informados por la presión y el trabajo de sensibilización de la sociedad civil – comienzan a reconocer que apostar por una demanda persistente de combustibles fósiles y por el desarrollo de nuevos yacimientos es una apuesta destinada al fracaso. Pero las empresas petroleras y los Estados petroleros también lo entienden, y por eso luchan desesperadamente por estirar la transición tanto como sea posible. La negación del cambio climático ha dado paso a la estrategia del retraso, porque retrasar significa seguir cosechando beneficios.

Pueden frenar la marea, pero no revertirla. Aun así, los retrasos importan: cuanto más se demore la transición, mayor será el daño acumulado y más tiempo seguirán los gases de efecto invernadero saturando la atmósfera terrestre. Las emisiones están bajando, pero no al ritmo necesario; sin embargo, cada reducción cuenta, porque limitar el calentamiento aunque sea una fracción de grado puede marcar la diferencia para millones de vidas.

La sociedad civil impulsa avances mediante proyectos prácticos, activismo de accionistas, litigios climáticos, incidencia política, acción directa y protestas masivas, a menudo pagando un precio alto ante el aumento de la represión estatal y corporativa. La sociedad civil mantendrá cualquier compromiso posible dentro del proceso de la COP – cada progreso suma – pero la lucha por la justicia climática se libra en todos los frentes. Y es esta presión acumulada, más que los compromisos alcanzados en las cumbres, la que acabará marcando el ritmo del cambio.

Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org